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¿Qué es el CVE?

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El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, es el Diario Oficial de la Provincia de Valladolid, a través del cual se da publicidad a los documentos que deben ser objeto de publicación oficial, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

La primera edición del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid tiene fecha del 16 de julio de 1833.

Desde entonces, el BOP de Valladolid se edita por la Diputación Provincial de,  su gestión administrativa depende del Área de Asesoramiento, Planificación del Territorio y Nuevas Tecnologías.

La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia se publica a través de su Portal web, ubicado en la sede electrónica de la Diputación de Valladolid, en la dirección: https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es, con plena validez jurídica, garantizándose su autenticidad de conformidad con lo previsto en la  Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y en su normativa de desarrollo.

La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia incorpora la firma electrónica avanzada como garantía de la autenticidad, integridad e inalterabilidad de su contenido

El sumario de cada boletín y cada uno de los anuncios publicados, así como el ejemplar completo del Boletín diario, en formato PDF, contendrán los datos de certificación y firma electrónica de la Unidad Administrativa del Boletín y estarán identificados con un Código de Verificación Electrónica (CVE), que permitirá comprobar su autenticidad.

El CVE permite contrastar la autenticidad de cualquier impresión en papel de un documento publicado en el BOPVA, mediante el cotejo con el documento electrónico original. Para ello se ha de introducir el CVE en el campo de la página web: https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es y obtener el documento original firmado electrónicamente.

NORMATIVA REGULADORA:

1. La Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias

2. El Reglamento de Gestión del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, que regula aspectos relativos a la gestión, edición y publicación del BOP, garantizando su acceso universal, libre y gratuito, y asegurando la autenticidad e integridad de su contenido.

3. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa porla prestación de los servicios del BOPVA

DIRECCIÓN OFICINA BOP VALLADOLID

Diputación Provincial de Valladolid
Edif.. Hospital Viejo. 2ª planta
Avda. Ramón y Cajal, 5
47005 Valladolid
Tef.: +34 983 42 72 35
Fax: +34 983 42 72 65

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-03-12 17:54:54 2015-06-08 10:55:03 Información general 2147483647
9 ¿Qué es el C.V.E? BOP electrónico

El Código de Verificación Electrónica (CVE), consiste en un conjunto de caracteres que identifican de forma única cualquier Anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, el Sumario y el BOP completo.

Este CVE se encuentra impreso en cada una de las páginas de los anuncios publicados, en las del sumario del Boletín. El CVE del BOP completo se localiza en la página inicial del cada boletín diario y en el pié de página de la última página de cada anuncio.

El CVE es importante porque cualquier copia realizada en papel de los originales electrónicos del BOPVA, a partir del 10 de junio de 2010, tendrá la consideración de copia auténtica si incluye el CVE, ya que permite contrastar la autenticidad de cualquier página del Boletín de la Provincia de Valladolid impresa en papel mediante el cotejo con el documento electrónico original.

Para ello, en la página de acceso al diario oficial (https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es) se puede introducir el CVE y obtener el documento original, firmado electrónicamente, directamente de la sede electrónica.

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-03-12 18:26:36 2014-01-21 21:59:23 Información general /imagenes/Winter-Leaves.jpg 999999998
8 Oficial y auténtico BOP electrónico

Aviso jurídico

El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid publicado en la dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es, es oficial y auténtico; toda copia electrónica obtenida desde allí del mismo, o de cualquiera de sus anuncios o disposiciones se considera oficial y auténtica y puede ser contrastada mediante el Código de Verificación Electrónica (CVE).

La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia incorpora la firma electrónica avanzada como garantía de la autenticidad, integridad e inalterabilidad de su contenido, conforme a lo previsto en el Reglamento de Gestión del BOPVA, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 20 de enero de 2013.

El acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia es universal, público y gratuito a través de su Portal Web, ubicado en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Valladolid.

El Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia ofrecerá, accesible al público, una base de datos gratuita que permita la búsqueda, recuperación e impresión de las disposiciones, actos y anuncios publicados en este diario oficial.

El sumario de cada boletín y cada uno de los anuncios publicados, así como el ejemplar completo del Boletín diario, en formato PDF, contendrán los datos de certificación y firma electrónica de la Unidad Administrativa del Boletín y estarán identificados con un Código de Verificación Electrónica (CVE), que permitirá identificar de forma unívoca cada documento, así como comprobar su autenticidad.

El CVE permite contrastar la autenticidad de cualquier impresión en papel de un documento publicado en el BOPVA, mediante el cotejo con el documento electrónico original. Para ello, dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es se puede introducir el CVE y obtener el documento original firmado electrónicamente, directamente de la sede electrónica de la Diputación.

Si por una situación extraordinaria y por motivos de carácter técnico no resultara posible acceder a la edición electrónica del "Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid" en su sede electrónica, una edición impresa del diario garantiza su publicación.

Las copias realizadas en soporte papel de la edición electrónica del BOP VA tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión del Código de Verificación Electrónica

Verificación Electrónica (CVE), para poder contrastar su autenticidad.

Diarios oficiales “Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid” publicados con anterioridad al 10 de junio de 2010, sólo tienen la consideración de oficial y auténtica la edición impresa en papel.

 

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-03-12 18:25:46 2014-01-17 16:36:58 Información general 99999999
20 Ley 5/2002 de boletines oficiales de las provincias Normativa B.O.P.
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren, Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Los Boletines Oficiales de la Provincia se crean por Real Orden de 20 de abril de 1833, donde se establece en cada capital de provincia un diario o boletín periódico en el que se insertarían todas las órdenes, disposiciones y prevenciones que tuvieran que hacerse a las justicias y Ayuntamientos de los pueblos por cualquier autoridad.

La citada norma creó y generalizó los boletines oficiales para todas las provincias, pero no especificó la organización administrativa responsable de su edición y coste económico, así como de la dirección y ordenación de las inserciones de disposiciones y anuncios.

Con posterioridad surgen numerosas disposiciones (Reales Órdenes de 26 de marzo de 1837, 5 de julio de 1837, 6 de abril de 1839, 4 de abril de 1840, 24 de mayo de 1846, 3 de septiembre de 1846, 21 de enero de 1849, 15 de julio de 1849 y 8 de octubre de 1856) que completan la Real Orden de creación de estos boletines oficiales, atribuyendo a los entonces Jefes Políticos la responsabilidad de la edición de los mismos, siendo los órganos decisorios para la inserción de los correspondientes textos, atribuciones éstas que obedecían a su configuración como agentes estatales de comunicación y control de las provincias y de las autoridades locales, a quienes trasladaban las disposiciones dictadas por el Gobierno, verificando su obligado cumplimiento.

A partir de las Reales Órdenes de 8 de octubre de 1856 y de 1 de agosto de 1871, la gestión material del servicio de edición de los Boletines Oficiales de la Provincia pasa a ser responsabilidad de las Diputaciones Provinciales quienes, además, asumían el coste de tal edición, que pasó a considerarse como obligación de dichas Entidades.

II

Esta regulación de los Boletines Oficiales de la Provincia ha dado lugar, desde hace largo tiempo, a diversos problemas derivados, fundamentalmente, de la falta de adecuación de esta normativa a la nueva configuración territorial del Estado, lo que ha llevado a la existencia de un consenso generalizado en torno a la necesidad de una reforma legal que clarifique definitivamente esta cuestión nuclear y, con ello, el régimen de gestión de este servicio.

La disposición adicional quinta de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, dio una nueva redacción al artículo 122 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, añadiéndose un nuevo párrafo a dicho artículo, donde se establece que "Las Diputaciones Provinciales seguirán editando y publicando el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo a tal efecto establecer y exigir tasas y precios por la inserción de anuncios y edictos, y la suscripción y venta de ejemplares". Con este precepto se resolvió el problema económico planteado a las Diputaciones a la hora de hacer frente a los gastos ocasionados por la prestación de este servicio, si bien seguía sin existir una regulación específica del régimen jurídico de estos boletines.

Por su parte, el Congreso de los Diputados aprobó el 13 de diciembre de 2000 una Proposición no de Ley, en la que insta al Gobierno a que, tras los oportunos estudios y consultas, se proceda a dictar la normativa adecuada del servicio de publicación del Boletín Oficial de la Provincia. Entre otros aspectos, esta nueva normativa preverá la posibilidad de que aquellas Comunidades Autónomas, en que así lo acuerden sus respectivos Parlamentos, puedan unificar en una sola publicación oficial los Boletines Oficiales de las Provincias de su territorio con el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el respectivo Gobierno autonómico y los entes locales de su ámbito territorial.

En cumplimiento de este acuerdo, la presente Ley dota a los Boletines Oficiales de la Provincia de un marco jurídico completo y acorde con la actual configuración de la provincia en la Constitución Española de 1978 y en la propia Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, como entidad local dotada de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, previéndose expresamente la posibilidad de integración de estos boletines en el de la Comunidad Autónoma respectiva.

III

Así, se configura expresamente al Boletín Oficial de la Provincia como un servicio público de ámbito provincial, competencia de las Diputaciones Provinciales, a las que corresponde su edición y gestión. Al tratarse de una atribución competencial, es necesaria una norma con rango de Ley por imperativo del artículo 7.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, donde se establece que las competencias propias de las entidades locales territoriales sólo podrán determinarse por Ley.

En este sentido, la necesidad de que las distintas Administraciones públicas y la propia Administración de Justicia dispongan de un instrumento para dar publicidad a sus disposiciones y actuaciones en el ámbito provincial queda atendida, estableciendo en la Ley la inserción obligatoria de aquéllas.

Por otra parte, como viene sucediendo en la actualidad, la publicación de los textos estará sujeta a la correspondiente ordenanza reguladora del servicio aprobada por la Diputación Provincial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, siendo la suscripción obligatoria para los Entes locales de la provincia.

IV

En las disposiciones adicionales se contempla la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan acordar la integración de los Boletines Oficiales de sus Provincias en el Boletín Oficial de la Comunidad, a fin de posibilitar una simplificación en los instrumentos de publicidad normativa existentes, si bien dicha posibilidad deberá contar con el acuerdo de la Diputación Provincial, a fin de respetar los ámbitos de autonomía de la provincia y de la Comunidad Autónoma respectiva.

Por otro lado, también se contempla el reconocimiento de los regímenes especiales derivados de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía recogidos en los artículos 39 a 41 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

V

Por último, la Ley se dicta al amparo de las competencias reconocidas al Estado en el artículo 149.1.18.a de la Constitución, por tratarse de una base del régimen jurídico administrativo que garantiza un tratamiento común a todos los ciudadanos, en relación con el artículo 9.3 de la Constitución (principio de publicidad de las normas), a lo que hay que añadir, en el presente caso, la relación existente con el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, recogido en el artículo 120.1 de la Constitución.

En este sentido, el Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 8 de la sentencia 233/1999, de 16 de diciembre, señala, por un lado, que la publicación de los actos jurídicos emanados de las Corporaciones Locales en los Boletines Oficiales de las Provincias ha de considerarse una decisión básica incardinable en la competencia atribuida al Estado por el artículo 149.1.18.a de la Constitución, pues exige un tratamiento común y uniforme en todo el territorio del Estado que sólo puede garantizar el legislador estatal, y, por otro lado, que la publicación de anuncios y acuerdos en el Boletín Oficial de la Provincia resulta plenamente acorde con la dimensión constitucional que a ésta atribuye el artículo 141 de la Constitución, en su doble condición de agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado, entre las que hay que incluir las de las propias Corporaciones Locales en que se organiza territorialmente este último.

CAPÍTULO I

El Boletín Oficial de la Provincia

Artículo 1. Contenido.

El Boletín Oficial de la Provincia es el periódico oficial en el que se publicarán las disposiciones de carácter general y las ordenanzas, así como los actos, edictos, acuerdos, notificaciones, anuncios y demás resoluciones de las Administraciones públicas y de la Administración de Justicia de ámbito territorial provincial, cuando así esté previsto en disposición legal o reglamentaria.

Los textos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia tienen la consideración de oficiales y auténticos.

Artículo 2. Competencia.

El Boletín Oficial de la Provincia es un servicio público de carácter provincial, competencia propia de las Diputaciones Provinciales, a las que corresponde su edición y gestión.

Cada Diputación Provincial regulará el modo y forma de gestión del Boletín, su edición, distribución y venta. A tal efecto, deberá aprobar la oportuna ordenanza reguladora del servicio, pudiendo a tal efecto establecer y exigir tasas y precios por la inserción de anuncios y edictos, y la suscripción y venta de ejemplares.

Artículo 3. Suscripción.

La suscripción al Boletín Oficial de la Provincia será obligatoria para los entes locales de la provincia, que deberán abonar la misma en los términos y con las excepciones que prevean las ordenanzas reguladoras.

Artículo 4. Periodicidad.

El Boletín Oficial de la Provincia se publicará con periodicidad mínima de tres veces por semana, debiendo coincidir la fecha del Boletín con la de su efectiva publicación.

Artículo 5. Lengua de publicación.

El Boletín Oficial de la Provincia se publicará en castellano y, en su caso, en la lengua que sea cooficial en el territorio, conforme a lo establecido por la legislación específica de las Comunidades Autónomas.

Artículo 6. Obligación de publicar.

1. Las Diputaciones Provinciales están obligadas a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia cuantas disposiciones, ordenanzas, resoluciones, edictos, anuncios, actos o acuerdos de las distintas Administraciones públicas y de la Administración de Justicia deban ser insertados en el mismo en virtud de disposición legal o reglamentaria, así como otros actos o anuncios que aquéllas les remitan, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de esta Ley.

La orden de inserción corresponde al órgano competente de la correspondiente Administración anunciante, y será cumplimentada por la Diputación Provincial siempre que cumpla los requisitos establecidos en la presente Ley.

2. Los anuncios particulares podrán, asimismo, ser insertados en el Boletín Oficial de la Provincia, en los términos que se regulen en la correspondiente ordenanza provincial.

Artículo 7. Publicación de los originales.

1. Los originales serán transcritos en la misma forma en que se hallen redactados y autorizados por el órgano remitente, sin que por ninguna causa puedan variarse o modificarse sus textos una vez éstos hayan tenido entrada en el Boletín Oficial, salvo que el órgano remitente lo autorice de forma fehaciente.

2. La publicación de los originales se realizará por orden cronológico de presentación, que sólo podrá ser alterado cuando la publicación sea declarada urgente por el órgano remitente en la orden de inserción, o cuando el volumen del texto a publicar así lo exija, respetándose en todo caso el plazo máximo establecido en el apartado siguiente.

3. La publicación deberá ser realizada en el plazo máximo de 15 días hábiles posteriores al pago de la tasa correspondiente, si éste procediera, o, en su defecto, de la recepción de la orden de inserción. En caso de publicación urgente, dicho plazo se reducirá a 6 días hábiles.

4. Los originales que se envíen al Boletín Oficial de la Provincia tendrán carácter reservado. No podrá facilitarse información alguna acerca de los mismos, salvo autorización expresa del órgano remitente.

5. Si algún texto aparece publicado con erratas que alteren o modifiquen su contenido, será reproducido inmediatamente en su totalidad o en la parte necesaria, con las debidas correcciones.

Artículo 8. Autentificación de documentos.

A fin de comprobar la autenticidad de los documentos, los servicios correspondientes de la Diputación Provincial llevarán un registro de las autoridades y funcionarios facultados para firmar la orden de inserción de los originales destinados a su publicación, en el que constarán la firma autógrafa y el nombre y cargo de la persona a la que pertenezca.

A estos efectos, los órganos correspondientes de las Administraciones públicas y de la Administración de Justicia acreditarán ante la Diputación Provincial, según su normativa específica, a las personas facultadas para ordenar la inserción, así como las modificaciones que se produzcan.

Artículo 9. Incorporación de medios técnicos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Diputaciones Provinciales impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la prestación del servicio del Boletín Oficial de la Provincia, debiendo quedar en todo caso garantizada la autenticidad de los documentos insertados.

Artículo 10. Consulta del Boletín.

Las Diputaciones Provinciales facilitarán en sus locales la consulta pública y gratuita del Boletín Oficial de la Provincia.

Esta obligación será extensiva a los Ayuntamientos de la provincia.

CAPÍTULO II

Régimen económico del Boletín Oficial de la Provincia

Artículo 11. Tasa de publicación.

1. La publicación de los textos en el Boletín Oficial de la Provincia estará sujeta al previo pago de la tasa provincial, de acuerdo con lo que establezca la ordenanza reguladora aprobada por la correspondiente Diputación Provincial.

2. Estarán exentos del pago de la tasa:

  1. La publicación de disposiciones y las resoluciones de inserción obligatoria.
  2. Los anuncios oficiales, cualquiera que sea el solicitante de la inserción, cuando la misma resulte obligatoria, de acuerdo con una norma legal o reglamentaria, así como los edictos y anuncios de Juzgados y Tribunales cuando la inserción sea ordenada de oficio.

3. Se exceptúan de la exención a que se refiere el apartado anterior las siguientes publicaciones:

  1. Los anuncios publicados a instancia de particulares.
  2. Los anuncios de licitaciones de todo tipo de contratos, de acuerdo con lo establecido en su legislación específica.
  3. Los anuncios oficiales de la Administración de Justicia a instancia de particulares.
  4. Los anuncios cuyo coste sea repercutible a los interesados según las disposiciones aplicables.
  5. Los anuncios derivados de procedimientos sujetos al pago de una tasa, precio público u otro tipo de derechos económicos.
  6. Los anuncios que puedan reportar, directa o indirectamente, un beneficio económico al remitente o solicitante, o tuvieran contenido económico.
    No se considerará, a estos efectos, que reporta un beneficio económico o que tenga contenido económico las citaciones para ser notificados por comparecencia en los procedimientos de recaudación de los diferentes tributos o exacciones parafiscales, en los casos en que, intentada la notificación al interesado o representante por parte de la Administración tributaria o entidades y corporaciones de derecho público a las que corresponde su recaudación, ésta no haya sido posible.
  7. Los anuncios que puedan o deban publicarse además en un diario, según disposición legal o reglamentaria.

La respectiva ordenanza reguladora de la tasa podrá declarar la exención de todos o alguno de los supuestos exceptuados.

Artículo 12. Convenios de colaboración.

Las ordenanzas reguladoras de las tasas podrán prever la posibilidad de suscripción de convenios de colaboración interadministrativa mediante los cuales se arbitren sistemas específicos para realizar la liquidación y pago global de las tasas por publicación de textos, en cuyo caso no será de aplicación lo previsto en el artículo anterior.

Con la misma finalidad, podrán suscribirse convenios para el pago de las tasas correspondientes a la publicación de anuncios particulares, en los términos que fijen las correspondientes ordenanzas.

Artículo 13. Cooperación interadministrativa.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 55.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 4.1.d) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas prestarán, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que la Administración provincial pueda precisar para el mantenimiento y modernización del Boletín Oficial de la Provincia.

Disposición adicional primera. Integración de los Boletines Oficiales de las Provincias.

1. Los Parlamentos de las Comunidades Autónomas podrán, a propuesta del Gobierno autonómico, y previa aceptación de la Diputación Provincial, acordar la integración del Boletín Oficial de la Provincia en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma respectiva, en cuyo caso se regulará por la normativa autonómica, siendo en todo caso de aplicación lo previsto en los artículos 1; 4; 5; 6, apartado 1; y 7, apartados 1, 4 y 5, de la presente Ley.

Asimismo, la referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales se entenderá realizada al órgano encargado de la publicación del Boletín Oficial de la respectiva Comunidad Autónoma, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.

2. En los casos en que se acuerde esta integración, el Boletín Oficial de cada una de las Provincias contará con una sección independiente identificada con su nombre o bien deberá señalarse claramente en el encabezamiento del Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma respectiva que éste incluye los correspondientes Boletines Oficiales de las Provincias, a fin de garantizar la publicidad de sus contenidos.

3. El acuerdo de integración tendrá una vigencia de diez años, transcurridos los cuales se entenderá automáticamente prorrogado cada diez años si no hay denuncia expresa del acuerdo por el Gobierno autonómico o la Diputación Provincial.

Disposición adicional segunda. Comunidades Autónomas uniprovinciales.

Los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas uniprovinciales se regirán por su legislación específica, siéndoles en todo caso de aplicación los artículos de la presente Ley citados en el número 1 de la disposición adicional primera.

La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales, se entenderá realizada al órgano correspondiente encargado de la publicación del Boletín Oficial de la respectiva Comunidad Autónoma uniprovincial, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.

Disposición adicional tercera. Comunidad Foral de Navarra.

La presente Ley será de aplicación en la Comunidad Foral de Navarra en los términos establecidos en la disposición adicional primera de la Constitución y en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales se entenderá realizada al órgano correspondiente encargado de la publicación del Boletín Oficial de la Comunidad Foral, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de la citada publicación.

Disposición adicional cuarta. Comunidad Autónoma de Canarias.

Los Boletines Oficiales de las Provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife se regirán por su normativa específica, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria sexta de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias, respecto a las Mancomunidades Provinciales Interinsulares, siéndoles en todo caso de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional segunda respecto a las Comunidades Autónomas uniprovinciales.

Disposición adicional quinta. Territorios Históricos.

La presente Ley será de aplicación a los Boletines Oficiales de los Territorios Históricos del País Vasco de acuerdo con las especificidades derivadas de lo previsto en la disposición adicional primera de la Constitución, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco y la disposición adicional segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales se entenderá realizada a las Diputaciones Forales, correspondiendo a éstas establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.

Disposición adicional sexta. Ciudades de Ceuta y Melilla.

La presente Ley será de aplicación a los Boletines Oficiales de las Ciudades de Ceuta y Melilla, que deberán publicarse con una periodicidad mínima de dos veces por semana.

La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales, se entenderá realizada al órgano correspondiente encargado de la publicación del Boletín Oficial de la Ciudad, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.

Disposición transitoria primera. Adecuación de ordenanzas.

Las Diputaciones Provinciales deberán adecuar sus ordenanzas a lo establecido en esta Ley en el plazo máximo de seis meses a partir del 1 de enero del ejercicio económico siguiente a su entrada en vigor.

Disposición transitoria segunda. Entrada en vigor del artículo 5.

El artículo 5 será de aplicación a los dos años de la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas las Reales Órdenes de 20 de abril de 1833, 26 de marzo de 1837, 5 de julio de 1837, 9 de octubre de 1838, 6 de abril de 1839, 4 de abril de 1840, 24 de mayo de 1846, 3 de septiembre de 1846, 21 de enero de 1849, 15 de julio de 1849, 8 de octubre de 1856, 1 de agosto de 1871, 9 de julio de 1872, 3 de noviembre de 1907 y 8 de agosto de 1915.

Quedan asimismo derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley.

Disposición final única. Título competencial.

La presente Ley constituye legislación básica, dictada al amparo del artículo 149.1.18.a de la Constitución.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 4 de abril de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-04-24 13:20:01 2014-01-17 16:10:54 Información general 999999
19 Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica Normativa B.O.P. 0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-04-24 13:18:28 2013-04-26 10:34:43 Información general 99999 28 Reglamento de Gestión del BOPVA Normativa B.O.P.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El vigente Reglamento del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid fue aprobado en el año 2010 por la Diputación de Valladolid con la finalidad principal de regular, en cumplimiento de las previsiones de la ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, el establecimiento de la edición electrónica del boletín con carácter oficial y auténtico, lo que hasta ese momento había estado reservado en exclusiva a la edición en papel. Desde ese momento y hasta la actualidad han venido conviviendo los dos tipos de ediciones.

La Diputación de Valladolid pretende ahora dar un paso más en la implantación de la administración electrónica en uno de sus servicios más representativos.

A partir de la aprobación definitiva de este Reglamento, el Boletín Oficial de la Provincia se publicará exclusivamente en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Valladolid, a cuyo efecto el presente Reglamento contiene las disposiciones precisas para garantizar el carácter oficial y la autenticidad de la edición electrónica, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la citada a Ley 11/2007.

Por otra parte, como novedad más importante, se regula la implantación de los procedimientos electrónicos relativos a la gestión del Boletín que, a partir de su entrada en vigor, podrán realizarse íntegramente por vía telemática, en tiempo real y sin desplazamientos. De esta forma, se establece el procedimiento electrónico para la acreditación de los anunciantes; para la presentación de las solicitudes de inserción de anuncios; para la consulta del estado de tramitación de los anuncios remitidos; así como para que la administración provincial pueda formular requerimientos de subsanación o comunicar el rechazo de solicitudes, y para que los anunciantes, puedan formular su desistimiento.

Igualmente, se regula la obligatoriedad de utilización del sistema electrónico de Boletín para las Administraciones Públicas y la Administración de Justicia que interesen la publicación de anuncios, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo que se dispone en el artículo 27 de la Ley 11/2007, cuentan con los medios tecnológicos precisos para su utilización.

Con la tramitación electrónica se produce un importante avance en el cumplimiento de los fines de la citada Ley 11/2007, que se traducirá en una mejora sustancial del servicio que presta la propia Administración provincial.

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

Este Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, de los Boletines Oficiales de las Provincias, tiene por objeto regular los aspectos relativos a la gestión, edición y publicación del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, servicio público de carácter provincial, competencia propia de la Diputación de Valladolid, garantizando su acceso universal, libre y gratuito, y asegurando la autenticidad e integridad de su contenido.

Artículo 2. Forma de gestión

La prestación del servicio público del Boletín Oficial de la Provincia se realiza mediante gestión directa por la Diputación Provincial de Valladolid.

Artículo 3. Edición electrónica

3.1. El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid se edita exclusivamente en formato electrónico y se publica en la sede electrónica de la Diputación de Valladolid, en la dirección https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es, con plena validez jurídica, garantizándose su autenticidad de conformidad con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los servicios públicos, y en su normativa de desarrollo.

Se respetarán los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas establecidas al respecto, y utilizará estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

3.2. El Boletín Oficial de la Provincia dispone de un Portal Web, accesible desde la sede electrónica de la Diputación Provincial de Valladolid, que permite la realización, vía Internet, de las consultas, trámites y gestiones que se regulan en el presente Reglamento con plena validez jurídica.

Artículo 4. Carácter oficial y auténtico

El texto de las disposiciones y actos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, tendrá la consideración de oficial y auténtico con arreglo a las normas y condiciones que se establezcan en este Reglamento.

Para garantizar la autenticidad y la integridad de los documentos publicados el sistema electrónico del Boletín Oficial de la Provincia está instalado en un equipamiento informático seguro que cuenta con el correspondiente certificado electrónico emitido por un prestador de servicios de certificación reconocido.

Artículo 5. Periodicidad y cierre de la edición

El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid se edita todos los días hábiles. A tal efecto se considerarán días inhábiles los domingos y las fiestas nacionales, autonómicas y locales que correspondan al municipio de Valladolid. La Diputación de Valladolid podrá modificar dicha periodicidad, circunstancialmente, por necesidades del servicio.

No obstante, podrán editarse suplementos o números extraordinarios cuando lo requieran las necesidades del servicio.

Artículo 6. Contenido y obligación de publicar

El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, conforme a lo establecido en los artículos 1, 6 y 11 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, es el periódico oficial en el que se publican:

  1. Las disposiciones de carácter general y las Ordenanzas, así como los demás actos de carácter normativo de las Administraciones Públicas, cuya publicación íntegra o, en su caso, resumida venga exigida por una disposición legal o reglamentaria.
  2. Los anuncios y edictos que se refieren a notificaciones, exposiciones al público de las Administraciones Públicas y de la Administración de Justicia de ámbito territorial provincial, tanto si se contienen en una resolución administrativa o no, cuando su inserción venga impuesta por una disposición legal o reglamentaria o cuando, tratándose de edictos y anuncios de la Administración de Justicia, su inserción sea ordenada de oficio.
  3. Los anuncios y edictos referidos en el apartado inmediato anterior cuando su inserción no esté prevista en ninguna norma legal o reglamentaria y sea solicitada facultativamente su inserción por las Administraciones Públicas interesadas.
  4. Los anuncios y edictos de la Administración de Justicia, instados por particulares.
  5. Los anuncios de particulares, personas físicas y jurídicas, instados directamente por los mismos, siempre que contengan un interés informativo para terceros o para las personas que formen parte de entes colectivos particulares, y que su publicación se exija como requisito previo por una institución u organismo público, o el interesado la solicite para la tramitación de un expediente ante los mismos que deberá ser justificada previamente. Los textos de los particulares se publicarán bajo la exclusiva responsabilidad de los solicitantes de la inserción pudiendo la Diputación denegar motivadamente la misma.

En todo caso y cualquiera que sea el ordenante de la inserción, todos los anuncios que se pretendan publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid deberán cumplir los requisitos que cada legislación específica exija para su publicación. El ordenante de la inserción será responsable de este deber y la Diputación rechazará la publicación del texto en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso del referido deber.

Artículo 7. Características de la edición

La edición del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid tendrá las siguientes características:

1. Cada número del Boletín irá precedido de un sumario que contiene la relación de anuncios publicados en el mismo, organizados por secciones, con indicación de la página donde empieza su inserción y con la estructura siguiente:

  1. Sección I: Administración del Estado.
  2. Sección II: Administración Autonómica.
  3. Sección III: Administración Local.
  4. Sección IV: Administración de Justicia.
  5. Sección V: Particulares y otros anunciantes.

2. En la cabecera del ejemplar diario, de cada disposición, acto o anuncio y de cada una de sus páginas figurará:

  1. El escudo oficial de la Diputación Provincial de Valladolid.
  2. La denominación completa "BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID" y en la primera página de cada ejemplar diario figurarán además las siglas "BOP".
  3. El número del Boletín, que será correlativo desde el comienzo de cada año.
  4. La fecha de publicación.

3. Cada ejemplar diario de Boletín tendrá paginación independiente y comenzará por la página número uno en su portada, continuando la numeración correlativa hasta el último anuncio del Boletín diario.

4. El sumario de cada boletín y cada uno de los anuncios publicados, así como el ejemplar completo del Boletín diario, en formato PDF, contendrán los datos de certificación y firma electrónica de la Unidad Administrativa del Boletín y estarán identificados con un Código de Verificación Electrónica (CVE), que permitirá comprobar su autenticidad.

5. En el pie de página final del sumario diario y de cada anuncio publicado se incluirá la dirección electrónica del Boletín Oficial de la Provincia, el Código de Verificación Electrónica (CVE) del Boletín completo y el número del depósito legal. En cada una de las páginas de los anuncios publicados y del sumario del Boletín se incluirá el correspondiente Código de Verificación Electrónica (CVE).

6. La fecha de publicación de las disposiciones, actos y anuncios será la que figure en la cabecera del Boletín y en cada una de las páginas del ejemplar diario en que se inserten.

7. Todos los documentos que se publiquen abrirán página y figurarán numerados de modo correlativo en cada ejemplar diario del Boletín.

Artículo 8. Responsabilidad

El solicitante de la inserción será en todo caso el responsable del contenido del texto a publicar así como de los efectos que, frente a terceros, pudieran derivarse del mismo.

Artículo 9. Protección de datos de carácter personal

9.1. Los datos facilitados por los usuarios del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, se encuentran incluidos en el "FICHERO BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA" de datos de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y el Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Diputación Provincial de Valladolid, entidad responsable del Fichero.

9.2. La Diputación Provincial de Valladolid adoptará las medidas técnicas necesarias para limitar el acceso a los datos de carácter estrictamente personal, siempre que haya transcurrido el tiempo de exposición pública prevista en la norma que exige su publicación, garantizando, en todo caso, la autenticidad, integridad e inalterabilidad de los contenidos del Boletín Oficial.

CAPITULO II. EDICIÓN ELECTRÓNICA

Artículo 10. Publicación de la edición electrónica

La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia se publica a través de su Portal Web, ubicado en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Valladolid en la dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es y deberá estar accesible en la misma en la fecha que figure en la cabecera del ejemplar diario, salvo que ello resulte imposible por circunstancias extraordinarias de carácter técnico.

La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid será consultable por Internet, a través de su Portal Web, y se aloja en un equipamiento informático con las condiciones de seguridad que establezca la normativa de aplicación, a fin de garantizar la autenticidad e integridad de los contenidos del diario oficial, así como el acceso permanente al mismo.

El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid publicado en la dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es, es oficial y auténtico; toda copia electrónica obtenida desde allí del mismo, o de cualquiera de sus anuncios o disposiciones se considera oficial y auténtica y puede ser contrastada mediante el Código de Verificación Electrónica (CVE).

Las copias en soporte papel de la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión del Código de Verificación Electrónica (CVE) u otro sistema de verificación que permita contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Diputación Provincial de Valladolid.

Además de la edición electrónica, existirá, obtenida de ésta, una edición impresa con idénticas características y contenido, limitada a las siguientes finalidades:

  1. Garantizar la publicación del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid cuando por una situación extraordinaria y por motivos técnicos no resulte posible el acceso a la edición electrónica.
  2. Garantizar la conservación y permanencia del Boletín Oficial de la Provincia y su continuidad como parte del Patrimonio documental impreso de la Diputación Provincial de Valladolid.
  3. Facilitar el cumplimiento de la normativa que regula el depósito legal.

Artículo 11. Requisitos de la edición electrónica

11.1. La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia incorpora la firma electrónica avanzada como garantía de la autenticidad, integridad e inalterabilidad de su contenido. Los ciudadanos podrán verificar el cumplimiento de estas exigencias mediante aplicaciones estándar o herramientas informáticas que estarán disponibles en la dirección electrónica del Boletín Oficial de la Provincia.

11.2. Corresponde a la Diputación Provincial de Valladolid:

  1. Garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid que se publique en su sede electrónica.
  2. Custodiar y conservar la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.
  3. Velar por la accesibilidad de la edición electrónica del Boletín Oficial, así como su permanente adaptación al progreso tecnológico.

Artículo 12. Acceso y consulta a la edición electrónica

12.1. El acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia es universal, público y gratuito a través de su Portal Web, ubicado en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Valladolid.

El Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia ofrecerá, accesible al público, una base de datos gratuita que permita la búsqueda, recuperación e impresión de las disposiciones, actos y anuncios publicados en este diario oficial.

12.2. El acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid comprende la posibilidad de búsqueda y consulta del contenido del diario, así como la posibilidad de descarga del archivo correspondiente o la impresión, tanto del diario completo como de cada una de las disposiciones, actos o anuncios que lo componen.

12.3. La Diputación Provincial de Valladolid, a través de la Oficina del Boletín Oficial de la Provincia, prestará los siguientes servicios

  1. Asistir a los anunciantes en la presentación electrónica de solicitudes de publicación de anuncios.
  2. Asistir a los ciudadanos en la búsqueda de las disposiciones, actos y anuncios publicados en el "Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid".
  3. Facilitar a las personas que lo soliciten copia impresa de la publicación de las disposiciones, actos y anuncios que requiera, o del diario completo.
  4. Facilitar un servicio de suscripción electrónica del Boletín.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN

Artículo 13. Trámites y gestiones disponibles

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 del Reglamento regulador de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Valladolid, se establecen los siguientes trámites y gestiones electrónicos que, a través del Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia, se podrán realizar en la sección específica de "GESTION DE ANUNCIOS":

  1. Presentación y modificación, en su caso, por parte de las Administraciones Públicas y de la Administración de Justicia, de la acreditación de las personas facultadas para ordenar la inserción de anuncios a efectos de lo dispuesto en el artículo siguiente.
  2. Tramitación electrónica de solicitudes de inserción de anuncios.
  3. Tramitación electrónica de las solicitudes de desistimiento de anuncios remitidos.
  4. Recepción por los anunciantes de comunicaciones relativas a los anuncios presentados.
  5. Pago telemático de la tasa por prestación del servicio, de conformidad con lo que se disponga en la Ordenanza Fiscal reguladora.
  6. Consulta del estado de tramitación de un anuncio.
  7. Consulta al histórico de anuncios tramitados por vía electrónica por el interesado.
  8. Obtención, en formato PDF, de copia del justificante de presentación de la solicitud.

Artículo 14. Registro de autoridades y personal funcionario

14.1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 5/2002, la oficina del Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de comprobar la autenticidad de los documentos a publicar, llevará un registro de autoridades y personal funcionario facultados para firmar la orden de inserción de los originales destinados a su publicación mediante la presentación de documento de acreditación de firma a través del procedimiento electrónico habilitado al efecto en la dirección electrónica del Boletín.

A estos efectos, los órganos correspondientes de las Administraciones Públicas y de la Administración de Justicia acreditarán ante la Diputación Provincial de Valladolid, según su normativa específica, a las personas facultadas para ordenar la inserción, así como las modificaciones que se produzcan en lo sucesivo, siendo dichas autoridades o funcionarios los sujetos responsables de la autenticidad del contenido de los originales remitidos para su publicación.

14.2. Cuando se trate de anuncios tramitados a instancia de particulares, éstos habrán de acreditar de forma fehaciente la condición a través de la cual actúan por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.

Artículo 15. Solicitudes de inserción de anuncios

15.1. Para la publicación de cualquier documento en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid deberá presentarse necesariamente una solicitud de publicación dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Valladolid, y habrá de cumplimentarse la correspondiente solicitud de inserción. Esta solicitud deberá contener los siguientes datos:

  1. Administración Pública o Administración de Justicia y Órgano o Unidad Administrativa que interesa la publicación.
  2. Nombre y apellidos o la razón social, cuando se trate de personas físicas o de personas jurídicas.
  3. El Número de Identificación Fiscal del solicitante.
  4. Domicilio del solicitante.
  5. Sujeto pasivo de la tasa por prestación del servicio del Boletín, en su caso.
  6. Número de identificación fiscal del sujeto pasivo.
  7. Domicilio fiscal del sujeto pasivo.
  8. El tipo de disposición y número, cuando se trate de disposiciones o resoluciones de las Administraciones Públicas.
  9. Un resumen del texto cuya inserción se solicita.
  10. Precepto normativo que determine la obligatoriedad de la publicación del documento remitido, salvo que consista en una corrección de errores.
  11. Carácter ordinario o urgente de la publicación. Si no se determinara este aspecto, se considerará que tiene carácter ordinario.
  12. Si en virtud de disposición legal o reglamentaria, existe una fecha concreta o un plazo de publicación deberá indicarse expresamente esa fecha o ese plazo y la norma jurídica en que se basa.
  13. Detalle del formato electrónico en que se remite el texto del documento a publicar, en el caso de particulares que utilicen la presentación en formato papel.
  14. Fecha y firma y, en su caso, sello del solicitante.

La solicitud de publicación de cualquier documento en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid deberá efectuarse por quién esté facultado para ello.

Toda solicitud de publicación deberá de ir acompañada del texto correspondiente, presentándose una solicitud por cada anuncio que pretenda publicarse, debiendo figurar en documentos, archivos separados y perfectamente identificados cada uno de ellos.

15.2. Los canales habilitados para la presentación de solicitudes de publicación de anuncios serán los siguientes, atendiendo al solicitante:

  • 15.2.1. Las Administraciones Públicas, así como la Administración de Justicia, deberán realizar la solicitud y orden de inserción de anuncios exclusivamente mediante el procedimiento electrónico habilitado en el Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, acreditando su identidad y autenticando su actuación mediante los sistemas de firma previstos en el artículo 14 del Reglamento regulador de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Valladolid.

  • 15.2.2. Los particulares y demás sujetos con capacidad para solicitar la inserción de anuncios, podrán efectuar la solicitud eligiendo alguna de las siguientes formas:

    1. Mediante el procedimiento electrónico habilitado en el Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, acreditando su identidad y autenticando su actuación mediante los sistemas de firma previstos en el artículo 14 del Reglamento regulador de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Valladolid.
    2. En formato papel mediante presentación de la solicitud, conforme al modelo, anexo I, en el Registro General de la Diputación Provincial de Valladolid o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.

La Diputación habilitará los medios informáticos precisos para que se pueda realizar la solicitud de publicación de anuncios, por vía electrónica, en la propia oficina de administración del Boletín.

15.3. A través del Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia se hará pública la relación de sistemas de firma electrónica admitidos para la presentación de solicitudes de inserción de anuncios por vía electrónica.

Artículo 16. Presentación mediante procedimiento electrónico

16.1. La solicitud de publicación se efectuará a través del formulario que figura en la sección de anunciantes del Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia e irá acompañada del texto a publicar. A efectos electrónicos, dicho formulario se entiende equivalente al modelo de solicitud de publicación que figura como anexo I a este Reglamento para la presentación de anuncios por medios no electrónicos.

16.2. La solicitud de publicación junto con los documentos a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid se firmarán electrónicamente de acuerdo a las instrucciones que, a tal efecto, se publiquen en el Portal web del Boletín Oficial de la Provincia, y conforme a lo establecido en el Reglamento regulador de la Sede Electrónica y Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Valladolid.

16.3. La firma electrónica de la solicitud de publicación conlleva la entrada del documento electrónico en el Registro General de la Diputación Provincial de Valladolid, que emitirá, por vía electrónica, justificante de su presentación. En este justificante constarán la fecha y hora de presentación, así como el número entrada en el Registro General.

16.4. Las características técnicas de los textos a publicar se especificarán en las instrucciones que al efecto se adopten y se expondrán en el Portal web del Boletín. Dichas instrucciones incluirán los requisitos que han de contener los documentos que se envíen por vía electrónica en relación a formato, tipo y tamaño de letra, imágenes, características de textos y tablas, y composición y presentación de los documentos.

16.5. Excepcionalmente, en el caso de que la presentación electrónica sea obligatoria, cuando se produzca la imposibilidad técnica de remitir por medios electrónicos la solicitud de publicación, así como el texto de los anuncios, podrán presentarse éstos en soporte papel, de acuerdo a lo que se especifica en el artículo siguiente.

Artículo 17. Presentación en formato papel

La presentación de la solicitud de publicación en formato papel deberá cumplir los siguientes requisitos:

    1. a) La solicitud de publicación, conforme al modelo anexo I, debe ir firmada por el solicitante e irá acompañada del original del documento a publicar en formato papel. El documento en papel se enviará debidamente firmado, impreso por una sola cara y con las hojas numeradas correlativamente, evitando sellos y firmas superpuestos que dificulten la lectura de los mismos, con indicación expresa del nombre y apellidos y cargo del firmante, así como el lugar y fecha.
    2. b) Igualmente deberá facilitarse el texto del anuncio en formato digital, a cuyo efecto se habilitarán los medios electrónicos necesarios para su envío a la administración del Boletín.

Es condición indispensable y responsabilidad del anunciante que el contenido en soporte papel sea idéntico al facilitado en soporte informático.

Artículo 18. Carácter reservado de los originales

Los originales recibidos para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid tendrán carácter de reservados y no se facilitará ninguna información sobre ellos salvo al solicitante de su publicación.

Artículo 19. Validación de los documentos presentados

19.1. Los anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid sin introducir ninguna modificación en el texto recibido. Si un anunciante desea introducir modificaciones en el texto de los documentos registrados, deberá formular previamente el desistimiento expreso de la solicitud de publicación de los mismos, y presentar una nueva solicitud de inserción de anuncio.

No se corregirán de oficio las faltas de ortografía que se detecten y tampoco se procederá, en ningún caso, a la corrección de errores de estilo, aritméticos o materiales.

19.2. Los documentos que se presenten para su publicación podrán ser rechazados en los siguientes casos:

    1. Cuando se trate de documentos que el interesado presente por vía electrónica y no se refieran a alguno de los procedimientos a que se refiere el artículo 13 del presente Reglamento.
    2. Cuando se trate de documentos que contengan falta de datos, errores manifiestos, incongruencias u omisiones o se envíen en formato ininteligible para el sistema electrónico del Boletín o puedan afectar a la integridad o seguridad del sistema informático.
    3. Los anuncios recibidos exclusivamente por fax o correo electrónico.

19.3. En los supuestos anteriores no se cursará la solicitud de publicación, comunicándose al remitente del anuncio los motivos del rechazo y los medios de subsanación, en su caso.

19.4. El rechazo de anuncios presentados por vía electrónica, se producirá por el mismo canal de presentación, entendiendo que esta comunicación, así como el requerimiento de subsanación, en su caso, es equiparable a la enviada por correo ordinario, y por tanto, tendrá los mismos efectos que ésta.

Artículo 20. Cómputo de plazos

20.1. La presentación de anuncios por vía electrónica podrá realizarse durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año, incluidos los festivos.

20.2. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento regulador de la Sede Electrónica y Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Valladolid, el cómputo de plazos a efectos de presentación de solicitudes de publicación de anuncios, se rige por las siguientes reglas:

    1. Serán días inhábiles los fijados por el Estado para todo el territorio nacional, los fijados por la Comunidad Autónoma para todo su territorio y los de la ciudad de Valladolid.
    2. A los efectos del cómputo del plazo fijado en días hábiles, la recepción en un día inhábil se entenderá producida en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

Artículo 21. Desistimiento de la solicitud de publicación

Si recibida la solicitud de publicación acompañada del correspondiente anuncio, el solicitante pretende que no sea publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, deberá remitir, por cualquiera de los medios establecidos en este Reglamento, un documento expreso de desistimiento de su solicitud de publicación, identificando clara y concisamente el anuncio al que se está haciendo referencia.

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo regulado en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestación de los servicios del Boletín Oficial de la Provincia, la falta de pago de los anuncios sujetos a la tasa correspondiente determinará que, una vez trascurridos tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud de publicación, se tenga al anunciante por desistido de su solicitud, no procediendo en consecuencia la publicación del anuncio, lo que se comunicará al ordenante de la inserción, por el mismo canal de presentación de la solicitud de publicación.

Artículo 22. Orden de Publicación de los anuncios

La publicación de los documentos en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid se efectuará por orden cronológico de recepción de solicitudes, que sólo podrá ser alterado cuando el volumen del texto a publicar o las características particulares del mismo supongan la realización de trabajos peculiares o no previstos.

En todo caso, se dará preferencia para su publicación a las solicitudes que tengan carácter de urgente, procediendo en su caso, a la contraprestación prevista en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación de los servicios del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, respetándose el cómputo de plazos regulados en este Reglamento.

Artículo 23. Plazos de publicación de los anuncios

23.1. Con carácter ordinario, la publicación se realizará en el plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde la recepción de la orden de inserción y del documento a publicar en el Registro General de la Diputación Provincial, o desde la fecha de pago de la tasa, si procediera, o, en todo caso, desde la fecha en que se verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos para la publicación de anuncios.

23.2. Si la publicación fuera clasificada como urgente a través de declaración expresa de la autoridad competente del órgano remitente, el plazo de publicación del que dispondrá la Oficina del Boletín Oficial de la Provincia se reducirá a 6 días hábiles desde las fechas antes referidas. La publicación de anuncios urgentes supondrá, en su caso, la aplicación de la tarifa urgente establecida en la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación de los servicios del Boletín oficial de la Provincia de Valladolid.

Una vez publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, la unidad administrativa que gestiona el mismo remitirá al solicitante, a través del mismo canal que se hubiera utilizado para la presentación del anuncio, o mediante correo electrónico, un enlace al anuncio publicado.

CAPITULO IV. REGIMEN ECONÓMICO

Artículo 24. Financiación del Servicio

El acceso al Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid es universal, público y gratuito atendiendo sus gastos con cargo al presupuesto anual de la Diputación Provincial de Valladolid. De conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 11 de la Ley 5/2002, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, la Diputación Provincial de Valladolid podrá establecer y exigir tasas por la prestación de servicios relacionados con el boletín, cuya regulación se realizará, en su caso, mediante la aprobación de las correspondientes ordenanzas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Para todo lo no regulado en el presente Reglamento se estará a lo que se dispone en la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los boletines oficiales de las provincias y del resto de normas legales o reglamentarias que resulten de aplicación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La obligatoriedad de presentar las solicitudes de inserción en formato electrónico quedará diferida por período de dos meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento, a fin de atender las necesidades de adaptación y de formación de los usuarios del nuevo sistema.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Se deroga el Reglamento de gestión del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, publicado en el BOP Nº 129, de 9 de junio de 2010.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid y continuará vigente hasta que se modifique o derogue expresamente.

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10 ¿Cómo y desde cuando se garantiza la autenticidad del BOPVA? BOP electrónico

Para garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del contenido del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, la edición electrónica publicada en la sede electrónica de la Diputación de Valladolid, a partir del 10 de junio del 2010 se incorpora la firma electrónica avanzada.

Artículo 3, de la 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica:

”...

2. La firma electrónica avanzada es la firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control”.

Dicha firma se incorpora por separado en cada una de las disposiciones publicadas, en el sumario y el documento completo del Boletín.

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-03-12 18:27:16 2014-01-17 16:37:47 Información general 60000
11 ¿Por qué un documento electrónico firmado es inalterable? BOP electrónico

El proceso de firma electrónica bloquea y congela el contenido de un documento de modo que cualquier alteración del mismo invalida la firma electrónica incorporada.

El proceso de firma electrónica se compone de dos funciones:

  1. Calcular un resumen (hash) digital de longitud fija a partir del contenido completo del documento.

  2. Cifrar ese resumen con la clave privada correspondiente al certificado del emisor. El resumen cifrado se empaqueta con el documento aunque el contenido visible del documento no se cifra, para que sea legible.

El resultado será la firma electrónica.

Todo documento firmado electrónicamente, puede ser validado, es decir confirmar que no ha sido alterado por ninguna causa desde que se firmó, para lo cual hay que realizar el siguiente proceso:

  1. Volver a calcular el resumen (hash) a partir del contenido del documento.

  2. Descifrar el resumen incluido en el documento mediante la clave pública contenida en el certificado del emisor y

  3. Comparar ambos resúmenes. Si son iguales, el documento no ha sufrido ninguna modificación desde que se firmó y, por tanto es válido. Si ambos resúmenes no son iguales, se ha producido una alteración y la firma es declarad invalida.

El método de cálculo de los resúmenes tiene tres propiedades interesantes:

  1. Su longitud es siempre fija, independientemente de la longitud del documento resumido.

  2. Una alteración mínima del documento produce un resumen muy distinto y,

  3. Calcular un resumen no es una operación simétrica: se puede fácilmente calcular el resumen del texto pero no es posible reconstruir el texto a partir del resumen.

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-03-12 18:27:51 2013-04-26 09:38:25 Información general 60000
29 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid Normativa B.O.P.

Artículo 1. - Fundamento y Naturaleza

1. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 132 y 15 al 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y al amparo del artículo 2 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, la Diputación Provincial de Valladolid acuerda la imposición de la tasa regulada en la presente Ordenanza.

2. Esta tasa constituye un recurso de naturaleza tributaria de la Hacienda Provincial, que grava la prestación de los servicios previstos en el artículo siguiente.

Artículo 2. - Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de inserción voluntaria y obligatoria de todo tipo de documentos y anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.

Artículo 3. - Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten la inserción de anuncios o documentos en el Boletín Oficial de la Provincia y los que resulten afectados o beneficiados por los servicios objeto de esta Ordenanza.

Artículo 4. - Responsables

Responderán solidariamente o subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas en los supuestos y con el alcance previsto en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5. - Base Imponible

La base imponible de la tasa por los servicios de inserción y publicación de documentos y anuncios en el Boletín Oficial vendrá determinada por los siguientes extremos:

  1. Las extensión y características del texto a publicar
  2. El carácter ordinario o urgente de la publicación.

A efectos de determinación de la base imponible, la extensión y características del texto a publicar se medirán de acuerdo a las siguientes reglas:

1.- En el caso de presentación electrónica de anuncios a través del sistema de Boletín:

  1. El texto incluido mediante el procesador de textos del propio sistema se computará por número de líneas. A estos efectos se computarán tanto los espacios en blanco, como las líneas de separación de párrafos.
    La documentación que no se genere utilizando el procesador de textos del sistema y se incorpore al mismo como documentos anexos se computará por número de páginas.

2.- En el caso de presentación en formato papel:

  1. El texto se computará por número de líneas.

Los documentos que contengan imágenes, esquemas o planos se considerarán como anexos al anuncio y se computarán por número de páginas.

Artículo 6. - Cuota Tributaria

La cuota tributaria se determina en función de la base imponible, aplicando a la misma las tarifas que se indican a continuación:

  1. Tramitación ordinaria:
    • Por cada línea…..1,20€.
    • Por cada página de documento anexo……42€.
  2. Tramitación urgente:
    • En los anuncios de carácter urgente al amparo de lo previsto en el artículo 7.3 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, Reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, se aplicará el doble de las tarifas reguladas en el apartado anterior.

Artículo 7.- Beneficios fiscales y Exenciones

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, estarán exentos del pago de la tasa por la prestación del servicio de inserción:

  1. La publicación de disposiciones y resoluciones de inserción obligatoria.
  2. Los anuncios oficiales, cualquiera que sea el solicitante de la inserción, cuando la misma resulte obligatoria, de acuerdo con una norma legal o reglamentaria, así como los edictos y anuncios de Juzgados y Tribunales cuando la inserción sea ordenada de oficio.

3. Se exceptúan de las exenciones a que se refiere el punto anterior las siguientes publicaciones:

  1. Los anuncios publicados a instancias de particulares.
  2. Los anuncios de licitaciones de todo tipo de contratos, de acuerdo con lo establecido en su legislación específica.
  3. Los anuncios oficiales de la Administración de Justicia a instancia de particulares.
  4. Los anuncios cuyo coste sea repercutible a los interesados según las disposiciones aplicables.
  5. Los anuncios derivados de procedimientos sujetos al pago de una tasa, precio público u otro tipo de derechos económicos.
  6. Los anuncios que puedan reportar, directa o indirectamente, un beneficio económico al remitente o solicitante, o tuvieran contenido económico.

    No se considerará, a estos efectos, que reporta un beneficio económico o que tenga contenido económico las citaciones para ser notificados por comparecencia en los procedimientos de recaudación de los diferentes tributos o exacciones parafiscales, en los casos en que, intentada la notificación al interesado o representante por parte de la Administración tributaria o entidades y corporaciones de derecho público a las que corresponde su recaudación, ésta no haya sido posible.

  7. Los anuncios que puedan o deban publicarse además en un diario, según disposición legal o reglamentaria.

4. Estarán exentas del pago, las correcciones de errores de anuncios publicados cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

  1. Cuando el anuncio que se corrige esté exento de pago.
  2. Cuando el anuncio que se corrige esté sujeto a pago, pero se trate de un error causado por la propia actuación de la administración editora del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.

Artículo 8. - Devengo

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando la solicitud de inserción de cualquier clase de texto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene su entrada en el Registro General de la Diputación Provincial de Valladolid, en cualquiera de sus dos modalidades, electrónica o formato papel.

Artículo 9. - Régimen de liquidación y pago de la tasa

1.- La liquidación y recaudación de la tasa por inserción de anuncios se realizará:

  1. La tasa por prestación del servicio público de Boletín Oficial de la Provincia se exigirá en régimen de pago previo. Se incluyen en este régimen las inserciones en las que el importe de la tasa sea repercutible sobre los interesados, independientemente de su procedencia.
    La liquidación se practicará en el momento de presentación de la solicitud de inserción del documento o anuncio, siendo requisito previo para su publicación el pago de la tasa.
  2. Cuando se trate de documentos o anuncios cuya inserción sea solicitada por las Administraciones Públicas o por la Administración de Justicia, y el importe de la tasa no sea repercutible sobre los interesados, una vez publicado el texto, se realizará la liquidación de la tasa, notificándose a la Administración anunciante, como sujeto pasivo, para que proceda a su ingreso, de acuerdo con los plazos establecidos en el Reglamento General de Recaudación.
  3. La Diputación Provincial de Valladolid podrá suscribir convenios de colaboración con las distintas Administraciones Públicas que establezcan sistemas específicos para realizar la liquidación y pago global de las tasas por publicación de textos, no siendo en este caso de aplicación lo establecido anteriormente.

2.- El pago de la tasa sólo podrá realizarse en efectivo por alguno de los siguientes medios:

    • 2.1.- A través de la Entidad o Entidades bancarias colaboradoras o que presten el servicio de caja, por alguna de las siguientes modalidades:
      1. Mediante el ingreso de su importe en las oficinas de la Entidad presentando el documento de cobro facilitado al efecto.
      2. Pago a través del portal web de la Entidad.
      3. Pago en alguno de los cajeros automáticos de la Entidad, mediante la utilización de tarjeta de crédito o débito de la misma.
    • 2.2.- Pago telemático, a través de la sede electrónica de la Diputación de Valladolid, en el portal web del Boletín Oficial de la Provincia, en la dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es, cumpliendo los requisitos que se especifican en el mismo Artículo 10. Formalización de convenios de colaboración

1. Al amparo de lo establecido en el artículo 27.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrán suscribirse convenios de colaboración mediante los cuales se arbitren las formas y procedimientos que se estimen oportunos para realizar la liquidación y pago de las tasas por publicaciones de textos.

2. Estos convenios podrán celebrarse con las entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de la tasa, con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de aquella, o los procedimientos de liquidación y recaudación.

Artículo 11. Infracciones y sanciones

Todo lo referente a la calificación de infracciones tributarias y a las sanciones correspondientes estará sujeto a lo que disponen la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y la Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección Tributaria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Las inserciones de la propia Diputación sólo serán objeto de pago si el importe es repercutible a terceros de conformidad con lo dispuesto en una norma de carácter general.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

En todo aquello que no venga regulado en la presente Ordenanza, se estará a lo que disponen el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley 5/2002, de 4 de abril, Reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección Tributaria.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedará derogada la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid publicado en el Boltetin Oficial de la Provincia de fecha 9 de junio de 2010.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de ser publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

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32 Aviso jurídico Aviso jurídico

El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid publicado en la dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es, es oficial y auténtico; toda copia electrónica obtenida desde allí del mismo, o de cualquiera de sus anuncios o disposiciones se considera oficial y auténtica y puede ser contrastada mediante el Código de Verificación Electrónica (CVE).

La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia incorpora la firma electrónica avanzada como garantía de la autenticidad, integridad e inalterabilidad de su contenido, conforme a lo previsto en el Reglamento de Gestión del BOPVA, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 11 de enero de 2013.

El acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia es universal, público y gratuito a través de su Portal Web, ubicado en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Valladolid.

El Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia ofrecerá, accesible al público, una base de datos gratuita que permita la búsqueda, recuperación e impresión de las disposiciones, actos y anuncios publicados en este diario oficial.

El sumario de cada boletín y cada uno de los anuncios publicados, así como el ejemplar completo del Boletín diario, en formato PDF, contendrán los datos de certificación y firma electrónica de la Unidad Administrativa del Boletín y estarán identificados con un Código de Verificación Electrónica (CVE), que permitirá identificar de forma unívoca cada documento, así como comprobar su autenticidad.

El CVE permite contrastar la autenticidad de cualquier impresión en papel de un documento publicado en el BOPVA, mediante el cotejo con el documento electrónico original. Para ello, dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es se puede introducir el CVE y obtener el documento original firmado electrónicamente, directamente de la sede electrónica de la Diputación.

Si por una situación extraordinaria y por motivos de carácter técnico no resultara posible acceder a la edición electrónica del "Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid" en su sede electrónica, una edición impresa del diario garantiza su publicación.

Las copias realizadas en soporte papel de la edición electrónica del BOP VA tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión del Código de

Verificación Electrónica (CVE), para poder contrastar su autenticidad.

Diarios oficiales “Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid” publicados con anterioridad al 10 de junio de 2010, sólo tienen la consideración de oficial y auténtica la edición impresa en papel.

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33 Disponibilidad Disponibilidad

DISPONIBILIDAD

El servicio BOP online permite al usuario consultar por internet el Boletín Oficial  Provincial en los siguientes formatos:

  • Sumario completo en PDF: Desde el 1 de enero de 2003 al 22 de septiembre de 2003.
  • Boletín completo en PDF: Desde el 23 de septiembre de 2003 al 14 de diciembre de 2005.
  • Formato texto, versión completa en PDF, RSS en BÚSQUEDAS, etc, a partir del 15 de diciembre de 2005.
  • La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid desde el 10 de junio del 2010
  • El sistema de Gestión Integral del BOPVA desde el 20 de enero de 2014

 

0 1 2013-05-02 00:00:00 2013-04-29 10:19:51 2014-02-07 11:17:59 Información general 8
21 Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos Normativa B.O.P.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presenten vieren y entedieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

Índice

  1. Exposición de motivos.
  2. Título preliminar. Del ámbito de aplicación y los principios generales.
  3. Título primero. Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos.
  4. Título segundo. Régimen jurídico de la administración electrónica.
    1. Capítulo I. De la sede electrónica.
    2. Capítulo II. De la identificación y autenticación.
      1. Sección 1.ª Disposiciones comunes.
      2. Sección 2.ª Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación.
      3. Sección 3.ª Identificación electrónica de las Administraciones Públicas y autenticación del ejercicio de su competencia.
      4. Sección 4.ª De la interoperabilidad y de la acreditación y representación de los ciudadanos.
    3. Capítulo III. De los registros, las comunicaciones y las notificaciones electrónicas.
      1. Sección 1.ª De los registros.
      2. Sección 2.ª De las comunicaciones y las notificaciones electrónicas.
    4. Capítulo IV. De los documentos y los archivos electrónicos.
  5. Título tercero. De la gestión electrónica de los procedimientos.
    1. Capítulo I. Disposiciones comunes.
    2. Capítulo II. Utilización de medios electrónicos en la tramitación del procedimiento.
  6. Título cuarto. Cooperación entre administraciones para el impulso de la administración electrónica.
    1. Capítulo I. Marco institucional de cooperación en materia de administración electrónica.
    2. Capítulo II. Cooperación en materia de interoperabilidad de sistemas y aplicaciones.
    3. Capítulo III. Reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnologías.
  7. DISPOSICIONES ADICIONALES
    1. Disposición adicional primera. Reunión de Órganos Colegiados por medios electrónicos.
    2. Disposición adicional segunda. Formación de empleados públicos.
    3. Disposición adicional tercera. Plan de Medios en la Administración General del Estado.
    4. Disposición adicional cuarta. Procedimientos Especiales.
    5. Disposición adicional quinta. Función Estadística.
    6. Disposición adicional sexta. Uso de Lenguas Oficiales.
  8. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
    1. Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
  9. DISPOSICIONES DEROGATORIAS
    1. Disposición derogatoria única.
  10. DISPOSICIONES FINALES
    1. Disposición final primera. Carácter básico de la Ley.
    2. Disposición final segunda. Publicación electrónica del «Boletín Oficial del Estado».
    3. Disposición final tercera. Adaptación de las Administraciones Públicas para el ejercicio de derechos.
    4. Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 84/1978, de 28 de diciembre, por la que se regula la tasa por expedición del Documento Nacional de Identidad.
    5. Disposición final quinta. Modificación de la Ley 16/1979, de 2 de octubre, sobre Tasas de la Jefatura Central de Tráfico.
    6. Disposición final sexta. Habilitación para la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado.
    7. Disposición final séptima. Desarrollo reglamentario del artículo 4 c).
    8. Disposición final octava. Desarrollo y Entrada en vigor de la Ley.
  11. ANEXO . Definiciones

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Determinadas edades de la humanidad han recibido su denominación de las técnicas que se empleaban en las mismas y hoy podríamos decir que las tecnologías de la información y las comunicaciones están afectando también muy profundamente a la forma e incluso al contenido de las relaciones de los seres humanos entre sí y de las sociedades en que se integran. El tiempo actual -y en todo caso el siglo XXI, junto con los años finales del XX-, tiene como uno de sus rasgos característicos la revolución que han supuesto las comunicaciones electrónicas. En esa perspectiva, una Administración a la altura de los tiempos en que actúa tiene que acompañar y promover en beneficio de los ciudadanos el uso de las comunicaciones electrónicas. Estos han de ser los primeros y principales beneficiarios del salto, impensable hace sólo unas décadas, que se ha producido en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones electrónicas. Al servicio, pues, del ciudadano la Administración queda obligada a transformarse en una administración electrónica regida por el principio de eficacia que proclama el artículo 103 de nuestra Constitución.

Es en ese contexto en el que las Administraciones deben comprometerse con su época y ofrecer a sus ciudadanos las ventajas y posibilidades que la sociedad de la información tiene, asumiendo su responsabilidad de contribuir a hacer realidad la sociedad de la información. Los técnicos y los científicos han puesto en pie los instrumentos de esta sociedad, pero su generalización depende, en buena medida, del impulso que reciba de las Administraciones Públicas. Depende de la confianza y seguridad que genere en los ciudadanos y depende también de los servicios que ofrezca.

El mejor servicio al ciudadano constituye la razón de la reformas que tras la aprobación de la Constitución se han ido realizando en España para configurar una Administración moderna que haga del principio de eficacia y eficiencia su eje vertebrador siempre con la mira puesta en los ciudadanos. Ese servicio constituye también la principal razón de ser de la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos que trata, además, de estar a la altura de la época actual.

En efecto, la descentralización política del Estado no se agotó en su primer y más inmediato designio de organizar políticamente España de una forma muy diferente al Estado unitario, sino que ha sido ocasión para que la mayor proximidad democrática de los nuevos poderes autonómicos se tradujese también en una mayor proximidad de las Administraciones de ellos dependientes respecto del ciudadano.

En la misma línea se mueve el reconocimiento constitucional de la autonomía local.

No obstante, esa mayor proximidad al ciudadano de la Administración, derivada de la descentralización autonómica y local, no ha acabado de superar la barrera que sigue distanciando todavía al ciudadano de la Administración, de cualquier Administración, incluida la del Estado, y que, muchas veces, no es otra que la barrera que levanta el tiempo y el espacio: el tiempo que hay que dedicar a la relación con aquélla para la realización de muchos trámites de la vida diaria que empiezan a veces por la necesidad de una primera información que exige un desplazamiento inicial, más los sucesivos desplazamientos y tiempo que se dedican a posteriores trámites a hacer con la Administración para las actividades más elementales. Esas primeras barreras potencian, en ocasiones, otras que afectan a la posición servicial de las Administraciones Públicas. Éstas no pueden cumplir siempre su misión atendiendo cualquier cosa que pida un ciudadano, puesto que puede estar en contradicción con los intereses de la mayoría de los demás ciudadanos, con los intereses generales representados por las leyes. Pero en esos casos -en que los intereses generales no coinciden con los intereses individuales- la relación con el ciudadano debe ser, también, lo más rápida y clara posible sin pérdidas de tiempo innecesarias.

En todo caso, esas primeras barreras en las relaciones con la Administración -la distancia a la que hay que desplazarse y el tiempo que es preciso dedicar- hoy día no tienen razón de ser. Las tecnologías de la información y las comunicaciones hacen posible acercar la Administración hasta la sala de estar de los ciudadanos o hasta las oficinas y despachos de las empresas y profesionales. Les permiten relacionarse con ella sin colas ni esperas. E incluso recibir servicios e informaciones ajenos a actividades de intervención administrativa o autorización; informaciones y servicios no relacionados con actuaciones limitadoras, sino al contrario ampliadoras de sus posibilidades. Esas condiciones permiten también a los ciudadanos ver a la Administración como una entidad a su servicio y no como una burocracia pesada que empieza por exigir, siempre y para empezar, el sacrificio del tiempo y del desplazamiento que impone el espacio que separa el domicilio de los ciudadanos y empresas de las oficinas públicas. Pero, además de eso, las nuevas tecnologías de la información facilitan, sobre todo, el acceso a los servicios públicos a aquellas personas que antes tenían grandes dificultades para llegar a las oficinas públicas, por motivos de localización geográfica, de condiciones físicas de movilidad u otros condicionantes, y que ahora se pueden superar por el empleo de las nuevas tecnologías. Se da así un paso trascendental para facilitar, en igualdad de condiciones, la plena integración de estas personas en la vida pública, social, laboral y cultural.

De ello se percató la Ley 30/1992 de 26 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-dimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), que en su primera versión recogió ya en su artículo 45 el impulso al empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, por parte de la Administración al objeto de desarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias y de permitir a los ciudadanos relacionarse con las Administraciones cuando fuese compatible con los «medios técnicos de que dispongan».

Esa previsión, junto con la de la informatización de registros y archivos del artículo 38 de la misma Ley en su versión originaria y, especialmente, en la redacción que le dio la Ley 24/2001 de 27 de diciembre al permitir el establecimiento de registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones por medios telemáticos, abría el paso a la utilización de tales medios para relacionarse con la Administración.

Simultáneamente, la misma Ley 24/2001 modificó el artículo 59 permitiendo la notificación por medios telemáticos si el interesado hubiera señalado dicho medio como preferente o consentido expresamente.

En el mismo sentido destacan las modificaciones realizadas en la Ley General Tributaria para permitir también las notificaciones telemáticas así como el artículo 96 de la nueva Ley General Tributaria de 2003 que prevé expresamente la actuación administrativa automatizada o la imagen electrónica de los documentos.

Sin embargo, el desarrollo de la administración electrónica es todavía insuficiente. La causa en buena medida se debe a que las previsiones de los artículos 38, 45 y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común son facultativas. Es decir, dejan en manos de las propias Administraciones determinar si los ciudadanos van a poder de modo efectivo, o no, relacionarse por medios electrónicos con ellas, según que éstas quieran poner en pie los instrumentos necesarios para esa comunicación con la Administración.

Por ello esta Ley pretende dar el paso del «podrán» por el «deberán».

Las avanzadas para el momento, pero por otra parte prudentes, previsiones legales, muy válidas en 1992 o en 2001, hoy han quedado desfasadas, ante una realidad en que el grado de penetración de ordenadores y el número de personas y entidades con acceso en banda ancha a Internet, con las posibilidades abiertas a otras tecnologías y plataformas, no se corresponden ya con los servicios meramente facultativos que la Ley citada permite y estimula a establecer a las Administraciones.

El servicio al ciudadano exige consagrar su derecho a comunicarse con las Administraciones por medios electrónicos. La contrapartida de ese derecho es la obligación de éstas de dotarse de los medios y sistemas electrónicos para que ese derecho pueda ejercerse. Esa es una de las grandes novedades de la Ley: pasar de la declaración de impulso de los medios electrónicos e informáticos -que se concretan en la práctica en la simple posibilidad de que algunas Administraciones, o algunos de sus órganos, permitan las comunicaciones por medios electrónicos- a que estén obligadas a hacerlo porque la Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a establecer relaciones electrónicas.

La Ley consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para tales Administraciones. El reconocimiento de tal derecho y su correspondiente obligación se erigen así en el eje central del proyecto de Ley.

Pero en torno a dicho eje es preciso abordar muchas otras que contribuyen a definir y concretar el alcance de ese derecho. Así, por ejemplo, tal derecho se hace efectivo de modo real mediante la imposición, al menos en el ámbito de la Administración General del Estado y en los términos de la ley, de la obligación de poner a disposición de ciudadanos y empresas al menos un punto de acceso general a través del cual los usuarios puedan, de forma sencilla, acceder a la información y servicios de su competencia; presentar solicitudes y recursos; realizar el trámite de audiencia cuando proceda; efectuar pagos o acceder a las notificaciones y comunicaciones que les remitan la Administración Pública.

También debe encontrar información en dicho punto de acceso único sobre los servicios multicanal o que le sean ofrecidos por más de un medio, tecnología o plataforma.

II

La Ley se articula a partir de las competencias del Estado que le reconoce el artículo 149.1.18 de la Constitución: «Bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas», por una parte y «procedimiento administrativo común» por otra.

Por otra parte, la regulación estatal, en lo que tiene de básico, deja margen a los desarrollos autonómicos, sin que pueda olvidarse, además, que el objeto de las bases en este caso deben permitir «en todo caso», de acuerdo con este número 18, un «tratamiento común» ante ellas.

En esta perspectiva, la regulación del Estado debe abordar aquellos aspectos en los que es obligado que las previsiones normativas sean comunes, como es el caso de la interoperabilidad, las garantías de las comunicaciones electrónicas, los servicios a los que tienen derecho los ciudadanos, la conservación de las comunicaciones electrónicas y los demás temas que se abordan en la ley para garantizar que el ejercicio del derecho a relacionarse electrónicamente con todas las administraciones forme parte de ese tratamiento común que tienen.

La Ley 30/1992 se limitó a abrir la posibilidad, como se ha dicho, de establecer relaciones telemáticas con las Administración, pero la hora actual demanda otra regulación que garantice, pero ahora de modo efectivo, un tratamiento común de los ciudadanos antes todas las Administraciones: que garantice, para empezar y sobre todo, el derecho a establecer relaciones electrónicas con todas las Administraciones Públicas. Las nuevas realidades, exigencias y experiencias que se han ido poniendo de manifiesto; el propio desarrollo de la sociedad de la información, la importancia que una regulación clara, precisa y común de los derechos de los ciudadanos y el cambio de circunstancias tecnológicas y sociales exige actualizar el contenido, muy diferente al de 1992, de la regulación básica que esté hoy a la altura de las nueva exigencias. Esa regulación común exige, hoy, por ejemplo, reconocer el derecho de los ciudadanos -y no sólo la posibilidad- de acceder mediante comunicaciones electrónicas a la Administración.

III

El reconocimiento general del derecho de acceder electrónicamente a las Administraciones Públicas tiene otras muchas consecuencias a las que hay dar solución y de las que aquí, de forma resumida, se enumeran algunas.

Así, en primer lugar, la progresiva utilización de medios electrónicos suscita la cuestión de la privacidad de unos datos que se facilitan en relación con un expediente concreto pero que, archivados de forma electrónica como consecuencia de su propio modo de transmisión, hacen emerger el problema de su uso no en el mismo expediente en el que es evidente, desde luego, pero, sí la eventualidad de su uso por otros servicios o dependencias de la Administración o de cualquier Administración o en otro expediente. Las normas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal deben bastar, y no se trata de hacer ninguna innovación al respecto, pero sí de establecer previsiones que garanticen la utilización de los datos obtenidos de las comunicaciones electrónicas para el fin preciso para el que han sido remitidos a la Administración.

Por otra parte, los interesados en un procedimiento tienen derecho de acceso al mismo y ver los documentos. Lo mismo debe suceder, como mínimo, en un expediente iniciado electrónicamente o tramitado de esta forma. Dicho expediente debe poder permitir el acceso en línea a los interesados para verificar la situación del expediente, sin mengua de todas las garantías de la privacidad.

En todo caso, la progresiva utilización de comunicaciones electrónicas, derivada del reconocimiento del derecho a comunicarse electrónicamente con la Administración, suscita la cuestión no ya de la adaptación de ésta -recursos humanos y materiales- a una nueva forma de relacionarse con los ciudadanos, sino también la cuestión de la manera de adaptar sus formas de actuación y tramitación de los expedientes y en general adaptar los procedimientos a la nueva realidad que imponen las nuevas tecnologías.

El hecho de reconocer el derecho de los ciudadanos a comunicarse electrónicamente con la Administración plantea, en primer lugar, la necesidad de definir claramente la «sede» administrativa electrónica con la que se establecen las relaciones, promoviendo un régimen de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad. Exige también abordar la definición a los efectos de la Ley de una serie de términos y conceptos cuyo uso habitual obliga en un contexto de comunicaciones electrónicas a efectuar muchas precisiones. Tal sucede con la definición de expediente electrónico y de documento electrónico; de los registros electrónicos y de las notificaciones electrónicas o del alcance y sistemas de sellados de tiempo.

La consagración de ese derecho de los ciudadanos a comunicarse electrónicamente con la Administración suscita, también, por ejemplo, la cuestión de la forma de utilizar y archivar dichas comunicaciones. Y lo plantea tanto en lo que podría considerarse la formación del expediente o el archivo de oficina -el vinculado a la tramitación de los expedientes-, como en lo que se refiere al archivo de los expedientes ya tramitados.

En cuanto al funcionamiento interno de la Administración, las nuevas tecnologías permiten oportunidades de mejora (eficiencia y reducción de costes) que hacen ineludible la consideración de las formas de tramitación electrónica, tanto para la tramitación electrónica de expedientes, como para cualquier otra actuación interna de la Administración, expandiéndolas gradualmente con el objetivo del año 2009.

Ciertamente, el uso de medios electrónicos no puede significar merma alguna del derecho del interesado en un expediente a acceder al mismo en la forma tradicional, así como tampoco puede suponer un freno o un retraso para que la Administración internamente adopte los mecanismos más adecuados, en este caso medios electrónicos, que le permitan mejorar procesos y reducir el gasto público. Conjugar ambos requerimientos es posible gracias a las medidas de la política de fomento de desarrollo de la Sociedad de la Información que se vienen impulsando en los últimos años. En este sentido la Administración debe incorporar las nuevas tecnologías a su funcionamiento interno y, simultáneamente, se debe garantizar que aquellos ciudadanos que por cualquier motivo (no disponibilidad de acceso a las nuevas tecnologías o falta de formación) no puedan acceder electrónicamente a la Administración Pública, dispongan de los medios adecuados para seguir comunicándose con la Administración con los mismos derechos y garantías. La solución a ese doble objetivo pasa por la formación del personal al servicio de la Administración que atiende al público para que hagan posible la comunicación de estos ciudadanos con la administración electrónica, así como por la disponibilidad de puntos de acceso electrónico públicos en sedes administrativas. O también, desde luego, establecer las previsiones generales que sean garantía de los derechos de los ciudadanos y de un tratamiento igual ante todas las Administraciones en todos esos supuestos.

En segundo lugar es necesario regular la validez de los documentos y sus copias y la forma de que el documento electrónico opere con plena validez en modo convencional y, en su caso, la forma en que los documentos convencionales se transformen en documentos electrónicos.

Otra cuestión que se aborda es la de las plataformas que pueden utilizar los ciudadanos o las propias Administraciones para establecer tales comunicaciones electrónicas. El ordenador e Internet puede ser una vía, pero no es desde luego la única; las comunicaciones vía SMS pueden ser otra forma de actuación que en algunas Administraciones están siendo ya utilizadas. La Televisión Digital Terrestre, por ejemplo, abre también posibilidades con las que hay también que contar. La Ley no puede limitarse a regular el uso de los canales electrónicos disponibles hoy en día, ya que la gran velocidad en el desarrollo de las tecnologías de la información hacen posible la aparición de nuevos instrumentos electrónicos que pudieran aplicarse para la administración electrónica en muy poco tiempo, siendo necesario generalizar la regulación de estos canales.

La Ley debe partir del principio de libertad de los ciudadanos en la elección de la vía o canal por el que quieren comunicarse con la Administración, si bien cada tecnología puede ser apta para una función en razón de sus características y de la fiabilidad y seguridad de sus comunicaciones.

IV

Debe recordarse que el impulso de una administración electrónica supone también dar respuesta a los compromisos comunitarios y a las iniciativas europeas puestas en marcha a partir de Consejo Europeo de Lisboa y Santa Maria da Feira, continuado con sucesivas actuaciones hasta la actual comunicación de la Comisión «i2010: Una Sociedad de la Información Europea para el crecimiento y el empleo».

El impulso comunitario a la iniciativa e-Europa da la máxima importancia al desarrollo de la administración electrónica, buscando aprovechar todas las posibilidades de las nuevas tecnologías como un factor determinante del futuro económico de Europa.

En estos años de vigencia de la iniciativa e-Europa el ámbito de actuación de la administración electrónica ha crecido considerablemente en sucesivas revisiones, hasta llegar a noviembre de 2005, cuando, tras la publicación de la comunicación relativa a i2010 se aprobó, en la Cumbre de Manchester, una resolución ministerial, con objetivos concretos para el desarrollo de la administración electrónica en la Unión. Tras esta resolución se aprobó el Plan de Acción sobre administración electrónica i2010, en la que se señala que los éxitos de la administración electrónica son ya claramente visibles en varios países de la UE, estimando en 50.000 millones de euros el ahorro anual en toda la Unión que una implantación generalizada de ella podría generar.

Asimismo, el 12 de diciembre de 2006, y con objeto de avanzar en la consecución del objetivo fijado por el Consejo Europeo de Lisboa, se aprobó la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior.

Esta Directiva establece, entre otras obligaciones para los Estados miembros, la de facilitar por medios electrónicos acceso a los trámites relacionados con las actividades de servicios y a la información de interés tanto para los prestadores como para los destinatarios de los mismos.

Por ello, y dada la analogía de esta finalidad con el objetivo de esta Ley, se realiza en la misma una referencia expresa a la información y trámites relacionados con las actividades de servicios, de forma que los artículos 6, 7 y 8 de la Directiva pueden considerarse traspuestos por esta Ley.

Por otra parte, en el contexto internacional, también otros organismos se han interesado en la administración electrónica como forma de activar la economía y mejorar el gobierno de los países como es el caso de la OCDE, que publicó en 2004 un estudio con un título casi autodescriptivo: «La administración electrónica: Un imperativo», donde resalta los ahorros que la administración electrónica puede generar al permitirles aumentar su eficacia.

También el Consejo de Europa, desde una perspectiva más social, está analizando la administración electrónica como un motor de desarrollo. En diciembre de 2004 el Comité de Ministros adoptó una recomendación donde se señala que la administración electrónica no es asunto meramente técnico, sino de gobernanza democrática.

V

En este contexto, una Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas se justifica en la creación de un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de estas tecnologías. Y el principal reto que tiene la implantación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la sociedad en general y en la Administración en particular es la generación de confianza suficiente que elimine o minimice los riesgos asociados a su utilización. La desconfianza nace de la percepción, muchas veces injustificada, de una mayor fragilidad de la información en soporte electrónico, de posibles riesgos de pérdida de privacidad y de la escasa transparencia de estas tecnologías.

Por otro lado, la legislación debe proclamar y erigirse sobre un principio fundamental como es la conservación de las garantías constitucionales y legales a los derechos de los ciudadanos y en general de las personas que se relacionan con la Administración Pública, cuya exigencia se deriva del artículo 18.4 CE, al encomendar a la ley la limitación del uso de la informática para preservar el ejercicio de los derechos constitucionales. Esta conservación exige afirmar la vigencia de los derechos fundamentales no sólo como límite, sino como vector que orienta esta reforma legislativa de acuerdo con el fin promocional consagrado en el artículo 9.2 de nuestro texto fundamental, así como recoger aquellas peculiaridades que exigen la aplicación segura de estas tecnologías. Estos derechos deben completarse con otros exigidos por el nuevo soporte electrónico de relaciones, entre los que debe estar el derecho al uso efectivo de estos medios para el desarrollo de las relaciones de las personas con la Administración. Las anteriores consideraciones cristalizan en un Estatuto del ciudadano frente a la administración electrónica que recoge un elenco no limitativo de las posiciones del ciudadano en sus relaciones con las Administraciones Públicas, así como las garantías específicas para su efectividad.

Con este fin, la Ley crea la figura del Defensor del Usuario, que atenderá las quejas y realizará las sugerencias y propuestas pertinentes para mejorar las relaciones de ciudadanos en su trato con las Administraciones Públicas por medios electrónicos.

De otro lado, merece subrayarse el papel de vanguardia que corresponde a nuestras empresas en el desarrollo de una verdadera sociedad de la información y, por ende, de una Administración accesible electrónicamente. No en vano, la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC's) en el día a día de la empresa, necesaria en virtud de las exigencias del entorno abierto y altamente competitivo en que operan, ha sido y es palanca impulsora para el desarrollo y creciente incorporación de esas mismas tecnologías en el actuar administrativo. Al mismo tiempo, representa una ayuda insustituible para favorecer la expansión de la «cultura electrónica» entre los trabajadores-ciudadanos.

Las empresas pueden, en tal sentido, desempeñar un papel coadyuvante clave para la consecución de los objetivos pretendidos por esta Ley. Las razones apuntadas aconsejan un tratamiento específico de aquellos procedimientos y gestiones que de forma más intensa afectan al desarrollo de la actividad empresarial.

A todo ello se debe la aprobación de esta Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en la que se incluyen las siguientes materias con la estructura que se recoge en los siguientes apartados.

VI

La Ley se estructura en cinco títulos, seis disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una derogatoria y ocho finales.

En el Título Preliminar se definen el objeto y finalidades de la ley, los principios generales a los que se ajusta, así como su ámbito de aplicación. Debe destacarse el carácter básico de la ley en los términos establecidos en la disposición final primera, siendo por tanto de aplicación a todas las Administraciones Públicas los artículos referidos en dicha disposición final.

La Ley establece entre otros, el principio de igualdad, para que la utilización de comunicaciones electrónicas con las Administraciones Públicas no implique una discriminación para los ciudadanos que se relacionen con la Administración por medios no electrónicos.

En el Título Primero están recogidos los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos. Para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, se establece la obligación de las Administraciones de habilitar diferentes canales o medios para la prestación de los servicios electrónicos.

Asimismo, se establece la obligación de cada Administración de facilitar a las otras Administraciones los datos de los interesados que se le requieran y obren en su poder, en la tramitación de un procedimiento, siempre que el interesado preste su consentimiento expreso, el cual podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos, al objeto de que los ciudadanos no deban aportar datos y documentos que están en poder de las Administraciones Públicas.

Para velar por la efectividad de los derechos reconocidos a los ciudadanos se prevé, en el ámbito de la Administración General del Estado, la actuación de las Inspecciones Generales de Servicios de los Departamentos Ministeriales y del Defensor del usuario.

En el Título Segundo se regula el régimen jurídico de la administración electrónica. Por una parte, su Capítulo Primero se dedica a la sede electrónica, como dirección electrónica cuya gestión y administración corresponde a una Administración Pública funcionando con plena responsabilidad respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que puede accederse a través de la misma. En la normativa de desarrollo de la Ley, cada Administración determinará los instrumentos de creación de las sedes electrónicas.

En su Capítulo Segundo se regulan las formas de identificación y autenticación, tanto de los ciudadanos como de los órganos administrativos en el ejercicio de sus competencias, siendo destacable que se habilitan distintos instrumentos de acreditación, que se concretarán en la normativa aplicable a cada supuesto con criterios de proporcionalidad. El Documento Nacional de Identidad electrónico está habilitado con carácter general para todas las relaciones con las Administraciones Públicas, y por ello se impulsará como fórmula para extender el uso general de la firma electrónica. También se establece la obligación para cualquier Administración de admitir los certificados electrónicos reconocidos en el ámbito de la Ley de Firma Electrónica.

Interesa también destacar sobre esta cuestión, y con objeto de evitar la brecha digital, la posibilidad de que sean funcionarios públicos quienes acrediten la voluntad de los ciudadanos, siguiendo el procedimiento establecido, para sus relaciones electrónicas con la Administración.

En el Capítulo Tercero se regulan los registros, comunicaciones y notificaciones electrónicas. La principal novedad a este respecto es la nueva regulación de los registros electrónicos, de manera que puedan convertirse en un instrumento que se libere de la rigidez actual y sirvan para la presentación de cualquier escrito o solicitud ante las Administraciones Públicas.

La Ley regula las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos con las Administraciones y de éstas entre sí, para aunar los criterios de agilidad y de seguridad jurídica. En el Capítulo Cuarto, sobre los documentos y archivos electrónicos, se establecen las condiciones para reconocer la validez de un documento electrónico, se regula todo el sistema de copias electrónicas, tanto las realizadas a partir de documentos emitidos originariamente en papel, como las copias de documentos que ya estuvieran en soporte electrónico y las condiciones para realizar en soporte papel copia de originales emitidos por medios electrónicos, o viceversa.

El Título Tercero trata de la gestión electrónica de los procedimientos, desarrolla la regulación de los procedimientos administrativos utilizando medios electrónicos y los criterios a seguir en la gestión electrónica, guardando un cierto paralelismo con la regulación que encontramos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así, se regula la iniciación, instrucción y terminación de procedimientos por medios electrónicos.

En este Título cabe hacer especial referencia a la obligación que se establece para las Administraciones Públicas de poner a disposición de los usuarios información por medios electrónicos sobre el estado de tramitación de los procedimientos, tanto para los gestionados en su totalidad por medios electrónicos como para el resto de procedimientos.

El Título Cuarto está dedicado a la Cooperación entre Administraciones para el impulso de la administración electrónica. En él se establecen el órgano de cooperación en esta materia de la Administración General del Estado con los de las Comunidades Autónomas y con la Administración Local, y se determinan los principios para garantizar la interoperabilidad de sistemas de información así como las bases para impulsar la reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnologías entre Administraciones.

La Ley consta, por último, de seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y ocho finales entre las que presenta especial relevancia la disposición final primera en la que se citan los preceptos de la ley que tienen carácter básico al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución.

Especial interés tiene también la disposición final tercera, pues con independencia de la fecha de entrada en vigor de la Ley, en ella se señalan las fechas para la efectividad plena del derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, estableciendo los plazos que se consideran adecuados para llevar a cabo las necesarias actuaciones previas de adecuación por parte de las distintas Administraciones Públicas.

Redactado el apartado VI, primer párrafo conforme a la corrección de erratas publicada en BOE núm. 158, de 3 de julio de 2007. Ref. BOE-A-2007-12871

TÍTULO PRELIMINAR

Del ámbito de aplicación y los principios generales

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. La presente Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica.

2. Las Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de la información de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. La presente Ley, en los términos expresados en su disposición final primera, será de aplicación:

  1. A las Administraciones Públicas, entendiendo por tales la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las mismas.
  2. A los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
  3. A las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas.

2. La presente Ley no será de aplicación a las Administraciones Públicas en las actividades que desarrollen en régimen de derecho privado.

Artículo 3. Finalidades de la Ley.

Son fines de la presente Ley:

1. Facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por medios electrónicos.

2. Facilitar el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la información y al procedimiento administrativo, con especial atención a la eliminación de las barreras que limiten dicho acceso.

3. Crear las condiciones de confianza en el uso de los medios electrónicos, estableciendo las medidas necesarias para la preservación de la integridad de los derechos fundamentales, y en especial los relacionados con la intimidad y la protección de datos de carácter personal, por medio de la garantía de la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos.

4. Promover la proximidad con el ciudadano y la transparencia administrativa, así como la mejora continuada en la consecución del interés general.

5. Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las Administraciones Públicas, incrementando la eficacia y la eficiencia de las mismas mediante el uso de las tecnologías de la información, con las debidas garantías legales en la realización de sus funciones.

6. Simplificar los procedimientos administrativos y proporcionar oportunidades de participación y mayor transparencia, con las debidas garantías legales.

7. Contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito de las Administraciones Públicas y en la sociedad en general.

Artículo 4. Principios generales.

La utilización de las tecnologías de la información tendrá las limitaciones establecidas por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, respetando el pleno ejercicio por los ciudadanos de los derechos que tienen reconocidos, y ajustándose a los siguientes principios:

  1. El respeto al derecho a la protección de datos de carácter personal en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de los Datos de Carácter Personal, en las demás leyes específicas que regulan el tratamiento de la información y en sus normas de desarrollo, así como a los derechos al honor y a la intimidad personal y familiar.
  2. Principio de igualdad con objeto de que en ningún caso el uso de medios electrónicos pueda implicar la existencia de restricciones o discriminaciones para los ciudadanos que se relacionen con las Administraciones Públicas por medios no electrónicos, tanto respecto al acceso a la prestación de servicios públicos como respecto a cualquier actuación o procedimiento administrativo sin perjuicio de las medidas dirigidas a incentivar la utilización de los medios electrónicos.
  3. Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos en los términos establecidos por la normativa vigente en esta materia, a través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal y el diseño para todos de los soportes, canales y entornos con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran.
  4. Principio de legalidad en cuanto al mantenimiento de la integridad de las garantías jurídicas de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas establecidas en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  5. Principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos por las Administraciones Públicas al objeto de garantizar tanto la interoperabilidad de los sistemas y soluciones adoptados por cada una de ellas como, en su caso, la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos. En particular, se garantizará el reconocimiento mutuo de los documentos electrónicos y de los medios de identificación y autenticación que se ajusten a lo dispuesto en la presente Ley.
  6. Principio de seguridad en la implantación y utilización de los medios electrónicos por las Administraciones Públicas, en cuya virtud se exigirá al menos el mismo nivel de garantías y seguridad que se requiere para la utilización de medios no electrónicos en la actividad administrativa.
  7. Principio de proporcionalidad en cuya virtud sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones. Asimismo sólo se requerirán a los ciudadanos aquellos datos que sean estrictamente necesarios en atención a la finalidad para la que se soliciten.
  8. Principio de responsabilidad y calidad en la veracidad y autenticidad de las informaciones y servicios ofrecidos por las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos.
  9. Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las técnicas y sistemas de comunicaciones electrónicas garantizando la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos y por las Administraciones Públicas, así como la libertad de desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A estos efectos las Administraciones Públicas utilizarán estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
  10. Principio de simplificación administrativa, por el cual se reduzcan de manera sustancial los tiempos y plazos de los procedimientos administrativos, logrando una mayor eficacia y eficiencia en la actividad administrativa.
  11. Principio de transparencia y publicidad del procedimiento, por el cual el uso de medios electrónicos debe facilitar la máxima difusión, publicidad y transparencia de las actuaciones administrativas.

Artículo 5. Definiciones.

A efectos de la presente ley, los términos que en ellas se emplean tendrán el sentido que se establece en su anexo.

TÍTULO PRIMERO

Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos

Artículo 6. Derechos de los ciudadanos.

1. Se reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.

2. Además, los ciudadanos tienen en relación con la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa, y en los términos previstos en la presente Ley, los siguientes derechos:

  1. A elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas.
  2. A no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.
  3. A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Públicas.
  4. A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa de aplicación establezca restricciones al acceso a la información sobre aquéllos.
  5. A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de interesado.
  6. A la conservación en formato electrónico por las Administraciones Públicas de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente.
  7. A obtener los medios de identificación electrónica necesarios, pudiendo las personas físicas utilizar en todo caso los sistemas de firma electrónica del Documento Nacional de Identidad para cualquier trámite electrónico con cualquier Administración Pública.
  8. A la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos en el ámbito de las Administraciones Públicas.
  9. A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
  10. A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.
  11. A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones Públicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

3. En particular, en los procedimientos relativos al acceso a una actividad de servicios y su ejercicio, los ciudadanos tienen derecho a la realización de la tramitación a través de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, y a la obtención de la siguiente información a través de medios electrónicos, que deberá ser clara e inequívoca:

  1. Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en territorio español, en especial los relativos a los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicio y para su ejercicio.
  2. Los datos de las autoridades competentes en las materias relacionadas con las actividades de servicios, así como los datos de las asociaciones y organizaciones distintas de las autoridades competentes a las que los prestadores o destinatarios puedan dirigirse para obtener asistencia o ayuda.
  3. Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a prestadores de actividades de servicios.
  4. Las vías de reclamación y recurso en caso de litigio entre las autoridades competentes y el prestador o el destinatario, o entre un prestador y un destinatario, o entre prestadores.

Se modifica el apartado 3 por el art. 3.1 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-20725

Artículo 7. Defensa de los derechos de los ciudadanos.

1. En la Administración General del Estado, se crea la figura del Defensor del usuario de la administración electrónica, que velará por la garantía de los derechos reconocidos a los ciudadanos en la presente Ley, sin perjuicio de las competencias atribuidas en este ámbito a otros órganos o entidades de derecho público. Será nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas entre personas de reconocido prestigio en la materia. Estará integrado en el Ministerio de Administraciones Públicas y desarrollará sus funciones con imparcialidad e independencia funcional.

2. El Defensor del usuario de la administración electrónica elaborará, con carácter anual, un informe que se elevará al Consejo de Ministros y se remitirá al Congreso de los Diputados. Dicho informe contendrá un análisis de las quejas y sugerencia recibidas así como la propuesta de las actuaciones y medidas a adoptar en relación con lo previsto en el apartado 1 de este artículo.

3. Para el ejercicio de sus funciones, el Defensor del usuario de la administración electrónica contará con los recursos de la Administración General del Estado con la asistencia que, a tal efecto, le presten las Inspecciones Generales de los Servicios de los Departamentos ministeriales y la Inspección General de Servicios de la Administración Pública. En particular, las Inspecciones de los Servicios le asistirán en la elaboración del informe al que se refiere el apartado anterior y le mantendrán permanentemente informado de las quejas y sugerencias que se reciban en relación con la prestación de servicios públicos a través de medios electrónicos. A estos efectos, la Comisión Coordinadora de las Inspecciones generales de servicios de los departamentos ministeriales realizará, en este ámbito, las funciones de coordinación que tiene legalmente encomendadas.

4. Reglamentariamente se determinará el estatuto del Defensor del usuario de la administración electrónica, así como la regulación de sus relaciones con los órganos a los que se refiere el apartado anterior de este artículo.

Artículo 8. Garantía de prestación de servicios y disposición de medios e instrumentos electrónicos.

1. Las Administraciones Públicas deberán habilitar diferentes canales o medios para la prestación de los servicios electrónicos, garantizando en todo caso el acceso a los mismos a todos los ciudadanos, con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos, en la forma que estimen adecuada.

2. La Administración General del Estado garantizará el acceso de todos los ciudadanos a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito a través de un sistema de varios canales que cuente, al menos, con los siguientes medios:

  1. Las oficinas de atención presencial que se determinen, las cuales pondrán a disposición de los ciudadanos de forma libre y gratuita los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos reconocidos en el artículo 6 de esta Ley, debiendo contar con asistencia y orientación sobre su utilización, bien a cargo del personal de las oficinas en que se ubiquen o bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento.
  2. Puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes electrónicas creadas y gestionadas por los departamentos y organismos públicos y disponibles para los ciudadanos a través de redes de comunicación. En particular se creará un Punto de acceso general a través del cual los ciudadanos puedan, en sus relaciones con la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, acceder a toda la información y a los servicios disponibles. Este Punto de acceso general contendrá la relación de servicios a disposición de los ciudadanos y el acceso a los mismos, debiendo mantenerse coordinado, al menos, con los restantes puntos de acceso electrónico de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
  3. Servicios de atención telefónica que, en la medida en que los criterios de seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a los ciudadanos el acceso a las informaciones y servicios electrónicos a los que se refieren los apartados anteriores.

Artículo 9. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.

1. Para un eficaz ejercicio del derecho reconocido en el apartado 6.2.b), cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder y se encuentren en soporte electrónico, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.

2. La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a aquellos que son requeridos a los ciudadanos por las restantes Administraciones para la tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos. El acceso a los datos de carácter personal estará, además, condicionado al cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 6.2.b) de la presente Ley.

TÍTULO SEGUNDO

Régimen jurídico de la administración electrónica

CAPÍTULO I

De la sede electrónica

Artículo 10. La sede electrónica.

1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias.

2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.

3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.

4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.

5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

Artículo 11. Publicaciones electrónicas de Boletines Oficiales.

1. La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano o Entidad competente tendrá, en las condiciones y garantías que cada Administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa.

2. La publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del organismo competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables.

Artículo 12. Publicación electrónica del tablón de anuncios o edictos.

La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deban publicarse en tablón de anuncios o edictos podrá ser sustituida o complementada por su publicación en la sede electrónica del organismo correspondiente.

CAPÍTULO II

De la identificación y autenticación
Sección 1.ª Disposiciones comunes

Artículo 13. Formas de identificación y autenticación.

1. Las Administraciones Públicas admitirán, en sus relaciones por medios electrónicos, sistemas de firma electrónica que sean conformes a lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica y resulten adecuados para garantizar la identificación de los participantes y, en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos.

2. Los ciudadanos podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica para relacionarse con las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que cada Administración determine:

  1. En todo caso, los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas.
  2. Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por las Administraciones Públicas.
  3. Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se determinen.

3. Las Administraciones Públicas podrán utilizar los siguientes sistemas para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan:

  1. Sistemas de firma electrónica basados en la utilización de certificados de dispositivo seguro o medio equivalente que permita identificar la sede electrónica y el establecimiento con ella de comunicaciones seguras.
  2. Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.
  3. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
  4. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme a lo específicamente acordado entre las partes.

 

Sección 2.ª Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación

Artículo 14. Utilización del Documento Nacional de Identidad.

Las personas físicas podrán, en todo caso y con carácter universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad en su relación por medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El régimen de utilización y efectos de dicho documento se regirá por su normativa reguladora.

Artículo 15. Utilización de sistemas de firma electrónica avanzada.

1. Los ciudadanos, además de los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, referidos en el artículo 14, podrán utilizar sistemas de firma electrónica avanzada para identificarse y autenticar sus documentos.

2. La relación de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos, con carácter general, en el ámbito de cada Administración Pública, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Dicha relación incluirá, al menos, información sobre los elementos de identificación utilizados así como, en su caso, las características de los certificados electrónicos admitidos, los prestadores que los expiden y las especificaciones de la firma electrónica que puede realizarse con dichos certificados.

3. Los certificados electrónicos expedidos a Entidades sin personalidad jurídica, previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica podrán ser admitidos por las Administraciones Públicas en los términos que estas determinen.

Artículo 16. Utilización de otros sistemas de firma electrónica.

1. Las Administraciones Públicas podrán determinar, teniendo en cuenta los datos e intereses afectados, y siempre de forma justificada, los supuestos y condiciones de utilización por los ciudadanos de otros sistemas de firma electrónica, tales como claves concertadas en un registro previo, aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos.

2. En aquellos supuestos en los que se utilicen estos sistemas para confirmar información, propuestas o borradores remitidos o exhibidos por una Administración Pública, ésta deberá garantizar la integridad y el no repudio por ambas partes de los documentos electrónicos concernidos.

3. Cuando resulte preciso, las Administraciones Públicas certificarán la existencia y contenido de las actuaciones de los ciudadanos en las que se hayan usado formas de identificación y autenticación a que se refiere este artículo.

 

Sección 3.ª Identificación electrónica de las administraciones públicas y autenticación del ejercicio de su competencia

Artículo 17. Identificación de las sedes electrónicas.

Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, sistemas de firma electrónica basados en certificados de dispositivo seguro o medio equivalente.

Artículo 18. Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.

1. Para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica:

  1. Sello electrónico de Administración Pública, órgano o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
  2. Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano o entidad y, en su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.

2. Los certificados electrónicos a los que se hace referencia en el apartado 1.a) incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, pudiendo contener la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos.

3. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos.

Artículo 19. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 17 y 18, la identificación y autenticación del ejercicio de la competencia de la Administración Pública, órgano o entidad actuante, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del personal a su servicio, de acuerdo con lo dispuesto en los siguientes apartados.

2. Cada Administración Pública podrá proveer a su personal de sistemas de firma electrónica, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios.

3. La firma electrónica basada en el Documento Nacional de Identidad podrá utilizarse a los efectos de este artículo.

Artículo 20. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación.

1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos y entidades de derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar.

3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas administraciones, las condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante convenio.

4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan.

 

Sección 4.ª De la interoperabilidad y de la acreditación y representación de los ciudadanos

Artículo 21. Interoperabilidad de la identificación y autenticación por medio de certificados electrónicos.

1. Los certificados electrónicos reconocidos emitidos por prestadores de servicios de certificación serán admitidos por las Administraciones Públicas como válidos para relacionarse con las mismas, siempre y cuando el prestador de servicios de certificación ponga a disposición de las Administraciones Públicas la información que sea precisa en condiciones que resulten tecnológicamente viables y sin que suponga coste alguno para aquellas.

2. Los sistemas de firma electrónica utilizados o admitidos por alguna Administración Pública distintos de los basados en los certificados a los que se refiere el apartado anterior podrán ser asimismo admitidos por otras Administraciones, conforme a principios de reconocimiento mutuo y reciprocidad.

3. La Administración General del Estado dispondrá, al menos, de una plataforma de verificación del estado de revocación de todos los certificados admitidos en el ámbito de las Administraciones Públicas que será de libre acceso por parte de todos los Departamentos y Administraciones. Cada Administración Pública podrá disponer de los mecanismos necesarios para la verificación del estado de revocación y la firma con los certificados electrónicos admitidos en su ámbito de competencia.

Artículo 22. Identificación y autenticación de los ciudadanos por funcionario público.

1. En los supuestos en que para la realización de cualquier operación por medios electrónicos se requiera la identificación o autenticación del ciudadano mediante algún instrumento de los previstos en el artículo 13 de los que aquel no disponga, tal identificación o autenticación podrá ser validamente realizada por funcionarios públicos mediante el uso del sistema de firma electrónica del que estén dotados.

2. Para la eficacia de lo dispuesto en el apartado anterior, el ciudadano deberá identificarse y prestar su consentimiento expreso, debiendo quedar constancia de ello para los casos de discrepancia o litigio.

3. Cada Administración Pública mantendrá actualizado un registro de los funcionarios habilitados para la identificación o autenticación regulada en este artículo.

Artículo 23. Formas de Representación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.2, las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación.

CAPÍTULO III

De los registros, las comunicaciones y las notificaciones electrónicas
Sección 1.ª De los Registros

Artículo 24. Registros electrónicos.

1. Las Administraciones Públicas crearán registros electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

2. Los registros electrónicos podrán admitir:

  1. Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos.
  2. Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados en el apartado anterior dirigido a cualquier órgano o entidad del ámbito de la administración titular del registro.

3. En cada Administración Pública existirá, al menos, un sistema de registros electrónicos suficiente para recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a dicha Administración Pública. Las Administraciones Públicas podrán, mediante convenios de colaboración, habilitar a sus respectivos registros para la recepción de las solicitudes, escritos y comunicaciones de la competencia de otra Administración que se determinen en el correspondiente convenio.

4. En el ámbito de la Administración General del Estado se automatizarán las oficinas de registro físicas a las que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de garantizar la interconexión de todas sus oficinas y posibilitar el acceso por medios electrónicos a los asientos registrales y a las copias electrónicas de los documentos presentados.

Artículo 25. Creación y funcionamiento.

1. Las disposiciones de creación de registros electrónicos se publicarán en el Diario Oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles a los efectos previstos en el artículo siguiente.

2. En la sede electrónica de acceso al registro figurará la relación actualizada de las solicitudes, escritos y comunicaciones a las que se refiere el apartado 2.a) del artículo anterior que pueden presentarse en el mismo así como, en su caso, la posibilidad de presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones a los que se refiere el apartado 2.b) de dicho artículo.

3. Los registros electrónicos emitirán automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del escrito, solicitud o comunicación de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro.

4. Podrán aportarse documentos que acompañen a la correspondiente solicitud, escrito o comunicación, siempre que cumplan los estándares de formato y requisitos de seguridad que se determinen en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad. Los registros electrónicos generarán recibos acreditativos de la entrega de estos documentos que garanticen la integridad y el no repudio de los documentos aportados.

Artículo 26. Cómputo de plazos.

1. Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de los plazos imputables tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.

2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.

3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

4. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b del artículo 24, por la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, solicitud o comunicación.

5. Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electrónico determinará, atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquella, los días que se considerarán inhábiles a los efectos de los apartados anteriores. En todo caso, no será de aplicación a los registros electrónicos lo dispuesto en el artículo 48.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 

Sección 2.ª De las comunicaciones y las notificaciones electrónicas

Artículo 27. Comunicaciones electrónicas.

1. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con las Administraciones Públicas, sea o no por medios electrónicos, excepto en aquellos casos en los que de una norma con rango de Ley se establezca o infiera la utilización de un medio no electrónico. La opción de comunicarse por unos u otros medios no vincula al ciudadano, que podrá, en cualquier momento, optar por un medio distinto del inicialmente elegido.

2. Las Administraciones Públicas utilizarán medios electrónicos en sus comunicaciones con los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o consentido expresamente. La solicitud y el consentimiento podrán, en todo caso, emitirse y recabarse por medios electrónicos.

3. Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de las mismas.

4. Las Administraciones publicarán, en el correspondiente Diario Oficial y en la propia sede electrónica, aquellos medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en cada supuesto en el ejercicio de su derecho a comunicarse con ellas.

5. Los requisitos de seguridad e integridad de las comunicaciones se establecerán en cada caso de forma apropiada al carácter de los datos objeto de aquellas, de acuerdo con criterios de proporcionalidad, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

6. Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

7. Las Administraciones Públicas utilizarán preferentemente medios electrónicos en sus comunicaciones con otras Administraciones Públicas. Las condiciones que regirán estas comunicaciones se determinarán entre las Administraciones Públicas participantes.

Artículo 28. Práctica de la notificación por medios electrónicos.

1. Para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido su utilización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.6. Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento citados anteriormente podrán emitirse y recabarse, en todo caso, por medios electrónicos.

2. El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.

3. Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común y normas concordantes, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

4. Durante la tramitación del procedimiento el interesado podrá requerir al órgano correspondiente que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, utilizándose los demás medios admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, excepto en los casos previstos en el artículo 27.6 de la presente Ley.

5. Producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia el acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas correspondientes, siempre que quede constancia de dichos acceso.

CAPÍTULO IV

De los documentos y los archivos electrónicos

Artículo 29. Documento administrativo electrónico.

1. Las Administraciones Públicas podrán emitir validamente por medios electrónicos los documentos administrativos a los que se refiere el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que incorporen una o varias firmas electrónicas conforme a lo establecido en la Sección 3.ª del Capítulo II de la presente Ley.

2. Los documentos administrativos incluirán referencia temporal, que se garantizará a través de medios electrónicos cuando la naturaleza del documento así lo requiera.

3. La Administración General del Estado, en su relación de prestadores de servicios de certificación electrónica, especificará aquellos que con carácter general estén admitidos para prestar servicios de sellado de tiempo.

Artículo 30. Copias electrónicas.

1. Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos emitidos por el propio interesado o por las Administraciones Públicas, manteniéndose o no el formato original, tendrán inmediatamente la consideración de copias auténticas con la eficacia prevista en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que el documento electrónico original se encuentre en poder de la Administración, y que la información de firma electrónica y, en su caso, de sellado de tiempo permitan comprobar la coincidencia con dicho documento.

2. Las copias realizadas por las Administraciones Públicas, utilizando medios electrónicos, de documentos emitidos originalmente por las Administraciones Públicas en soporte papel tendrán la consideración de copias auténticas siempre que se cumplan los requerimientos y actuaciones previstas en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Las Administraciones Públicas podrán obtener imágenes electrónicas de los documentos privados aportados por los ciudadanos, con su misma validez y eficacia, a través de procesos de digitalización que garanticen su autenticidad, integridad y la conservación del documento imagen, de lo que se dejará constancia. Esta obtención podrá hacerse de forma automatizada, mediante el correspondiente sello electrónico.

4. En los supuestos de documentos emitidos originalmente en soporte papel de los que se hayan efectuado copias electrónicas de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, podrá procederse a la destrucción de los originales en los términos y con las condiciones que por cada Administración Pública se establezcan.

5. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos administrativos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora.

Artículo 31. Archivo electrónico de documentos.

1. Podrán almacenarse por medios electrónicos todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas.

2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.

3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.

Artículo 32. Expediente electrónico.

1. El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan.

2. El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmado por la Administración, órgano o entidad actuante, según proceda. Este índice garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.

3. La remisión de expedientes podrá ser sustituida a todos los efectos legales por la puesta a disposición del expediente electrónico, teniendo el interesado derecho a obtener copia del mismo.

TÍTULO TERCERO

De la gestión electrónica de los procedimientos

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes

Artículo 33. Utilización de medios electrónicos.

1. La gestión electrónica de la actividad administrativa respetará la titularidad y el ejercicio de la competencia por la Administración Pública, órgano o entidad que la tenga atribuida y el cumplimiento de los requisitos formales y materiales establecidos en las normas que regulen la correspondiente actividad. A estos efectos, y en todo caso bajo criterios de simplificación administrativa, se impulsará la aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo y la gestión de los procedimientos y de la actuación administrativa.

2. En la aplicación de medios electrónicos a la actividad administrativa se considerará la adecuada dotación de recursos y medios materiales al personal que vaya a utilizarlos, así como la necesaria formación acerca de su utilización.

Artículo 34. Criterios para la gestión electrónica.

La aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos, procesos y servicios irá siempre precedida de la realización de un análisis de rediseño funcional y simplificación del procedimiento, proceso o servicio, en el que se considerarán especialmente los siguientes aspectos:

  1. La supresión o reducción de la documentación requerida a los ciudadanos, mediante su sustitución por datos, transmisiones de datos o certificaciones, o la regulación de su aportación al finalizar la tramitación.
  2. La previsión de medios e instrumentos de participación, transparencia e información.
  3. La reducción de los plazos y tiempos de respuesta.
  4. La racionalización de la distribución de las cargas de trabajo y de las comunicaciones internas.

CAPÍTULO II

Utilización de medios electrónicos en la tramitación del procedimiento

Artículo 35. Iniciación del procedimiento por medios electrónicos.

1. La iniciación de un procedimiento administrativo a solicitud de interesado por medios electrónicos requerirá la puesta a disposición de los interesados de los correspondientes modelos o sistemas electrónicos de solicitud en la sede electrónica que deberán ser accesibles sin otras restricciones tecnológicas que las estrictamente derivadas de la utilización de estándares en los términos establecidos en el apartado i) del artículo 4 y criterios de comunicación y seguridad aplicables de acuerdo con las normas y protocolos nacionales e internacionales.

2. Los interesados podrán aportar al expediente copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. La Administración Pública podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir al particular la exhibición del documento o de la información original. La aportación de tales copias implica la autorización a la Administración para que acceda y trate la información personal contenida en tales documentos.

3. Con objeto de facilitar y promover su uso, los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras administraciones e, incluso, ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el ciudadano verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.

Artículo 36. Instrucción del procedimiento utilizando medios electrónicos.

1. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción por medios electrónicos de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables de los procedimientos así como la tramitación ordenada de los expedientes y facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.

2. Los sistemas de comunicación utilizados en la gestión electrónica de los procedimientos para las comunicaciones entre los órganos y unidades intervinientes a efectos de emisión y recepción de informes u otras actuaciones deberán cumplir los requisitos establecidos en esta Ley.

3. Cuando se utilicen medios electrónicos para la participación de los interesados en la instrucción del procedimiento a los efectos del ejercicio de su derecho a presentar alegaciones en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución o en la práctica del trámite de audiencia cuando proceda, se emplearán los medios de comunicación y notificación previstos en los artículos 27 y 28 de esta Ley.

Artículo 37. Acceso de los interesados a la información sobre el estado de tramitación.

1. En los procedimientos administrativos gestionados en su totalidad electrónicamente, el órgano que tramita el procedimiento pondrá a disposición del interesado un servicio electrónico de acceso restringido donde éste pueda consultar, previa identificación, al menos la información sobre el estado de tramitación del procedimiento, salvo que la normativa aplicable establezca restricciones a dicha información. La información sobre el estado de tramitación del procedimiento comprenderá la relación de los actos de trámite realizados, con indicación sobre su contenido, así como la fecha en la que fueron dictados.

2. En el resto de los procedimientos se habilitarán igualmente servicios electrónicos de información del estado de la tramitación que comprendan, al menos, la fase en la que se encuentra el procedimiento y el órgano o unidad responsable.

Artículo 38. Terminación de los procedimientos por medios electrónicos.

1. La resolución de un procedimiento utilizando medios electrónicos garantizará la identidad del órgano competente mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en los artículos 18 y 19 de esta Ley.

2. Podrán adoptarse y notificarse resoluciones de forma automatizada en aquellos procedimientos en los que así esté previsto.

Artículo 39. Actuación administrativa automatizada.

En caso de actuación automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.

TÍTULO CUARTO

Cooperación entre administraciones para el impulso de la administración electrónica

CAPÍTULO I

Marco institucional de cooperación en materia de administración electrónica

Artículo 40. Comité Sectorial de administración electrónica.

1. El Comité Sectorial de administración electrónica, dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, es el órgano técnico de cooperación de la Administración General del Estado, de las administraciones de las Comunidades Autónomas y de las entidades que integran la Administración Local en materia de administración electrónica.

2. El Comité Sectorial de la administración electrónica velará por el cumplimiento de los fines y principios establecidos en esta Ley, y en particular desarrollará las. siguientes funciones:

  1. Asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas.
  2. Preparar planes programas conjuntos de actuación para impulsar el desarrollo de la administración electrónica en España.
  3. Asegurar la cooperación entre las administraciones públicas para proporcionar al ciudadano información administrativa clara, actualizada e inequívoca.

3. Cuando por razón de las materias tratadas resulte de interés podrá invitarse a las organizaciones, corporaciones o agentes sociales que se estime conveniente en cada caso a participar en las deliberaciones del comité sectorial.

Se añade la letra c) al apartado 2 por el art. 3.2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-20725

CAPÍTULO II

Cooperación en materia de interoperabilidad de sistemas y aplicaciones

Artículo 41. Interoperabilidad de los Sistemas de Información.

Las Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de la información en sus relaciones con las demás administraciones y con los ciudadanos, aplicando medidas informáticas, tecnológicas, organizativas, y de seguridad, que garanticen un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa y eviten discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.

Artículo 42. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad.

1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprenderá el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.

2. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de la información.

3. Ambos Esquemas se elaborarán con la participación de todas las Administraciones y se aprobarán por Real Decreto del Gobierno, a propuesta de la Conferencia Sectorial de Administración Pública y previo informe de la Comisión Nacional de Administración Local, debiendo mantenerse actualizados de manera permanente.

4. En la elaboración de ambos Esquemas se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea, la situación tecnológica de las diferentes Administraciones Públicas, así como los servicios electrónicos ya existentes. A estos efectos considerarán la utilización de estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

Artículo 43. Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas.

La Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y las entidades que integran la Administración Local, así como los consorcios u otras entidades de cooperación constituidos a tales efectos por éstas, adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos ámbitos las tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de sus redes con el fin de crear una red de comunicaciones que interconecte los sistemas de información de las Administraciones Públicas españolas y permita el intercambio de información y servicios entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados Miembros.

1. Las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios de colaboración con objeto de articular medidas e instrumentos de colaboración para la implantación coordinada y normalizada de una red de espacios comunes o ventanillas únicas.

2. En particular, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, se implantarán espacios comunes o ventanillas únicas para obtener la información prevista en el artículo 6.3 de esta Ley y para realizar los trámites y procedimientos a los que hace referencia el apartado a) de dicho artículo.

CAPÍTULO III

Reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnologías

Artículo 45. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración.

1. Las administraciones titulares de los derechos de propiedad intelectual de aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o cuyo desarrollo haya sido objeto de contratación, podrán ponerlas a disposición de cualquier Administración sin contraprestación y sin necesidad de convenio.

2. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas como de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se fomente la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la información

Artículo 46. Transferencia de tecnología entre Administraciones.

1. Las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, especialmente en aquellos campos de especial interés para el desarrollo de la administración electrónica y de conformidad con lo que al respecto se establezca en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

2. La Administración General del Estado, a través de un centro para la transferencia de la tecnología, mantendrá un directorio general de aplicaciones para su reutilización, prestará asistencia técnica para la libre reutilización de aplicaciones e impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes de especial interés para el desarrollo de la administración electrónica en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad.

Disposición adicional primera. Reunión de Órganos colegiados por medios electrónicos.

1. Los órganos colegiados podrán constituirse y adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos, con respeto a los trámites esenciales establecidos en los artículos 26 y el 27.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la Administración General del Estado, lo previsto en el apartado anterior se efectuará de acuerdo con las siguientes especialidades:

  1. Deberá garantizarse la realización efectiva de los principios que la legislación establece respecto de la convocatoria, acceso a la información y comunicación del orden del día, en donde se especificarán los tiempos en los que se organizarán los debates, la formulación y conocimiento de las propuestas y la adopción de acuerdos.
  2. El régimen de constitución y adopción de acuerdos garantizará la participación de los miembros de acuerdo con las disposiciones propias del órgano.
  3. Las actas garantizarán la constancia de las comunicaciones producidas así como el acceso de los miembros al contenido de los acuerdos adoptados.

Disposición adicional segunda. Formación de empleados públicos.

La Administración General del Estado promoverá la formación del personal a su servicio en la utilización de medios electrónicos para el desarrollo de las actividades propias de aquélla.

En especial, los empleados públicos de la Administración General del Estado recibirán formación específica que garantice conocimientos actualizados de las condiciones de seguridad de la utilización de medios electrónicos en la actividad administrativa, así como de protección de los datos de carácter personal, respeto a la propiedad intelectual e industrial y gestión de la información.

Disposición adicional tercera. Plan de Medios en la Administración General del Estado.

En el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley, el Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los Ministerios de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio, elevará al Consejo de Ministros un Plan de implantación de los medios necesarios para el ámbito de la Administración General del Estado. Dicho Plan incorporará las estimaciones de los recursos económicos, técnicos y humanos que se consideren precisos para la adecuada aplicación de lo dispuesto en la presente Ley en los tiempos establecidos en el calendario al que se refiere el apartado 2 de la disposición final tercera, así como los mecanismos de evaluación y control de su aplicación.

Disposición adicional cuarta. Procedimientos Especiales.

La aplicación de lo dispuesto en el Título Tercero de esta ley a los procedimientos en materia tributaria, de seguridad social y desempleo y de régimen jurídico de los extranjeros en España, se efectuará de conformidad con lo establecido en las disposiciones adicionales quinta, sexta, séptima y decimonovena de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, en la aplicación de esta ley habrán de ser tenidas en cuenta las especificidades en materia de contratación pública, conforme a lo preceptuado en la disposición adicional séptima del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Disposición adicional quinta. Función Estadística.

Lo dispuesto en los artículos 6.2.b) y 9 de la presente ley no será de aplicación a la recogida de datos prevista en el Capítulo II de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.

Disposición adicional sexta. Uso de Lenguas Oficiales.

1. Se garantizará el uso de las lenguas oficiales del Estado en las relaciones por medios electrónicos de los ciudadanos con las Administraciones Públicas, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la normativa que en cada caso resulte de aplicación.

2. A estos efectos, las sedes electrónicas cuyo titular tenga competencia sobre territorios con régimen de cooficialidad lingüística posibilitarán el acceso a sus contenidos y servicios en las lenguas correspondientes.

3. Los sistemas y aplicaciones utilizados en la gestión electrónica de los procedimientos se adaptarán a lo dispuesto en cuanto al uso de lenguas cooficiales en el artículo 36 de la ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

4. Cada Administración Pública afectada determinará el calendario para el cumplimiento progresivo de lo previsto en la presente disposición, debiendo garantizar su cumplimiento total en los plazos establecidos en la disposición final tercera.

Disposición transitoria única. Régimen Transitorio.

1. Los procedimientos y actuaciones de los ciudadanos y las Administraciones Públicas que, utilizando medios electrónicos, se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se seguirán rigiendo por la normativa anterior hasta su terminación.

2. Los registros telemáticos existentes a la entrada en vigor de la presente Ley serán considerados registros electrónicos regulándose por lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 de esta Ley.

Disposición derogatoria única.

1. Quedan derogados los siguientes preceptos de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: apartado número 9 del artículo 38, apartados números 2, 3 y 4 del artículo 45, apartado número 3 del artículo 59 y la disposición adicional decimoctava.

2. Asimismo, quedan derogadas las normas de igual o inferior rango en cuanto contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición final primera. Carácter básico de la Ley.

1. Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.1, 9, 10, 11.1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.1,21.2, 22, 23, 24.1, 24.2, 24.3, 25, 26, 27, 28, 29.1, 29.2, 30, 32, 35, 37.1, 38, 42, el apartado 1 de la disposición adicional primera, la disposición adicional cuarta, la disposición transitoria única y la disposición final tercera se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y sobre el procedimiento administrativo común.

2. Con excepción del artículo 42, el Título IV de la presente ley será de aplicación a todas las Administraciones Públicas en la medida en que éstas participen o se adscriban a los órganos de cooperación o instrumentos previstos en el mismo.

Disposición final segunda. Publicación electrónica del «Boletín Oficial del Estado».

La publicación electrónica del «Boletín Oficial del Estado» tendrá el carácter y los efectos previstos en el artículo 11.2 de la presente Ley desde el 1 de enero de 2009.

Disposición final tercera. Adaptación de las Administraciones Públicas para el ejercicio de derechos.

1. Desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con los procedimientos y actuaciones adaptados a lo dispuesto en la misma, sin perjuicio de lo señalado en los siguientes apartados. A estos efectos, cada Administración Pública hará pública y mantendrá actualizada la relación de dichos procedimientos y actuaciones.

2. En el ámbito de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ésta, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009. A tal fin, el Consejo de Ministros establecerá y hará público un calendario de adaptación gradual de aquellos procedimientos y actuaciones que lo requieran.

3. En el ámbito de las Comunidades Autónomas, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias.

4. En el ámbito de las Entidades que integran la Administración Local, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias. A estos efectos las Diputaciones Provinciales, o en su caso los Cabildos y Consejos Insulares u otros organismos supramunicipales, podrán prestar los servicios precisos para garantizar tal efectividad en el ámbito de los municipios que no dispongan de los medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos.

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 84/1978, de 28 de diciembre, por la que se regula la tasa por expedición del Documento Nacional de Identidad.

Uno. El apartado 2 del artículo 4 queda redactado del siguiente modo:

«2. Quienes hubieran de renovar preceptivamente su documento durante el plazo de vigencia del mismo, por variación de alguno de los datos que se recogen en el mismo.»

Dos. El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria exigible será de 6,70 euros. Los excesos del costo de la expedición, si existen, serán sufragados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.»

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 16/1979, de 2 de octubre, sobre Tasas de la Jefatura Central de Tráfico.

Uno. En el apartado 1 del artículo 5 se modifica la letra d) y se incorpora una nueva letra e) que quedan redactadas del siguiente modo:

«d) Quienes soliciten duplicados de las autorizaciones administrativas para conducir o para circular por cambio de domicilio.

e) Quienes soliciten la baja definitiva de un vehículo por entrega en un establecimiento autorizado para su destrucción.»

Dos. Los puntos 4 y 4 bis, primera columna de la izquierda del Grupo IV del artículo 6, quedan redactados del siguiente modo:

«4. Duplicados de permisos, autorizaciones por extravío, sustracción, deterioro, prórroga de vigencia o cualquier modificación de aquéllos.

4 bis. duplicados de licencias de conducción y de circulación de ciclomotores por extravío, sustracción, deterioro, prórroga de vigencia o cualquier modificación de aquéllos.»

Disposición final sexta. Habilitación para la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado.

El Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los Ministerios de Economía y Hacienda, de Industria, Turismo y Comercio y de Trabajo y Asuntos Sociales, regularán antes del 1 de marzo de 2008 las condiciones del teletrabajo en la Administración General del Estado.

Disposición final séptima. Desarrollo reglamentario del artículo 4.c).

El Gobierno desarrollará reglamentariamente lo previsto en el artículo 4.c) de la presente Ley para garantizar que todos los ciudadanos, con especial atención a las personas con algún tipo de discapacidad y mayores, que se relacionan con la Administración General del Estado puedan acceder a los servicios electrónicos en igualdad de condiciones con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos.

Disposición final octava. Desarrollo y entrada en vigor de la Ley.

1. Corresponde al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.

2. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todo los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 22 de junio de 2007.

JUAN CARLOS R.
La Presidenta del Gobierno en funciones,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

 

ANEXO

Definiciones

A efectos de la presente ley, se entiende por:

  1. Actuación administrativa automatizada: Actuación administrativa producida por un sistema de información adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una persona física en cada caso singular. Incluye la producción de actos de trámite o resolutorios de procedimientos, así como de meros actos de comunicación.
  2. Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un problema mediante el uso de informática.
  3. Aplicación de fuentes abiertas: Aquella que se distribuye con una licencia que permite la libertad de ejecutarla, de conocer el código fuente, de modificarla o mejorarla y de redistribuir copias a otros usuarios.
  4. Autenticación: Acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona o ente, del contenido de la voluntad expresada en sus operaciones, transacciones y documentos, y de la integridad y autoría de estos últimos.
  5. Canales: Estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicios; incluyendo el canal presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros que existan en la actualidad o puedan existir en el futuro (dispositivos móviles, TDT, etc).
  6. Certificado electrónico: Según el artículo 6 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «Documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad».
  7. Certificado electrónico reconocido: Según el artículo 11 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica: «Son certificados reconocidos los certificados electrónicos expedidos por un prestador de servicios de certificación que cumpla los requisitos establecidos en esta Ley en cuanto a la comprobación de la identidad y demás circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de certificación que presten».
  8. Ciudadano: Cualesquiera personas físicas, personas jurídicas y entes sin personalidad que se relacionen, o sean susceptibles de relacionarse, con las Administraciones Públicas.
  9. Dirección electrónica: Identificador de un equipo o sistema electrónico desde el que se provee de información o servicios en una red de comunicaciones.
  10. Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
  11. Estándar abierto: Aquel que reúna las siguientes condiciones:
    • sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso,
    • su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.
  12. Firma electrónica: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante».
  13. Firma electrónica avanzada: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control».
  14. Firma electrónica reconocida: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma».
  15. Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.
  16. Medio electrónico: Mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones; incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como Internet, telefonía fija y móvil u otras.
  17. Punto de acceso electrónico: Conjunto de páginas web agrupadas en un dominio de Internet cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios dirigidos a resolver necesidades específicas de un grupo de personas o el acceso a la información y servicios de a una institución pública.
  18. Sistema de firma electrónica: Conjunto de elementos intervinientes en la creación de una firma electrónica. En el caso de la firma electrónica basada en certificado electrónico, componen el sistema, al menos, el certificado electrónico, el soporte, el lector, la aplicación de firma utilizada y el sistema de interpretación y verificación utilizado por el receptor del documento firmado.
  19. Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de un tercero de confianza de la fecha y hora de realización de cualquier operación o transacción por medios electrónicos.
  20. Espacios comunes o ventanillas únicas: Modos o canales (oficinas integradas, atención telefónica, páginas en Internet y otros) a los que los ciudadanos pueden dirigirse para acceder a las informaciones, trámites y servicios públicos determinados por acuerdo entre varias Administraciones.
  21. Actividad de servicio: Cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una remuneración.
  22. Prestador de actividad de servicio: Cualquier persona física o jurídica que ofrezca o preste una actividad de servicio.

 

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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30 Modelo de acreditación de firma Modelos formularios

PDF Modelo de acreditación de firma  (41,98 KBytes)

 

 

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41 ¿Qué es la firma electrónica? Firma electrónica y certificado electrónico

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

La firma electrónica es  la herramienta básica para la realización de gestiones desde su propio ordenador sin necesidad de desplazarse. Permite que tanto el emisor como el receptor de una información, contenido o documento se identifiquen mutuamente con la seguridad de que son los únicos que están interactuando.

Con la firma electrónica se garantiza que los contenidos no se alteran, evita que terceras personas intercepten esos contenidos y que los mismos puedan ser alterados, así como que alguna de las partes pueda “repudiar” la información que recibió de la otra y que inicialmente fue aceptada.

Los aspectos básicos de la firma electrónica se recogen en el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Definiéndose:

  1. la firma electrónica como el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante.
  2. la firma electrónica avanzada es la firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control.

Asimismo, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos recoge, en su artículo 13.2, los medios de autenticación de los ciudadanos ante la administración en las ocasiones en las que se requiere identificación segura. La Diputación Provincial de Valladolid dispone de los siguientes medios de autenticación:

  1. los sistemas de firma electrónica incorporados al documento Nacional de Identidad, para personas físicas;
  2. los sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por las Administraciones Públicas;

Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica podrán utilizar sistemas de firma electrónica de persona jurídica o de entidades sin personalidad jurídica.

 

¿QUÉ ES UN CERTIFICADO ELECTRÓNICO?

La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, en su artículo 6, define el certificado electrónico como un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad.

El firmante es la persona que posee un dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre propio o en nombre de una persona física o jurídica a la que representa.

 

¿QUÉ ES UN PRESTADOR DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN?

Es aquella persona física o jurídica que, cumpliendo los requisitos que determina la legislación establecida sobre la firma electrónica, está capacitado para emitir certificados electrónicos o prestar otros servicios en relación con la firma electrónica.

 

 

0 1 2013-04-15 00:00:00 2023-05-07 00:00:00 2013-05-07 17:28:08 2014-01-17 16:40:46 Información general 0
43 ¿Qué es un prestador de servicios de certificación? Firma electrónica y certificado electrónico

Es aquella persona física o jurídica que, cumpliendo los requisitos que determina la legislación establecida sobre la firma electrónica, está capacitado para emitir certificados electrónicos o prestar otros servicios en relación con la firma electrónica.

0 1 2013-04-17 00:00:00 2023-05-07 00:00:00 2013-05-07 17:39:51 2014-01-09 10:35:41 Información general 0
46 ¿Qué es un certificado electrónico? Firma electrónica y certificado electrónico

La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, en su artículo 6, define el certificado electrónico como un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad.

El firmante es la persona que posee un dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre propio o en nombre de una persona física o jurídica a la que representa.

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51 Modelo solicitud publicación anuncio Modelos formularios 0 1 2014-01-17 00:00:00 2014-01-17 09:56:21 2014-02-06 14:03:30 Información general 0 53 Reglamento regulador de la Sede Electrónica y Registro Electrónico. Normativa B.O.P. 0 1 2014-01-17 00:00:00 2024-01-17 00:00:00 2014-01-17 12:27:09 2014-01-17 12:27:09 Información general 0 74 Boletines 170 y 171 Incidencias

En la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid se ha ocasionado un salto en la numeración de los Boletines publicados entre el Boletín nº 169 correspondiente al jueves día 24 de julio de 2014 y el Boletín nº 172 correspondiente al viernes día 25 de julio de 2014, por lo que no se ha producido la asignación de los números 170 y 171 a ningún ejemplar de Boletín.

0 1 2014-09-02 00:00:00 2094-09-02 00:00:00 2014-09-02 16:12:17 2014-09-02 16:12:17 Información general 0
[:w] => ]> modulo ayuda_soporte deinteres [G) 5o] => Array ( [/_xml] => articulos_ruta xslt Información general Presentación Información general Presentación BOP electrónico Normativa B.O.P. Calendario Carpetas web Búsquedas Suscripciones RSS Modelos formularios Aviso jurídico Disponibilidad Consultas Boletines Castilla y León Boletines Provinciales Boletines Autonómicos Unión Europea Enlaces de interés Firma electrónica y certificado electrónico ¿Cómo publicar? Requisitos técnicos Preguntas frecuentes Incidencias Información general Ayuda y soporte De interés Instrucciones publicación anuncios Preguntas frecuentes 7 Presentación Presentación

El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, es el Diario Oficial de la Provincia de Valladolid, a través del cual se da publicidad a los documentos que deben ser objeto de publicación oficial, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

La primera edición del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid tiene fecha del 16 de julio de 1833.

Desde entonces, el BOP de Valladolid se edita por la Diputación Provincial de,  su gestión administrativa depende del Área de Asesoramiento, Planificación del Territorio y Nuevas Tecnologías.

La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia se publica a través de su Portal web, ubicado en la sede electrónica de la Diputación de Valladolid, en la dirección: https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es, con plena validez jurídica, garantizándose su autenticidad de conformidad con lo previsto en la  Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y en su normativa de desarrollo.

La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia incorpora la firma electrónica avanzada como garantía de la autenticidad, integridad e inalterabilidad de su contenido

El sumario de cada boletín y cada uno de los anuncios publicados, así como el ejemplar completo del Boletín diario, en formato PDF, contendrán los datos de certificación y firma electrónica de la Unidad Administrativa del Boletín y estarán identificados con un Código de Verificación Electrónica (CVE), que permitirá comprobar su autenticidad.

El CVE permite contrastar la autenticidad de cualquier impresión en papel de un documento publicado en el BOPVA, mediante el cotejo con el documento electrónico original. Para ello se ha de introducir el CVE en el campo de la página web: https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es y obtener el documento original firmado electrónicamente.

NORMATIVA REGULADORA:

1. La Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias

2. El Reglamento de Gestión del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, que regula aspectos relativos a la gestión, edición y publicación del BOP, garantizando su acceso universal, libre y gratuito, y asegurando la autenticidad e integridad de su contenido.

3. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa porla prestación de los servicios del BOPVA

DIRECCIÓN OFICINA BOP VALLADOLID

Diputación Provincial de Valladolid
Edif.. Hospital Viejo. 2ª planta
Avda. Ramón y Cajal, 5
47005 Valladolid
Tef.: +34 983 42 72 35
Fax: +34 983 42 72 65

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9 ¿Qué es el C.V.E? BOP electrónico

El Código de Verificación Electrónica (CVE), consiste en un conjunto de caracteres que identifican de forma única cualquier Anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, el Sumario y el BOP completo.

Este CVE se encuentra impreso en cada una de las páginas de los anuncios publicados, en las del sumario del Boletín. El CVE del BOP completo se localiza en la página inicial del cada boletín diario y en el pié de página de la última página de cada anuncio.

El CVE es importante porque cualquier copia realizada en papel de los originales electrónicos del BOPVA, a partir del 10 de junio de 2010, tendrá la consideración de copia auténtica si incluye el CVE, ya que permite contrastar la autenticidad de cualquier página del Boletín de la Provincia de Valladolid impresa en papel mediante el cotejo con el documento electrónico original.

Para ello, en la página de acceso al diario oficial (https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es) se puede introducir el CVE y obtener el documento original, firmado electrónicamente, directamente de la sede electrónica.

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-03-12 18:26:36 2014-01-21 21:59:23 Información general /imagenes/Winter-Leaves.jpg 999999998
8 Oficial y auténtico BOP electrónico

Aviso jurídico

El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid publicado en la dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es, es oficial y auténtico; toda copia electrónica obtenida desde allí del mismo, o de cualquiera de sus anuncios o disposiciones se considera oficial y auténtica y puede ser contrastada mediante el Código de Verificación Electrónica (CVE).

La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia incorpora la firma electrónica avanzada como garantía de la autenticidad, integridad e inalterabilidad de su contenido, conforme a lo previsto en el Reglamento de Gestión del BOPVA, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 20 de enero de 2013.

El acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia es universal, público y gratuito a través de su Portal Web, ubicado en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Valladolid.

El Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia ofrecerá, accesible al público, una base de datos gratuita que permita la búsqueda, recuperación e impresión de las disposiciones, actos y anuncios publicados en este diario oficial.

El sumario de cada boletín y cada uno de los anuncios publicados, así como el ejemplar completo del Boletín diario, en formato PDF, contendrán los datos de certificación y firma electrónica de la Unidad Administrativa del Boletín y estarán identificados con un Código de Verificación Electrónica (CVE), que permitirá identificar de forma unívoca cada documento, así como comprobar su autenticidad.

El CVE permite contrastar la autenticidad de cualquier impresión en papel de un documento publicado en el BOPVA, mediante el cotejo con el documento electrónico original. Para ello, dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es se puede introducir el CVE y obtener el documento original firmado electrónicamente, directamente de la sede electrónica de la Diputación.

Si por una situación extraordinaria y por motivos de carácter técnico no resultara posible acceder a la edición electrónica del "Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid" en su sede electrónica, una edición impresa del diario garantiza su publicación.

Las copias realizadas en soporte papel de la edición electrónica del BOP VA tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión del Código de Verificación Electrónica

Verificación Electrónica (CVE), para poder contrastar su autenticidad.

Diarios oficiales “Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid” publicados con anterioridad al 10 de junio de 2010, sólo tienen la consideración de oficial y auténtica la edición impresa en papel.

 

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-03-12 18:25:46 2014-01-17 16:36:58 Información general 99999999
20 Ley 5/2002 de boletines oficiales de las provincias Normativa B.O.P.
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren, Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Los Boletines Oficiales de la Provincia se crean por Real Orden de 20 de abril de 1833, donde se establece en cada capital de provincia un diario o boletín periódico en el que se insertarían todas las órdenes, disposiciones y prevenciones que tuvieran que hacerse a las justicias y Ayuntamientos de los pueblos por cualquier autoridad.

La citada norma creó y generalizó los boletines oficiales para todas las provincias, pero no especificó la organización administrativa responsable de su edición y coste económico, así como de la dirección y ordenación de las inserciones de disposiciones y anuncios.

Con posterioridad surgen numerosas disposiciones (Reales Órdenes de 26 de marzo de 1837, 5 de julio de 1837, 6 de abril de 1839, 4 de abril de 1840, 24 de mayo de 1846, 3 de septiembre de 1846, 21 de enero de 1849, 15 de julio de 1849 y 8 de octubre de 1856) que completan la Real Orden de creación de estos boletines oficiales, atribuyendo a los entonces Jefes Políticos la responsabilidad de la edición de los mismos, siendo los órganos decisorios para la inserción de los correspondientes textos, atribuciones éstas que obedecían a su configuración como agentes estatales de comunicación y control de las provincias y de las autoridades locales, a quienes trasladaban las disposiciones dictadas por el Gobierno, verificando su obligado cumplimiento.

A partir de las Reales Órdenes de 8 de octubre de 1856 y de 1 de agosto de 1871, la gestión material del servicio de edición de los Boletines Oficiales de la Provincia pasa a ser responsabilidad de las Diputaciones Provinciales quienes, además, asumían el coste de tal edición, que pasó a considerarse como obligación de dichas Entidades.

II

Esta regulación de los Boletines Oficiales de la Provincia ha dado lugar, desde hace largo tiempo, a diversos problemas derivados, fundamentalmente, de la falta de adecuación de esta normativa a la nueva configuración territorial del Estado, lo que ha llevado a la existencia de un consenso generalizado en torno a la necesidad de una reforma legal que clarifique definitivamente esta cuestión nuclear y, con ello, el régimen de gestión de este servicio.

La disposición adicional quinta de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, dio una nueva redacción al artículo 122 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, añadiéndose un nuevo párrafo a dicho artículo, donde se establece que "Las Diputaciones Provinciales seguirán editando y publicando el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo a tal efecto establecer y exigir tasas y precios por la inserción de anuncios y edictos, y la suscripción y venta de ejemplares". Con este precepto se resolvió el problema económico planteado a las Diputaciones a la hora de hacer frente a los gastos ocasionados por la prestación de este servicio, si bien seguía sin existir una regulación específica del régimen jurídico de estos boletines.

Por su parte, el Congreso de los Diputados aprobó el 13 de diciembre de 2000 una Proposición no de Ley, en la que insta al Gobierno a que, tras los oportunos estudios y consultas, se proceda a dictar la normativa adecuada del servicio de publicación del Boletín Oficial de la Provincia. Entre otros aspectos, esta nueva normativa preverá la posibilidad de que aquellas Comunidades Autónomas, en que así lo acuerden sus respectivos Parlamentos, puedan unificar en una sola publicación oficial los Boletines Oficiales de las Provincias de su territorio con el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el respectivo Gobierno autonómico y los entes locales de su ámbito territorial.

En cumplimiento de este acuerdo, la presente Ley dota a los Boletines Oficiales de la Provincia de un marco jurídico completo y acorde con la actual configuración de la provincia en la Constitución Española de 1978 y en la propia Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, como entidad local dotada de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, previéndose expresamente la posibilidad de integración de estos boletines en el de la Comunidad Autónoma respectiva.

III

Así, se configura expresamente al Boletín Oficial de la Provincia como un servicio público de ámbito provincial, competencia de las Diputaciones Provinciales, a las que corresponde su edición y gestión. Al tratarse de una atribución competencial, es necesaria una norma con rango de Ley por imperativo del artículo 7.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, donde se establece que las competencias propias de las entidades locales territoriales sólo podrán determinarse por Ley.

En este sentido, la necesidad de que las distintas Administraciones públicas y la propia Administración de Justicia dispongan de un instrumento para dar publicidad a sus disposiciones y actuaciones en el ámbito provincial queda atendida, estableciendo en la Ley la inserción obligatoria de aquéllas.

Por otra parte, como viene sucediendo en la actualidad, la publicación de los textos estará sujeta a la correspondiente ordenanza reguladora del servicio aprobada por la Diputación Provincial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, siendo la suscripción obligatoria para los Entes locales de la provincia.

IV

En las disposiciones adicionales se contempla la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan acordar la integración de los Boletines Oficiales de sus Provincias en el Boletín Oficial de la Comunidad, a fin de posibilitar una simplificación en los instrumentos de publicidad normativa existentes, si bien dicha posibilidad deberá contar con el acuerdo de la Diputación Provincial, a fin de respetar los ámbitos de autonomía de la provincia y de la Comunidad Autónoma respectiva.

Por otro lado, también se contempla el reconocimiento de los regímenes especiales derivados de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía recogidos en los artículos 39 a 41 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

V

Por último, la Ley se dicta al amparo de las competencias reconocidas al Estado en el artículo 149.1.18.a de la Constitución, por tratarse de una base del régimen jurídico administrativo que garantiza un tratamiento común a todos los ciudadanos, en relación con el artículo 9.3 de la Constitución (principio de publicidad de las normas), a lo que hay que añadir, en el presente caso, la relación existente con el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, recogido en el artículo 120.1 de la Constitución.

En este sentido, el Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 8 de la sentencia 233/1999, de 16 de diciembre, señala, por un lado, que la publicación de los actos jurídicos emanados de las Corporaciones Locales en los Boletines Oficiales de las Provincias ha de considerarse una decisión básica incardinable en la competencia atribuida al Estado por el artículo 149.1.18.a de la Constitución, pues exige un tratamiento común y uniforme en todo el territorio del Estado que sólo puede garantizar el legislador estatal, y, por otro lado, que la publicación de anuncios y acuerdos en el Boletín Oficial de la Provincia resulta plenamente acorde con la dimensión constitucional que a ésta atribuye el artículo 141 de la Constitución, en su doble condición de agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado, entre las que hay que incluir las de las propias Corporaciones Locales en que se organiza territorialmente este último.

CAPÍTULO I

El Boletín Oficial de la Provincia

Artículo 1. Contenido.

El Boletín Oficial de la Provincia es el periódico oficial en el que se publicarán las disposiciones de carácter general y las ordenanzas, así como los actos, edictos, acuerdos, notificaciones, anuncios y demás resoluciones de las Administraciones públicas y de la Administración de Justicia de ámbito territorial provincial, cuando así esté previsto en disposición legal o reglamentaria.

Los textos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia tienen la consideración de oficiales y auténticos.

Artículo 2. Competencia.

El Boletín Oficial de la Provincia es un servicio público de carácter provincial, competencia propia de las Diputaciones Provinciales, a las que corresponde su edición y gestión.

Cada Diputación Provincial regulará el modo y forma de gestión del Boletín, su edición, distribución y venta. A tal efecto, deberá aprobar la oportuna ordenanza reguladora del servicio, pudiendo a tal efecto establecer y exigir tasas y precios por la inserción de anuncios y edictos, y la suscripción y venta de ejemplares.

Artículo 3. Suscripción.

La suscripción al Boletín Oficial de la Provincia será obligatoria para los entes locales de la provincia, que deberán abonar la misma en los términos y con las excepciones que prevean las ordenanzas reguladoras.

Artículo 4. Periodicidad.

El Boletín Oficial de la Provincia se publicará con periodicidad mínima de tres veces por semana, debiendo coincidir la fecha del Boletín con la de su efectiva publicación.

Artículo 5. Lengua de publicación.

El Boletín Oficial de la Provincia se publicará en castellano y, en su caso, en la lengua que sea cooficial en el territorio, conforme a lo establecido por la legislación específica de las Comunidades Autónomas.

Artículo 6. Obligación de publicar.

1. Las Diputaciones Provinciales están obligadas a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia cuantas disposiciones, ordenanzas, resoluciones, edictos, anuncios, actos o acuerdos de las distintas Administraciones públicas y de la Administración de Justicia deban ser insertados en el mismo en virtud de disposición legal o reglamentaria, así como otros actos o anuncios que aquéllas les remitan, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de esta Ley.

La orden de inserción corresponde al órgano competente de la correspondiente Administración anunciante, y será cumplimentada por la Diputación Provincial siempre que cumpla los requisitos establecidos en la presente Ley.

2. Los anuncios particulares podrán, asimismo, ser insertados en el Boletín Oficial de la Provincia, en los términos que se regulen en la correspondiente ordenanza provincial.

Artículo 7. Publicación de los originales.

1. Los originales serán transcritos en la misma forma en que se hallen redactados y autorizados por el órgano remitente, sin que por ninguna causa puedan variarse o modificarse sus textos una vez éstos hayan tenido entrada en el Boletín Oficial, salvo que el órgano remitente lo autorice de forma fehaciente.

2. La publicación de los originales se realizará por orden cronológico de presentación, que sólo podrá ser alterado cuando la publicación sea declarada urgente por el órgano remitente en la orden de inserción, o cuando el volumen del texto a publicar así lo exija, respetándose en todo caso el plazo máximo establecido en el apartado siguiente.

3. La publicación deberá ser realizada en el plazo máximo de 15 días hábiles posteriores al pago de la tasa correspondiente, si éste procediera, o, en su defecto, de la recepción de la orden de inserción. En caso de publicación urgente, dicho plazo se reducirá a 6 días hábiles.

4. Los originales que se envíen al Boletín Oficial de la Provincia tendrán carácter reservado. No podrá facilitarse información alguna acerca de los mismos, salvo autorización expresa del órgano remitente.

5. Si algún texto aparece publicado con erratas que alteren o modifiquen su contenido, será reproducido inmediatamente en su totalidad o en la parte necesaria, con las debidas correcciones.

Artículo 8. Autentificación de documentos.

A fin de comprobar la autenticidad de los documentos, los servicios correspondientes de la Diputación Provincial llevarán un registro de las autoridades y funcionarios facultados para firmar la orden de inserción de los originales destinados a su publicación, en el que constarán la firma autógrafa y el nombre y cargo de la persona a la que pertenezca.

A estos efectos, los órganos correspondientes de las Administraciones públicas y de la Administración de Justicia acreditarán ante la Diputación Provincial, según su normativa específica, a las personas facultadas para ordenar la inserción, así como las modificaciones que se produzcan.

Artículo 9. Incorporación de medios técnicos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Diputaciones Provinciales impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la prestación del servicio del Boletín Oficial de la Provincia, debiendo quedar en todo caso garantizada la autenticidad de los documentos insertados.

Artículo 10. Consulta del Boletín.

Las Diputaciones Provinciales facilitarán en sus locales la consulta pública y gratuita del Boletín Oficial de la Provincia.

Esta obligación será extensiva a los Ayuntamientos de la provincia.

CAPÍTULO II

Régimen económico del Boletín Oficial de la Provincia

Artículo 11. Tasa de publicación.

1. La publicación de los textos en el Boletín Oficial de la Provincia estará sujeta al previo pago de la tasa provincial, de acuerdo con lo que establezca la ordenanza reguladora aprobada por la correspondiente Diputación Provincial.

2. Estarán exentos del pago de la tasa:

  1. La publicación de disposiciones y las resoluciones de inserción obligatoria.
  2. Los anuncios oficiales, cualquiera que sea el solicitante de la inserción, cuando la misma resulte obligatoria, de acuerdo con una norma legal o reglamentaria, así como los edictos y anuncios de Juzgados y Tribunales cuando la inserción sea ordenada de oficio.

3. Se exceptúan de la exención a que se refiere el apartado anterior las siguientes publicaciones:

  1. Los anuncios publicados a instancia de particulares.
  2. Los anuncios de licitaciones de todo tipo de contratos, de acuerdo con lo establecido en su legislación específica.
  3. Los anuncios oficiales de la Administración de Justicia a instancia de particulares.
  4. Los anuncios cuyo coste sea repercutible a los interesados según las disposiciones aplicables.
  5. Los anuncios derivados de procedimientos sujetos al pago de una tasa, precio público u otro tipo de derechos económicos.
  6. Los anuncios que puedan reportar, directa o indirectamente, un beneficio económico al remitente o solicitante, o tuvieran contenido económico.
    No se considerará, a estos efectos, que reporta un beneficio económico o que tenga contenido económico las citaciones para ser notificados por comparecencia en los procedimientos de recaudación de los diferentes tributos o exacciones parafiscales, en los casos en que, intentada la notificación al interesado o representante por parte de la Administración tributaria o entidades y corporaciones de derecho público a las que corresponde su recaudación, ésta no haya sido posible.
  7. Los anuncios que puedan o deban publicarse además en un diario, según disposición legal o reglamentaria.

La respectiva ordenanza reguladora de la tasa podrá declarar la exención de todos o alguno de los supuestos exceptuados.

Artículo 12. Convenios de colaboración.

Las ordenanzas reguladoras de las tasas podrán prever la posibilidad de suscripción de convenios de colaboración interadministrativa mediante los cuales se arbitren sistemas específicos para realizar la liquidación y pago global de las tasas por publicación de textos, en cuyo caso no será de aplicación lo previsto en el artículo anterior.

Con la misma finalidad, podrán suscribirse convenios para el pago de las tasas correspondientes a la publicación de anuncios particulares, en los términos que fijen las correspondientes ordenanzas.

Artículo 13. Cooperación interadministrativa.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 55.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 4.1.d) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas prestarán, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que la Administración provincial pueda precisar para el mantenimiento y modernización del Boletín Oficial de la Provincia.

Disposición adicional primera. Integración de los Boletines Oficiales de las Provincias.

1. Los Parlamentos de las Comunidades Autónomas podrán, a propuesta del Gobierno autonómico, y previa aceptación de la Diputación Provincial, acordar la integración del Boletín Oficial de la Provincia en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma respectiva, en cuyo caso se regulará por la normativa autonómica, siendo en todo caso de aplicación lo previsto en los artículos 1; 4; 5; 6, apartado 1; y 7, apartados 1, 4 y 5, de la presente Ley.

Asimismo, la referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales se entenderá realizada al órgano encargado de la publicación del Boletín Oficial de la respectiva Comunidad Autónoma, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.

2. En los casos en que se acuerde esta integración, el Boletín Oficial de cada una de las Provincias contará con una sección independiente identificada con su nombre o bien deberá señalarse claramente en el encabezamiento del Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma respectiva que éste incluye los correspondientes Boletines Oficiales de las Provincias, a fin de garantizar la publicidad de sus contenidos.

3. El acuerdo de integración tendrá una vigencia de diez años, transcurridos los cuales se entenderá automáticamente prorrogado cada diez años si no hay denuncia expresa del acuerdo por el Gobierno autonómico o la Diputación Provincial.

Disposición adicional segunda. Comunidades Autónomas uniprovinciales.

Los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas uniprovinciales se regirán por su legislación específica, siéndoles en todo caso de aplicación los artículos de la presente Ley citados en el número 1 de la disposición adicional primera.

La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales, se entenderá realizada al órgano correspondiente encargado de la publicación del Boletín Oficial de la respectiva Comunidad Autónoma uniprovincial, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.

Disposición adicional tercera. Comunidad Foral de Navarra.

La presente Ley será de aplicación en la Comunidad Foral de Navarra en los términos establecidos en la disposición adicional primera de la Constitución y en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales se entenderá realizada al órgano correspondiente encargado de la publicación del Boletín Oficial de la Comunidad Foral, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de la citada publicación.

Disposición adicional cuarta. Comunidad Autónoma de Canarias.

Los Boletines Oficiales de las Provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife se regirán por su normativa específica, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria sexta de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias, respecto a las Mancomunidades Provinciales Interinsulares, siéndoles en todo caso de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional segunda respecto a las Comunidades Autónomas uniprovinciales.

Disposición adicional quinta. Territorios Históricos.

La presente Ley será de aplicación a los Boletines Oficiales de los Territorios Históricos del País Vasco de acuerdo con las especificidades derivadas de lo previsto en la disposición adicional primera de la Constitución, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco y la disposición adicional segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales se entenderá realizada a las Diputaciones Forales, correspondiendo a éstas establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.

Disposición adicional sexta. Ciudades de Ceuta y Melilla.

La presente Ley será de aplicación a los Boletines Oficiales de las Ciudades de Ceuta y Melilla, que deberán publicarse con una periodicidad mínima de dos veces por semana.

La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales, se entenderá realizada al órgano correspondiente encargado de la publicación del Boletín Oficial de la Ciudad, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.

Disposición transitoria primera. Adecuación de ordenanzas.

Las Diputaciones Provinciales deberán adecuar sus ordenanzas a lo establecido en esta Ley en el plazo máximo de seis meses a partir del 1 de enero del ejercicio económico siguiente a su entrada en vigor.

Disposición transitoria segunda. Entrada en vigor del artículo 5.

El artículo 5 será de aplicación a los dos años de la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas las Reales Órdenes de 20 de abril de 1833, 26 de marzo de 1837, 5 de julio de 1837, 9 de octubre de 1838, 6 de abril de 1839, 4 de abril de 1840, 24 de mayo de 1846, 3 de septiembre de 1846, 21 de enero de 1849, 15 de julio de 1849, 8 de octubre de 1856, 1 de agosto de 1871, 9 de julio de 1872, 3 de noviembre de 1907 y 8 de agosto de 1915.

Quedan asimismo derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley.

Disposición final única. Título competencial.

La presente Ley constituye legislación básica, dictada al amparo del artículo 149.1.18.a de la Constitución.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 4 de abril de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-04-24 13:20:01 2014-01-17 16:10:54 Información general 999999
19 Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica Normativa B.O.P. 0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-04-24 13:18:28 2013-04-26 10:34:43 Información general 99999 28 Reglamento de Gestión del BOPVA Normativa B.O.P.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El vigente Reglamento del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid fue aprobado en el año 2010 por la Diputación de Valladolid con la finalidad principal de regular, en cumplimiento de las previsiones de la ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, el establecimiento de la edición electrónica del boletín con carácter oficial y auténtico, lo que hasta ese momento había estado reservado en exclusiva a la edición en papel. Desde ese momento y hasta la actualidad han venido conviviendo los dos tipos de ediciones.

La Diputación de Valladolid pretende ahora dar un paso más en la implantación de la administración electrónica en uno de sus servicios más representativos.

A partir de la aprobación definitiva de este Reglamento, el Boletín Oficial de la Provincia se publicará exclusivamente en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Valladolid, a cuyo efecto el presente Reglamento contiene las disposiciones precisas para garantizar el carácter oficial y la autenticidad de la edición electrónica, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la citada a Ley 11/2007.

Por otra parte, como novedad más importante, se regula la implantación de los procedimientos electrónicos relativos a la gestión del Boletín que, a partir de su entrada en vigor, podrán realizarse íntegramente por vía telemática, en tiempo real y sin desplazamientos. De esta forma, se establece el procedimiento electrónico para la acreditación de los anunciantes; para la presentación de las solicitudes de inserción de anuncios; para la consulta del estado de tramitación de los anuncios remitidos; así como para que la administración provincial pueda formular requerimientos de subsanación o comunicar el rechazo de solicitudes, y para que los anunciantes, puedan formular su desistimiento.

Igualmente, se regula la obligatoriedad de utilización del sistema electrónico de Boletín para las Administraciones Públicas y la Administración de Justicia que interesen la publicación de anuncios, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo que se dispone en el artículo 27 de la Ley 11/2007, cuentan con los medios tecnológicos precisos para su utilización.

Con la tramitación electrónica se produce un importante avance en el cumplimiento de los fines de la citada Ley 11/2007, que se traducirá en una mejora sustancial del servicio que presta la propia Administración provincial.

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

Este Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, de los Boletines Oficiales de las Provincias, tiene por objeto regular los aspectos relativos a la gestión, edición y publicación del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, servicio público de carácter provincial, competencia propia de la Diputación de Valladolid, garantizando su acceso universal, libre y gratuito, y asegurando la autenticidad e integridad de su contenido.

Artículo 2. Forma de gestión

La prestación del servicio público del Boletín Oficial de la Provincia se realiza mediante gestión directa por la Diputación Provincial de Valladolid.

Artículo 3. Edición electrónica

3.1. El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid se edita exclusivamente en formato electrónico y se publica en la sede electrónica de la Diputación de Valladolid, en la dirección https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es, con plena validez jurídica, garantizándose su autenticidad de conformidad con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los servicios públicos, y en su normativa de desarrollo.

Se respetarán los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas establecidas al respecto, y utilizará estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

3.2. El Boletín Oficial de la Provincia dispone de un Portal Web, accesible desde la sede electrónica de la Diputación Provincial de Valladolid, que permite la realización, vía Internet, de las consultas, trámites y gestiones que se regulan en el presente Reglamento con plena validez jurídica.

Artículo 4. Carácter oficial y auténtico

El texto de las disposiciones y actos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, tendrá la consideración de oficial y auténtico con arreglo a las normas y condiciones que se establezcan en este Reglamento.

Para garantizar la autenticidad y la integridad de los documentos publicados el sistema electrónico del Boletín Oficial de la Provincia está instalado en un equipamiento informático seguro que cuenta con el correspondiente certificado electrónico emitido por un prestador de servicios de certificación reconocido.

Artículo 5. Periodicidad y cierre de la edición

El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid se edita todos los días hábiles. A tal efecto se considerarán días inhábiles los domingos y las fiestas nacionales, autonómicas y locales que correspondan al municipio de Valladolid. La Diputación de Valladolid podrá modificar dicha periodicidad, circunstancialmente, por necesidades del servicio.

No obstante, podrán editarse suplementos o números extraordinarios cuando lo requieran las necesidades del servicio.

Artículo 6. Contenido y obligación de publicar

El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, conforme a lo establecido en los artículos 1, 6 y 11 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, es el periódico oficial en el que se publican:

  1. Las disposiciones de carácter general y las Ordenanzas, así como los demás actos de carácter normativo de las Administraciones Públicas, cuya publicación íntegra o, en su caso, resumida venga exigida por una disposición legal o reglamentaria.
  2. Los anuncios y edictos que se refieren a notificaciones, exposiciones al público de las Administraciones Públicas y de la Administración de Justicia de ámbito territorial provincial, tanto si se contienen en una resolución administrativa o no, cuando su inserción venga impuesta por una disposición legal o reglamentaria o cuando, tratándose de edictos y anuncios de la Administración de Justicia, su inserción sea ordenada de oficio.
  3. Los anuncios y edictos referidos en el apartado inmediato anterior cuando su inserción no esté prevista en ninguna norma legal o reglamentaria y sea solicitada facultativamente su inserción por las Administraciones Públicas interesadas.
  4. Los anuncios y edictos de la Administración de Justicia, instados por particulares.
  5. Los anuncios de particulares, personas físicas y jurídicas, instados directamente por los mismos, siempre que contengan un interés informativo para terceros o para las personas que formen parte de entes colectivos particulares, y que su publicación se exija como requisito previo por una institución u organismo público, o el interesado la solicite para la tramitación de un expediente ante los mismos que deberá ser justificada previamente. Los textos de los particulares se publicarán bajo la exclusiva responsabilidad de los solicitantes de la inserción pudiendo la Diputación denegar motivadamente la misma.

En todo caso y cualquiera que sea el ordenante de la inserción, todos los anuncios que se pretendan publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid deberán cumplir los requisitos que cada legislación específica exija para su publicación. El ordenante de la inserción será responsable de este deber y la Diputación rechazará la publicación del texto en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso del referido deber.

Artículo 7. Características de la edición

La edición del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid tendrá las siguientes características:

1. Cada número del Boletín irá precedido de un sumario que contiene la relación de anuncios publicados en el mismo, organizados por secciones, con indicación de la página donde empieza su inserción y con la estructura siguiente:

  1. Sección I: Administración del Estado.
  2. Sección II: Administración Autonómica.
  3. Sección III: Administración Local.
  4. Sección IV: Administración de Justicia.
  5. Sección V: Particulares y otros anunciantes.

2. En la cabecera del ejemplar diario, de cada disposición, acto o anuncio y de cada una de sus páginas figurará:

  1. El escudo oficial de la Diputación Provincial de Valladolid.
  2. La denominación completa "BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID" y en la primera página de cada ejemplar diario figurarán además las siglas "BOP".
  3. El número del Boletín, que será correlativo desde el comienzo de cada año.
  4. La fecha de publicación.

3. Cada ejemplar diario de Boletín tendrá paginación independiente y comenzará por la página número uno en su portada, continuando la numeración correlativa hasta el último anuncio del Boletín diario.

4. El sumario de cada boletín y cada uno de los anuncios publicados, así como el ejemplar completo del Boletín diario, en formato PDF, contendrán los datos de certificación y firma electrónica de la Unidad Administrativa del Boletín y estarán identificados con un Código de Verificación Electrónica (CVE), que permitirá comprobar su autenticidad.

5. En el pie de página final del sumario diario y de cada anuncio publicado se incluirá la dirección electrónica del Boletín Oficial de la Provincia, el Código de Verificación Electrónica (CVE) del Boletín completo y el número del depósito legal. En cada una de las páginas de los anuncios publicados y del sumario del Boletín se incluirá el correspondiente Código de Verificación Electrónica (CVE).

6. La fecha de publicación de las disposiciones, actos y anuncios será la que figure en la cabecera del Boletín y en cada una de las páginas del ejemplar diario en que se inserten.

7. Todos los documentos que se publiquen abrirán página y figurarán numerados de modo correlativo en cada ejemplar diario del Boletín.

Artículo 8. Responsabilidad

El solicitante de la inserción será en todo caso el responsable del contenido del texto a publicar así como de los efectos que, frente a terceros, pudieran derivarse del mismo.

Artículo 9. Protección de datos de carácter personal

9.1. Los datos facilitados por los usuarios del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, se encuentran incluidos en el "FICHERO BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA" de datos de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y el Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Diputación Provincial de Valladolid, entidad responsable del Fichero.

9.2. La Diputación Provincial de Valladolid adoptará las medidas técnicas necesarias para limitar el acceso a los datos de carácter estrictamente personal, siempre que haya transcurrido el tiempo de exposición pública prevista en la norma que exige su publicación, garantizando, en todo caso, la autenticidad, integridad e inalterabilidad de los contenidos del Boletín Oficial.

CAPITULO II. EDICIÓN ELECTRÓNICA

Artículo 10. Publicación de la edición electrónica

La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia se publica a través de su Portal Web, ubicado en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Valladolid en la dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es y deberá estar accesible en la misma en la fecha que figure en la cabecera del ejemplar diario, salvo que ello resulte imposible por circunstancias extraordinarias de carácter técnico.

La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid será consultable por Internet, a través de su Portal Web, y se aloja en un equipamiento informático con las condiciones de seguridad que establezca la normativa de aplicación, a fin de garantizar la autenticidad e integridad de los contenidos del diario oficial, así como el acceso permanente al mismo.

El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid publicado en la dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es, es oficial y auténtico; toda copia electrónica obtenida desde allí del mismo, o de cualquiera de sus anuncios o disposiciones se considera oficial y auténtica y puede ser contrastada mediante el Código de Verificación Electrónica (CVE).

Las copias en soporte papel de la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión del Código de Verificación Electrónica (CVE) u otro sistema de verificación que permita contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Diputación Provincial de Valladolid.

Además de la edición electrónica, existirá, obtenida de ésta, una edición impresa con idénticas características y contenido, limitada a las siguientes finalidades:

  1. Garantizar la publicación del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid cuando por una situación extraordinaria y por motivos técnicos no resulte posible el acceso a la edición electrónica.
  2. Garantizar la conservación y permanencia del Boletín Oficial de la Provincia y su continuidad como parte del Patrimonio documental impreso de la Diputación Provincial de Valladolid.
  3. Facilitar el cumplimiento de la normativa que regula el depósito legal.

Artículo 11. Requisitos de la edición electrónica

11.1. La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia incorpora la firma electrónica avanzada como garantía de la autenticidad, integridad e inalterabilidad de su contenido. Los ciudadanos podrán verificar el cumplimiento de estas exigencias mediante aplicaciones estándar o herramientas informáticas que estarán disponibles en la dirección electrónica del Boletín Oficial de la Provincia.

11.2. Corresponde a la Diputación Provincial de Valladolid:

  1. Garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid que se publique en su sede electrónica.
  2. Custodiar y conservar la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.
  3. Velar por la accesibilidad de la edición electrónica del Boletín Oficial, así como su permanente adaptación al progreso tecnológico.

Artículo 12. Acceso y consulta a la edición electrónica

12.1. El acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia es universal, público y gratuito a través de su Portal Web, ubicado en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Valladolid.

El Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia ofrecerá, accesible al público, una base de datos gratuita que permita la búsqueda, recuperación e impresión de las disposiciones, actos y anuncios publicados en este diario oficial.

12.2. El acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid comprende la posibilidad de búsqueda y consulta del contenido del diario, así como la posibilidad de descarga del archivo correspondiente o la impresión, tanto del diario completo como de cada una de las disposiciones, actos o anuncios que lo componen.

12.3. La Diputación Provincial de Valladolid, a través de la Oficina del Boletín Oficial de la Provincia, prestará los siguientes servicios

  1. Asistir a los anunciantes en la presentación electrónica de solicitudes de publicación de anuncios.
  2. Asistir a los ciudadanos en la búsqueda de las disposiciones, actos y anuncios publicados en el "Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid".
  3. Facilitar a las personas que lo soliciten copia impresa de la publicación de las disposiciones, actos y anuncios que requiera, o del diario completo.
  4. Facilitar un servicio de suscripción electrónica del Boletín.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN

Artículo 13. Trámites y gestiones disponibles

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 del Reglamento regulador de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Valladolid, se establecen los siguientes trámites y gestiones electrónicos que, a través del Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia, se podrán realizar en la sección específica de "GESTION DE ANUNCIOS":

  1. Presentación y modificación, en su caso, por parte de las Administraciones Públicas y de la Administración de Justicia, de la acreditación de las personas facultadas para ordenar la inserción de anuncios a efectos de lo dispuesto en el artículo siguiente.
  2. Tramitación electrónica de solicitudes de inserción de anuncios.
  3. Tramitación electrónica de las solicitudes de desistimiento de anuncios remitidos.
  4. Recepción por los anunciantes de comunicaciones relativas a los anuncios presentados.
  5. Pago telemático de la tasa por prestación del servicio, de conformidad con lo que se disponga en la Ordenanza Fiscal reguladora.
  6. Consulta del estado de tramitación de un anuncio.
  7. Consulta al histórico de anuncios tramitados por vía electrónica por el interesado.
  8. Obtención, en formato PDF, de copia del justificante de presentación de la solicitud.

Artículo 14. Registro de autoridades y personal funcionario

14.1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 5/2002, la oficina del Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de comprobar la autenticidad de los documentos a publicar, llevará un registro de autoridades y personal funcionario facultados para firmar la orden de inserción de los originales destinados a su publicación mediante la presentación de documento de acreditación de firma a través del procedimiento electrónico habilitado al efecto en la dirección electrónica del Boletín.

A estos efectos, los órganos correspondientes de las Administraciones Públicas y de la Administración de Justicia acreditarán ante la Diputación Provincial de Valladolid, según su normativa específica, a las personas facultadas para ordenar la inserción, así como las modificaciones que se produzcan en lo sucesivo, siendo dichas autoridades o funcionarios los sujetos responsables de la autenticidad del contenido de los originales remitidos para su publicación.

14.2. Cuando se trate de anuncios tramitados a instancia de particulares, éstos habrán de acreditar de forma fehaciente la condición a través de la cual actúan por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.

Artículo 15. Solicitudes de inserción de anuncios

15.1. Para la publicación de cualquier documento en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid deberá presentarse necesariamente una solicitud de publicación dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Valladolid, y habrá de cumplimentarse la correspondiente solicitud de inserción. Esta solicitud deberá contener los siguientes datos:

  1. Administración Pública o Administración de Justicia y Órgano o Unidad Administrativa que interesa la publicación.
  2. Nombre y apellidos o la razón social, cuando se trate de personas físicas o de personas jurídicas.
  3. El Número de Identificación Fiscal del solicitante.
  4. Domicilio del solicitante.
  5. Sujeto pasivo de la tasa por prestación del servicio del Boletín, en su caso.
  6. Número de identificación fiscal del sujeto pasivo.
  7. Domicilio fiscal del sujeto pasivo.
  8. El tipo de disposición y número, cuando se trate de disposiciones o resoluciones de las Administraciones Públicas.
  9. Un resumen del texto cuya inserción se solicita.
  10. Precepto normativo que determine la obligatoriedad de la publicación del documento remitido, salvo que consista en una corrección de errores.
  11. Carácter ordinario o urgente de la publicación. Si no se determinara este aspecto, se considerará que tiene carácter ordinario.
  12. Si en virtud de disposición legal o reglamentaria, existe una fecha concreta o un plazo de publicación deberá indicarse expresamente esa fecha o ese plazo y la norma jurídica en que se basa.
  13. Detalle del formato electrónico en que se remite el texto del documento a publicar, en el caso de particulares que utilicen la presentación en formato papel.
  14. Fecha y firma y, en su caso, sello del solicitante.

La solicitud de publicación de cualquier documento en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid deberá efectuarse por quién esté facultado para ello.

Toda solicitud de publicación deberá de ir acompañada del texto correspondiente, presentándose una solicitud por cada anuncio que pretenda publicarse, debiendo figurar en documentos, archivos separados y perfectamente identificados cada uno de ellos.

15.2. Los canales habilitados para la presentación de solicitudes de publicación de anuncios serán los siguientes, atendiendo al solicitante:

  • 15.2.1. Las Administraciones Públicas, así como la Administración de Justicia, deberán realizar la solicitud y orden de inserción de anuncios exclusivamente mediante el procedimiento electrónico habilitado en el Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, acreditando su identidad y autenticando su actuación mediante los sistemas de firma previstos en el artículo 14 del Reglamento regulador de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Valladolid.

  • 15.2.2. Los particulares y demás sujetos con capacidad para solicitar la inserción de anuncios, podrán efectuar la solicitud eligiendo alguna de las siguientes formas:

    1. Mediante el procedimiento electrónico habilitado en el Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, acreditando su identidad y autenticando su actuación mediante los sistemas de firma previstos en el artículo 14 del Reglamento regulador de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Valladolid.
    2. En formato papel mediante presentación de la solicitud, conforme al modelo, anexo I, en el Registro General de la Diputación Provincial de Valladolid o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.

La Diputación habilitará los medios informáticos precisos para que se pueda realizar la solicitud de publicación de anuncios, por vía electrónica, en la propia oficina de administración del Boletín.

15.3. A través del Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia se hará pública la relación de sistemas de firma electrónica admitidos para la presentación de solicitudes de inserción de anuncios por vía electrónica.

Artículo 16. Presentación mediante procedimiento electrónico

16.1. La solicitud de publicación se efectuará a través del formulario que figura en la sección de anunciantes del Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia e irá acompañada del texto a publicar. A efectos electrónicos, dicho formulario se entiende equivalente al modelo de solicitud de publicación que figura como anexo I a este Reglamento para la presentación de anuncios por medios no electrónicos.

16.2. La solicitud de publicación junto con los documentos a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid se firmarán electrónicamente de acuerdo a las instrucciones que, a tal efecto, se publiquen en el Portal web del Boletín Oficial de la Provincia, y conforme a lo establecido en el Reglamento regulador de la Sede Electrónica y Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Valladolid.

16.3. La firma electrónica de la solicitud de publicación conlleva la entrada del documento electrónico en el Registro General de la Diputación Provincial de Valladolid, que emitirá, por vía electrónica, justificante de su presentación. En este justificante constarán la fecha y hora de presentación, así como el número entrada en el Registro General.

16.4. Las características técnicas de los textos a publicar se especificarán en las instrucciones que al efecto se adopten y se expondrán en el Portal web del Boletín. Dichas instrucciones incluirán los requisitos que han de contener los documentos que se envíen por vía electrónica en relación a formato, tipo y tamaño de letra, imágenes, características de textos y tablas, y composición y presentación de los documentos.

16.5. Excepcionalmente, en el caso de que la presentación electrónica sea obligatoria, cuando se produzca la imposibilidad técnica de remitir por medios electrónicos la solicitud de publicación, así como el texto de los anuncios, podrán presentarse éstos en soporte papel, de acuerdo a lo que se especifica en el artículo siguiente.

Artículo 17. Presentación en formato papel

La presentación de la solicitud de publicación en formato papel deberá cumplir los siguientes requisitos:

    1. a) La solicitud de publicación, conforme al modelo anexo I, debe ir firmada por el solicitante e irá acompañada del original del documento a publicar en formato papel. El documento en papel se enviará debidamente firmado, impreso por una sola cara y con las hojas numeradas correlativamente, evitando sellos y firmas superpuestos que dificulten la lectura de los mismos, con indicación expresa del nombre y apellidos y cargo del firmante, así como el lugar y fecha.
    2. b) Igualmente deberá facilitarse el texto del anuncio en formato digital, a cuyo efecto se habilitarán los medios electrónicos necesarios para su envío a la administración del Boletín.

Es condición indispensable y responsabilidad del anunciante que el contenido en soporte papel sea idéntico al facilitado en soporte informático.

Artículo 18. Carácter reservado de los originales

Los originales recibidos para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid tendrán carácter de reservados y no se facilitará ninguna información sobre ellos salvo al solicitante de su publicación.

Artículo 19. Validación de los documentos presentados

19.1. Los anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid sin introducir ninguna modificación en el texto recibido. Si un anunciante desea introducir modificaciones en el texto de los documentos registrados, deberá formular previamente el desistimiento expreso de la solicitud de publicación de los mismos, y presentar una nueva solicitud de inserción de anuncio.

No se corregirán de oficio las faltas de ortografía que se detecten y tampoco se procederá, en ningún caso, a la corrección de errores de estilo, aritméticos o materiales.

19.2. Los documentos que se presenten para su publicación podrán ser rechazados en los siguientes casos:

    1. Cuando se trate de documentos que el interesado presente por vía electrónica y no se refieran a alguno de los procedimientos a que se refiere el artículo 13 del presente Reglamento.
    2. Cuando se trate de documentos que contengan falta de datos, errores manifiestos, incongruencias u omisiones o se envíen en formato ininteligible para el sistema electrónico del Boletín o puedan afectar a la integridad o seguridad del sistema informático.
    3. Los anuncios recibidos exclusivamente por fax o correo electrónico.

19.3. En los supuestos anteriores no se cursará la solicitud de publicación, comunicándose al remitente del anuncio los motivos del rechazo y los medios de subsanación, en su caso.

19.4. El rechazo de anuncios presentados por vía electrónica, se producirá por el mismo canal de presentación, entendiendo que esta comunicación, así como el requerimiento de subsanación, en su caso, es equiparable a la enviada por correo ordinario, y por tanto, tendrá los mismos efectos que ésta.

Artículo 20. Cómputo de plazos

20.1. La presentación de anuncios por vía electrónica podrá realizarse durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año, incluidos los festivos.

20.2. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento regulador de la Sede Electrónica y Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Valladolid, el cómputo de plazos a efectos de presentación de solicitudes de publicación de anuncios, se rige por las siguientes reglas:

    1. Serán días inhábiles los fijados por el Estado para todo el territorio nacional, los fijados por la Comunidad Autónoma para todo su territorio y los de la ciudad de Valladolid.
    2. A los efectos del cómputo del plazo fijado en días hábiles, la recepción en un día inhábil se entenderá producida en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

Artículo 21. Desistimiento de la solicitud de publicación

Si recibida la solicitud de publicación acompañada del correspondiente anuncio, el solicitante pretende que no sea publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, deberá remitir, por cualquiera de los medios establecidos en este Reglamento, un documento expreso de desistimiento de su solicitud de publicación, identificando clara y concisamente el anuncio al que se está haciendo referencia.

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo regulado en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestación de los servicios del Boletín Oficial de la Provincia, la falta de pago de los anuncios sujetos a la tasa correspondiente determinará que, una vez trascurridos tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud de publicación, se tenga al anunciante por desistido de su solicitud, no procediendo en consecuencia la publicación del anuncio, lo que se comunicará al ordenante de la inserción, por el mismo canal de presentación de la solicitud de publicación.

Artículo 22. Orden de Publicación de los anuncios

La publicación de los documentos en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid se efectuará por orden cronológico de recepción de solicitudes, que sólo podrá ser alterado cuando el volumen del texto a publicar o las características particulares del mismo supongan la realización de trabajos peculiares o no previstos.

En todo caso, se dará preferencia para su publicación a las solicitudes que tengan carácter de urgente, procediendo en su caso, a la contraprestación prevista en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación de los servicios del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, respetándose el cómputo de plazos regulados en este Reglamento.

Artículo 23. Plazos de publicación de los anuncios

23.1. Con carácter ordinario, la publicación se realizará en el plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde la recepción de la orden de inserción y del documento a publicar en el Registro General de la Diputación Provincial, o desde la fecha de pago de la tasa, si procediera, o, en todo caso, desde la fecha en que se verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos para la publicación de anuncios.

23.2. Si la publicación fuera clasificada como urgente a través de declaración expresa de la autoridad competente del órgano remitente, el plazo de publicación del que dispondrá la Oficina del Boletín Oficial de la Provincia se reducirá a 6 días hábiles desde las fechas antes referidas. La publicación de anuncios urgentes supondrá, en su caso, la aplicación de la tarifa urgente establecida en la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación de los servicios del Boletín oficial de la Provincia de Valladolid.

Una vez publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, la unidad administrativa que gestiona el mismo remitirá al solicitante, a través del mismo canal que se hubiera utilizado para la presentación del anuncio, o mediante correo electrónico, un enlace al anuncio publicado.

CAPITULO IV. REGIMEN ECONÓMICO

Artículo 24. Financiación del Servicio

El acceso al Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid es universal, público y gratuito atendiendo sus gastos con cargo al presupuesto anual de la Diputación Provincial de Valladolid. De conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 11 de la Ley 5/2002, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, la Diputación Provincial de Valladolid podrá establecer y exigir tasas por la prestación de servicios relacionados con el boletín, cuya regulación se realizará, en su caso, mediante la aprobación de las correspondientes ordenanzas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Para todo lo no regulado en el presente Reglamento se estará a lo que se dispone en la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los boletines oficiales de las provincias y del resto de normas legales o reglamentarias que resulten de aplicación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La obligatoriedad de presentar las solicitudes de inserción en formato electrónico quedará diferida por período de dos meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento, a fin de atender las necesidades de adaptación y de formación de los usuarios del nuevo sistema.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Se deroga el Reglamento de gestión del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, publicado en el BOP Nº 129, de 9 de junio de 2010.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid y continuará vigente hasta que se modifique o derogue expresamente.

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-04-26 17:34:32 2014-01-17 10:48:24 Información general 99999
10 ¿Cómo y desde cuando se garantiza la autenticidad del BOPVA? BOP electrónico

Para garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del contenido del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, la edición electrónica publicada en la sede electrónica de la Diputación de Valladolid, a partir del 10 de junio del 2010 se incorpora la firma electrónica avanzada.

Artículo 3, de la 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica:

”...

2. La firma electrónica avanzada es la firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control”.

Dicha firma se incorpora por separado en cada una de las disposiciones publicadas, en el sumario y el documento completo del Boletín.

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-03-12 18:27:16 2014-01-17 16:37:47 Información general 60000
11 ¿Por qué un documento electrónico firmado es inalterable? BOP electrónico

El proceso de firma electrónica bloquea y congela el contenido de un documento de modo que cualquier alteración del mismo invalida la firma electrónica incorporada.

El proceso de firma electrónica se compone de dos funciones:

  1. Calcular un resumen (hash) digital de longitud fija a partir del contenido completo del documento.

  2. Cifrar ese resumen con la clave privada correspondiente al certificado del emisor. El resumen cifrado se empaqueta con el documento aunque el contenido visible del documento no se cifra, para que sea legible.

El resultado será la firma electrónica.

Todo documento firmado electrónicamente, puede ser validado, es decir confirmar que no ha sido alterado por ninguna causa desde que se firmó, para lo cual hay que realizar el siguiente proceso:

  1. Volver a calcular el resumen (hash) a partir del contenido del documento.

  2. Descifrar el resumen incluido en el documento mediante la clave pública contenida en el certificado del emisor y

  3. Comparar ambos resúmenes. Si son iguales, el documento no ha sufrido ninguna modificación desde que se firmó y, por tanto es válido. Si ambos resúmenes no son iguales, se ha producido una alteración y la firma es declarad invalida.

El método de cálculo de los resúmenes tiene tres propiedades interesantes:

  1. Su longitud es siempre fija, independientemente de la longitud del documento resumido.

  2. Una alteración mínima del documento produce un resumen muy distinto y,

  3. Calcular un resumen no es una operación simétrica: se puede fácilmente calcular el resumen del texto pero no es posible reconstruir el texto a partir del resumen.

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-03-12 18:27:51 2013-04-26 09:38:25 Información general 60000
29 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid Normativa B.O.P.

Artículo 1. - Fundamento y Naturaleza

1. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 132 y 15 al 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y al amparo del artículo 2 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, la Diputación Provincial de Valladolid acuerda la imposición de la tasa regulada en la presente Ordenanza.

2. Esta tasa constituye un recurso de naturaleza tributaria de la Hacienda Provincial, que grava la prestación de los servicios previstos en el artículo siguiente.

Artículo 2. - Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de inserción voluntaria y obligatoria de todo tipo de documentos y anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.

Artículo 3. - Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten la inserción de anuncios o documentos en el Boletín Oficial de la Provincia y los que resulten afectados o beneficiados por los servicios objeto de esta Ordenanza.

Artículo 4. - Responsables

Responderán solidariamente o subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas en los supuestos y con el alcance previsto en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5. - Base Imponible

La base imponible de la tasa por los servicios de inserción y publicación de documentos y anuncios en el Boletín Oficial vendrá determinada por los siguientes extremos:

  1. Las extensión y características del texto a publicar
  2. El carácter ordinario o urgente de la publicación.

A efectos de determinación de la base imponible, la extensión y características del texto a publicar se medirán de acuerdo a las siguientes reglas:

1.- En el caso de presentación electrónica de anuncios a través del sistema de Boletín:

  1. El texto incluido mediante el procesador de textos del propio sistema se computará por número de líneas. A estos efectos se computarán tanto los espacios en blanco, como las líneas de separación de párrafos.
    La documentación que no se genere utilizando el procesador de textos del sistema y se incorpore al mismo como documentos anexos se computará por número de páginas.

2.- En el caso de presentación en formato papel:

  1. El texto se computará por número de líneas.

Los documentos que contengan imágenes, esquemas o planos se considerarán como anexos al anuncio y se computarán por número de páginas.

Artículo 6. - Cuota Tributaria

La cuota tributaria se determina en función de la base imponible, aplicando a la misma las tarifas que se indican a continuación:

  1. Tramitación ordinaria:
    • Por cada línea…..1,20€.
    • Por cada página de documento anexo……42€.
  2. Tramitación urgente:
    • En los anuncios de carácter urgente al amparo de lo previsto en el artículo 7.3 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, Reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, se aplicará el doble de las tarifas reguladas en el apartado anterior.

Artículo 7.- Beneficios fiscales y Exenciones

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, estarán exentos del pago de la tasa por la prestación del servicio de inserción:

  1. La publicación de disposiciones y resoluciones de inserción obligatoria.
  2. Los anuncios oficiales, cualquiera que sea el solicitante de la inserción, cuando la misma resulte obligatoria, de acuerdo con una norma legal o reglamentaria, así como los edictos y anuncios de Juzgados y Tribunales cuando la inserción sea ordenada de oficio.

3. Se exceptúan de las exenciones a que se refiere el punto anterior las siguientes publicaciones:

  1. Los anuncios publicados a instancias de particulares.
  2. Los anuncios de licitaciones de todo tipo de contratos, de acuerdo con lo establecido en su legislación específica.
  3. Los anuncios oficiales de la Administración de Justicia a instancia de particulares.
  4. Los anuncios cuyo coste sea repercutible a los interesados según las disposiciones aplicables.
  5. Los anuncios derivados de procedimientos sujetos al pago de una tasa, precio público u otro tipo de derechos económicos.
  6. Los anuncios que puedan reportar, directa o indirectamente, un beneficio económico al remitente o solicitante, o tuvieran contenido económico.

    No se considerará, a estos efectos, que reporta un beneficio económico o que tenga contenido económico las citaciones para ser notificados por comparecencia en los procedimientos de recaudación de los diferentes tributos o exacciones parafiscales, en los casos en que, intentada la notificación al interesado o representante por parte de la Administración tributaria o entidades y corporaciones de derecho público a las que corresponde su recaudación, ésta no haya sido posible.

  7. Los anuncios que puedan o deban publicarse además en un diario, según disposición legal o reglamentaria.

4. Estarán exentas del pago, las correcciones de errores de anuncios publicados cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

  1. Cuando el anuncio que se corrige esté exento de pago.
  2. Cuando el anuncio que se corrige esté sujeto a pago, pero se trate de un error causado por la propia actuación de la administración editora del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.

Artículo 8. - Devengo

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando la solicitud de inserción de cualquier clase de texto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene su entrada en el Registro General de la Diputación Provincial de Valladolid, en cualquiera de sus dos modalidades, electrónica o formato papel.

Artículo 9. - Régimen de liquidación y pago de la tasa

1.- La liquidación y recaudación de la tasa por inserción de anuncios se realizará:

  1. La tasa por prestación del servicio público de Boletín Oficial de la Provincia se exigirá en régimen de pago previo. Se incluyen en este régimen las inserciones en las que el importe de la tasa sea repercutible sobre los interesados, independientemente de su procedencia.
    La liquidación se practicará en el momento de presentación de la solicitud de inserción del documento o anuncio, siendo requisito previo para su publicación el pago de la tasa.
  2. Cuando se trate de documentos o anuncios cuya inserción sea solicitada por las Administraciones Públicas o por la Administración de Justicia, y el importe de la tasa no sea repercutible sobre los interesados, una vez publicado el texto, se realizará la liquidación de la tasa, notificándose a la Administración anunciante, como sujeto pasivo, para que proceda a su ingreso, de acuerdo con los plazos establecidos en el Reglamento General de Recaudación.
  3. La Diputación Provincial de Valladolid podrá suscribir convenios de colaboración con las distintas Administraciones Públicas que establezcan sistemas específicos para realizar la liquidación y pago global de las tasas por publicación de textos, no siendo en este caso de aplicación lo establecido anteriormente.

2.- El pago de la tasa sólo podrá realizarse en efectivo por alguno de los siguientes medios:

    • 2.1.- A través de la Entidad o Entidades bancarias colaboradoras o que presten el servicio de caja, por alguna de las siguientes modalidades:
      1. Mediante el ingreso de su importe en las oficinas de la Entidad presentando el documento de cobro facilitado al efecto.
      2. Pago a través del portal web de la Entidad.
      3. Pago en alguno de los cajeros automáticos de la Entidad, mediante la utilización de tarjeta de crédito o débito de la misma.
    • 2.2.- Pago telemático, a través de la sede electrónica de la Diputación de Valladolid, en el portal web del Boletín Oficial de la Provincia, en la dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es, cumpliendo los requisitos que se especifican en el mismo Artículo 10. Formalización de convenios de colaboración

1. Al amparo de lo establecido en el artículo 27.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrán suscribirse convenios de colaboración mediante los cuales se arbitren las formas y procedimientos que se estimen oportunos para realizar la liquidación y pago de las tasas por publicaciones de textos.

2. Estos convenios podrán celebrarse con las entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de la tasa, con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de aquella, o los procedimientos de liquidación y recaudación.

Artículo 11. Infracciones y sanciones

Todo lo referente a la calificación de infracciones tributarias y a las sanciones correspondientes estará sujeto a lo que disponen la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y la Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección Tributaria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Las inserciones de la propia Diputación sólo serán objeto de pago si el importe es repercutible a terceros de conformidad con lo dispuesto en una norma de carácter general.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

En todo aquello que no venga regulado en la presente Ordenanza, se estará a lo que disponen el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley 5/2002, de 4 de abril, Reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección Tributaria.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedará derogada la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid publicado en el Boltetin Oficial de la Provincia de fecha 9 de junio de 2010.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de ser publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-04-26 18:43:07 2014-02-07 11:19:25 Información general 9999
32 Aviso jurídico Aviso jurídico

El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid publicado en la dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es, es oficial y auténtico; toda copia electrónica obtenida desde allí del mismo, o de cualquiera de sus anuncios o disposiciones se considera oficial y auténtica y puede ser contrastada mediante el Código de Verificación Electrónica (CVE).

La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia incorpora la firma electrónica avanzada como garantía de la autenticidad, integridad e inalterabilidad de su contenido, conforme a lo previsto en el Reglamento de Gestión del BOPVA, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 11 de enero de 2013.

El acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia es universal, público y gratuito a través de su Portal Web, ubicado en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Valladolid.

El Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia ofrecerá, accesible al público, una base de datos gratuita que permita la búsqueda, recuperación e impresión de las disposiciones, actos y anuncios publicados en este diario oficial.

El sumario de cada boletín y cada uno de los anuncios publicados, así como el ejemplar completo del Boletín diario, en formato PDF, contendrán los datos de certificación y firma electrónica de la Unidad Administrativa del Boletín y estarán identificados con un Código de Verificación Electrónica (CVE), que permitirá identificar de forma unívoca cada documento, así como comprobar su autenticidad.

El CVE permite contrastar la autenticidad de cualquier impresión en papel de un documento publicado en el BOPVA, mediante el cotejo con el documento electrónico original. Para ello, dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es se puede introducir el CVE y obtener el documento original firmado electrónicamente, directamente de la sede electrónica de la Diputación.

Si por una situación extraordinaria y por motivos de carácter técnico no resultara posible acceder a la edición electrónica del "Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid" en su sede electrónica, una edición impresa del diario garantiza su publicación.

Las copias realizadas en soporte papel de la edición electrónica del BOP VA tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión del Código de

Verificación Electrónica (CVE), para poder contrastar su autenticidad.

Diarios oficiales “Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid” publicados con anterioridad al 10 de junio de 2010, sólo tienen la consideración de oficial y auténtica la edición impresa en papel.

0 1 2013-05-09 00:00:00 2013-04-29 10:14:05 2014-01-17 16:43:06 Información general 9
33 Disponibilidad Disponibilidad

DISPONIBILIDAD

El servicio BOP online permite al usuario consultar por internet el Boletín Oficial  Provincial en los siguientes formatos:

  • Sumario completo en PDF: Desde el 1 de enero de 2003 al 22 de septiembre de 2003.
  • Boletín completo en PDF: Desde el 23 de septiembre de 2003 al 14 de diciembre de 2005.
  • Formato texto, versión completa en PDF, RSS en BÚSQUEDAS, etc, a partir del 15 de diciembre de 2005.
  • La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid desde el 10 de junio del 2010
  • El sistema de Gestión Integral del BOPVA desde el 20 de enero de 2014

 

0 1 2013-05-02 00:00:00 2013-04-29 10:19:51 2014-02-07 11:17:59 Información general 8
21 Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos Normativa B.O.P.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presenten vieren y entedieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

Índice

  1. Exposición de motivos.
  2. Título preliminar. Del ámbito de aplicación y los principios generales.
  3. Título primero. Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos.
  4. Título segundo. Régimen jurídico de la administración electrónica.
    1. Capítulo I. De la sede electrónica.
    2. Capítulo II. De la identificación y autenticación.
      1. Sección 1.ª Disposiciones comunes.
      2. Sección 2.ª Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación.
      3. Sección 3.ª Identificación electrónica de las Administraciones Públicas y autenticación del ejercicio de su competencia.
      4. Sección 4.ª De la interoperabilidad y de la acreditación y representación de los ciudadanos.
    3. Capítulo III. De los registros, las comunicaciones y las notificaciones electrónicas.
      1. Sección 1.ª De los registros.
      2. Sección 2.ª De las comunicaciones y las notificaciones electrónicas.
    4. Capítulo IV. De los documentos y los archivos electrónicos.
  5. Título tercero. De la gestión electrónica de los procedimientos.
    1. Capítulo I. Disposiciones comunes.
    2. Capítulo II. Utilización de medios electrónicos en la tramitación del procedimiento.
  6. Título cuarto. Cooperación entre administraciones para el impulso de la administración electrónica.
    1. Capítulo I. Marco institucional de cooperación en materia de administración electrónica.
    2. Capítulo II. Cooperación en materia de interoperabilidad de sistemas y aplicaciones.
    3. Capítulo III. Reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnologías.
  7. DISPOSICIONES ADICIONALES
    1. Disposición adicional primera. Reunión de Órganos Colegiados por medios electrónicos.
    2. Disposición adicional segunda. Formación de empleados públicos.
    3. Disposición adicional tercera. Plan de Medios en la Administración General del Estado.
    4. Disposición adicional cuarta. Procedimientos Especiales.
    5. Disposición adicional quinta. Función Estadística.
    6. Disposición adicional sexta. Uso de Lenguas Oficiales.
  8. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
    1. Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
  9. DISPOSICIONES DEROGATORIAS
    1. Disposición derogatoria única.
  10. DISPOSICIONES FINALES
    1. Disposición final primera. Carácter básico de la Ley.
    2. Disposición final segunda. Publicación electrónica del «Boletín Oficial del Estado».
    3. Disposición final tercera. Adaptación de las Administraciones Públicas para el ejercicio de derechos.
    4. Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 84/1978, de 28 de diciembre, por la que se regula la tasa por expedición del Documento Nacional de Identidad.
    5. Disposición final quinta. Modificación de la Ley 16/1979, de 2 de octubre, sobre Tasas de la Jefatura Central de Tráfico.
    6. Disposición final sexta. Habilitación para la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado.
    7. Disposición final séptima. Desarrollo reglamentario del artículo 4 c).
    8. Disposición final octava. Desarrollo y Entrada en vigor de la Ley.
  11. ANEXO . Definiciones

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Determinadas edades de la humanidad han recibido su denominación de las técnicas que se empleaban en las mismas y hoy podríamos decir que las tecnologías de la información y las comunicaciones están afectando también muy profundamente a la forma e incluso al contenido de las relaciones de los seres humanos entre sí y de las sociedades en que se integran. El tiempo actual -y en todo caso el siglo XXI, junto con los años finales del XX-, tiene como uno de sus rasgos característicos la revolución que han supuesto las comunicaciones electrónicas. En esa perspectiva, una Administración a la altura de los tiempos en que actúa tiene que acompañar y promover en beneficio de los ciudadanos el uso de las comunicaciones electrónicas. Estos han de ser los primeros y principales beneficiarios del salto, impensable hace sólo unas décadas, que se ha producido en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones electrónicas. Al servicio, pues, del ciudadano la Administración queda obligada a transformarse en una administración electrónica regida por el principio de eficacia que proclama el artículo 103 de nuestra Constitución.

Es en ese contexto en el que las Administraciones deben comprometerse con su época y ofrecer a sus ciudadanos las ventajas y posibilidades que la sociedad de la información tiene, asumiendo su responsabilidad de contribuir a hacer realidad la sociedad de la información. Los técnicos y los científicos han puesto en pie los instrumentos de esta sociedad, pero su generalización depende, en buena medida, del impulso que reciba de las Administraciones Públicas. Depende de la confianza y seguridad que genere en los ciudadanos y depende también de los servicios que ofrezca.

El mejor servicio al ciudadano constituye la razón de la reformas que tras la aprobación de la Constitución se han ido realizando en España para configurar una Administración moderna que haga del principio de eficacia y eficiencia su eje vertebrador siempre con la mira puesta en los ciudadanos. Ese servicio constituye también la principal razón de ser de la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos que trata, además, de estar a la altura de la época actual.

En efecto, la descentralización política del Estado no se agotó en su primer y más inmediato designio de organizar políticamente España de una forma muy diferente al Estado unitario, sino que ha sido ocasión para que la mayor proximidad democrática de los nuevos poderes autonómicos se tradujese también en una mayor proximidad de las Administraciones de ellos dependientes respecto del ciudadano.

En la misma línea se mueve el reconocimiento constitucional de la autonomía local.

No obstante, esa mayor proximidad al ciudadano de la Administración, derivada de la descentralización autonómica y local, no ha acabado de superar la barrera que sigue distanciando todavía al ciudadano de la Administración, de cualquier Administración, incluida la del Estado, y que, muchas veces, no es otra que la barrera que levanta el tiempo y el espacio: el tiempo que hay que dedicar a la relación con aquélla para la realización de muchos trámites de la vida diaria que empiezan a veces por la necesidad de una primera información que exige un desplazamiento inicial, más los sucesivos desplazamientos y tiempo que se dedican a posteriores trámites a hacer con la Administración para las actividades más elementales. Esas primeras barreras potencian, en ocasiones, otras que afectan a la posición servicial de las Administraciones Públicas. Éstas no pueden cumplir siempre su misión atendiendo cualquier cosa que pida un ciudadano, puesto que puede estar en contradicción con los intereses de la mayoría de los demás ciudadanos, con los intereses generales representados por las leyes. Pero en esos casos -en que los intereses generales no coinciden con los intereses individuales- la relación con el ciudadano debe ser, también, lo más rápida y clara posible sin pérdidas de tiempo innecesarias.

En todo caso, esas primeras barreras en las relaciones con la Administración -la distancia a la que hay que desplazarse y el tiempo que es preciso dedicar- hoy día no tienen razón de ser. Las tecnologías de la información y las comunicaciones hacen posible acercar la Administración hasta la sala de estar de los ciudadanos o hasta las oficinas y despachos de las empresas y profesionales. Les permiten relacionarse con ella sin colas ni esperas. E incluso recibir servicios e informaciones ajenos a actividades de intervención administrativa o autorización; informaciones y servicios no relacionados con actuaciones limitadoras, sino al contrario ampliadoras de sus posibilidades. Esas condiciones permiten también a los ciudadanos ver a la Administración como una entidad a su servicio y no como una burocracia pesada que empieza por exigir, siempre y para empezar, el sacrificio del tiempo y del desplazamiento que impone el espacio que separa el domicilio de los ciudadanos y empresas de las oficinas públicas. Pero, además de eso, las nuevas tecnologías de la información facilitan, sobre todo, el acceso a los servicios públicos a aquellas personas que antes tenían grandes dificultades para llegar a las oficinas públicas, por motivos de localización geográfica, de condiciones físicas de movilidad u otros condicionantes, y que ahora se pueden superar por el empleo de las nuevas tecnologías. Se da así un paso trascendental para facilitar, en igualdad de condiciones, la plena integración de estas personas en la vida pública, social, laboral y cultural.

De ello se percató la Ley 30/1992 de 26 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-dimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), que en su primera versión recogió ya en su artículo 45 el impulso al empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, por parte de la Administración al objeto de desarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias y de permitir a los ciudadanos relacionarse con las Administraciones cuando fuese compatible con los «medios técnicos de que dispongan».

Esa previsión, junto con la de la informatización de registros y archivos del artículo 38 de la misma Ley en su versión originaria y, especialmente, en la redacción que le dio la Ley 24/2001 de 27 de diciembre al permitir el establecimiento de registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones por medios telemáticos, abría el paso a la utilización de tales medios para relacionarse con la Administración.

Simultáneamente, la misma Ley 24/2001 modificó el artículo 59 permitiendo la notificación por medios telemáticos si el interesado hubiera señalado dicho medio como preferente o consentido expresamente.

En el mismo sentido destacan las modificaciones realizadas en la Ley General Tributaria para permitir también las notificaciones telemáticas así como el artículo 96 de la nueva Ley General Tributaria de 2003 que prevé expresamente la actuación administrativa automatizada o la imagen electrónica de los documentos.

Sin embargo, el desarrollo de la administración electrónica es todavía insuficiente. La causa en buena medida se debe a que las previsiones de los artículos 38, 45 y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común son facultativas. Es decir, dejan en manos de las propias Administraciones determinar si los ciudadanos van a poder de modo efectivo, o no, relacionarse por medios electrónicos con ellas, según que éstas quieran poner en pie los instrumentos necesarios para esa comunicación con la Administración.

Por ello esta Ley pretende dar el paso del «podrán» por el «deberán».

Las avanzadas para el momento, pero por otra parte prudentes, previsiones legales, muy válidas en 1992 o en 2001, hoy han quedado desfasadas, ante una realidad en que el grado de penetración de ordenadores y el número de personas y entidades con acceso en banda ancha a Internet, con las posibilidades abiertas a otras tecnologías y plataformas, no se corresponden ya con los servicios meramente facultativos que la Ley citada permite y estimula a establecer a las Administraciones.

El servicio al ciudadano exige consagrar su derecho a comunicarse con las Administraciones por medios electrónicos. La contrapartida de ese derecho es la obligación de éstas de dotarse de los medios y sistemas electrónicos para que ese derecho pueda ejercerse. Esa es una de las grandes novedades de la Ley: pasar de la declaración de impulso de los medios electrónicos e informáticos -que se concretan en la práctica en la simple posibilidad de que algunas Administraciones, o algunos de sus órganos, permitan las comunicaciones por medios electrónicos- a que estén obligadas a hacerlo porque la Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a establecer relaciones electrónicas.

La Ley consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para tales Administraciones. El reconocimiento de tal derecho y su correspondiente obligación se erigen así en el eje central del proyecto de Ley.

Pero en torno a dicho eje es preciso abordar muchas otras que contribuyen a definir y concretar el alcance de ese derecho. Así, por ejemplo, tal derecho se hace efectivo de modo real mediante la imposición, al menos en el ámbito de la Administración General del Estado y en los términos de la ley, de la obligación de poner a disposición de ciudadanos y empresas al menos un punto de acceso general a través del cual los usuarios puedan, de forma sencilla, acceder a la información y servicios de su competencia; presentar solicitudes y recursos; realizar el trámite de audiencia cuando proceda; efectuar pagos o acceder a las notificaciones y comunicaciones que les remitan la Administración Pública.

También debe encontrar información en dicho punto de acceso único sobre los servicios multicanal o que le sean ofrecidos por más de un medio, tecnología o plataforma.

II

La Ley se articula a partir de las competencias del Estado que le reconoce el artículo 149.1.18 de la Constitución: «Bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas», por una parte y «procedimiento administrativo común» por otra.

Por otra parte, la regulación estatal, en lo que tiene de básico, deja margen a los desarrollos autonómicos, sin que pueda olvidarse, además, que el objeto de las bases en este caso deben permitir «en todo caso», de acuerdo con este número 18, un «tratamiento común» ante ellas.

En esta perspectiva, la regulación del Estado debe abordar aquellos aspectos en los que es obligado que las previsiones normativas sean comunes, como es el caso de la interoperabilidad, las garantías de las comunicaciones electrónicas, los servicios a los que tienen derecho los ciudadanos, la conservación de las comunicaciones electrónicas y los demás temas que se abordan en la ley para garantizar que el ejercicio del derecho a relacionarse electrónicamente con todas las administraciones forme parte de ese tratamiento común que tienen.

La Ley 30/1992 se limitó a abrir la posibilidad, como se ha dicho, de establecer relaciones telemáticas con las Administración, pero la hora actual demanda otra regulación que garantice, pero ahora de modo efectivo, un tratamiento común de los ciudadanos antes todas las Administraciones: que garantice, para empezar y sobre todo, el derecho a establecer relaciones electrónicas con todas las Administraciones Públicas. Las nuevas realidades, exigencias y experiencias que se han ido poniendo de manifiesto; el propio desarrollo de la sociedad de la información, la importancia que una regulación clara, precisa y común de los derechos de los ciudadanos y el cambio de circunstancias tecnológicas y sociales exige actualizar el contenido, muy diferente al de 1992, de la regulación básica que esté hoy a la altura de las nueva exigencias. Esa regulación común exige, hoy, por ejemplo, reconocer el derecho de los ciudadanos -y no sólo la posibilidad- de acceder mediante comunicaciones electrónicas a la Administración.

III

El reconocimiento general del derecho de acceder electrónicamente a las Administraciones Públicas tiene otras muchas consecuencias a las que hay dar solución y de las que aquí, de forma resumida, se enumeran algunas.

Así, en primer lugar, la progresiva utilización de medios electrónicos suscita la cuestión de la privacidad de unos datos que se facilitan en relación con un expediente concreto pero que, archivados de forma electrónica como consecuencia de su propio modo de transmisión, hacen emerger el problema de su uso no en el mismo expediente en el que es evidente, desde luego, pero, sí la eventualidad de su uso por otros servicios o dependencias de la Administración o de cualquier Administración o en otro expediente. Las normas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal deben bastar, y no se trata de hacer ninguna innovación al respecto, pero sí de establecer previsiones que garanticen la utilización de los datos obtenidos de las comunicaciones electrónicas para el fin preciso para el que han sido remitidos a la Administración.

Por otra parte, los interesados en un procedimiento tienen derecho de acceso al mismo y ver los documentos. Lo mismo debe suceder, como mínimo, en un expediente iniciado electrónicamente o tramitado de esta forma. Dicho expediente debe poder permitir el acceso en línea a los interesados para verificar la situación del expediente, sin mengua de todas las garantías de la privacidad.

En todo caso, la progresiva utilización de comunicaciones electrónicas, derivada del reconocimiento del derecho a comunicarse electrónicamente con la Administración, suscita la cuestión no ya de la adaptación de ésta -recursos humanos y materiales- a una nueva forma de relacionarse con los ciudadanos, sino también la cuestión de la manera de adaptar sus formas de actuación y tramitación de los expedientes y en general adaptar los procedimientos a la nueva realidad que imponen las nuevas tecnologías.

El hecho de reconocer el derecho de los ciudadanos a comunicarse electrónicamente con la Administración plantea, en primer lugar, la necesidad de definir claramente la «sede» administrativa electrónica con la que se establecen las relaciones, promoviendo un régimen de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad. Exige también abordar la definición a los efectos de la Ley de una serie de términos y conceptos cuyo uso habitual obliga en un contexto de comunicaciones electrónicas a efectuar muchas precisiones. Tal sucede con la definición de expediente electrónico y de documento electrónico; de los registros electrónicos y de las notificaciones electrónicas o del alcance y sistemas de sellados de tiempo.

La consagración de ese derecho de los ciudadanos a comunicarse electrónicamente con la Administración suscita, también, por ejemplo, la cuestión de la forma de utilizar y archivar dichas comunicaciones. Y lo plantea tanto en lo que podría considerarse la formación del expediente o el archivo de oficina -el vinculado a la tramitación de los expedientes-, como en lo que se refiere al archivo de los expedientes ya tramitados.

En cuanto al funcionamiento interno de la Administración, las nuevas tecnologías permiten oportunidades de mejora (eficiencia y reducción de costes) que hacen ineludible la consideración de las formas de tramitación electrónica, tanto para la tramitación electrónica de expedientes, como para cualquier otra actuación interna de la Administración, expandiéndolas gradualmente con el objetivo del año 2009.

Ciertamente, el uso de medios electrónicos no puede significar merma alguna del derecho del interesado en un expediente a acceder al mismo en la forma tradicional, así como tampoco puede suponer un freno o un retraso para que la Administración internamente adopte los mecanismos más adecuados, en este caso medios electrónicos, que le permitan mejorar procesos y reducir el gasto público. Conjugar ambos requerimientos es posible gracias a las medidas de la política de fomento de desarrollo de la Sociedad de la Información que se vienen impulsando en los últimos años. En este sentido la Administración debe incorporar las nuevas tecnologías a su funcionamiento interno y, simultáneamente, se debe garantizar que aquellos ciudadanos que por cualquier motivo (no disponibilidad de acceso a las nuevas tecnologías o falta de formación) no puedan acceder electrónicamente a la Administración Pública, dispongan de los medios adecuados para seguir comunicándose con la Administración con los mismos derechos y garantías. La solución a ese doble objetivo pasa por la formación del personal al servicio de la Administración que atiende al público para que hagan posible la comunicación de estos ciudadanos con la administración electrónica, así como por la disponibilidad de puntos de acceso electrónico públicos en sedes administrativas. O también, desde luego, establecer las previsiones generales que sean garantía de los derechos de los ciudadanos y de un tratamiento igual ante todas las Administraciones en todos esos supuestos.

En segundo lugar es necesario regular la validez de los documentos y sus copias y la forma de que el documento electrónico opere con plena validez en modo convencional y, en su caso, la forma en que los documentos convencionales se transformen en documentos electrónicos.

Otra cuestión que se aborda es la de las plataformas que pueden utilizar los ciudadanos o las propias Administraciones para establecer tales comunicaciones electrónicas. El ordenador e Internet puede ser una vía, pero no es desde luego la única; las comunicaciones vía SMS pueden ser otra forma de actuación que en algunas Administraciones están siendo ya utilizadas. La Televisión Digital Terrestre, por ejemplo, abre también posibilidades con las que hay también que contar. La Ley no puede limitarse a regular el uso de los canales electrónicos disponibles hoy en día, ya que la gran velocidad en el desarrollo de las tecnologías de la información hacen posible la aparición de nuevos instrumentos electrónicos que pudieran aplicarse para la administración electrónica en muy poco tiempo, siendo necesario generalizar la regulación de estos canales.

La Ley debe partir del principio de libertad de los ciudadanos en la elección de la vía o canal por el que quieren comunicarse con la Administración, si bien cada tecnología puede ser apta para una función en razón de sus características y de la fiabilidad y seguridad de sus comunicaciones.

IV

Debe recordarse que el impulso de una administración electrónica supone también dar respuesta a los compromisos comunitarios y a las iniciativas europeas puestas en marcha a partir de Consejo Europeo de Lisboa y Santa Maria da Feira, continuado con sucesivas actuaciones hasta la actual comunicación de la Comisión «i2010: Una Sociedad de la Información Europea para el crecimiento y el empleo».

El impulso comunitario a la iniciativa e-Europa da la máxima importancia al desarrollo de la administración electrónica, buscando aprovechar todas las posibilidades de las nuevas tecnologías como un factor determinante del futuro económico de Europa.

En estos años de vigencia de la iniciativa e-Europa el ámbito de actuación de la administración electrónica ha crecido considerablemente en sucesivas revisiones, hasta llegar a noviembre de 2005, cuando, tras la publicación de la comunicación relativa a i2010 se aprobó, en la Cumbre de Manchester, una resolución ministerial, con objetivos concretos para el desarrollo de la administración electrónica en la Unión. Tras esta resolución se aprobó el Plan de Acción sobre administración electrónica i2010, en la que se señala que los éxitos de la administración electrónica son ya claramente visibles en varios países de la UE, estimando en 50.000 millones de euros el ahorro anual en toda la Unión que una implantación generalizada de ella podría generar.

Asimismo, el 12 de diciembre de 2006, y con objeto de avanzar en la consecución del objetivo fijado por el Consejo Europeo de Lisboa, se aprobó la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior.

Esta Directiva establece, entre otras obligaciones para los Estados miembros, la de facilitar por medios electrónicos acceso a los trámites relacionados con las actividades de servicios y a la información de interés tanto para los prestadores como para los destinatarios de los mismos.

Por ello, y dada la analogía de esta finalidad con el objetivo de esta Ley, se realiza en la misma una referencia expresa a la información y trámites relacionados con las actividades de servicios, de forma que los artículos 6, 7 y 8 de la Directiva pueden considerarse traspuestos por esta Ley.

Por otra parte, en el contexto internacional, también otros organismos se han interesado en la administración electrónica como forma de activar la economía y mejorar el gobierno de los países como es el caso de la OCDE, que publicó en 2004 un estudio con un título casi autodescriptivo: «La administración electrónica: Un imperativo», donde resalta los ahorros que la administración electrónica puede generar al permitirles aumentar su eficacia.

También el Consejo de Europa, desde una perspectiva más social, está analizando la administración electrónica como un motor de desarrollo. En diciembre de 2004 el Comité de Ministros adoptó una recomendación donde se señala que la administración electrónica no es asunto meramente técnico, sino de gobernanza democrática.

V

En este contexto, una Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas se justifica en la creación de un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de estas tecnologías. Y el principal reto que tiene la implantación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la sociedad en general y en la Administración en particular es la generación de confianza suficiente que elimine o minimice los riesgos asociados a su utilización. La desconfianza nace de la percepción, muchas veces injustificada, de una mayor fragilidad de la información en soporte electrónico, de posibles riesgos de pérdida de privacidad y de la escasa transparencia de estas tecnologías.

Por otro lado, la legislación debe proclamar y erigirse sobre un principio fundamental como es la conservación de las garantías constitucionales y legales a los derechos de los ciudadanos y en general de las personas que se relacionan con la Administración Pública, cuya exigencia se deriva del artículo 18.4 CE, al encomendar a la ley la limitación del uso de la informática para preservar el ejercicio de los derechos constitucionales. Esta conservación exige afirmar la vigencia de los derechos fundamentales no sólo como límite, sino como vector que orienta esta reforma legislativa de acuerdo con el fin promocional consagrado en el artículo 9.2 de nuestro texto fundamental, así como recoger aquellas peculiaridades que exigen la aplicación segura de estas tecnologías. Estos derechos deben completarse con otros exigidos por el nuevo soporte electrónico de relaciones, entre los que debe estar el derecho al uso efectivo de estos medios para el desarrollo de las relaciones de las personas con la Administración. Las anteriores consideraciones cristalizan en un Estatuto del ciudadano frente a la administración electrónica que recoge un elenco no limitativo de las posiciones del ciudadano en sus relaciones con las Administraciones Públicas, así como las garantías específicas para su efectividad.

Con este fin, la Ley crea la figura del Defensor del Usuario, que atenderá las quejas y realizará las sugerencias y propuestas pertinentes para mejorar las relaciones de ciudadanos en su trato con las Administraciones Públicas por medios electrónicos.

De otro lado, merece subrayarse el papel de vanguardia que corresponde a nuestras empresas en el desarrollo de una verdadera sociedad de la información y, por ende, de una Administración accesible electrónicamente. No en vano, la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC's) en el día a día de la empresa, necesaria en virtud de las exigencias del entorno abierto y altamente competitivo en que operan, ha sido y es palanca impulsora para el desarrollo y creciente incorporación de esas mismas tecnologías en el actuar administrativo. Al mismo tiempo, representa una ayuda insustituible para favorecer la expansión de la «cultura electrónica» entre los trabajadores-ciudadanos.

Las empresas pueden, en tal sentido, desempeñar un papel coadyuvante clave para la consecución de los objetivos pretendidos por esta Ley. Las razones apuntadas aconsejan un tratamiento específico de aquellos procedimientos y gestiones que de forma más intensa afectan al desarrollo de la actividad empresarial.

A todo ello se debe la aprobación de esta Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en la que se incluyen las siguientes materias con la estructura que se recoge en los siguientes apartados.

VI

La Ley se estructura en cinco títulos, seis disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una derogatoria y ocho finales.

En el Título Preliminar se definen el objeto y finalidades de la ley, los principios generales a los que se ajusta, así como su ámbito de aplicación. Debe destacarse el carácter básico de la ley en los términos establecidos en la disposición final primera, siendo por tanto de aplicación a todas las Administraciones Públicas los artículos referidos en dicha disposición final.

La Ley establece entre otros, el principio de igualdad, para que la utilización de comunicaciones electrónicas con las Administraciones Públicas no implique una discriminación para los ciudadanos que se relacionen con la Administración por medios no electrónicos.

En el Título Primero están recogidos los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos. Para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, se establece la obligación de las Administraciones de habilitar diferentes canales o medios para la prestación de los servicios electrónicos.

Asimismo, se establece la obligación de cada Administración de facilitar a las otras Administraciones los datos de los interesados que se le requieran y obren en su poder, en la tramitación de un procedimiento, siempre que el interesado preste su consentimiento expreso, el cual podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos, al objeto de que los ciudadanos no deban aportar datos y documentos que están en poder de las Administraciones Públicas.

Para velar por la efectividad de los derechos reconocidos a los ciudadanos se prevé, en el ámbito de la Administración General del Estado, la actuación de las Inspecciones Generales de Servicios de los Departamentos Ministeriales y del Defensor del usuario.

En el Título Segundo se regula el régimen jurídico de la administración electrónica. Por una parte, su Capítulo Primero se dedica a la sede electrónica, como dirección electrónica cuya gestión y administración corresponde a una Administración Pública funcionando con plena responsabilidad respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que puede accederse a través de la misma. En la normativa de desarrollo de la Ley, cada Administración determinará los instrumentos de creación de las sedes electrónicas.

En su Capítulo Segundo se regulan las formas de identificación y autenticación, tanto de los ciudadanos como de los órganos administrativos en el ejercicio de sus competencias, siendo destacable que se habilitan distintos instrumentos de acreditación, que se concretarán en la normativa aplicable a cada supuesto con criterios de proporcionalidad. El Documento Nacional de Identidad electrónico está habilitado con carácter general para todas las relaciones con las Administraciones Públicas, y por ello se impulsará como fórmula para extender el uso general de la firma electrónica. También se establece la obligación para cualquier Administración de admitir los certificados electrónicos reconocidos en el ámbito de la Ley de Firma Electrónica.

Interesa también destacar sobre esta cuestión, y con objeto de evitar la brecha digital, la posibilidad de que sean funcionarios públicos quienes acrediten la voluntad de los ciudadanos, siguiendo el procedimiento establecido, para sus relaciones electrónicas con la Administración.

En el Capítulo Tercero se regulan los registros, comunicaciones y notificaciones electrónicas. La principal novedad a este respecto es la nueva regulación de los registros electrónicos, de manera que puedan convertirse en un instrumento que se libere de la rigidez actual y sirvan para la presentación de cualquier escrito o solicitud ante las Administraciones Públicas.

La Ley regula las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos con las Administraciones y de éstas entre sí, para aunar los criterios de agilidad y de seguridad jurídica. En el Capítulo Cuarto, sobre los documentos y archivos electrónicos, se establecen las condiciones para reconocer la validez de un documento electrónico, se regula todo el sistema de copias electrónicas, tanto las realizadas a partir de documentos emitidos originariamente en papel, como las copias de documentos que ya estuvieran en soporte electrónico y las condiciones para realizar en soporte papel copia de originales emitidos por medios electrónicos, o viceversa.

El Título Tercero trata de la gestión electrónica de los procedimientos, desarrolla la regulación de los procedimientos administrativos utilizando medios electrónicos y los criterios a seguir en la gestión electrónica, guardando un cierto paralelismo con la regulación que encontramos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así, se regula la iniciación, instrucción y terminación de procedimientos por medios electrónicos.

En este Título cabe hacer especial referencia a la obligación que se establece para las Administraciones Públicas de poner a disposición de los usuarios información por medios electrónicos sobre el estado de tramitación de los procedimientos, tanto para los gestionados en su totalidad por medios electrónicos como para el resto de procedimientos.

El Título Cuarto está dedicado a la Cooperación entre Administraciones para el impulso de la administración electrónica. En él se establecen el órgano de cooperación en esta materia de la Administración General del Estado con los de las Comunidades Autónomas y con la Administración Local, y se determinan los principios para garantizar la interoperabilidad de sistemas de información así como las bases para impulsar la reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnologías entre Administraciones.

La Ley consta, por último, de seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y ocho finales entre las que presenta especial relevancia la disposición final primera en la que se citan los preceptos de la ley que tienen carácter básico al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución.

Especial interés tiene también la disposición final tercera, pues con independencia de la fecha de entrada en vigor de la Ley, en ella se señalan las fechas para la efectividad plena del derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, estableciendo los plazos que se consideran adecuados para llevar a cabo las necesarias actuaciones previas de adecuación por parte de las distintas Administraciones Públicas.

Redactado el apartado VI, primer párrafo conforme a la corrección de erratas publicada en BOE núm. 158, de 3 de julio de 2007. Ref. BOE-A-2007-12871

TÍTULO PRELIMINAR

Del ámbito de aplicación y los principios generales

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. La presente Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica.

2. Las Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de la información de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. La presente Ley, en los términos expresados en su disposición final primera, será de aplicación:

  1. A las Administraciones Públicas, entendiendo por tales la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las mismas.
  2. A los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
  3. A las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas.

2. La presente Ley no será de aplicación a las Administraciones Públicas en las actividades que desarrollen en régimen de derecho privado.

Artículo 3. Finalidades de la Ley.

Son fines de la presente Ley:

1. Facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por medios electrónicos.

2. Facilitar el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la información y al procedimiento administrativo, con especial atención a la eliminación de las barreras que limiten dicho acceso.

3. Crear las condiciones de confianza en el uso de los medios electrónicos, estableciendo las medidas necesarias para la preservación de la integridad de los derechos fundamentales, y en especial los relacionados con la intimidad y la protección de datos de carácter personal, por medio de la garantía de la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos.

4. Promover la proximidad con el ciudadano y la transparencia administrativa, así como la mejora continuada en la consecución del interés general.

5. Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las Administraciones Públicas, incrementando la eficacia y la eficiencia de las mismas mediante el uso de las tecnologías de la información, con las debidas garantías legales en la realización de sus funciones.

6. Simplificar los procedimientos administrativos y proporcionar oportunidades de participación y mayor transparencia, con las debidas garantías legales.

7. Contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito de las Administraciones Públicas y en la sociedad en general.

Artículo 4. Principios generales.

La utilización de las tecnologías de la información tendrá las limitaciones establecidas por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, respetando el pleno ejercicio por los ciudadanos de los derechos que tienen reconocidos, y ajustándose a los siguientes principios:

  1. El respeto al derecho a la protección de datos de carácter personal en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de los Datos de Carácter Personal, en las demás leyes específicas que regulan el tratamiento de la información y en sus normas de desarrollo, así como a los derechos al honor y a la intimidad personal y familiar.
  2. Principio de igualdad con objeto de que en ningún caso el uso de medios electrónicos pueda implicar la existencia de restricciones o discriminaciones para los ciudadanos que se relacionen con las Administraciones Públicas por medios no electrónicos, tanto respecto al acceso a la prestación de servicios públicos como respecto a cualquier actuación o procedimiento administrativo sin perjuicio de las medidas dirigidas a incentivar la utilización de los medios electrónicos.
  3. Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos en los términos establecidos por la normativa vigente en esta materia, a través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal y el diseño para todos de los soportes, canales y entornos con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran.
  4. Principio de legalidad en cuanto al mantenimiento de la integridad de las garantías jurídicas de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas establecidas en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  5. Principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos por las Administraciones Públicas al objeto de garantizar tanto la interoperabilidad de los sistemas y soluciones adoptados por cada una de ellas como, en su caso, la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos. En particular, se garantizará el reconocimiento mutuo de los documentos electrónicos y de los medios de identificación y autenticación que se ajusten a lo dispuesto en la presente Ley.
  6. Principio de seguridad en la implantación y utilización de los medios electrónicos por las Administraciones Públicas, en cuya virtud se exigirá al menos el mismo nivel de garantías y seguridad que se requiere para la utilización de medios no electrónicos en la actividad administrativa.
  7. Principio de proporcionalidad en cuya virtud sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones. Asimismo sólo se requerirán a los ciudadanos aquellos datos que sean estrictamente necesarios en atención a la finalidad para la que se soliciten.
  8. Principio de responsabilidad y calidad en la veracidad y autenticidad de las informaciones y servicios ofrecidos por las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos.
  9. Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las técnicas y sistemas de comunicaciones electrónicas garantizando la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos y por las Administraciones Públicas, así como la libertad de desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A estos efectos las Administraciones Públicas utilizarán estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
  10. Principio de simplificación administrativa, por el cual se reduzcan de manera sustancial los tiempos y plazos de los procedimientos administrativos, logrando una mayor eficacia y eficiencia en la actividad administrativa.
  11. Principio de transparencia y publicidad del procedimiento, por el cual el uso de medios electrónicos debe facilitar la máxima difusión, publicidad y transparencia de las actuaciones administrativas.

Artículo 5. Definiciones.

A efectos de la presente ley, los términos que en ellas se emplean tendrán el sentido que se establece en su anexo.

TÍTULO PRIMERO

Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos

Artículo 6. Derechos de los ciudadanos.

1. Se reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.

2. Además, los ciudadanos tienen en relación con la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa, y en los términos previstos en la presente Ley, los siguientes derechos:

  1. A elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas.
  2. A no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.
  3. A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Públicas.
  4. A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa de aplicación establezca restricciones al acceso a la información sobre aquéllos.
  5. A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de interesado.
  6. A la conservación en formato electrónico por las Administraciones Públicas de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente.
  7. A obtener los medios de identificación electrónica necesarios, pudiendo las personas físicas utilizar en todo caso los sistemas de firma electrónica del Documento Nacional de Identidad para cualquier trámite electrónico con cualquier Administración Pública.
  8. A la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos en el ámbito de las Administraciones Públicas.
  9. A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
  10. A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.
  11. A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones Públicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

3. En particular, en los procedimientos relativos al acceso a una actividad de servicios y su ejercicio, los ciudadanos tienen derecho a la realización de la tramitación a través de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, y a la obtención de la siguiente información a través de medios electrónicos, que deberá ser clara e inequívoca:

  1. Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en territorio español, en especial los relativos a los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicio y para su ejercicio.
  2. Los datos de las autoridades competentes en las materias relacionadas con las actividades de servicios, así como los datos de las asociaciones y organizaciones distintas de las autoridades competentes a las que los prestadores o destinatarios puedan dirigirse para obtener asistencia o ayuda.
  3. Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a prestadores de actividades de servicios.
  4. Las vías de reclamación y recurso en caso de litigio entre las autoridades competentes y el prestador o el destinatario, o entre un prestador y un destinatario, o entre prestadores.

Se modifica el apartado 3 por el art. 3.1 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-20725

Artículo 7. Defensa de los derechos de los ciudadanos.

1. En la Administración General del Estado, se crea la figura del Defensor del usuario de la administración electrónica, que velará por la garantía de los derechos reconocidos a los ciudadanos en la presente Ley, sin perjuicio de las competencias atribuidas en este ámbito a otros órganos o entidades de derecho público. Será nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas entre personas de reconocido prestigio en la materia. Estará integrado en el Ministerio de Administraciones Públicas y desarrollará sus funciones con imparcialidad e independencia funcional.

2. El Defensor del usuario de la administración electrónica elaborará, con carácter anual, un informe que se elevará al Consejo de Ministros y se remitirá al Congreso de los Diputados. Dicho informe contendrá un análisis de las quejas y sugerencia recibidas así como la propuesta de las actuaciones y medidas a adoptar en relación con lo previsto en el apartado 1 de este artículo.

3. Para el ejercicio de sus funciones, el Defensor del usuario de la administración electrónica contará con los recursos de la Administración General del Estado con la asistencia que, a tal efecto, le presten las Inspecciones Generales de los Servicios de los Departamentos ministeriales y la Inspección General de Servicios de la Administración Pública. En particular, las Inspecciones de los Servicios le asistirán en la elaboración del informe al que se refiere el apartado anterior y le mantendrán permanentemente informado de las quejas y sugerencias que se reciban en relación con la prestación de servicios públicos a través de medios electrónicos. A estos efectos, la Comisión Coordinadora de las Inspecciones generales de servicios de los departamentos ministeriales realizará, en este ámbito, las funciones de coordinación que tiene legalmente encomendadas.

4. Reglamentariamente se determinará el estatuto del Defensor del usuario de la administración electrónica, así como la regulación de sus relaciones con los órganos a los que se refiere el apartado anterior de este artículo.

Artículo 8. Garantía de prestación de servicios y disposición de medios e instrumentos electrónicos.

1. Las Administraciones Públicas deberán habilitar diferentes canales o medios para la prestación de los servicios electrónicos, garantizando en todo caso el acceso a los mismos a todos los ciudadanos, con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos, en la forma que estimen adecuada.

2. La Administración General del Estado garantizará el acceso de todos los ciudadanos a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito a través de un sistema de varios canales que cuente, al menos, con los siguientes medios:

  1. Las oficinas de atención presencial que se determinen, las cuales pondrán a disposición de los ciudadanos de forma libre y gratuita los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos reconocidos en el artículo 6 de esta Ley, debiendo contar con asistencia y orientación sobre su utilización, bien a cargo del personal de las oficinas en que se ubiquen o bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento.
  2. Puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes electrónicas creadas y gestionadas por los departamentos y organismos públicos y disponibles para los ciudadanos a través de redes de comunicación. En particular se creará un Punto de acceso general a través del cual los ciudadanos puedan, en sus relaciones con la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, acceder a toda la información y a los servicios disponibles. Este Punto de acceso general contendrá la relación de servicios a disposición de los ciudadanos y el acceso a los mismos, debiendo mantenerse coordinado, al menos, con los restantes puntos de acceso electrónico de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
  3. Servicios de atención telefónica que, en la medida en que los criterios de seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a los ciudadanos el acceso a las informaciones y servicios electrónicos a los que se refieren los apartados anteriores.

Artículo 9. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.

1. Para un eficaz ejercicio del derecho reconocido en el apartado 6.2.b), cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder y se encuentren en soporte electrónico, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.

2. La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a aquellos que son requeridos a los ciudadanos por las restantes Administraciones para la tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos. El acceso a los datos de carácter personal estará, además, condicionado al cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 6.2.b) de la presente Ley.

TÍTULO SEGUNDO

Régimen jurídico de la administración electrónica

CAPÍTULO I

De la sede electrónica

Artículo 10. La sede electrónica.

1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias.

2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.

3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.

4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.

5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

Artículo 11. Publicaciones electrónicas de Boletines Oficiales.

1. La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano o Entidad competente tendrá, en las condiciones y garantías que cada Administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa.

2. La publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del organismo competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables.

Artículo 12. Publicación electrónica del tablón de anuncios o edictos.

La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deban publicarse en tablón de anuncios o edictos podrá ser sustituida o complementada por su publicación en la sede electrónica del organismo correspondiente.

CAPÍTULO II

De la identificación y autenticación
Sección 1.ª Disposiciones comunes

Artículo 13. Formas de identificación y autenticación.

1. Las Administraciones Públicas admitirán, en sus relaciones por medios electrónicos, sistemas de firma electrónica que sean conformes a lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica y resulten adecuados para garantizar la identificación de los participantes y, en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos.

2. Los ciudadanos podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica para relacionarse con las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que cada Administración determine:

  1. En todo caso, los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas.
  2. Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por las Administraciones Públicas.
  3. Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se determinen.

3. Las Administraciones Públicas podrán utilizar los siguientes sistemas para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan:

  1. Sistemas de firma electrónica basados en la utilización de certificados de dispositivo seguro o medio equivalente que permita identificar la sede electrónica y el establecimiento con ella de comunicaciones seguras.
  2. Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.
  3. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
  4. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme a lo específicamente acordado entre las partes.

 

Sección 2.ª Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación

Artículo 14. Utilización del Documento Nacional de Identidad.

Las personas físicas podrán, en todo caso y con carácter universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad en su relación por medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El régimen de utilización y efectos de dicho documento se regirá por su normativa reguladora.

Artículo 15. Utilización de sistemas de firma electrónica avanzada.

1. Los ciudadanos, además de los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, referidos en el artículo 14, podrán utilizar sistemas de firma electrónica avanzada para identificarse y autenticar sus documentos.

2. La relación de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos, con carácter general, en el ámbito de cada Administración Pública, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Dicha relación incluirá, al menos, información sobre los elementos de identificación utilizados así como, en su caso, las características de los certificados electrónicos admitidos, los prestadores que los expiden y las especificaciones de la firma electrónica que puede realizarse con dichos certificados.

3. Los certificados electrónicos expedidos a Entidades sin personalidad jurídica, previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica podrán ser admitidos por las Administraciones Públicas en los términos que estas determinen.

Artículo 16. Utilización de otros sistemas de firma electrónica.

1. Las Administraciones Públicas podrán determinar, teniendo en cuenta los datos e intereses afectados, y siempre de forma justificada, los supuestos y condiciones de utilización por los ciudadanos de otros sistemas de firma electrónica, tales como claves concertadas en un registro previo, aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos.

2. En aquellos supuestos en los que se utilicen estos sistemas para confirmar información, propuestas o borradores remitidos o exhibidos por una Administración Pública, ésta deberá garantizar la integridad y el no repudio por ambas partes de los documentos electrónicos concernidos.

3. Cuando resulte preciso, las Administraciones Públicas certificarán la existencia y contenido de las actuaciones de los ciudadanos en las que se hayan usado formas de identificación y autenticación a que se refiere este artículo.

 

Sección 3.ª Identificación electrónica de las administraciones públicas y autenticación del ejercicio de su competencia

Artículo 17. Identificación de las sedes electrónicas.

Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, sistemas de firma electrónica basados en certificados de dispositivo seguro o medio equivalente.

Artículo 18. Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.

1. Para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica:

  1. Sello electrónico de Administración Pública, órgano o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
  2. Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano o entidad y, en su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.

2. Los certificados electrónicos a los que se hace referencia en el apartado 1.a) incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, pudiendo contener la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos.

3. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos.

Artículo 19. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 17 y 18, la identificación y autenticación del ejercicio de la competencia de la Administración Pública, órgano o entidad actuante, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del personal a su servicio, de acuerdo con lo dispuesto en los siguientes apartados.

2. Cada Administración Pública podrá proveer a su personal de sistemas de firma electrónica, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios.

3. La firma electrónica basada en el Documento Nacional de Identidad podrá utilizarse a los efectos de este artículo.

Artículo 20. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación.

1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos y entidades de derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar.

3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas administraciones, las condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante convenio.

4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan.

 

Sección 4.ª De la interoperabilidad y de la acreditación y representación de los ciudadanos

Artículo 21. Interoperabilidad de la identificación y autenticación por medio de certificados electrónicos.

1. Los certificados electrónicos reconocidos emitidos por prestadores de servicios de certificación serán admitidos por las Administraciones Públicas como válidos para relacionarse con las mismas, siempre y cuando el prestador de servicios de certificación ponga a disposición de las Administraciones Públicas la información que sea precisa en condiciones que resulten tecnológicamente viables y sin que suponga coste alguno para aquellas.

2. Los sistemas de firma electrónica utilizados o admitidos por alguna Administración Pública distintos de los basados en los certificados a los que se refiere el apartado anterior podrán ser asimismo admitidos por otras Administraciones, conforme a principios de reconocimiento mutuo y reciprocidad.

3. La Administración General del Estado dispondrá, al menos, de una plataforma de verificación del estado de revocación de todos los certificados admitidos en el ámbito de las Administraciones Públicas que será de libre acceso por parte de todos los Departamentos y Administraciones. Cada Administración Pública podrá disponer de los mecanismos necesarios para la verificación del estado de revocación y la firma con los certificados electrónicos admitidos en su ámbito de competencia.

Artículo 22. Identificación y autenticación de los ciudadanos por funcionario público.

1. En los supuestos en que para la realización de cualquier operación por medios electrónicos se requiera la identificación o autenticación del ciudadano mediante algún instrumento de los previstos en el artículo 13 de los que aquel no disponga, tal identificación o autenticación podrá ser validamente realizada por funcionarios públicos mediante el uso del sistema de firma electrónica del que estén dotados.

2. Para la eficacia de lo dispuesto en el apartado anterior, el ciudadano deberá identificarse y prestar su consentimiento expreso, debiendo quedar constancia de ello para los casos de discrepancia o litigio.

3. Cada Administración Pública mantendrá actualizado un registro de los funcionarios habilitados para la identificación o autenticación regulada en este artículo.

Artículo 23. Formas de Representación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.2, las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación.

CAPÍTULO III

De los registros, las comunicaciones y las notificaciones electrónicas
Sección 1.ª De los Registros

Artículo 24. Registros electrónicos.

1. Las Administraciones Públicas crearán registros electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

2. Los registros electrónicos podrán admitir:

  1. Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos.
  2. Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados en el apartado anterior dirigido a cualquier órgano o entidad del ámbito de la administración titular del registro.

3. En cada Administración Pública existirá, al menos, un sistema de registros electrónicos suficiente para recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a dicha Administración Pública. Las Administraciones Públicas podrán, mediante convenios de colaboración, habilitar a sus respectivos registros para la recepción de las solicitudes, escritos y comunicaciones de la competencia de otra Administración que se determinen en el correspondiente convenio.

4. En el ámbito de la Administración General del Estado se automatizarán las oficinas de registro físicas a las que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de garantizar la interconexión de todas sus oficinas y posibilitar el acceso por medios electrónicos a los asientos registrales y a las copias electrónicas de los documentos presentados.

Artículo 25. Creación y funcionamiento.

1. Las disposiciones de creación de registros electrónicos se publicarán en el Diario Oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles a los efectos previstos en el artículo siguiente.

2. En la sede electrónica de acceso al registro figurará la relación actualizada de las solicitudes, escritos y comunicaciones a las que se refiere el apartado 2.a) del artículo anterior que pueden presentarse en el mismo así como, en su caso, la posibilidad de presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones a los que se refiere el apartado 2.b) de dicho artículo.

3. Los registros electrónicos emitirán automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del escrito, solicitud o comunicación de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro.

4. Podrán aportarse documentos que acompañen a la correspondiente solicitud, escrito o comunicación, siempre que cumplan los estándares de formato y requisitos de seguridad que se determinen en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad. Los registros electrónicos generarán recibos acreditativos de la entrega de estos documentos que garanticen la integridad y el no repudio de los documentos aportados.

Artículo 26. Cómputo de plazos.

1. Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de los plazos imputables tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.

2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.

3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

4. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b del artículo 24, por la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, solicitud o comunicación.

5. Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electrónico determinará, atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquella, los días que se considerarán inhábiles a los efectos de los apartados anteriores. En todo caso, no será de aplicación a los registros electrónicos lo dispuesto en el artículo 48.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 

Sección 2.ª De las comunicaciones y las notificaciones electrónicas

Artículo 27. Comunicaciones electrónicas.

1. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con las Administraciones Públicas, sea o no por medios electrónicos, excepto en aquellos casos en los que de una norma con rango de Ley se establezca o infiera la utilización de un medio no electrónico. La opción de comunicarse por unos u otros medios no vincula al ciudadano, que podrá, en cualquier momento, optar por un medio distinto del inicialmente elegido.

2. Las Administraciones Públicas utilizarán medios electrónicos en sus comunicaciones con los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o consentido expresamente. La solicitud y el consentimiento podrán, en todo caso, emitirse y recabarse por medios electrónicos.

3. Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de las mismas.

4. Las Administraciones publicarán, en el correspondiente Diario Oficial y en la propia sede electrónica, aquellos medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en cada supuesto en el ejercicio de su derecho a comunicarse con ellas.

5. Los requisitos de seguridad e integridad de las comunicaciones se establecerán en cada caso de forma apropiada al carácter de los datos objeto de aquellas, de acuerdo con criterios de proporcionalidad, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

6. Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

7. Las Administraciones Públicas utilizarán preferentemente medios electrónicos en sus comunicaciones con otras Administraciones Públicas. Las condiciones que regirán estas comunicaciones se determinarán entre las Administraciones Públicas participantes.

Artículo 28. Práctica de la notificación por medios electrónicos.

1. Para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido su utilización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.6. Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento citados anteriormente podrán emitirse y recabarse, en todo caso, por medios electrónicos.

2. El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.

3. Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común y normas concordantes, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

4. Durante la tramitación del procedimiento el interesado podrá requerir al órgano correspondiente que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, utilizándose los demás medios admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, excepto en los casos previstos en el artículo 27.6 de la presente Ley.

5. Producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia el acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas correspondientes, siempre que quede constancia de dichos acceso.

CAPÍTULO IV

De los documentos y los archivos electrónicos

Artículo 29. Documento administrativo electrónico.

1. Las Administraciones Públicas podrán emitir validamente por medios electrónicos los documentos administrativos a los que se refiere el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que incorporen una o varias firmas electrónicas conforme a lo establecido en la Sección 3.ª del Capítulo II de la presente Ley.

2. Los documentos administrativos incluirán referencia temporal, que se garantizará a través de medios electrónicos cuando la naturaleza del documento así lo requiera.

3. La Administración General del Estado, en su relación de prestadores de servicios de certificación electrónica, especificará aquellos que con carácter general estén admitidos para prestar servicios de sellado de tiempo.

Artículo 30. Copias electrónicas.

1. Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos emitidos por el propio interesado o por las Administraciones Públicas, manteniéndose o no el formato original, tendrán inmediatamente la consideración de copias auténticas con la eficacia prevista en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que el documento electrónico original se encuentre en poder de la Administración, y que la información de firma electrónica y, en su caso, de sellado de tiempo permitan comprobar la coincidencia con dicho documento.

2. Las copias realizadas por las Administraciones Públicas, utilizando medios electrónicos, de documentos emitidos originalmente por las Administraciones Públicas en soporte papel tendrán la consideración de copias auténticas siempre que se cumplan los requerimientos y actuaciones previstas en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Las Administraciones Públicas podrán obtener imágenes electrónicas de los documentos privados aportados por los ciudadanos, con su misma validez y eficacia, a través de procesos de digitalización que garanticen su autenticidad, integridad y la conservación del documento imagen, de lo que se dejará constancia. Esta obtención podrá hacerse de forma automatizada, mediante el correspondiente sello electrónico.

4. En los supuestos de documentos emitidos originalmente en soporte papel de los que se hayan efectuado copias electrónicas de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, podrá procederse a la destrucción de los originales en los términos y con las condiciones que por cada Administración Pública se establezcan.

5. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos administrativos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora.

Artículo 31. Archivo electrónico de documentos.

1. Podrán almacenarse por medios electrónicos todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas.

2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.

3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.

Artículo 32. Expediente electrónico.

1. El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan.

2. El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmado por la Administración, órgano o entidad actuante, según proceda. Este índice garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.

3. La remisión de expedientes podrá ser sustituida a todos los efectos legales por la puesta a disposición del expediente electrónico, teniendo el interesado derecho a obtener copia del mismo.

TÍTULO TERCERO

De la gestión electrónica de los procedimientos

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes

Artículo 33. Utilización de medios electrónicos.

1. La gestión electrónica de la actividad administrativa respetará la titularidad y el ejercicio de la competencia por la Administración Pública, órgano o entidad que la tenga atribuida y el cumplimiento de los requisitos formales y materiales establecidos en las normas que regulen la correspondiente actividad. A estos efectos, y en todo caso bajo criterios de simplificación administrativa, se impulsará la aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo y la gestión de los procedimientos y de la actuación administrativa.

2. En la aplicación de medios electrónicos a la actividad administrativa se considerará la adecuada dotación de recursos y medios materiales al personal que vaya a utilizarlos, así como la necesaria formación acerca de su utilización.

Artículo 34. Criterios para la gestión electrónica.

La aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos, procesos y servicios irá siempre precedida de la realización de un análisis de rediseño funcional y simplificación del procedimiento, proceso o servicio, en el que se considerarán especialmente los siguientes aspectos:

  1. La supresión o reducción de la documentación requerida a los ciudadanos, mediante su sustitución por datos, transmisiones de datos o certificaciones, o la regulación de su aportación al finalizar la tramitación.
  2. La previsión de medios e instrumentos de participación, transparencia e información.
  3. La reducción de los plazos y tiempos de respuesta.
  4. La racionalización de la distribución de las cargas de trabajo y de las comunicaciones internas.

CAPÍTULO II

Utilización de medios electrónicos en la tramitación del procedimiento

Artículo 35. Iniciación del procedimiento por medios electrónicos.

1. La iniciación de un procedimiento administrativo a solicitud de interesado por medios electrónicos requerirá la puesta a disposición de los interesados de los correspondientes modelos o sistemas electrónicos de solicitud en la sede electrónica que deberán ser accesibles sin otras restricciones tecnológicas que las estrictamente derivadas de la utilización de estándares en los términos establecidos en el apartado i) del artículo 4 y criterios de comunicación y seguridad aplicables de acuerdo con las normas y protocolos nacionales e internacionales.

2. Los interesados podrán aportar al expediente copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. La Administración Pública podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir al particular la exhibición del documento o de la información original. La aportación de tales copias implica la autorización a la Administración para que acceda y trate la información personal contenida en tales documentos.

3. Con objeto de facilitar y promover su uso, los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras administraciones e, incluso, ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el ciudadano verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.

Artículo 36. Instrucción del procedimiento utilizando medios electrónicos.

1. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción por medios electrónicos de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables de los procedimientos así como la tramitación ordenada de los expedientes y facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.

2. Los sistemas de comunicación utilizados en la gestión electrónica de los procedimientos para las comunicaciones entre los órganos y unidades intervinientes a efectos de emisión y recepción de informes u otras actuaciones deberán cumplir los requisitos establecidos en esta Ley.

3. Cuando se utilicen medios electrónicos para la participación de los interesados en la instrucción del procedimiento a los efectos del ejercicio de su derecho a presentar alegaciones en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución o en la práctica del trámite de audiencia cuando proceda, se emplearán los medios de comunicación y notificación previstos en los artículos 27 y 28 de esta Ley.

Artículo 37. Acceso de los interesados a la información sobre el estado de tramitación.

1. En los procedimientos administrativos gestionados en su totalidad electrónicamente, el órgano que tramita el procedimiento pondrá a disposición del interesado un servicio electrónico de acceso restringido donde éste pueda consultar, previa identificación, al menos la información sobre el estado de tramitación del procedimiento, salvo que la normativa aplicable establezca restricciones a dicha información. La información sobre el estado de tramitación del procedimiento comprenderá la relación de los actos de trámite realizados, con indicación sobre su contenido, así como la fecha en la que fueron dictados.

2. En el resto de los procedimientos se habilitarán igualmente servicios electrónicos de información del estado de la tramitación que comprendan, al menos, la fase en la que se encuentra el procedimiento y el órgano o unidad responsable.

Artículo 38. Terminación de los procedimientos por medios electrónicos.

1. La resolución de un procedimiento utilizando medios electrónicos garantizará la identidad del órgano competente mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en los artículos 18 y 19 de esta Ley.

2. Podrán adoptarse y notificarse resoluciones de forma automatizada en aquellos procedimientos en los que así esté previsto.

Artículo 39. Actuación administrativa automatizada.

En caso de actuación automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.

TÍTULO CUARTO

Cooperación entre administraciones para el impulso de la administración electrónica

CAPÍTULO I

Marco institucional de cooperación en materia de administración electrónica

Artículo 40. Comité Sectorial de administración electrónica.

1. El Comité Sectorial de administración electrónica, dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, es el órgano técnico de cooperación de la Administración General del Estado, de las administraciones de las Comunidades Autónomas y de las entidades que integran la Administración Local en materia de administración electrónica.

2. El Comité Sectorial de la administración electrónica velará por el cumplimiento de los fines y principios establecidos en esta Ley, y en particular desarrollará las. siguientes funciones:

  1. Asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas.
  2. Preparar planes programas conjuntos de actuación para impulsar el desarrollo de la administración electrónica en España.
  3. Asegurar la cooperación entre las administraciones públicas para proporcionar al ciudadano información administrativa clara, actualizada e inequívoca.

3. Cuando por razón de las materias tratadas resulte de interés podrá invitarse a las organizaciones, corporaciones o agentes sociales que se estime conveniente en cada caso a participar en las deliberaciones del comité sectorial.

Se añade la letra c) al apartado 2 por el art. 3.2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-20725

CAPÍTULO II

Cooperación en materia de interoperabilidad de sistemas y aplicaciones

Artículo 41. Interoperabilidad de los Sistemas de Información.

Las Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de la información en sus relaciones con las demás administraciones y con los ciudadanos, aplicando medidas informáticas, tecnológicas, organizativas, y de seguridad, que garanticen un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa y eviten discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.

Artículo 42. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad.

1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprenderá el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.

2. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de la información.

3. Ambos Esquemas se elaborarán con la participación de todas las Administraciones y se aprobarán por Real Decreto del Gobierno, a propuesta de la Conferencia Sectorial de Administración Pública y previo informe de la Comisión Nacional de Administración Local, debiendo mantenerse actualizados de manera permanente.

4. En la elaboración de ambos Esquemas se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea, la situación tecnológica de las diferentes Administraciones Públicas, así como los servicios electrónicos ya existentes. A estos efectos considerarán la utilización de estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

Artículo 43. Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas.

La Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y las entidades que integran la Administración Local, así como los consorcios u otras entidades de cooperación constituidos a tales efectos por éstas, adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos ámbitos las tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de sus redes con el fin de crear una red de comunicaciones que interconecte los sistemas de información de las Administraciones Públicas españolas y permita el intercambio de información y servicios entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados Miembros.

1. Las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios de colaboración con objeto de articular medidas e instrumentos de colaboración para la implantación coordinada y normalizada de una red de espacios comunes o ventanillas únicas.

2. En particular, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, se implantarán espacios comunes o ventanillas únicas para obtener la información prevista en el artículo 6.3 de esta Ley y para realizar los trámites y procedimientos a los que hace referencia el apartado a) de dicho artículo.

CAPÍTULO III

Reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnologías

Artículo 45. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración.

1. Las administraciones titulares de los derechos de propiedad intelectual de aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o cuyo desarrollo haya sido objeto de contratación, podrán ponerlas a disposición de cualquier Administración sin contraprestación y sin necesidad de convenio.

2. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas como de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se fomente la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la información

Artículo 46. Transferencia de tecnología entre Administraciones.

1. Las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, especialmente en aquellos campos de especial interés para el desarrollo de la administración electrónica y de conformidad con lo que al respecto se establezca en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

2. La Administración General del Estado, a través de un centro para la transferencia de la tecnología, mantendrá un directorio general de aplicaciones para su reutilización, prestará asistencia técnica para la libre reutilización de aplicaciones e impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes de especial interés para el desarrollo de la administración electrónica en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad.

Disposición adicional primera. Reunión de Órganos colegiados por medios electrónicos.

1. Los órganos colegiados podrán constituirse y adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos, con respeto a los trámites esenciales establecidos en los artículos 26 y el 27.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la Administración General del Estado, lo previsto en el apartado anterior se efectuará de acuerdo con las siguientes especialidades:

  1. Deberá garantizarse la realización efectiva de los principios que la legislación establece respecto de la convocatoria, acceso a la información y comunicación del orden del día, en donde se especificarán los tiempos en los que se organizarán los debates, la formulación y conocimiento de las propuestas y la adopción de acuerdos.
  2. El régimen de constitución y adopción de acuerdos garantizará la participación de los miembros de acuerdo con las disposiciones propias del órgano.
  3. Las actas garantizarán la constancia de las comunicaciones producidas así como el acceso de los miembros al contenido de los acuerdos adoptados.

Disposición adicional segunda. Formación de empleados públicos.

La Administración General del Estado promoverá la formación del personal a su servicio en la utilización de medios electrónicos para el desarrollo de las actividades propias de aquélla.

En especial, los empleados públicos de la Administración General del Estado recibirán formación específica que garantice conocimientos actualizados de las condiciones de seguridad de la utilización de medios electrónicos en la actividad administrativa, así como de protección de los datos de carácter personal, respeto a la propiedad intelectual e industrial y gestión de la información.

Disposición adicional tercera. Plan de Medios en la Administración General del Estado.

En el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley, el Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los Ministerios de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio, elevará al Consejo de Ministros un Plan de implantación de los medios necesarios para el ámbito de la Administración General del Estado. Dicho Plan incorporará las estimaciones de los recursos económicos, técnicos y humanos que se consideren precisos para la adecuada aplicación de lo dispuesto en la presente Ley en los tiempos establecidos en el calendario al que se refiere el apartado 2 de la disposición final tercera, así como los mecanismos de evaluación y control de su aplicación.

Disposición adicional cuarta. Procedimientos Especiales.

La aplicación de lo dispuesto en el Título Tercero de esta ley a los procedimientos en materia tributaria, de seguridad social y desempleo y de régimen jurídico de los extranjeros en España, se efectuará de conformidad con lo establecido en las disposiciones adicionales quinta, sexta, séptima y decimonovena de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, en la aplicación de esta ley habrán de ser tenidas en cuenta las especificidades en materia de contratación pública, conforme a lo preceptuado en la disposición adicional séptima del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Disposición adicional quinta. Función Estadística.

Lo dispuesto en los artículos 6.2.b) y 9 de la presente ley no será de aplicación a la recogida de datos prevista en el Capítulo II de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.

Disposición adicional sexta. Uso de Lenguas Oficiales.

1. Se garantizará el uso de las lenguas oficiales del Estado en las relaciones por medios electrónicos de los ciudadanos con las Administraciones Públicas, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la normativa que en cada caso resulte de aplicación.

2. A estos efectos, las sedes electrónicas cuyo titular tenga competencia sobre territorios con régimen de cooficialidad lingüística posibilitarán el acceso a sus contenidos y servicios en las lenguas correspondientes.

3. Los sistemas y aplicaciones utilizados en la gestión electrónica de los procedimientos se adaptarán a lo dispuesto en cuanto al uso de lenguas cooficiales en el artículo 36 de la ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

4. Cada Administración Pública afectada determinará el calendario para el cumplimiento progresivo de lo previsto en la presente disposición, debiendo garantizar su cumplimiento total en los plazos establecidos en la disposición final tercera.

Disposición transitoria única. Régimen Transitorio.

1. Los procedimientos y actuaciones de los ciudadanos y las Administraciones Públicas que, utilizando medios electrónicos, se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se seguirán rigiendo por la normativa anterior hasta su terminación.

2. Los registros telemáticos existentes a la entrada en vigor de la presente Ley serán considerados registros electrónicos regulándose por lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 de esta Ley.

Disposición derogatoria única.

1. Quedan derogados los siguientes preceptos de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: apartado número 9 del artículo 38, apartados números 2, 3 y 4 del artículo 45, apartado número 3 del artículo 59 y la disposición adicional decimoctava.

2. Asimismo, quedan derogadas las normas de igual o inferior rango en cuanto contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición final primera. Carácter básico de la Ley.

1. Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.1, 9, 10, 11.1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.1,21.2, 22, 23, 24.1, 24.2, 24.3, 25, 26, 27, 28, 29.1, 29.2, 30, 32, 35, 37.1, 38, 42, el apartado 1 de la disposición adicional primera, la disposición adicional cuarta, la disposición transitoria única y la disposición final tercera se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y sobre el procedimiento administrativo común.

2. Con excepción del artículo 42, el Título IV de la presente ley será de aplicación a todas las Administraciones Públicas en la medida en que éstas participen o se adscriban a los órganos de cooperación o instrumentos previstos en el mismo.

Disposición final segunda. Publicación electrónica del «Boletín Oficial del Estado».

La publicación electrónica del «Boletín Oficial del Estado» tendrá el carácter y los efectos previstos en el artículo 11.2 de la presente Ley desde el 1 de enero de 2009.

Disposición final tercera. Adaptación de las Administraciones Públicas para el ejercicio de derechos.

1. Desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con los procedimientos y actuaciones adaptados a lo dispuesto en la misma, sin perjuicio de lo señalado en los siguientes apartados. A estos efectos, cada Administración Pública hará pública y mantendrá actualizada la relación de dichos procedimientos y actuaciones.

2. En el ámbito de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ésta, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009. A tal fin, el Consejo de Ministros establecerá y hará público un calendario de adaptación gradual de aquellos procedimientos y actuaciones que lo requieran.

3. En el ámbito de las Comunidades Autónomas, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias.

4. En el ámbito de las Entidades que integran la Administración Local, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias. A estos efectos las Diputaciones Provinciales, o en su caso los Cabildos y Consejos Insulares u otros organismos supramunicipales, podrán prestar los servicios precisos para garantizar tal efectividad en el ámbito de los municipios que no dispongan de los medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos.

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 84/1978, de 28 de diciembre, por la que se regula la tasa por expedición del Documento Nacional de Identidad.

Uno. El apartado 2 del artículo 4 queda redactado del siguiente modo:

«2. Quienes hubieran de renovar preceptivamente su documento durante el plazo de vigencia del mismo, por variación de alguno de los datos que se recogen en el mismo.»

Dos. El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria exigible será de 6,70 euros. Los excesos del costo de la expedición, si existen, serán sufragados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.»

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 16/1979, de 2 de octubre, sobre Tasas de la Jefatura Central de Tráfico.

Uno. En el apartado 1 del artículo 5 se modifica la letra d) y se incorpora una nueva letra e) que quedan redactadas del siguiente modo:

«d) Quienes soliciten duplicados de las autorizaciones administrativas para conducir o para circular por cambio de domicilio.

e) Quienes soliciten la baja definitiva de un vehículo por entrega en un establecimiento autorizado para su destrucción.»

Dos. Los puntos 4 y 4 bis, primera columna de la izquierda del Grupo IV del artículo 6, quedan redactados del siguiente modo:

«4. Duplicados de permisos, autorizaciones por extravío, sustracción, deterioro, prórroga de vigencia o cualquier modificación de aquéllos.

4 bis. duplicados de licencias de conducción y de circulación de ciclomotores por extravío, sustracción, deterioro, prórroga de vigencia o cualquier modificación de aquéllos.»

Disposición final sexta. Habilitación para la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado.

El Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los Ministerios de Economía y Hacienda, de Industria, Turismo y Comercio y de Trabajo y Asuntos Sociales, regularán antes del 1 de marzo de 2008 las condiciones del teletrabajo en la Administración General del Estado.

Disposición final séptima. Desarrollo reglamentario del artículo 4.c).

El Gobierno desarrollará reglamentariamente lo previsto en el artículo 4.c) de la presente Ley para garantizar que todos los ciudadanos, con especial atención a las personas con algún tipo de discapacidad y mayores, que se relacionan con la Administración General del Estado puedan acceder a los servicios electrónicos en igualdad de condiciones con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos.

Disposición final octava. Desarrollo y entrada en vigor de la Ley.

1. Corresponde al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.

2. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todo los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 22 de junio de 2007.

JUAN CARLOS R.
La Presidenta del Gobierno en funciones,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

 

ANEXO

Definiciones

A efectos de la presente ley, se entiende por:

  1. Actuación administrativa automatizada: Actuación administrativa producida por un sistema de información adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una persona física en cada caso singular. Incluye la producción de actos de trámite o resolutorios de procedimientos, así como de meros actos de comunicación.
  2. Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un problema mediante el uso de informática.
  3. Aplicación de fuentes abiertas: Aquella que se distribuye con una licencia que permite la libertad de ejecutarla, de conocer el código fuente, de modificarla o mejorarla y de redistribuir copias a otros usuarios.
  4. Autenticación: Acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona o ente, del contenido de la voluntad expresada en sus operaciones, transacciones y documentos, y de la integridad y autoría de estos últimos.
  5. Canales: Estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicios; incluyendo el canal presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros que existan en la actualidad o puedan existir en el futuro (dispositivos móviles, TDT, etc).
  6. Certificado electrónico: Según el artículo 6 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «Documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad».
  7. Certificado electrónico reconocido: Según el artículo 11 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica: «Son certificados reconocidos los certificados electrónicos expedidos por un prestador de servicios de certificación que cumpla los requisitos establecidos en esta Ley en cuanto a la comprobación de la identidad y demás circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de certificación que presten».
  8. Ciudadano: Cualesquiera personas físicas, personas jurídicas y entes sin personalidad que se relacionen, o sean susceptibles de relacionarse, con las Administraciones Públicas.
  9. Dirección electrónica: Identificador de un equipo o sistema electrónico desde el que se provee de información o servicios en una red de comunicaciones.
  10. Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
  11. Estándar abierto: Aquel que reúna las siguientes condiciones:
    • sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso,
    • su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.
  12. Firma electrónica: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante».
  13. Firma electrónica avanzada: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control».
  14. Firma electrónica reconocida: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma».
  15. Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.
  16. Medio electrónico: Mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones; incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como Internet, telefonía fija y móvil u otras.
  17. Punto de acceso electrónico: Conjunto de páginas web agrupadas en un dominio de Internet cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios dirigidos a resolver necesidades específicas de un grupo de personas o el acceso a la información y servicios de a una institución pública.
  18. Sistema de firma electrónica: Conjunto de elementos intervinientes en la creación de una firma electrónica. En el caso de la firma electrónica basada en certificado electrónico, componen el sistema, al menos, el certificado electrónico, el soporte, el lector, la aplicación de firma utilizada y el sistema de interpretación y verificación utilizado por el receptor del documento firmado.
  19. Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de un tercero de confianza de la fecha y hora de realización de cualquier operación o transacción por medios electrónicos.
  20. Espacios comunes o ventanillas únicas: Modos o canales (oficinas integradas, atención telefónica, páginas en Internet y otros) a los que los ciudadanos pueden dirigirse para acceder a las informaciones, trámites y servicios públicos determinados por acuerdo entre varias Administraciones.
  21. Actividad de servicio: Cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una remuneración.
  22. Prestador de actividad de servicio: Cualquier persona física o jurídica que ofrezca o preste una actividad de servicio.

 

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-04-24 13:20:53 2014-01-17 00:59:30 Información general 0
30 Modelo de acreditación de firma Modelos formularios

PDF Modelo de acreditación de firma  (41,98 KBytes)

 

 

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-04-29 10:01:43 2014-02-07 12:29:41 Información general 0
41 ¿Qué es la firma electrónica? Firma electrónica y certificado electrónico

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

La firma electrónica es  la herramienta básica para la realización de gestiones desde su propio ordenador sin necesidad de desplazarse. Permite que tanto el emisor como el receptor de una información, contenido o documento se identifiquen mutuamente con la seguridad de que son los únicos que están interactuando.

Con la firma electrónica se garantiza que los contenidos no se alteran, evita que terceras personas intercepten esos contenidos y que los mismos puedan ser alterados, así como que alguna de las partes pueda “repudiar” la información que recibió de la otra y que inicialmente fue aceptada.

Los aspectos básicos de la firma electrónica se recogen en el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Definiéndose:

  1. la firma electrónica como el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante.
  2. la firma electrónica avanzada es la firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control.

Asimismo, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos recoge, en su artículo 13.2, los medios de autenticación de los ciudadanos ante la administración en las ocasiones en las que se requiere identificación segura. La Diputación Provincial de Valladolid dispone de los siguientes medios de autenticación:

  1. los sistemas de firma electrónica incorporados al documento Nacional de Identidad, para personas físicas;
  2. los sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por las Administraciones Públicas;

Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica podrán utilizar sistemas de firma electrónica de persona jurídica o de entidades sin personalidad jurídica.

 

¿QUÉ ES UN CERTIFICADO ELECTRÓNICO?

La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, en su artículo 6, define el certificado electrónico como un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad.

El firmante es la persona que posee un dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre propio o en nombre de una persona física o jurídica a la que representa.

 

¿QUÉ ES UN PRESTADOR DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN?

Es aquella persona física o jurídica que, cumpliendo los requisitos que determina la legislación establecida sobre la firma electrónica, está capacitado para emitir certificados electrónicos o prestar otros servicios en relación con la firma electrónica.

 

 

0 1 2013-04-15 00:00:00 2023-05-07 00:00:00 2013-05-07 17:28:08 2014-01-17 16:40:46 Información general 0
43 ¿Qué es un prestador de servicios de certificación? Firma electrónica y certificado electrónico

Es aquella persona física o jurídica que, cumpliendo los requisitos que determina la legislación establecida sobre la firma electrónica, está capacitado para emitir certificados electrónicos o prestar otros servicios en relación con la firma electrónica.

0 1 2013-04-17 00:00:00 2023-05-07 00:00:00 2013-05-07 17:39:51 2014-01-09 10:35:41 Información general 0
46 ¿Qué es un certificado electrónico? Firma electrónica y certificado electrónico

La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, en su artículo 6, define el certificado electrónico como un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad.

El firmante es la persona que posee un dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre propio o en nombre de una persona física o jurídica a la que representa.

0 1 2014-01-09 00:00:00 2024-01-09 00:00:00 2014-01-09 10:34:11 2014-01-17 16:41:31 Información General 0
51 Modelo solicitud publicación anuncio Modelos formularios 0 1 2014-01-17 00:00:00 2014-01-17 09:56:21 2014-02-06 14:03:30 Información general 0 53 Reglamento regulador de la Sede Electrónica y Registro Electrónico. Normativa B.O.P. 0 1 2014-01-17 00:00:00 2024-01-17 00:00:00 2014-01-17 12:27:09 2014-01-17 12:27:09 Información general 0 74 Boletines 170 y 171 Incidencias

En la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid se ha ocasionado un salto en la numeración de los Boletines publicados entre el Boletín nº 169 correspondiente al jueves día 24 de julio de 2014 y el Boletín nº 172 correspondiente al viernes día 25 de julio de 2014, por lo que no se ha producido la asignación de los números 170 y 171 a ningún ejemplar de Boletín.

0 1 2014-09-02 00:00:00 2094-09-02 00:00:00 2014-09-02 16:12:17 2014-09-02 16:12:17 Información general 0
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El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, es el Diario Oficial de la Provincia de Valladolid, a través del cual se da publicidad a los documentos que deben ser objeto de publicación oficial, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

La primera edición del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid tiene fecha del 16 de julio de 1833.

Desde entonces, el BOP de Valladolid se edita por la Diputación Provincial de,  su gestión administrativa depende del Área de Asesoramiento, Planificación del Territorio y Nuevas Tecnologías.

La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia se publica a través de su Portal web, ubicado en la sede electrónica de la Diputación de Valladolid, en la dirección: https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es, con plena validez jurídica, garantizándose su autenticidad de conformidad con lo previsto en la  Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y en su normativa de desarrollo.

La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia incorpora la firma electrónica avanzada como garantía de la autenticidad, integridad e inalterabilidad de su contenido

El sumario de cada boletín y cada uno de los anuncios publicados, así como el ejemplar completo del Boletín diario, en formato PDF, contendrán los datos de certificación y firma electrónica de la Unidad Administrativa del Boletín y estarán identificados con un Código de Verificación Electrónica (CVE), que permitirá comprobar su autenticidad.

El CVE permite contrastar la autenticidad de cualquier impresión en papel de un documento publicado en el BOPVA, mediante el cotejo con el documento electrónico original. Para ello se ha de introducir el CVE en el campo de la página web: https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es y obtener el documento original firmado electrónicamente.

NORMATIVA REGULADORA:

1. La Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias

2. El Reglamento de Gestión del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, que regula aspectos relativos a la gestión, edición y publicación del BOP, garantizando su acceso universal, libre y gratuito, y asegurando la autenticidad e integridad de su contenido.

3. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa porla prestación de los servicios del BOPVA

DIRECCIÓN OFICINA BOP VALLADOLID

Diputación Provincial de Valladolid
Edif.. Hospital Viejo. 2ª planta
Avda. Ramón y Cajal, 5
47005 Valladolid
Tef.: +34 983 42 72 35
Fax: +34 983 42 72 65

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-03-12 17:54:54 2015-06-08 10:55:03 Información general 2147483647
9 ¿Qué es el C.V.E? BOP electrónico

El Código de Verificación Electrónica (CVE), consiste en un conjunto de caracteres que identifican de forma única cualquier Anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, el Sumario y el BOP completo.

Este CVE se encuentra impreso en cada una de las páginas de los anuncios publicados, en las del sumario del Boletín. El CVE del BOP completo se localiza en la página inicial del cada boletín diario y en el pié de página de la última página de cada anuncio.

El CVE es importante porque cualquier copia realizada en papel de los originales electrónicos del BOPVA, a partir del 10 de junio de 2010, tendrá la consideración de copia auténtica si incluye el CVE, ya que permite contrastar la autenticidad de cualquier página del Boletín de la Provincia de Valladolid impresa en papel mediante el cotejo con el documento electrónico original.

Para ello, en la página de acceso al diario oficial (https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es) se puede introducir el CVE y obtener el documento original, firmado electrónicamente, directamente de la sede electrónica.

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-03-12 18:26:36 2014-01-21 21:59:23 Información general /imagenes/Winter-Leaves.jpg 999999998
8 Oficial y auténtico BOP electrónico

Aviso jurídico

El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid publicado en la dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es, es oficial y auténtico; toda copia electrónica obtenida desde allí del mismo, o de cualquiera de sus anuncios o disposiciones se considera oficial y auténtica y puede ser contrastada mediante el Código de Verificación Electrónica (CVE).

La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia incorpora la firma electrónica avanzada como garantía de la autenticidad, integridad e inalterabilidad de su contenido, conforme a lo previsto en el Reglamento de Gestión del BOPVA, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 20 de enero de 2013.

El acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia es universal, público y gratuito a través de su Portal Web, ubicado en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Valladolid.

El Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia ofrecerá, accesible al público, una base de datos gratuita que permita la búsqueda, recuperación e impresión de las disposiciones, actos y anuncios publicados en este diario oficial.

El sumario de cada boletín y cada uno de los anuncios publicados, así como el ejemplar completo del Boletín diario, en formato PDF, contendrán los datos de certificación y firma electrónica de la Unidad Administrativa del Boletín y estarán identificados con un Código de Verificación Electrónica (CVE), que permitirá identificar de forma unívoca cada documento, así como comprobar su autenticidad.

El CVE permite contrastar la autenticidad de cualquier impresión en papel de un documento publicado en el BOPVA, mediante el cotejo con el documento electrónico original. Para ello, dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es se puede introducir el CVE y obtener el documento original firmado electrónicamente, directamente de la sede electrónica de la Diputación.

Si por una situación extraordinaria y por motivos de carácter técnico no resultara posible acceder a la edición electrónica del "Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid" en su sede electrónica, una edición impresa del diario garantiza su publicación.

Las copias realizadas en soporte papel de la edición electrónica del BOP VA tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión del Código de Verificación Electrónica

Verificación Electrónica (CVE), para poder contrastar su autenticidad.

Diarios oficiales “Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid” publicados con anterioridad al 10 de junio de 2010, sólo tienen la consideración de oficial y auténtica la edición impresa en papel.

 

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-03-12 18:25:46 2014-01-17 16:36:58 Información general 99999999
20 Ley 5/2002 de boletines oficiales de las provincias Normativa B.O.P.
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren, Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Los Boletines Oficiales de la Provincia se crean por Real Orden de 20 de abril de 1833, donde se establece en cada capital de provincia un diario o boletín periódico en el que se insertarían todas las órdenes, disposiciones y prevenciones que tuvieran que hacerse a las justicias y Ayuntamientos de los pueblos por cualquier autoridad.

La citada norma creó y generalizó los boletines oficiales para todas las provincias, pero no especificó la organización administrativa responsable de su edición y coste económico, así como de la dirección y ordenación de las inserciones de disposiciones y anuncios.

Con posterioridad surgen numerosas disposiciones (Reales Órdenes de 26 de marzo de 1837, 5 de julio de 1837, 6 de abril de 1839, 4 de abril de 1840, 24 de mayo de 1846, 3 de septiembre de 1846, 21 de enero de 1849, 15 de julio de 1849 y 8 de octubre de 1856) que completan la Real Orden de creación de estos boletines oficiales, atribuyendo a los entonces Jefes Políticos la responsabilidad de la edición de los mismos, siendo los órganos decisorios para la inserción de los correspondientes textos, atribuciones éstas que obedecían a su configuración como agentes estatales de comunicación y control de las provincias y de las autoridades locales, a quienes trasladaban las disposiciones dictadas por el Gobierno, verificando su obligado cumplimiento.

A partir de las Reales Órdenes de 8 de octubre de 1856 y de 1 de agosto de 1871, la gestión material del servicio de edición de los Boletines Oficiales de la Provincia pasa a ser responsabilidad de las Diputaciones Provinciales quienes, además, asumían el coste de tal edición, que pasó a considerarse como obligación de dichas Entidades.

II

Esta regulación de los Boletines Oficiales de la Provincia ha dado lugar, desde hace largo tiempo, a diversos problemas derivados, fundamentalmente, de la falta de adecuación de esta normativa a la nueva configuración territorial del Estado, lo que ha llevado a la existencia de un consenso generalizado en torno a la necesidad de una reforma legal que clarifique definitivamente esta cuestión nuclear y, con ello, el régimen de gestión de este servicio.

La disposición adicional quinta de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, dio una nueva redacción al artículo 122 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, añadiéndose un nuevo párrafo a dicho artículo, donde se establece que "Las Diputaciones Provinciales seguirán editando y publicando el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo a tal efecto establecer y exigir tasas y precios por la inserción de anuncios y edictos, y la suscripción y venta de ejemplares". Con este precepto se resolvió el problema económico planteado a las Diputaciones a la hora de hacer frente a los gastos ocasionados por la prestación de este servicio, si bien seguía sin existir una regulación específica del régimen jurídico de estos boletines.

Por su parte, el Congreso de los Diputados aprobó el 13 de diciembre de 2000 una Proposición no de Ley, en la que insta al Gobierno a que, tras los oportunos estudios y consultas, se proceda a dictar la normativa adecuada del servicio de publicación del Boletín Oficial de la Provincia. Entre otros aspectos, esta nueva normativa preverá la posibilidad de que aquellas Comunidades Autónomas, en que así lo acuerden sus respectivos Parlamentos, puedan unificar en una sola publicación oficial los Boletines Oficiales de las Provincias de su territorio con el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el respectivo Gobierno autonómico y los entes locales de su ámbito territorial.

En cumplimiento de este acuerdo, la presente Ley dota a los Boletines Oficiales de la Provincia de un marco jurídico completo y acorde con la actual configuración de la provincia en la Constitución Española de 1978 y en la propia Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, como entidad local dotada de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, previéndose expresamente la posibilidad de integración de estos boletines en el de la Comunidad Autónoma respectiva.

III

Así, se configura expresamente al Boletín Oficial de la Provincia como un servicio público de ámbito provincial, competencia de las Diputaciones Provinciales, a las que corresponde su edición y gestión. Al tratarse de una atribución competencial, es necesaria una norma con rango de Ley por imperativo del artículo 7.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, donde se establece que las competencias propias de las entidades locales territoriales sólo podrán determinarse por Ley.

En este sentido, la necesidad de que las distintas Administraciones públicas y la propia Administración de Justicia dispongan de un instrumento para dar publicidad a sus disposiciones y actuaciones en el ámbito provincial queda atendida, estableciendo en la Ley la inserción obligatoria de aquéllas.

Por otra parte, como viene sucediendo en la actualidad, la publicación de los textos estará sujeta a la correspondiente ordenanza reguladora del servicio aprobada por la Diputación Provincial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, siendo la suscripción obligatoria para los Entes locales de la provincia.

IV

En las disposiciones adicionales se contempla la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan acordar la integración de los Boletines Oficiales de sus Provincias en el Boletín Oficial de la Comunidad, a fin de posibilitar una simplificación en los instrumentos de publicidad normativa existentes, si bien dicha posibilidad deberá contar con el acuerdo de la Diputación Provincial, a fin de respetar los ámbitos de autonomía de la provincia y de la Comunidad Autónoma respectiva.

Por otro lado, también se contempla el reconocimiento de los regímenes especiales derivados de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía recogidos en los artículos 39 a 41 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

V

Por último, la Ley se dicta al amparo de las competencias reconocidas al Estado en el artículo 149.1.18.a de la Constitución, por tratarse de una base del régimen jurídico administrativo que garantiza un tratamiento común a todos los ciudadanos, en relación con el artículo 9.3 de la Constitución (principio de publicidad de las normas), a lo que hay que añadir, en el presente caso, la relación existente con el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, recogido en el artículo 120.1 de la Constitución.

En este sentido, el Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 8 de la sentencia 233/1999, de 16 de diciembre, señala, por un lado, que la publicación de los actos jurídicos emanados de las Corporaciones Locales en los Boletines Oficiales de las Provincias ha de considerarse una decisión básica incardinable en la competencia atribuida al Estado por el artículo 149.1.18.a de la Constitución, pues exige un tratamiento común y uniforme en todo el territorio del Estado que sólo puede garantizar el legislador estatal, y, por otro lado, que la publicación de anuncios y acuerdos en el Boletín Oficial de la Provincia resulta plenamente acorde con la dimensión constitucional que a ésta atribuye el artículo 141 de la Constitución, en su doble condición de agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado, entre las que hay que incluir las de las propias Corporaciones Locales en que se organiza territorialmente este último.

CAPÍTULO I

El Boletín Oficial de la Provincia

Artículo 1. Contenido.

El Boletín Oficial de la Provincia es el periódico oficial en el que se publicarán las disposiciones de carácter general y las ordenanzas, así como los actos, edictos, acuerdos, notificaciones, anuncios y demás resoluciones de las Administraciones públicas y de la Administración de Justicia de ámbito territorial provincial, cuando así esté previsto en disposición legal o reglamentaria.

Los textos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia tienen la consideración de oficiales y auténticos.

Artículo 2. Competencia.

El Boletín Oficial de la Provincia es un servicio público de carácter provincial, competencia propia de las Diputaciones Provinciales, a las que corresponde su edición y gestión.

Cada Diputación Provincial regulará el modo y forma de gestión del Boletín, su edición, distribución y venta. A tal efecto, deberá aprobar la oportuna ordenanza reguladora del servicio, pudiendo a tal efecto establecer y exigir tasas y precios por la inserción de anuncios y edictos, y la suscripción y venta de ejemplares.

Artículo 3. Suscripción.

La suscripción al Boletín Oficial de la Provincia será obligatoria para los entes locales de la provincia, que deberán abonar la misma en los términos y con las excepciones que prevean las ordenanzas reguladoras.

Artículo 4. Periodicidad.

El Boletín Oficial de la Provincia se publicará con periodicidad mínima de tres veces por semana, debiendo coincidir la fecha del Boletín con la de su efectiva publicación.

Artículo 5. Lengua de publicación.

El Boletín Oficial de la Provincia se publicará en castellano y, en su caso, en la lengua que sea cooficial en el territorio, conforme a lo establecido por la legislación específica de las Comunidades Autónomas.

Artículo 6. Obligación de publicar.

1. Las Diputaciones Provinciales están obligadas a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia cuantas disposiciones, ordenanzas, resoluciones, edictos, anuncios, actos o acuerdos de las distintas Administraciones públicas y de la Administración de Justicia deban ser insertados en el mismo en virtud de disposición legal o reglamentaria, así como otros actos o anuncios que aquéllas les remitan, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de esta Ley.

La orden de inserción corresponde al órgano competente de la correspondiente Administración anunciante, y será cumplimentada por la Diputación Provincial siempre que cumpla los requisitos establecidos en la presente Ley.

2. Los anuncios particulares podrán, asimismo, ser insertados en el Boletín Oficial de la Provincia, en los términos que se regulen en la correspondiente ordenanza provincial.

Artículo 7. Publicación de los originales.

1. Los originales serán transcritos en la misma forma en que se hallen redactados y autorizados por el órgano remitente, sin que por ninguna causa puedan variarse o modificarse sus textos una vez éstos hayan tenido entrada en el Boletín Oficial, salvo que el órgano remitente lo autorice de forma fehaciente.

2. La publicación de los originales se realizará por orden cronológico de presentación, que sólo podrá ser alterado cuando la publicación sea declarada urgente por el órgano remitente en la orden de inserción, o cuando el volumen del texto a publicar así lo exija, respetándose en todo caso el plazo máximo establecido en el apartado siguiente.

3. La publicación deberá ser realizada en el plazo máximo de 15 días hábiles posteriores al pago de la tasa correspondiente, si éste procediera, o, en su defecto, de la recepción de la orden de inserción. En caso de publicación urgente, dicho plazo se reducirá a 6 días hábiles.

4. Los originales que se envíen al Boletín Oficial de la Provincia tendrán carácter reservado. No podrá facilitarse información alguna acerca de los mismos, salvo autorización expresa del órgano remitente.

5. Si algún texto aparece publicado con erratas que alteren o modifiquen su contenido, será reproducido inmediatamente en su totalidad o en la parte necesaria, con las debidas correcciones.

Artículo 8. Autentificación de documentos.

A fin de comprobar la autenticidad de los documentos, los servicios correspondientes de la Diputación Provincial llevarán un registro de las autoridades y funcionarios facultados para firmar la orden de inserción de los originales destinados a su publicación, en el que constarán la firma autógrafa y el nombre y cargo de la persona a la que pertenezca.

A estos efectos, los órganos correspondientes de las Administraciones públicas y de la Administración de Justicia acreditarán ante la Diputación Provincial, según su normativa específica, a las personas facultadas para ordenar la inserción, así como las modificaciones que se produzcan.

Artículo 9. Incorporación de medios técnicos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Diputaciones Provinciales impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la prestación del servicio del Boletín Oficial de la Provincia, debiendo quedar en todo caso garantizada la autenticidad de los documentos insertados.

Artículo 10. Consulta del Boletín.

Las Diputaciones Provinciales facilitarán en sus locales la consulta pública y gratuita del Boletín Oficial de la Provincia.

Esta obligación será extensiva a los Ayuntamientos de la provincia.

CAPÍTULO II

Régimen económico del Boletín Oficial de la Provincia

Artículo 11. Tasa de publicación.

1. La publicación de los textos en el Boletín Oficial de la Provincia estará sujeta al previo pago de la tasa provincial, de acuerdo con lo que establezca la ordenanza reguladora aprobada por la correspondiente Diputación Provincial.

2. Estarán exentos del pago de la tasa:

  1. La publicación de disposiciones y las resoluciones de inserción obligatoria.
  2. Los anuncios oficiales, cualquiera que sea el solicitante de la inserción, cuando la misma resulte obligatoria, de acuerdo con una norma legal o reglamentaria, así como los edictos y anuncios de Juzgados y Tribunales cuando la inserción sea ordenada de oficio.

3. Se exceptúan de la exención a que se refiere el apartado anterior las siguientes publicaciones:

  1. Los anuncios publicados a instancia de particulares.
  2. Los anuncios de licitaciones de todo tipo de contratos, de acuerdo con lo establecido en su legislación específica.
  3. Los anuncios oficiales de la Administración de Justicia a instancia de particulares.
  4. Los anuncios cuyo coste sea repercutible a los interesados según las disposiciones aplicables.
  5. Los anuncios derivados de procedimientos sujetos al pago de una tasa, precio público u otro tipo de derechos económicos.
  6. Los anuncios que puedan reportar, directa o indirectamente, un beneficio económico al remitente o solicitante, o tuvieran contenido económico.
    No se considerará, a estos efectos, que reporta un beneficio económico o que tenga contenido económico las citaciones para ser notificados por comparecencia en los procedimientos de recaudación de los diferentes tributos o exacciones parafiscales, en los casos en que, intentada la notificación al interesado o representante por parte de la Administración tributaria o entidades y corporaciones de derecho público a las que corresponde su recaudación, ésta no haya sido posible.
  7. Los anuncios que puedan o deban publicarse además en un diario, según disposición legal o reglamentaria.

La respectiva ordenanza reguladora de la tasa podrá declarar la exención de todos o alguno de los supuestos exceptuados.

Artículo 12. Convenios de colaboración.

Las ordenanzas reguladoras de las tasas podrán prever la posibilidad de suscripción de convenios de colaboración interadministrativa mediante los cuales se arbitren sistemas específicos para realizar la liquidación y pago global de las tasas por publicación de textos, en cuyo caso no será de aplicación lo previsto en el artículo anterior.

Con la misma finalidad, podrán suscribirse convenios para el pago de las tasas correspondientes a la publicación de anuncios particulares, en los términos que fijen las correspondientes ordenanzas.

Artículo 13. Cooperación interadministrativa.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 55.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 4.1.d) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas prestarán, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que la Administración provincial pueda precisar para el mantenimiento y modernización del Boletín Oficial de la Provincia.

Disposición adicional primera. Integración de los Boletines Oficiales de las Provincias.

1. Los Parlamentos de las Comunidades Autónomas podrán, a propuesta del Gobierno autonómico, y previa aceptación de la Diputación Provincial, acordar la integración del Boletín Oficial de la Provincia en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma respectiva, en cuyo caso se regulará por la normativa autonómica, siendo en todo caso de aplicación lo previsto en los artículos 1; 4; 5; 6, apartado 1; y 7, apartados 1, 4 y 5, de la presente Ley.

Asimismo, la referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales se entenderá realizada al órgano encargado de la publicación del Boletín Oficial de la respectiva Comunidad Autónoma, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.

2. En los casos en que se acuerde esta integración, el Boletín Oficial de cada una de las Provincias contará con una sección independiente identificada con su nombre o bien deberá señalarse claramente en el encabezamiento del Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma respectiva que éste incluye los correspondientes Boletines Oficiales de las Provincias, a fin de garantizar la publicidad de sus contenidos.

3. El acuerdo de integración tendrá una vigencia de diez años, transcurridos los cuales se entenderá automáticamente prorrogado cada diez años si no hay denuncia expresa del acuerdo por el Gobierno autonómico o la Diputación Provincial.

Disposición adicional segunda. Comunidades Autónomas uniprovinciales.

Los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas uniprovinciales se regirán por su legislación específica, siéndoles en todo caso de aplicación los artículos de la presente Ley citados en el número 1 de la disposición adicional primera.

La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales, se entenderá realizada al órgano correspondiente encargado de la publicación del Boletín Oficial de la respectiva Comunidad Autónoma uniprovincial, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.

Disposición adicional tercera. Comunidad Foral de Navarra.

La presente Ley será de aplicación en la Comunidad Foral de Navarra en los términos establecidos en la disposición adicional primera de la Constitución y en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales se entenderá realizada al órgano correspondiente encargado de la publicación del Boletín Oficial de la Comunidad Foral, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de la citada publicación.

Disposición adicional cuarta. Comunidad Autónoma de Canarias.

Los Boletines Oficiales de las Provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife se regirán por su normativa específica, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria sexta de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias, respecto a las Mancomunidades Provinciales Interinsulares, siéndoles en todo caso de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional segunda respecto a las Comunidades Autónomas uniprovinciales.

Disposición adicional quinta. Territorios Históricos.

La presente Ley será de aplicación a los Boletines Oficiales de los Territorios Históricos del País Vasco de acuerdo con las especificidades derivadas de lo previsto en la disposición adicional primera de la Constitución, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco y la disposición adicional segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales se entenderá realizada a las Diputaciones Forales, correspondiendo a éstas establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.

Disposición adicional sexta. Ciudades de Ceuta y Melilla.

La presente Ley será de aplicación a los Boletines Oficiales de las Ciudades de Ceuta y Melilla, que deberán publicarse con una periodicidad mínima de dos veces por semana.

La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales, se entenderá realizada al órgano correspondiente encargado de la publicación del Boletín Oficial de la Ciudad, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.

Disposición transitoria primera. Adecuación de ordenanzas.

Las Diputaciones Provinciales deberán adecuar sus ordenanzas a lo establecido en esta Ley en el plazo máximo de seis meses a partir del 1 de enero del ejercicio económico siguiente a su entrada en vigor.

Disposición transitoria segunda. Entrada en vigor del artículo 5.

El artículo 5 será de aplicación a los dos años de la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas las Reales Órdenes de 20 de abril de 1833, 26 de marzo de 1837, 5 de julio de 1837, 9 de octubre de 1838, 6 de abril de 1839, 4 de abril de 1840, 24 de mayo de 1846, 3 de septiembre de 1846, 21 de enero de 1849, 15 de julio de 1849, 8 de octubre de 1856, 1 de agosto de 1871, 9 de julio de 1872, 3 de noviembre de 1907 y 8 de agosto de 1915.

Quedan asimismo derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley.

Disposición final única. Título competencial.

La presente Ley constituye legislación básica, dictada al amparo del artículo 149.1.18.a de la Constitución.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 4 de abril de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-04-24 13:20:01 2014-01-17 16:10:54 Información general 999999
19 Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica Normativa B.O.P. 0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-04-24 13:18:28 2013-04-26 10:34:43 Información general 99999 28 Reglamento de Gestión del BOPVA Normativa B.O.P.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El vigente Reglamento del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid fue aprobado en el año 2010 por la Diputación de Valladolid con la finalidad principal de regular, en cumplimiento de las previsiones de la ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, el establecimiento de la edición electrónica del boletín con carácter oficial y auténtico, lo que hasta ese momento había estado reservado en exclusiva a la edición en papel. Desde ese momento y hasta la actualidad han venido conviviendo los dos tipos de ediciones.

La Diputación de Valladolid pretende ahora dar un paso más en la implantación de la administración electrónica en uno de sus servicios más representativos.

A partir de la aprobación definitiva de este Reglamento, el Boletín Oficial de la Provincia se publicará exclusivamente en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Valladolid, a cuyo efecto el presente Reglamento contiene las disposiciones precisas para garantizar el carácter oficial y la autenticidad de la edición electrónica, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la citada a Ley 11/2007.

Por otra parte, como novedad más importante, se regula la implantación de los procedimientos electrónicos relativos a la gestión del Boletín que, a partir de su entrada en vigor, podrán realizarse íntegramente por vía telemática, en tiempo real y sin desplazamientos. De esta forma, se establece el procedimiento electrónico para la acreditación de los anunciantes; para la presentación de las solicitudes de inserción de anuncios; para la consulta del estado de tramitación de los anuncios remitidos; así como para que la administración provincial pueda formular requerimientos de subsanación o comunicar el rechazo de solicitudes, y para que los anunciantes, puedan formular su desistimiento.

Igualmente, se regula la obligatoriedad de utilización del sistema electrónico de Boletín para las Administraciones Públicas y la Administración de Justicia que interesen la publicación de anuncios, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo que se dispone en el artículo 27 de la Ley 11/2007, cuentan con los medios tecnológicos precisos para su utilización.

Con la tramitación electrónica se produce un importante avance en el cumplimiento de los fines de la citada Ley 11/2007, que se traducirá en una mejora sustancial del servicio que presta la propia Administración provincial.

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

Este Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, de los Boletines Oficiales de las Provincias, tiene por objeto regular los aspectos relativos a la gestión, edición y publicación del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, servicio público de carácter provincial, competencia propia de la Diputación de Valladolid, garantizando su acceso universal, libre y gratuito, y asegurando la autenticidad e integridad de su contenido.

Artículo 2. Forma de gestión

La prestación del servicio público del Boletín Oficial de la Provincia se realiza mediante gestión directa por la Diputación Provincial de Valladolid.

Artículo 3. Edición electrónica

3.1. El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid se edita exclusivamente en formato electrónico y se publica en la sede electrónica de la Diputación de Valladolid, en la dirección https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es, con plena validez jurídica, garantizándose su autenticidad de conformidad con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los servicios públicos, y en su normativa de desarrollo.

Se respetarán los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas establecidas al respecto, y utilizará estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

3.2. El Boletín Oficial de la Provincia dispone de un Portal Web, accesible desde la sede electrónica de la Diputación Provincial de Valladolid, que permite la realización, vía Internet, de las consultas, trámites y gestiones que se regulan en el presente Reglamento con plena validez jurídica.

Artículo 4. Carácter oficial y auténtico

El texto de las disposiciones y actos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, tendrá la consideración de oficial y auténtico con arreglo a las normas y condiciones que se establezcan en este Reglamento.

Para garantizar la autenticidad y la integridad de los documentos publicados el sistema electrónico del Boletín Oficial de la Provincia está instalado en un equipamiento informático seguro que cuenta con el correspondiente certificado electrónico emitido por un prestador de servicios de certificación reconocido.

Artículo 5. Periodicidad y cierre de la edición

El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid se edita todos los días hábiles. A tal efecto se considerarán días inhábiles los domingos y las fiestas nacionales, autonómicas y locales que correspondan al municipio de Valladolid. La Diputación de Valladolid podrá modificar dicha periodicidad, circunstancialmente, por necesidades del servicio.

No obstante, podrán editarse suplementos o números extraordinarios cuando lo requieran las necesidades del servicio.

Artículo 6. Contenido y obligación de publicar

El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, conforme a lo establecido en los artículos 1, 6 y 11 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, es el periódico oficial en el que se publican:

  1. Las disposiciones de carácter general y las Ordenanzas, así como los demás actos de carácter normativo de las Administraciones Públicas, cuya publicación íntegra o, en su caso, resumida venga exigida por una disposición legal o reglamentaria.
  2. Los anuncios y edictos que se refieren a notificaciones, exposiciones al público de las Administraciones Públicas y de la Administración de Justicia de ámbito territorial provincial, tanto si se contienen en una resolución administrativa o no, cuando su inserción venga impuesta por una disposición legal o reglamentaria o cuando, tratándose de edictos y anuncios de la Administración de Justicia, su inserción sea ordenada de oficio.
  3. Los anuncios y edictos referidos en el apartado inmediato anterior cuando su inserción no esté prevista en ninguna norma legal o reglamentaria y sea solicitada facultativamente su inserción por las Administraciones Públicas interesadas.
  4. Los anuncios y edictos de la Administración de Justicia, instados por particulares.
  5. Los anuncios de particulares, personas físicas y jurídicas, instados directamente por los mismos, siempre que contengan un interés informativo para terceros o para las personas que formen parte de entes colectivos particulares, y que su publicación se exija como requisito previo por una institución u organismo público, o el interesado la solicite para la tramitación de un expediente ante los mismos que deberá ser justificada previamente. Los textos de los particulares se publicarán bajo la exclusiva responsabilidad de los solicitantes de la inserción pudiendo la Diputación denegar motivadamente la misma.

En todo caso y cualquiera que sea el ordenante de la inserción, todos los anuncios que se pretendan publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid deberán cumplir los requisitos que cada legislación específica exija para su publicación. El ordenante de la inserción será responsable de este deber y la Diputación rechazará la publicación del texto en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso del referido deber.

Artículo 7. Características de la edición

La edición del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid tendrá las siguientes características:

1. Cada número del Boletín irá precedido de un sumario que contiene la relación de anuncios publicados en el mismo, organizados por secciones, con indicación de la página donde empieza su inserción y con la estructura siguiente:

  1. Sección I: Administración del Estado.
  2. Sección II: Administración Autonómica.
  3. Sección III: Administración Local.
  4. Sección IV: Administración de Justicia.
  5. Sección V: Particulares y otros anunciantes.

2. En la cabecera del ejemplar diario, de cada disposición, acto o anuncio y de cada una de sus páginas figurará:

  1. El escudo oficial de la Diputación Provincial de Valladolid.
  2. La denominación completa "BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID" y en la primera página de cada ejemplar diario figurarán además las siglas "BOP".
  3. El número del Boletín, que será correlativo desde el comienzo de cada año.
  4. La fecha de publicación.

3. Cada ejemplar diario de Boletín tendrá paginación independiente y comenzará por la página número uno en su portada, continuando la numeración correlativa hasta el último anuncio del Boletín diario.

4. El sumario de cada boletín y cada uno de los anuncios publicados, así como el ejemplar completo del Boletín diario, en formato PDF, contendrán los datos de certificación y firma electrónica de la Unidad Administrativa del Boletín y estarán identificados con un Código de Verificación Electrónica (CVE), que permitirá comprobar su autenticidad.

5. En el pie de página final del sumario diario y de cada anuncio publicado se incluirá la dirección electrónica del Boletín Oficial de la Provincia, el Código de Verificación Electrónica (CVE) del Boletín completo y el número del depósito legal. En cada una de las páginas de los anuncios publicados y del sumario del Boletín se incluirá el correspondiente Código de Verificación Electrónica (CVE).

6. La fecha de publicación de las disposiciones, actos y anuncios será la que figure en la cabecera del Boletín y en cada una de las páginas del ejemplar diario en que se inserten.

7. Todos los documentos que se publiquen abrirán página y figurarán numerados de modo correlativo en cada ejemplar diario del Boletín.

Artículo 8. Responsabilidad

El solicitante de la inserción será en todo caso el responsable del contenido del texto a publicar así como de los efectos que, frente a terceros, pudieran derivarse del mismo.

Artículo 9. Protección de datos de carácter personal

9.1. Los datos facilitados por los usuarios del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, se encuentran incluidos en el "FICHERO BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA" de datos de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y el Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Diputación Provincial de Valladolid, entidad responsable del Fichero.

9.2. La Diputación Provincial de Valladolid adoptará las medidas técnicas necesarias para limitar el acceso a los datos de carácter estrictamente personal, siempre que haya transcurrido el tiempo de exposición pública prevista en la norma que exige su publicación, garantizando, en todo caso, la autenticidad, integridad e inalterabilidad de los contenidos del Boletín Oficial.

CAPITULO II. EDICIÓN ELECTRÓNICA

Artículo 10. Publicación de la edición electrónica

La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia se publica a través de su Portal Web, ubicado en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Valladolid en la dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es y deberá estar accesible en la misma en la fecha que figure en la cabecera del ejemplar diario, salvo que ello resulte imposible por circunstancias extraordinarias de carácter técnico.

La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid será consultable por Internet, a través de su Portal Web, y se aloja en un equipamiento informático con las condiciones de seguridad que establezca la normativa de aplicación, a fin de garantizar la autenticidad e integridad de los contenidos del diario oficial, así como el acceso permanente al mismo.

El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid publicado en la dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es, es oficial y auténtico; toda copia electrónica obtenida desde allí del mismo, o de cualquiera de sus anuncios o disposiciones se considera oficial y auténtica y puede ser contrastada mediante el Código de Verificación Electrónica (CVE).

Las copias en soporte papel de la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión del Código de Verificación Electrónica (CVE) u otro sistema de verificación que permita contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Diputación Provincial de Valladolid.

Además de la edición electrónica, existirá, obtenida de ésta, una edición impresa con idénticas características y contenido, limitada a las siguientes finalidades:

  1. Garantizar la publicación del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid cuando por una situación extraordinaria y por motivos técnicos no resulte posible el acceso a la edición electrónica.
  2. Garantizar la conservación y permanencia del Boletín Oficial de la Provincia y su continuidad como parte del Patrimonio documental impreso de la Diputación Provincial de Valladolid.
  3. Facilitar el cumplimiento de la normativa que regula el depósito legal.

Artículo 11. Requisitos de la edición electrónica

11.1. La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia incorpora la firma electrónica avanzada como garantía de la autenticidad, integridad e inalterabilidad de su contenido. Los ciudadanos podrán verificar el cumplimiento de estas exigencias mediante aplicaciones estándar o herramientas informáticas que estarán disponibles en la dirección electrónica del Boletín Oficial de la Provincia.

11.2. Corresponde a la Diputación Provincial de Valladolid:

  1. Garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid que se publique en su sede electrónica.
  2. Custodiar y conservar la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.
  3. Velar por la accesibilidad de la edición electrónica del Boletín Oficial, así como su permanente adaptación al progreso tecnológico.

Artículo 12. Acceso y consulta a la edición electrónica

12.1. El acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia es universal, público y gratuito a través de su Portal Web, ubicado en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Valladolid.

El Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia ofrecerá, accesible al público, una base de datos gratuita que permita la búsqueda, recuperación e impresión de las disposiciones, actos y anuncios publicados en este diario oficial.

12.2. El acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid comprende la posibilidad de búsqueda y consulta del contenido del diario, así como la posibilidad de descarga del archivo correspondiente o la impresión, tanto del diario completo como de cada una de las disposiciones, actos o anuncios que lo componen.

12.3. La Diputación Provincial de Valladolid, a través de la Oficina del Boletín Oficial de la Provincia, prestará los siguientes servicios

  1. Asistir a los anunciantes en la presentación electrónica de solicitudes de publicación de anuncios.
  2. Asistir a los ciudadanos en la búsqueda de las disposiciones, actos y anuncios publicados en el "Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid".
  3. Facilitar a las personas que lo soliciten copia impresa de la publicación de las disposiciones, actos y anuncios que requiera, o del diario completo.
  4. Facilitar un servicio de suscripción electrónica del Boletín.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN

Artículo 13. Trámites y gestiones disponibles

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 del Reglamento regulador de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Valladolid, se establecen los siguientes trámites y gestiones electrónicos que, a través del Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia, se podrán realizar en la sección específica de "GESTION DE ANUNCIOS":

  1. Presentación y modificación, en su caso, por parte de las Administraciones Públicas y de la Administración de Justicia, de la acreditación de las personas facultadas para ordenar la inserción de anuncios a efectos de lo dispuesto en el artículo siguiente.
  2. Tramitación electrónica de solicitudes de inserción de anuncios.
  3. Tramitación electrónica de las solicitudes de desistimiento de anuncios remitidos.
  4. Recepción por los anunciantes de comunicaciones relativas a los anuncios presentados.
  5. Pago telemático de la tasa por prestación del servicio, de conformidad con lo que se disponga en la Ordenanza Fiscal reguladora.
  6. Consulta del estado de tramitación de un anuncio.
  7. Consulta al histórico de anuncios tramitados por vía electrónica por el interesado.
  8. Obtención, en formato PDF, de copia del justificante de presentación de la solicitud.

Artículo 14. Registro de autoridades y personal funcionario

14.1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 5/2002, la oficina del Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de comprobar la autenticidad de los documentos a publicar, llevará un registro de autoridades y personal funcionario facultados para firmar la orden de inserción de los originales destinados a su publicación mediante la presentación de documento de acreditación de firma a través del procedimiento electrónico habilitado al efecto en la dirección electrónica del Boletín.

A estos efectos, los órganos correspondientes de las Administraciones Públicas y de la Administración de Justicia acreditarán ante la Diputación Provincial de Valladolid, según su normativa específica, a las personas facultadas para ordenar la inserción, así como las modificaciones que se produzcan en lo sucesivo, siendo dichas autoridades o funcionarios los sujetos responsables de la autenticidad del contenido de los originales remitidos para su publicación.

14.2. Cuando se trate de anuncios tramitados a instancia de particulares, éstos habrán de acreditar de forma fehaciente la condición a través de la cual actúan por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.

Artículo 15. Solicitudes de inserción de anuncios

15.1. Para la publicación de cualquier documento en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid deberá presentarse necesariamente una solicitud de publicación dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Valladolid, y habrá de cumplimentarse la correspondiente solicitud de inserción. Esta solicitud deberá contener los siguientes datos:

  1. Administración Pública o Administración de Justicia y Órgano o Unidad Administrativa que interesa la publicación.
  2. Nombre y apellidos o la razón social, cuando se trate de personas físicas o de personas jurídicas.
  3. El Número de Identificación Fiscal del solicitante.
  4. Domicilio del solicitante.
  5. Sujeto pasivo de la tasa por prestación del servicio del Boletín, en su caso.
  6. Número de identificación fiscal del sujeto pasivo.
  7. Domicilio fiscal del sujeto pasivo.
  8. El tipo de disposición y número, cuando se trate de disposiciones o resoluciones de las Administraciones Públicas.
  9. Un resumen del texto cuya inserción se solicita.
  10. Precepto normativo que determine la obligatoriedad de la publicación del documento remitido, salvo que consista en una corrección de errores.
  11. Carácter ordinario o urgente de la publicación. Si no se determinara este aspecto, se considerará que tiene carácter ordinario.
  12. Si en virtud de disposición legal o reglamentaria, existe una fecha concreta o un plazo de publicación deberá indicarse expresamente esa fecha o ese plazo y la norma jurídica en que se basa.
  13. Detalle del formato electrónico en que se remite el texto del documento a publicar, en el caso de particulares que utilicen la presentación en formato papel.
  14. Fecha y firma y, en su caso, sello del solicitante.

La solicitud de publicación de cualquier documento en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid deberá efectuarse por quién esté facultado para ello.

Toda solicitud de publicación deberá de ir acompañada del texto correspondiente, presentándose una solicitud por cada anuncio que pretenda publicarse, debiendo figurar en documentos, archivos separados y perfectamente identificados cada uno de ellos.

15.2. Los canales habilitados para la presentación de solicitudes de publicación de anuncios serán los siguientes, atendiendo al solicitante:

  • 15.2.1. Las Administraciones Públicas, así como la Administración de Justicia, deberán realizar la solicitud y orden de inserción de anuncios exclusivamente mediante el procedimiento electrónico habilitado en el Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, acreditando su identidad y autenticando su actuación mediante los sistemas de firma previstos en el artículo 14 del Reglamento regulador de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Valladolid.

  • 15.2.2. Los particulares y demás sujetos con capacidad para solicitar la inserción de anuncios, podrán efectuar la solicitud eligiendo alguna de las siguientes formas:

    1. Mediante el procedimiento electrónico habilitado en el Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, acreditando su identidad y autenticando su actuación mediante los sistemas de firma previstos en el artículo 14 del Reglamento regulador de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Valladolid.
    2. En formato papel mediante presentación de la solicitud, conforme al modelo, anexo I, en el Registro General de la Diputación Provincial de Valladolid o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.

La Diputación habilitará los medios informáticos precisos para que se pueda realizar la solicitud de publicación de anuncios, por vía electrónica, en la propia oficina de administración del Boletín.

15.3. A través del Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia se hará pública la relación de sistemas de firma electrónica admitidos para la presentación de solicitudes de inserción de anuncios por vía electrónica.

Artículo 16. Presentación mediante procedimiento electrónico

16.1. La solicitud de publicación se efectuará a través del formulario que figura en la sección de anunciantes del Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia e irá acompañada del texto a publicar. A efectos electrónicos, dicho formulario se entiende equivalente al modelo de solicitud de publicación que figura como anexo I a este Reglamento para la presentación de anuncios por medios no electrónicos.

16.2. La solicitud de publicación junto con los documentos a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid se firmarán electrónicamente de acuerdo a las instrucciones que, a tal efecto, se publiquen en el Portal web del Boletín Oficial de la Provincia, y conforme a lo establecido en el Reglamento regulador de la Sede Electrónica y Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Valladolid.

16.3. La firma electrónica de la solicitud de publicación conlleva la entrada del documento electrónico en el Registro General de la Diputación Provincial de Valladolid, que emitirá, por vía electrónica, justificante de su presentación. En este justificante constarán la fecha y hora de presentación, así como el número entrada en el Registro General.

16.4. Las características técnicas de los textos a publicar se especificarán en las instrucciones que al efecto se adopten y se expondrán en el Portal web del Boletín. Dichas instrucciones incluirán los requisitos que han de contener los documentos que se envíen por vía electrónica en relación a formato, tipo y tamaño de letra, imágenes, características de textos y tablas, y composición y presentación de los documentos.

16.5. Excepcionalmente, en el caso de que la presentación electrónica sea obligatoria, cuando se produzca la imposibilidad técnica de remitir por medios electrónicos la solicitud de publicación, así como el texto de los anuncios, podrán presentarse éstos en soporte papel, de acuerdo a lo que se especifica en el artículo siguiente.

Artículo 17. Presentación en formato papel

La presentación de la solicitud de publicación en formato papel deberá cumplir los siguientes requisitos:

    1. a) La solicitud de publicación, conforme al modelo anexo I, debe ir firmada por el solicitante e irá acompañada del original del documento a publicar en formato papel. El documento en papel se enviará debidamente firmado, impreso por una sola cara y con las hojas numeradas correlativamente, evitando sellos y firmas superpuestos que dificulten la lectura de los mismos, con indicación expresa del nombre y apellidos y cargo del firmante, así como el lugar y fecha.
    2. b) Igualmente deberá facilitarse el texto del anuncio en formato digital, a cuyo efecto se habilitarán los medios electrónicos necesarios para su envío a la administración del Boletín.

Es condición indispensable y responsabilidad del anunciante que el contenido en soporte papel sea idéntico al facilitado en soporte informático.

Artículo 18. Carácter reservado de los originales

Los originales recibidos para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid tendrán carácter de reservados y no se facilitará ninguna información sobre ellos salvo al solicitante de su publicación.

Artículo 19. Validación de los documentos presentados

19.1. Los anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid sin introducir ninguna modificación en el texto recibido. Si un anunciante desea introducir modificaciones en el texto de los documentos registrados, deberá formular previamente el desistimiento expreso de la solicitud de publicación de los mismos, y presentar una nueva solicitud de inserción de anuncio.

No se corregirán de oficio las faltas de ortografía que se detecten y tampoco se procederá, en ningún caso, a la corrección de errores de estilo, aritméticos o materiales.

19.2. Los documentos que se presenten para su publicación podrán ser rechazados en los siguientes casos:

    1. Cuando se trate de documentos que el interesado presente por vía electrónica y no se refieran a alguno de los procedimientos a que se refiere el artículo 13 del presente Reglamento.
    2. Cuando se trate de documentos que contengan falta de datos, errores manifiestos, incongruencias u omisiones o se envíen en formato ininteligible para el sistema electrónico del Boletín o puedan afectar a la integridad o seguridad del sistema informático.
    3. Los anuncios recibidos exclusivamente por fax o correo electrónico.

19.3. En los supuestos anteriores no se cursará la solicitud de publicación, comunicándose al remitente del anuncio los motivos del rechazo y los medios de subsanación, en su caso.

19.4. El rechazo de anuncios presentados por vía electrónica, se producirá por el mismo canal de presentación, entendiendo que esta comunicación, así como el requerimiento de subsanación, en su caso, es equiparable a la enviada por correo ordinario, y por tanto, tendrá los mismos efectos que ésta.

Artículo 20. Cómputo de plazos

20.1. La presentación de anuncios por vía electrónica podrá realizarse durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año, incluidos los festivos.

20.2. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento regulador de la Sede Electrónica y Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Valladolid, el cómputo de plazos a efectos de presentación de solicitudes de publicación de anuncios, se rige por las siguientes reglas:

    1. Serán días inhábiles los fijados por el Estado para todo el territorio nacional, los fijados por la Comunidad Autónoma para todo su territorio y los de la ciudad de Valladolid.
    2. A los efectos del cómputo del plazo fijado en días hábiles, la recepción en un día inhábil se entenderá producida en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

Artículo 21. Desistimiento de la solicitud de publicación

Si recibida la solicitud de publicación acompañada del correspondiente anuncio, el solicitante pretende que no sea publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, deberá remitir, por cualquiera de los medios establecidos en este Reglamento, un documento expreso de desistimiento de su solicitud de publicación, identificando clara y concisamente el anuncio al que se está haciendo referencia.

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo regulado en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestación de los servicios del Boletín Oficial de la Provincia, la falta de pago de los anuncios sujetos a la tasa correspondiente determinará que, una vez trascurridos tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud de publicación, se tenga al anunciante por desistido de su solicitud, no procediendo en consecuencia la publicación del anuncio, lo que se comunicará al ordenante de la inserción, por el mismo canal de presentación de la solicitud de publicación.

Artículo 22. Orden de Publicación de los anuncios

La publicación de los documentos en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid se efectuará por orden cronológico de recepción de solicitudes, que sólo podrá ser alterado cuando el volumen del texto a publicar o las características particulares del mismo supongan la realización de trabajos peculiares o no previstos.

En todo caso, se dará preferencia para su publicación a las solicitudes que tengan carácter de urgente, procediendo en su caso, a la contraprestación prevista en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación de los servicios del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, respetándose el cómputo de plazos regulados en este Reglamento.

Artículo 23. Plazos de publicación de los anuncios

23.1. Con carácter ordinario, la publicación se realizará en el plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde la recepción de la orden de inserción y del documento a publicar en el Registro General de la Diputación Provincial, o desde la fecha de pago de la tasa, si procediera, o, en todo caso, desde la fecha en que se verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos para la publicación de anuncios.

23.2. Si la publicación fuera clasificada como urgente a través de declaración expresa de la autoridad competente del órgano remitente, el plazo de publicación del que dispondrá la Oficina del Boletín Oficial de la Provincia se reducirá a 6 días hábiles desde las fechas antes referidas. La publicación de anuncios urgentes supondrá, en su caso, la aplicación de la tarifa urgente establecida en la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación de los servicios del Boletín oficial de la Provincia de Valladolid.

Una vez publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, la unidad administrativa que gestiona el mismo remitirá al solicitante, a través del mismo canal que se hubiera utilizado para la presentación del anuncio, o mediante correo electrónico, un enlace al anuncio publicado.

CAPITULO IV. REGIMEN ECONÓMICO

Artículo 24. Financiación del Servicio

El acceso al Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid es universal, público y gratuito atendiendo sus gastos con cargo al presupuesto anual de la Diputación Provincial de Valladolid. De conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 11 de la Ley 5/2002, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, la Diputación Provincial de Valladolid podrá establecer y exigir tasas por la prestación de servicios relacionados con el boletín, cuya regulación se realizará, en su caso, mediante la aprobación de las correspondientes ordenanzas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Para todo lo no regulado en el presente Reglamento se estará a lo que se dispone en la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los boletines oficiales de las provincias y del resto de normas legales o reglamentarias que resulten de aplicación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La obligatoriedad de presentar las solicitudes de inserción en formato electrónico quedará diferida por período de dos meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento, a fin de atender las necesidades de adaptación y de formación de los usuarios del nuevo sistema.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Se deroga el Reglamento de gestión del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, publicado en el BOP Nº 129, de 9 de junio de 2010.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid y continuará vigente hasta que se modifique o derogue expresamente.

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-04-26 17:34:32 2014-01-17 10:48:24 Información general 99999
10 ¿Cómo y desde cuando se garantiza la autenticidad del BOPVA? BOP electrónico

Para garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del contenido del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, la edición electrónica publicada en la sede electrónica de la Diputación de Valladolid, a partir del 10 de junio del 2010 se incorpora la firma electrónica avanzada.

Artículo 3, de la 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica:

”...

2. La firma electrónica avanzada es la firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control”.

Dicha firma se incorpora por separado en cada una de las disposiciones publicadas, en el sumario y el documento completo del Boletín.

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-03-12 18:27:16 2014-01-17 16:37:47 Información general 60000
11 ¿Por qué un documento electrónico firmado es inalterable? BOP electrónico

El proceso de firma electrónica bloquea y congela el contenido de un documento de modo que cualquier alteración del mismo invalida la firma electrónica incorporada.

El proceso de firma electrónica se compone de dos funciones:

  1. Calcular un resumen (hash) digital de longitud fija a partir del contenido completo del documento.

  2. Cifrar ese resumen con la clave privada correspondiente al certificado del emisor. El resumen cifrado se empaqueta con el documento aunque el contenido visible del documento no se cifra, para que sea legible.

El resultado será la firma electrónica.

Todo documento firmado electrónicamente, puede ser validado, es decir confirmar que no ha sido alterado por ninguna causa desde que se firmó, para lo cual hay que realizar el siguiente proceso:

  1. Volver a calcular el resumen (hash) a partir del contenido del documento.

  2. Descifrar el resumen incluido en el documento mediante la clave pública contenida en el certificado del emisor y

  3. Comparar ambos resúmenes. Si son iguales, el documento no ha sufrido ninguna modificación desde que se firmó y, por tanto es válido. Si ambos resúmenes no son iguales, se ha producido una alteración y la firma es declarad invalida.

El método de cálculo de los resúmenes tiene tres propiedades interesantes:

  1. Su longitud es siempre fija, independientemente de la longitud del documento resumido.

  2. Una alteración mínima del documento produce un resumen muy distinto y,

  3. Calcular un resumen no es una operación simétrica: se puede fácilmente calcular el resumen del texto pero no es posible reconstruir el texto a partir del resumen.

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-03-12 18:27:51 2013-04-26 09:38:25 Información general 60000
29 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid Normativa B.O.P.

Artículo 1. - Fundamento y Naturaleza

1. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 132 y 15 al 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y al amparo del artículo 2 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, la Diputación Provincial de Valladolid acuerda la imposición de la tasa regulada en la presente Ordenanza.

2. Esta tasa constituye un recurso de naturaleza tributaria de la Hacienda Provincial, que grava la prestación de los servicios previstos en el artículo siguiente.

Artículo 2. - Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de inserción voluntaria y obligatoria de todo tipo de documentos y anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.

Artículo 3. - Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten la inserción de anuncios o documentos en el Boletín Oficial de la Provincia y los que resulten afectados o beneficiados por los servicios objeto de esta Ordenanza.

Artículo 4. - Responsables

Responderán solidariamente o subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas en los supuestos y con el alcance previsto en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5. - Base Imponible

La base imponible de la tasa por los servicios de inserción y publicación de documentos y anuncios en el Boletín Oficial vendrá determinada por los siguientes extremos:

  1. Las extensión y características del texto a publicar
  2. El carácter ordinario o urgente de la publicación.

A efectos de determinación de la base imponible, la extensión y características del texto a publicar se medirán de acuerdo a las siguientes reglas:

1.- En el caso de presentación electrónica de anuncios a través del sistema de Boletín:

  1. El texto incluido mediante el procesador de textos del propio sistema se computará por número de líneas. A estos efectos se computarán tanto los espacios en blanco, como las líneas de separación de párrafos.
    La documentación que no se genere utilizando el procesador de textos del sistema y se incorpore al mismo como documentos anexos se computará por número de páginas.

2.- En el caso de presentación en formato papel:

  1. El texto se computará por número de líneas.

Los documentos que contengan imágenes, esquemas o planos se considerarán como anexos al anuncio y se computarán por número de páginas.

Artículo 6. - Cuota Tributaria

La cuota tributaria se determina en función de la base imponible, aplicando a la misma las tarifas que se indican a continuación:

  1. Tramitación ordinaria:
    • Por cada línea…..1,20€.
    • Por cada página de documento anexo……42€.
  2. Tramitación urgente:
    • En los anuncios de carácter urgente al amparo de lo previsto en el artículo 7.3 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, Reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, se aplicará el doble de las tarifas reguladas en el apartado anterior.

Artículo 7.- Beneficios fiscales y Exenciones

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, estarán exentos del pago de la tasa por la prestación del servicio de inserción:

  1. La publicación de disposiciones y resoluciones de inserción obligatoria.
  2. Los anuncios oficiales, cualquiera que sea el solicitante de la inserción, cuando la misma resulte obligatoria, de acuerdo con una norma legal o reglamentaria, así como los edictos y anuncios de Juzgados y Tribunales cuando la inserción sea ordenada de oficio.

3. Se exceptúan de las exenciones a que se refiere el punto anterior las siguientes publicaciones:

  1. Los anuncios publicados a instancias de particulares.
  2. Los anuncios de licitaciones de todo tipo de contratos, de acuerdo con lo establecido en su legislación específica.
  3. Los anuncios oficiales de la Administración de Justicia a instancia de particulares.
  4. Los anuncios cuyo coste sea repercutible a los interesados según las disposiciones aplicables.
  5. Los anuncios derivados de procedimientos sujetos al pago de una tasa, precio público u otro tipo de derechos económicos.
  6. Los anuncios que puedan reportar, directa o indirectamente, un beneficio económico al remitente o solicitante, o tuvieran contenido económico.

    No se considerará, a estos efectos, que reporta un beneficio económico o que tenga contenido económico las citaciones para ser notificados por comparecencia en los procedimientos de recaudación de los diferentes tributos o exacciones parafiscales, en los casos en que, intentada la notificación al interesado o representante por parte de la Administración tributaria o entidades y corporaciones de derecho público a las que corresponde su recaudación, ésta no haya sido posible.

  7. Los anuncios que puedan o deban publicarse además en un diario, según disposición legal o reglamentaria.

4. Estarán exentas del pago, las correcciones de errores de anuncios publicados cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

  1. Cuando el anuncio que se corrige esté exento de pago.
  2. Cuando el anuncio que se corrige esté sujeto a pago, pero se trate de un error causado por la propia actuación de la administración editora del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.

Artículo 8. - Devengo

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando la solicitud de inserción de cualquier clase de texto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene su entrada en el Registro General de la Diputación Provincial de Valladolid, en cualquiera de sus dos modalidades, electrónica o formato papel.

Artículo 9. - Régimen de liquidación y pago de la tasa

1.- La liquidación y recaudación de la tasa por inserción de anuncios se realizará:

  1. La tasa por prestación del servicio público de Boletín Oficial de la Provincia se exigirá en régimen de pago previo. Se incluyen en este régimen las inserciones en las que el importe de la tasa sea repercutible sobre los interesados, independientemente de su procedencia.
    La liquidación se practicará en el momento de presentación de la solicitud de inserción del documento o anuncio, siendo requisito previo para su publicación el pago de la tasa.
  2. Cuando se trate de documentos o anuncios cuya inserción sea solicitada por las Administraciones Públicas o por la Administración de Justicia, y el importe de la tasa no sea repercutible sobre los interesados, una vez publicado el texto, se realizará la liquidación de la tasa, notificándose a la Administración anunciante, como sujeto pasivo, para que proceda a su ingreso, de acuerdo con los plazos establecidos en el Reglamento General de Recaudación.
  3. La Diputación Provincial de Valladolid podrá suscribir convenios de colaboración con las distintas Administraciones Públicas que establezcan sistemas específicos para realizar la liquidación y pago global de las tasas por publicación de textos, no siendo en este caso de aplicación lo establecido anteriormente.

2.- El pago de la tasa sólo podrá realizarse en efectivo por alguno de los siguientes medios:

    • 2.1.- A través de la Entidad o Entidades bancarias colaboradoras o que presten el servicio de caja, por alguna de las siguientes modalidades:
      1. Mediante el ingreso de su importe en las oficinas de la Entidad presentando el documento de cobro facilitado al efecto.
      2. Pago a través del portal web de la Entidad.
      3. Pago en alguno de los cajeros automáticos de la Entidad, mediante la utilización de tarjeta de crédito o débito de la misma.
    • 2.2.- Pago telemático, a través de la sede electrónica de la Diputación de Valladolid, en el portal web del Boletín Oficial de la Provincia, en la dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es, cumpliendo los requisitos que se especifican en el mismo Artículo 10. Formalización de convenios de colaboración

1. Al amparo de lo establecido en el artículo 27.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrán suscribirse convenios de colaboración mediante los cuales se arbitren las formas y procedimientos que se estimen oportunos para realizar la liquidación y pago de las tasas por publicaciones de textos.

2. Estos convenios podrán celebrarse con las entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de la tasa, con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de aquella, o los procedimientos de liquidación y recaudación.

Artículo 11. Infracciones y sanciones

Todo lo referente a la calificación de infracciones tributarias y a las sanciones correspondientes estará sujeto a lo que disponen la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y la Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección Tributaria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Las inserciones de la propia Diputación sólo serán objeto de pago si el importe es repercutible a terceros de conformidad con lo dispuesto en una norma de carácter general.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

En todo aquello que no venga regulado en la presente Ordenanza, se estará a lo que disponen el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley 5/2002, de 4 de abril, Reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección Tributaria.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedará derogada la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid publicado en el Boltetin Oficial de la Provincia de fecha 9 de junio de 2010.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de ser publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-04-26 18:43:07 2014-02-07 11:19:25 Información general 9999
32 Aviso jurídico Aviso jurídico

El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid publicado en la dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es, es oficial y auténtico; toda copia electrónica obtenida desde allí del mismo, o de cualquiera de sus anuncios o disposiciones se considera oficial y auténtica y puede ser contrastada mediante el Código de Verificación Electrónica (CVE).

La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia incorpora la firma electrónica avanzada como garantía de la autenticidad, integridad e inalterabilidad de su contenido, conforme a lo previsto en el Reglamento de Gestión del BOPVA, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 11 de enero de 2013.

El acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia es universal, público y gratuito a través de su Portal Web, ubicado en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Valladolid.

El Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia ofrecerá, accesible al público, una base de datos gratuita que permita la búsqueda, recuperación e impresión de las disposiciones, actos y anuncios publicados en este diario oficial.

El sumario de cada boletín y cada uno de los anuncios publicados, así como el ejemplar completo del Boletín diario, en formato PDF, contendrán los datos de certificación y firma electrónica de la Unidad Administrativa del Boletín y estarán identificados con un Código de Verificación Electrónica (CVE), que permitirá identificar de forma unívoca cada documento, así como comprobar su autenticidad.

El CVE permite contrastar la autenticidad de cualquier impresión en papel de un documento publicado en el BOPVA, mediante el cotejo con el documento electrónico original. Para ello, dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es se puede introducir el CVE y obtener el documento original firmado electrónicamente, directamente de la sede electrónica de la Diputación.

Si por una situación extraordinaria y por motivos de carácter técnico no resultara posible acceder a la edición electrónica del "Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid" en su sede electrónica, una edición impresa del diario garantiza su publicación.

Las copias realizadas en soporte papel de la edición electrónica del BOP VA tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión del Código de

Verificación Electrónica (CVE), para poder contrastar su autenticidad.

Diarios oficiales “Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid” publicados con anterioridad al 10 de junio de 2010, sólo tienen la consideración de oficial y auténtica la edición impresa en papel.

0 1 2013-05-09 00:00:00 2013-04-29 10:14:05 2014-01-17 16:43:06 Información general 9
33 Disponibilidad Disponibilidad

DISPONIBILIDAD

El servicio BOP online permite al usuario consultar por internet el Boletín Oficial  Provincial en los siguientes formatos:

  • Sumario completo en PDF: Desde el 1 de enero de 2003 al 22 de septiembre de 2003.
  • Boletín completo en PDF: Desde el 23 de septiembre de 2003 al 14 de diciembre de 2005.
  • Formato texto, versión completa en PDF, RSS en BÚSQUEDAS, etc, a partir del 15 de diciembre de 2005.
  • La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid desde el 10 de junio del 2010
  • El sistema de Gestión Integral del BOPVA desde el 20 de enero de 2014

 

0 1 2013-05-02 00:00:00 2013-04-29 10:19:51 2014-02-07 11:17:59 Información general 8
21 Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos Normativa B.O.P.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presenten vieren y entedieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

Índice

  1. Exposición de motivos.
  2. Título preliminar. Del ámbito de aplicación y los principios generales.
  3. Título primero. Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos.
  4. Título segundo. Régimen jurídico de la administración electrónica.
    1. Capítulo I. De la sede electrónica.
    2. Capítulo II. De la identificación y autenticación.
      1. Sección 1.ª Disposiciones comunes.
      2. Sección 2.ª Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación.
      3. Sección 3.ª Identificación electrónica de las Administraciones Públicas y autenticación del ejercicio de su competencia.
      4. Sección 4.ª De la interoperabilidad y de la acreditación y representación de los ciudadanos.
    3. Capítulo III. De los registros, las comunicaciones y las notificaciones electrónicas.
      1. Sección 1.ª De los registros.
      2. Sección 2.ª De las comunicaciones y las notificaciones electrónicas.
    4. Capítulo IV. De los documentos y los archivos electrónicos.
  5. Título tercero. De la gestión electrónica de los procedimientos.
    1. Capítulo I. Disposiciones comunes.
    2. Capítulo II. Utilización de medios electrónicos en la tramitación del procedimiento.
  6. Título cuarto. Cooperación entre administraciones para el impulso de la administración electrónica.
    1. Capítulo I. Marco institucional de cooperación en materia de administración electrónica.
    2. Capítulo II. Cooperación en materia de interoperabilidad de sistemas y aplicaciones.
    3. Capítulo III. Reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnologías.
  7. DISPOSICIONES ADICIONALES
    1. Disposición adicional primera. Reunión de Órganos Colegiados por medios electrónicos.
    2. Disposición adicional segunda. Formación de empleados públicos.
    3. Disposición adicional tercera. Plan de Medios en la Administración General del Estado.
    4. Disposición adicional cuarta. Procedimientos Especiales.
    5. Disposición adicional quinta. Función Estadística.
    6. Disposición adicional sexta. Uso de Lenguas Oficiales.
  8. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
    1. Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
  9. DISPOSICIONES DEROGATORIAS
    1. Disposición derogatoria única.
  10. DISPOSICIONES FINALES
    1. Disposición final primera. Carácter básico de la Ley.
    2. Disposición final segunda. Publicación electrónica del «Boletín Oficial del Estado».
    3. Disposición final tercera. Adaptación de las Administraciones Públicas para el ejercicio de derechos.
    4. Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 84/1978, de 28 de diciembre, por la que se regula la tasa por expedición del Documento Nacional de Identidad.
    5. Disposición final quinta. Modificación de la Ley 16/1979, de 2 de octubre, sobre Tasas de la Jefatura Central de Tráfico.
    6. Disposición final sexta. Habilitación para la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado.
    7. Disposición final séptima. Desarrollo reglamentario del artículo 4 c).
    8. Disposición final octava. Desarrollo y Entrada en vigor de la Ley.
  11. ANEXO . Definiciones

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Determinadas edades de la humanidad han recibido su denominación de las técnicas que se empleaban en las mismas y hoy podríamos decir que las tecnologías de la información y las comunicaciones están afectando también muy profundamente a la forma e incluso al contenido de las relaciones de los seres humanos entre sí y de las sociedades en que se integran. El tiempo actual -y en todo caso el siglo XXI, junto con los años finales del XX-, tiene como uno de sus rasgos característicos la revolución que han supuesto las comunicaciones electrónicas. En esa perspectiva, una Administración a la altura de los tiempos en que actúa tiene que acompañar y promover en beneficio de los ciudadanos el uso de las comunicaciones electrónicas. Estos han de ser los primeros y principales beneficiarios del salto, impensable hace sólo unas décadas, que se ha producido en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones electrónicas. Al servicio, pues, del ciudadano la Administración queda obligada a transformarse en una administración electrónica regida por el principio de eficacia que proclama el artículo 103 de nuestra Constitución.

Es en ese contexto en el que las Administraciones deben comprometerse con su época y ofrecer a sus ciudadanos las ventajas y posibilidades que la sociedad de la información tiene, asumiendo su responsabilidad de contribuir a hacer realidad la sociedad de la información. Los técnicos y los científicos han puesto en pie los instrumentos de esta sociedad, pero su generalización depende, en buena medida, del impulso que reciba de las Administraciones Públicas. Depende de la confianza y seguridad que genere en los ciudadanos y depende también de los servicios que ofrezca.

El mejor servicio al ciudadano constituye la razón de la reformas que tras la aprobación de la Constitución se han ido realizando en España para configurar una Administración moderna que haga del principio de eficacia y eficiencia su eje vertebrador siempre con la mira puesta en los ciudadanos. Ese servicio constituye también la principal razón de ser de la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos que trata, además, de estar a la altura de la época actual.

En efecto, la descentralización política del Estado no se agotó en su primer y más inmediato designio de organizar políticamente España de una forma muy diferente al Estado unitario, sino que ha sido ocasión para que la mayor proximidad democrática de los nuevos poderes autonómicos se tradujese también en una mayor proximidad de las Administraciones de ellos dependientes respecto del ciudadano.

En la misma línea se mueve el reconocimiento constitucional de la autonomía local.

No obstante, esa mayor proximidad al ciudadano de la Administración, derivada de la descentralización autonómica y local, no ha acabado de superar la barrera que sigue distanciando todavía al ciudadano de la Administración, de cualquier Administración, incluida la del Estado, y que, muchas veces, no es otra que la barrera que levanta el tiempo y el espacio: el tiempo que hay que dedicar a la relación con aquélla para la realización de muchos trámites de la vida diaria que empiezan a veces por la necesidad de una primera información que exige un desplazamiento inicial, más los sucesivos desplazamientos y tiempo que se dedican a posteriores trámites a hacer con la Administración para las actividades más elementales. Esas primeras barreras potencian, en ocasiones, otras que afectan a la posición servicial de las Administraciones Públicas. Éstas no pueden cumplir siempre su misión atendiendo cualquier cosa que pida un ciudadano, puesto que puede estar en contradicción con los intereses de la mayoría de los demás ciudadanos, con los intereses generales representados por las leyes. Pero en esos casos -en que los intereses generales no coinciden con los intereses individuales- la relación con el ciudadano debe ser, también, lo más rápida y clara posible sin pérdidas de tiempo innecesarias.

En todo caso, esas primeras barreras en las relaciones con la Administración -la distancia a la que hay que desplazarse y el tiempo que es preciso dedicar- hoy día no tienen razón de ser. Las tecnologías de la información y las comunicaciones hacen posible acercar la Administración hasta la sala de estar de los ciudadanos o hasta las oficinas y despachos de las empresas y profesionales. Les permiten relacionarse con ella sin colas ni esperas. E incluso recibir servicios e informaciones ajenos a actividades de intervención administrativa o autorización; informaciones y servicios no relacionados con actuaciones limitadoras, sino al contrario ampliadoras de sus posibilidades. Esas condiciones permiten también a los ciudadanos ver a la Administración como una entidad a su servicio y no como una burocracia pesada que empieza por exigir, siempre y para empezar, el sacrificio del tiempo y del desplazamiento que impone el espacio que separa el domicilio de los ciudadanos y empresas de las oficinas públicas. Pero, además de eso, las nuevas tecnologías de la información facilitan, sobre todo, el acceso a los servicios públicos a aquellas personas que antes tenían grandes dificultades para llegar a las oficinas públicas, por motivos de localización geográfica, de condiciones físicas de movilidad u otros condicionantes, y que ahora se pueden superar por el empleo de las nuevas tecnologías. Se da así un paso trascendental para facilitar, en igualdad de condiciones, la plena integración de estas personas en la vida pública, social, laboral y cultural.

De ello se percató la Ley 30/1992 de 26 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-dimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), que en su primera versión recogió ya en su artículo 45 el impulso al empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, por parte de la Administración al objeto de desarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias y de permitir a los ciudadanos relacionarse con las Administraciones cuando fuese compatible con los «medios técnicos de que dispongan».

Esa previsión, junto con la de la informatización de registros y archivos del artículo 38 de la misma Ley en su versión originaria y, especialmente, en la redacción que le dio la Ley 24/2001 de 27 de diciembre al permitir el establecimiento de registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones por medios telemáticos, abría el paso a la utilización de tales medios para relacionarse con la Administración.

Simultáneamente, la misma Ley 24/2001 modificó el artículo 59 permitiendo la notificación por medios telemáticos si el interesado hubiera señalado dicho medio como preferente o consentido expresamente.

En el mismo sentido destacan las modificaciones realizadas en la Ley General Tributaria para permitir también las notificaciones telemáticas así como el artículo 96 de la nueva Ley General Tributaria de 2003 que prevé expresamente la actuación administrativa automatizada o la imagen electrónica de los documentos.

Sin embargo, el desarrollo de la administración electrónica es todavía insuficiente. La causa en buena medida se debe a que las previsiones de los artículos 38, 45 y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común son facultativas. Es decir, dejan en manos de las propias Administraciones determinar si los ciudadanos van a poder de modo efectivo, o no, relacionarse por medios electrónicos con ellas, según que éstas quieran poner en pie los instrumentos necesarios para esa comunicación con la Administración.

Por ello esta Ley pretende dar el paso del «podrán» por el «deberán».

Las avanzadas para el momento, pero por otra parte prudentes, previsiones legales, muy válidas en 1992 o en 2001, hoy han quedado desfasadas, ante una realidad en que el grado de penetración de ordenadores y el número de personas y entidades con acceso en banda ancha a Internet, con las posibilidades abiertas a otras tecnologías y plataformas, no se corresponden ya con los servicios meramente facultativos que la Ley citada permite y estimula a establecer a las Administraciones.

El servicio al ciudadano exige consagrar su derecho a comunicarse con las Administraciones por medios electrónicos. La contrapartida de ese derecho es la obligación de éstas de dotarse de los medios y sistemas electrónicos para que ese derecho pueda ejercerse. Esa es una de las grandes novedades de la Ley: pasar de la declaración de impulso de los medios electrónicos e informáticos -que se concretan en la práctica en la simple posibilidad de que algunas Administraciones, o algunos de sus órganos, permitan las comunicaciones por medios electrónicos- a que estén obligadas a hacerlo porque la Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a establecer relaciones electrónicas.

La Ley consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para tales Administraciones. El reconocimiento de tal derecho y su correspondiente obligación se erigen así en el eje central del proyecto de Ley.

Pero en torno a dicho eje es preciso abordar muchas otras que contribuyen a definir y concretar el alcance de ese derecho. Así, por ejemplo, tal derecho se hace efectivo de modo real mediante la imposición, al menos en el ámbito de la Administración General del Estado y en los términos de la ley, de la obligación de poner a disposición de ciudadanos y empresas al menos un punto de acceso general a través del cual los usuarios puedan, de forma sencilla, acceder a la información y servicios de su competencia; presentar solicitudes y recursos; realizar el trámite de audiencia cuando proceda; efectuar pagos o acceder a las notificaciones y comunicaciones que les remitan la Administración Pública.

También debe encontrar información en dicho punto de acceso único sobre los servicios multicanal o que le sean ofrecidos por más de un medio, tecnología o plataforma.

II

La Ley se articula a partir de las competencias del Estado que le reconoce el artículo 149.1.18 de la Constitución: «Bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas», por una parte y «procedimiento administrativo común» por otra.

Por otra parte, la regulación estatal, en lo que tiene de básico, deja margen a los desarrollos autonómicos, sin que pueda olvidarse, además, que el objeto de las bases en este caso deben permitir «en todo caso», de acuerdo con este número 18, un «tratamiento común» ante ellas.

En esta perspectiva, la regulación del Estado debe abordar aquellos aspectos en los que es obligado que las previsiones normativas sean comunes, como es el caso de la interoperabilidad, las garantías de las comunicaciones electrónicas, los servicios a los que tienen derecho los ciudadanos, la conservación de las comunicaciones electrónicas y los demás temas que se abordan en la ley para garantizar que el ejercicio del derecho a relacionarse electrónicamente con todas las administraciones forme parte de ese tratamiento común que tienen.

La Ley 30/1992 se limitó a abrir la posibilidad, como se ha dicho, de establecer relaciones telemáticas con las Administración, pero la hora actual demanda otra regulación que garantice, pero ahora de modo efectivo, un tratamiento común de los ciudadanos antes todas las Administraciones: que garantice, para empezar y sobre todo, el derecho a establecer relaciones electrónicas con todas las Administraciones Públicas. Las nuevas realidades, exigencias y experiencias que se han ido poniendo de manifiesto; el propio desarrollo de la sociedad de la información, la importancia que una regulación clara, precisa y común de los derechos de los ciudadanos y el cambio de circunstancias tecnológicas y sociales exige actualizar el contenido, muy diferente al de 1992, de la regulación básica que esté hoy a la altura de las nueva exigencias. Esa regulación común exige, hoy, por ejemplo, reconocer el derecho de los ciudadanos -y no sólo la posibilidad- de acceder mediante comunicaciones electrónicas a la Administración.

III

El reconocimiento general del derecho de acceder electrónicamente a las Administraciones Públicas tiene otras muchas consecuencias a las que hay dar solución y de las que aquí, de forma resumida, se enumeran algunas.

Así, en primer lugar, la progresiva utilización de medios electrónicos suscita la cuestión de la privacidad de unos datos que se facilitan en relación con un expediente concreto pero que, archivados de forma electrónica como consecuencia de su propio modo de transmisión, hacen emerger el problema de su uso no en el mismo expediente en el que es evidente, desde luego, pero, sí la eventualidad de su uso por otros servicios o dependencias de la Administración o de cualquier Administración o en otro expediente. Las normas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal deben bastar, y no se trata de hacer ninguna innovación al respecto, pero sí de establecer previsiones que garanticen la utilización de los datos obtenidos de las comunicaciones electrónicas para el fin preciso para el que han sido remitidos a la Administración.

Por otra parte, los interesados en un procedimiento tienen derecho de acceso al mismo y ver los documentos. Lo mismo debe suceder, como mínimo, en un expediente iniciado electrónicamente o tramitado de esta forma. Dicho expediente debe poder permitir el acceso en línea a los interesados para verificar la situación del expediente, sin mengua de todas las garantías de la privacidad.

En todo caso, la progresiva utilización de comunicaciones electrónicas, derivada del reconocimiento del derecho a comunicarse electrónicamente con la Administración, suscita la cuestión no ya de la adaptación de ésta -recursos humanos y materiales- a una nueva forma de relacionarse con los ciudadanos, sino también la cuestión de la manera de adaptar sus formas de actuación y tramitación de los expedientes y en general adaptar los procedimientos a la nueva realidad que imponen las nuevas tecnologías.

El hecho de reconocer el derecho de los ciudadanos a comunicarse electrónicamente con la Administración plantea, en primer lugar, la necesidad de definir claramente la «sede» administrativa electrónica con la que se establecen las relaciones, promoviendo un régimen de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad. Exige también abordar la definición a los efectos de la Ley de una serie de términos y conceptos cuyo uso habitual obliga en un contexto de comunicaciones electrónicas a efectuar muchas precisiones. Tal sucede con la definición de expediente electrónico y de documento electrónico; de los registros electrónicos y de las notificaciones electrónicas o del alcance y sistemas de sellados de tiempo.

La consagración de ese derecho de los ciudadanos a comunicarse electrónicamente con la Administración suscita, también, por ejemplo, la cuestión de la forma de utilizar y archivar dichas comunicaciones. Y lo plantea tanto en lo que podría considerarse la formación del expediente o el archivo de oficina -el vinculado a la tramitación de los expedientes-, como en lo que se refiere al archivo de los expedientes ya tramitados.

En cuanto al funcionamiento interno de la Administración, las nuevas tecnologías permiten oportunidades de mejora (eficiencia y reducción de costes) que hacen ineludible la consideración de las formas de tramitación electrónica, tanto para la tramitación electrónica de expedientes, como para cualquier otra actuación interna de la Administración, expandiéndolas gradualmente con el objetivo del año 2009.

Ciertamente, el uso de medios electrónicos no puede significar merma alguna del derecho del interesado en un expediente a acceder al mismo en la forma tradicional, así como tampoco puede suponer un freno o un retraso para que la Administración internamente adopte los mecanismos más adecuados, en este caso medios electrónicos, que le permitan mejorar procesos y reducir el gasto público. Conjugar ambos requerimientos es posible gracias a las medidas de la política de fomento de desarrollo de la Sociedad de la Información que se vienen impulsando en los últimos años. En este sentido la Administración debe incorporar las nuevas tecnologías a su funcionamiento interno y, simultáneamente, se debe garantizar que aquellos ciudadanos que por cualquier motivo (no disponibilidad de acceso a las nuevas tecnologías o falta de formación) no puedan acceder electrónicamente a la Administración Pública, dispongan de los medios adecuados para seguir comunicándose con la Administración con los mismos derechos y garantías. La solución a ese doble objetivo pasa por la formación del personal al servicio de la Administración que atiende al público para que hagan posible la comunicación de estos ciudadanos con la administración electrónica, así como por la disponibilidad de puntos de acceso electrónico públicos en sedes administrativas. O también, desde luego, establecer las previsiones generales que sean garantía de los derechos de los ciudadanos y de un tratamiento igual ante todas las Administraciones en todos esos supuestos.

En segundo lugar es necesario regular la validez de los documentos y sus copias y la forma de que el documento electrónico opere con plena validez en modo convencional y, en su caso, la forma en que los documentos convencionales se transformen en documentos electrónicos.

Otra cuestión que se aborda es la de las plataformas que pueden utilizar los ciudadanos o las propias Administraciones para establecer tales comunicaciones electrónicas. El ordenador e Internet puede ser una vía, pero no es desde luego la única; las comunicaciones vía SMS pueden ser otra forma de actuación que en algunas Administraciones están siendo ya utilizadas. La Televisión Digital Terrestre, por ejemplo, abre también posibilidades con las que hay también que contar. La Ley no puede limitarse a regular el uso de los canales electrónicos disponibles hoy en día, ya que la gran velocidad en el desarrollo de las tecnologías de la información hacen posible la aparición de nuevos instrumentos electrónicos que pudieran aplicarse para la administración electrónica en muy poco tiempo, siendo necesario generalizar la regulación de estos canales.

La Ley debe partir del principio de libertad de los ciudadanos en la elección de la vía o canal por el que quieren comunicarse con la Administración, si bien cada tecnología puede ser apta para una función en razón de sus características y de la fiabilidad y seguridad de sus comunicaciones.

IV

Debe recordarse que el impulso de una administración electrónica supone también dar respuesta a los compromisos comunitarios y a las iniciativas europeas puestas en marcha a partir de Consejo Europeo de Lisboa y Santa Maria da Feira, continuado con sucesivas actuaciones hasta la actual comunicación de la Comisión «i2010: Una Sociedad de la Información Europea para el crecimiento y el empleo».

El impulso comunitario a la iniciativa e-Europa da la máxima importancia al desarrollo de la administración electrónica, buscando aprovechar todas las posibilidades de las nuevas tecnologías como un factor determinante del futuro económico de Europa.

En estos años de vigencia de la iniciativa e-Europa el ámbito de actuación de la administración electrónica ha crecido considerablemente en sucesivas revisiones, hasta llegar a noviembre de 2005, cuando, tras la publicación de la comunicación relativa a i2010 se aprobó, en la Cumbre de Manchester, una resolución ministerial, con objetivos concretos para el desarrollo de la administración electrónica en la Unión. Tras esta resolución se aprobó el Plan de Acción sobre administración electrónica i2010, en la que se señala que los éxitos de la administración electrónica son ya claramente visibles en varios países de la UE, estimando en 50.000 millones de euros el ahorro anual en toda la Unión que una implantación generalizada de ella podría generar.

Asimismo, el 12 de diciembre de 2006, y con objeto de avanzar en la consecución del objetivo fijado por el Consejo Europeo de Lisboa, se aprobó la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior.

Esta Directiva establece, entre otras obligaciones para los Estados miembros, la de facilitar por medios electrónicos acceso a los trámites relacionados con las actividades de servicios y a la información de interés tanto para los prestadores como para los destinatarios de los mismos.

Por ello, y dada la analogía de esta finalidad con el objetivo de esta Ley, se realiza en la misma una referencia expresa a la información y trámites relacionados con las actividades de servicios, de forma que los artículos 6, 7 y 8 de la Directiva pueden considerarse traspuestos por esta Ley.

Por otra parte, en el contexto internacional, también otros organismos se han interesado en la administración electrónica como forma de activar la economía y mejorar el gobierno de los países como es el caso de la OCDE, que publicó en 2004 un estudio con un título casi autodescriptivo: «La administración electrónica: Un imperativo», donde resalta los ahorros que la administración electrónica puede generar al permitirles aumentar su eficacia.

También el Consejo de Europa, desde una perspectiva más social, está analizando la administración electrónica como un motor de desarrollo. En diciembre de 2004 el Comité de Ministros adoptó una recomendación donde se señala que la administración electrónica no es asunto meramente técnico, sino de gobernanza democrática.

V

En este contexto, una Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas se justifica en la creación de un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de estas tecnologías. Y el principal reto que tiene la implantación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la sociedad en general y en la Administración en particular es la generación de confianza suficiente que elimine o minimice los riesgos asociados a su utilización. La desconfianza nace de la percepción, muchas veces injustificada, de una mayor fragilidad de la información en soporte electrónico, de posibles riesgos de pérdida de privacidad y de la escasa transparencia de estas tecnologías.

Por otro lado, la legislación debe proclamar y erigirse sobre un principio fundamental como es la conservación de las garantías constitucionales y legales a los derechos de los ciudadanos y en general de las personas que se relacionan con la Administración Pública, cuya exigencia se deriva del artículo 18.4 CE, al encomendar a la ley la limitación del uso de la informática para preservar el ejercicio de los derechos constitucionales. Esta conservación exige afirmar la vigencia de los derechos fundamentales no sólo como límite, sino como vector que orienta esta reforma legislativa de acuerdo con el fin promocional consagrado en el artículo 9.2 de nuestro texto fundamental, así como recoger aquellas peculiaridades que exigen la aplicación segura de estas tecnologías. Estos derechos deben completarse con otros exigidos por el nuevo soporte electrónico de relaciones, entre los que debe estar el derecho al uso efectivo de estos medios para el desarrollo de las relaciones de las personas con la Administración. Las anteriores consideraciones cristalizan en un Estatuto del ciudadano frente a la administración electrónica que recoge un elenco no limitativo de las posiciones del ciudadano en sus relaciones con las Administraciones Públicas, así como las garantías específicas para su efectividad.

Con este fin, la Ley crea la figura del Defensor del Usuario, que atenderá las quejas y realizará las sugerencias y propuestas pertinentes para mejorar las relaciones de ciudadanos en su trato con las Administraciones Públicas por medios electrónicos.

De otro lado, merece subrayarse el papel de vanguardia que corresponde a nuestras empresas en el desarrollo de una verdadera sociedad de la información y, por ende, de una Administración accesible electrónicamente. No en vano, la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC's) en el día a día de la empresa, necesaria en virtud de las exigencias del entorno abierto y altamente competitivo en que operan, ha sido y es palanca impulsora para el desarrollo y creciente incorporación de esas mismas tecnologías en el actuar administrativo. Al mismo tiempo, representa una ayuda insustituible para favorecer la expansión de la «cultura electrónica» entre los trabajadores-ciudadanos.

Las empresas pueden, en tal sentido, desempeñar un papel coadyuvante clave para la consecución de los objetivos pretendidos por esta Ley. Las razones apuntadas aconsejan un tratamiento específico de aquellos procedimientos y gestiones que de forma más intensa afectan al desarrollo de la actividad empresarial.

A todo ello se debe la aprobación de esta Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en la que se incluyen las siguientes materias con la estructura que se recoge en los siguientes apartados.

VI

La Ley se estructura en cinco títulos, seis disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una derogatoria y ocho finales.

En el Título Preliminar se definen el objeto y finalidades de la ley, los principios generales a los que se ajusta, así como su ámbito de aplicación. Debe destacarse el carácter básico de la ley en los términos establecidos en la disposición final primera, siendo por tanto de aplicación a todas las Administraciones Públicas los artículos referidos en dicha disposición final.

La Ley establece entre otros, el principio de igualdad, para que la utilización de comunicaciones electrónicas con las Administraciones Públicas no implique una discriminación para los ciudadanos que se relacionen con la Administración por medios no electrónicos.

En el Título Primero están recogidos los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos. Para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, se establece la obligación de las Administraciones de habilitar diferentes canales o medios para la prestación de los servicios electrónicos.

Asimismo, se establece la obligación de cada Administración de facilitar a las otras Administraciones los datos de los interesados que se le requieran y obren en su poder, en la tramitación de un procedimiento, siempre que el interesado preste su consentimiento expreso, el cual podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos, al objeto de que los ciudadanos no deban aportar datos y documentos que están en poder de las Administraciones Públicas.

Para velar por la efectividad de los derechos reconocidos a los ciudadanos se prevé, en el ámbito de la Administración General del Estado, la actuación de las Inspecciones Generales de Servicios de los Departamentos Ministeriales y del Defensor del usuario.

En el Título Segundo se regula el régimen jurídico de la administración electrónica. Por una parte, su Capítulo Primero se dedica a la sede electrónica, como dirección electrónica cuya gestión y administración corresponde a una Administración Pública funcionando con plena responsabilidad respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que puede accederse a través de la misma. En la normativa de desarrollo de la Ley, cada Administración determinará los instrumentos de creación de las sedes electrónicas.

En su Capítulo Segundo se regulan las formas de identificación y autenticación, tanto de los ciudadanos como de los órganos administrativos en el ejercicio de sus competencias, siendo destacable que se habilitan distintos instrumentos de acreditación, que se concretarán en la normativa aplicable a cada supuesto con criterios de proporcionalidad. El Documento Nacional de Identidad electrónico está habilitado con carácter general para todas las relaciones con las Administraciones Públicas, y por ello se impulsará como fórmula para extender el uso general de la firma electrónica. También se establece la obligación para cualquier Administración de admitir los certificados electrónicos reconocidos en el ámbito de la Ley de Firma Electrónica.

Interesa también destacar sobre esta cuestión, y con objeto de evitar la brecha digital, la posibilidad de que sean funcionarios públicos quienes acrediten la voluntad de los ciudadanos, siguiendo el procedimiento establecido, para sus relaciones electrónicas con la Administración.

En el Capítulo Tercero se regulan los registros, comunicaciones y notificaciones electrónicas. La principal novedad a este respecto es la nueva regulación de los registros electrónicos, de manera que puedan convertirse en un instrumento que se libere de la rigidez actual y sirvan para la presentación de cualquier escrito o solicitud ante las Administraciones Públicas.

La Ley regula las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos con las Administraciones y de éstas entre sí, para aunar los criterios de agilidad y de seguridad jurídica. En el Capítulo Cuarto, sobre los documentos y archivos electrónicos, se establecen las condiciones para reconocer la validez de un documento electrónico, se regula todo el sistema de copias electrónicas, tanto las realizadas a partir de documentos emitidos originariamente en papel, como las copias de documentos que ya estuvieran en soporte electrónico y las condiciones para realizar en soporte papel copia de originales emitidos por medios electrónicos, o viceversa.

El Título Tercero trata de la gestión electrónica de los procedimientos, desarrolla la regulación de los procedimientos administrativos utilizando medios electrónicos y los criterios a seguir en la gestión electrónica, guardando un cierto paralelismo con la regulación que encontramos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así, se regula la iniciación, instrucción y terminación de procedimientos por medios electrónicos.

En este Título cabe hacer especial referencia a la obligación que se establece para las Administraciones Públicas de poner a disposición de los usuarios información por medios electrónicos sobre el estado de tramitación de los procedimientos, tanto para los gestionados en su totalidad por medios electrónicos como para el resto de procedimientos.

El Título Cuarto está dedicado a la Cooperación entre Administraciones para el impulso de la administración electrónica. En él se establecen el órgano de cooperación en esta materia de la Administración General del Estado con los de las Comunidades Autónomas y con la Administración Local, y se determinan los principios para garantizar la interoperabilidad de sistemas de información así como las bases para impulsar la reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnologías entre Administraciones.

La Ley consta, por último, de seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y ocho finales entre las que presenta especial relevancia la disposición final primera en la que se citan los preceptos de la ley que tienen carácter básico al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución.

Especial interés tiene también la disposición final tercera, pues con independencia de la fecha de entrada en vigor de la Ley, en ella se señalan las fechas para la efectividad plena del derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, estableciendo los plazos que se consideran adecuados para llevar a cabo las necesarias actuaciones previas de adecuación por parte de las distintas Administraciones Públicas.

Redactado el apartado VI, primer párrafo conforme a la corrección de erratas publicada en BOE núm. 158, de 3 de julio de 2007. Ref. BOE-A-2007-12871

TÍTULO PRELIMINAR

Del ámbito de aplicación y los principios generales

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. La presente Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica.

2. Las Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de la información de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. La presente Ley, en los términos expresados en su disposición final primera, será de aplicación:

  1. A las Administraciones Públicas, entendiendo por tales la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las mismas.
  2. A los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
  3. A las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas.

2. La presente Ley no será de aplicación a las Administraciones Públicas en las actividades que desarrollen en régimen de derecho privado.

Artículo 3. Finalidades de la Ley.

Son fines de la presente Ley:

1. Facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por medios electrónicos.

2. Facilitar el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la información y al procedimiento administrativo, con especial atención a la eliminación de las barreras que limiten dicho acceso.

3. Crear las condiciones de confianza en el uso de los medios electrónicos, estableciendo las medidas necesarias para la preservación de la integridad de los derechos fundamentales, y en especial los relacionados con la intimidad y la protección de datos de carácter personal, por medio de la garantía de la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos.

4. Promover la proximidad con el ciudadano y la transparencia administrativa, así como la mejora continuada en la consecución del interés general.

5. Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las Administraciones Públicas, incrementando la eficacia y la eficiencia de las mismas mediante el uso de las tecnologías de la información, con las debidas garantías legales en la realización de sus funciones.

6. Simplificar los procedimientos administrativos y proporcionar oportunidades de participación y mayor transparencia, con las debidas garantías legales.

7. Contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito de las Administraciones Públicas y en la sociedad en general.

Artículo 4. Principios generales.

La utilización de las tecnologías de la información tendrá las limitaciones establecidas por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, respetando el pleno ejercicio por los ciudadanos de los derechos que tienen reconocidos, y ajustándose a los siguientes principios:

  1. El respeto al derecho a la protección de datos de carácter personal en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de los Datos de Carácter Personal, en las demás leyes específicas que regulan el tratamiento de la información y en sus normas de desarrollo, así como a los derechos al honor y a la intimidad personal y familiar.
  2. Principio de igualdad con objeto de que en ningún caso el uso de medios electrónicos pueda implicar la existencia de restricciones o discriminaciones para los ciudadanos que se relacionen con las Administraciones Públicas por medios no electrónicos, tanto respecto al acceso a la prestación de servicios públicos como respecto a cualquier actuación o procedimiento administrativo sin perjuicio de las medidas dirigidas a incentivar la utilización de los medios electrónicos.
  3. Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos en los términos establecidos por la normativa vigente en esta materia, a través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal y el diseño para todos de los soportes, canales y entornos con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran.
  4. Principio de legalidad en cuanto al mantenimiento de la integridad de las garantías jurídicas de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas establecidas en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  5. Principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos por las Administraciones Públicas al objeto de garantizar tanto la interoperabilidad de los sistemas y soluciones adoptados por cada una de ellas como, en su caso, la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos. En particular, se garantizará el reconocimiento mutuo de los documentos electrónicos y de los medios de identificación y autenticación que se ajusten a lo dispuesto en la presente Ley.
  6. Principio de seguridad en la implantación y utilización de los medios electrónicos por las Administraciones Públicas, en cuya virtud se exigirá al menos el mismo nivel de garantías y seguridad que se requiere para la utilización de medios no electrónicos en la actividad administrativa.
  7. Principio de proporcionalidad en cuya virtud sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones. Asimismo sólo se requerirán a los ciudadanos aquellos datos que sean estrictamente necesarios en atención a la finalidad para la que se soliciten.
  8. Principio de responsabilidad y calidad en la veracidad y autenticidad de las informaciones y servicios ofrecidos por las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos.
  9. Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las técnicas y sistemas de comunicaciones electrónicas garantizando la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos y por las Administraciones Públicas, así como la libertad de desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A estos efectos las Administraciones Públicas utilizarán estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
  10. Principio de simplificación administrativa, por el cual se reduzcan de manera sustancial los tiempos y plazos de los procedimientos administrativos, logrando una mayor eficacia y eficiencia en la actividad administrativa.
  11. Principio de transparencia y publicidad del procedimiento, por el cual el uso de medios electrónicos debe facilitar la máxima difusión, publicidad y transparencia de las actuaciones administrativas.

Artículo 5. Definiciones.

A efectos de la presente ley, los términos que en ellas se emplean tendrán el sentido que se establece en su anexo.

TÍTULO PRIMERO

Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos

Artículo 6. Derechos de los ciudadanos.

1. Se reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.

2. Además, los ciudadanos tienen en relación con la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa, y en los términos previstos en la presente Ley, los siguientes derechos:

  1. A elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas.
  2. A no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.
  3. A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Públicas.
  4. A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa de aplicación establezca restricciones al acceso a la información sobre aquéllos.
  5. A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de interesado.
  6. A la conservación en formato electrónico por las Administraciones Públicas de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente.
  7. A obtener los medios de identificación electrónica necesarios, pudiendo las personas físicas utilizar en todo caso los sistemas de firma electrónica del Documento Nacional de Identidad para cualquier trámite electrónico con cualquier Administración Pública.
  8. A la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos en el ámbito de las Administraciones Públicas.
  9. A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
  10. A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.
  11. A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones Públicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

3. En particular, en los procedimientos relativos al acceso a una actividad de servicios y su ejercicio, los ciudadanos tienen derecho a la realización de la tramitación a través de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, y a la obtención de la siguiente información a través de medios electrónicos, que deberá ser clara e inequívoca:

  1. Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en territorio español, en especial los relativos a los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicio y para su ejercicio.
  2. Los datos de las autoridades competentes en las materias relacionadas con las actividades de servicios, así como los datos de las asociaciones y organizaciones distintas de las autoridades competentes a las que los prestadores o destinatarios puedan dirigirse para obtener asistencia o ayuda.
  3. Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a prestadores de actividades de servicios.
  4. Las vías de reclamación y recurso en caso de litigio entre las autoridades competentes y el prestador o el destinatario, o entre un prestador y un destinatario, o entre prestadores.

Se modifica el apartado 3 por el art. 3.1 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-20725

Artículo 7. Defensa de los derechos de los ciudadanos.

1. En la Administración General del Estado, se crea la figura del Defensor del usuario de la administración electrónica, que velará por la garantía de los derechos reconocidos a los ciudadanos en la presente Ley, sin perjuicio de las competencias atribuidas en este ámbito a otros órganos o entidades de derecho público. Será nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas entre personas de reconocido prestigio en la materia. Estará integrado en el Ministerio de Administraciones Públicas y desarrollará sus funciones con imparcialidad e independencia funcional.

2. El Defensor del usuario de la administración electrónica elaborará, con carácter anual, un informe que se elevará al Consejo de Ministros y se remitirá al Congreso de los Diputados. Dicho informe contendrá un análisis de las quejas y sugerencia recibidas así como la propuesta de las actuaciones y medidas a adoptar en relación con lo previsto en el apartado 1 de este artículo.

3. Para el ejercicio de sus funciones, el Defensor del usuario de la administración electrónica contará con los recursos de la Administración General del Estado con la asistencia que, a tal efecto, le presten las Inspecciones Generales de los Servicios de los Departamentos ministeriales y la Inspección General de Servicios de la Administración Pública. En particular, las Inspecciones de los Servicios le asistirán en la elaboración del informe al que se refiere el apartado anterior y le mantendrán permanentemente informado de las quejas y sugerencias que se reciban en relación con la prestación de servicios públicos a través de medios electrónicos. A estos efectos, la Comisión Coordinadora de las Inspecciones generales de servicios de los departamentos ministeriales realizará, en este ámbito, las funciones de coordinación que tiene legalmente encomendadas.

4. Reglamentariamente se determinará el estatuto del Defensor del usuario de la administración electrónica, así como la regulación de sus relaciones con los órganos a los que se refiere el apartado anterior de este artículo.

Artículo 8. Garantía de prestación de servicios y disposición de medios e instrumentos electrónicos.

1. Las Administraciones Públicas deberán habilitar diferentes canales o medios para la prestación de los servicios electrónicos, garantizando en todo caso el acceso a los mismos a todos los ciudadanos, con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos, en la forma que estimen adecuada.

2. La Administración General del Estado garantizará el acceso de todos los ciudadanos a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito a través de un sistema de varios canales que cuente, al menos, con los siguientes medios:

  1. Las oficinas de atención presencial que se determinen, las cuales pondrán a disposición de los ciudadanos de forma libre y gratuita los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos reconocidos en el artículo 6 de esta Ley, debiendo contar con asistencia y orientación sobre su utilización, bien a cargo del personal de las oficinas en que se ubiquen o bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento.
  2. Puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes electrónicas creadas y gestionadas por los departamentos y organismos públicos y disponibles para los ciudadanos a través de redes de comunicación. En particular se creará un Punto de acceso general a través del cual los ciudadanos puedan, en sus relaciones con la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, acceder a toda la información y a los servicios disponibles. Este Punto de acceso general contendrá la relación de servicios a disposición de los ciudadanos y el acceso a los mismos, debiendo mantenerse coordinado, al menos, con los restantes puntos de acceso electrónico de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
  3. Servicios de atención telefónica que, en la medida en que los criterios de seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a los ciudadanos el acceso a las informaciones y servicios electrónicos a los que se refieren los apartados anteriores.

Artículo 9. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.

1. Para un eficaz ejercicio del derecho reconocido en el apartado 6.2.b), cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder y se encuentren en soporte electrónico, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.

2. La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a aquellos que son requeridos a los ciudadanos por las restantes Administraciones para la tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos. El acceso a los datos de carácter personal estará, además, condicionado al cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 6.2.b) de la presente Ley.

TÍTULO SEGUNDO

Régimen jurídico de la administración electrónica

CAPÍTULO I

De la sede electrónica

Artículo 10. La sede electrónica.

1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias.

2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.

3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.

4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.

5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

Artículo 11. Publicaciones electrónicas de Boletines Oficiales.

1. La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano o Entidad competente tendrá, en las condiciones y garantías que cada Administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa.

2. La publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del organismo competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables.

Artículo 12. Publicación electrónica del tablón de anuncios o edictos.

La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deban publicarse en tablón de anuncios o edictos podrá ser sustituida o complementada por su publicación en la sede electrónica del organismo correspondiente.

CAPÍTULO II

De la identificación y autenticación
Sección 1.ª Disposiciones comunes

Artículo 13. Formas de identificación y autenticación.

1. Las Administraciones Públicas admitirán, en sus relaciones por medios electrónicos, sistemas de firma electrónica que sean conformes a lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica y resulten adecuados para garantizar la identificación de los participantes y, en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos.

2. Los ciudadanos podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica para relacionarse con las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que cada Administración determine:

  1. En todo caso, los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas.
  2. Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por las Administraciones Públicas.
  3. Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se determinen.

3. Las Administraciones Públicas podrán utilizar los siguientes sistemas para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan:

  1. Sistemas de firma electrónica basados en la utilización de certificados de dispositivo seguro o medio equivalente que permita identificar la sede electrónica y el establecimiento con ella de comunicaciones seguras.
  2. Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.
  3. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
  4. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme a lo específicamente acordado entre las partes.

 

Sección 2.ª Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación

Artículo 14. Utilización del Documento Nacional de Identidad.

Las personas físicas podrán, en todo caso y con carácter universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad en su relación por medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El régimen de utilización y efectos de dicho documento se regirá por su normativa reguladora.

Artículo 15. Utilización de sistemas de firma electrónica avanzada.

1. Los ciudadanos, además de los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, referidos en el artículo 14, podrán utilizar sistemas de firma electrónica avanzada para identificarse y autenticar sus documentos.

2. La relación de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos, con carácter general, en el ámbito de cada Administración Pública, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Dicha relación incluirá, al menos, información sobre los elementos de identificación utilizados así como, en su caso, las características de los certificados electrónicos admitidos, los prestadores que los expiden y las especificaciones de la firma electrónica que puede realizarse con dichos certificados.

3. Los certificados electrónicos expedidos a Entidades sin personalidad jurídica, previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica podrán ser admitidos por las Administraciones Públicas en los términos que estas determinen.

Artículo 16. Utilización de otros sistemas de firma electrónica.

1. Las Administraciones Públicas podrán determinar, teniendo en cuenta los datos e intereses afectados, y siempre de forma justificada, los supuestos y condiciones de utilización por los ciudadanos de otros sistemas de firma electrónica, tales como claves concertadas en un registro previo, aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos.

2. En aquellos supuestos en los que se utilicen estos sistemas para confirmar información, propuestas o borradores remitidos o exhibidos por una Administración Pública, ésta deberá garantizar la integridad y el no repudio por ambas partes de los documentos electrónicos concernidos.

3. Cuando resulte preciso, las Administraciones Públicas certificarán la existencia y contenido de las actuaciones de los ciudadanos en las que se hayan usado formas de identificación y autenticación a que se refiere este artículo.

 

Sección 3.ª Identificación electrónica de las administraciones públicas y autenticación del ejercicio de su competencia

Artículo 17. Identificación de las sedes electrónicas.

Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, sistemas de firma electrónica basados en certificados de dispositivo seguro o medio equivalente.

Artículo 18. Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.

1. Para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica:

  1. Sello electrónico de Administración Pública, órgano o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
  2. Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano o entidad y, en su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.

2. Los certificados electrónicos a los que se hace referencia en el apartado 1.a) incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, pudiendo contener la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos.

3. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos.

Artículo 19. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 17 y 18, la identificación y autenticación del ejercicio de la competencia de la Administración Pública, órgano o entidad actuante, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del personal a su servicio, de acuerdo con lo dispuesto en los siguientes apartados.

2. Cada Administración Pública podrá proveer a su personal de sistemas de firma electrónica, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios.

3. La firma electrónica basada en el Documento Nacional de Identidad podrá utilizarse a los efectos de este artículo.

Artículo 20. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación.

1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos y entidades de derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar.

3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas administraciones, las condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante convenio.

4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan.

 

Sección 4.ª De la interoperabilidad y de la acreditación y representación de los ciudadanos

Artículo 21. Interoperabilidad de la identificación y autenticación por medio de certificados electrónicos.

1. Los certificados electrónicos reconocidos emitidos por prestadores de servicios de certificación serán admitidos por las Administraciones Públicas como válidos para relacionarse con las mismas, siempre y cuando el prestador de servicios de certificación ponga a disposición de las Administraciones Públicas la información que sea precisa en condiciones que resulten tecnológicamente viables y sin que suponga coste alguno para aquellas.

2. Los sistemas de firma electrónica utilizados o admitidos por alguna Administración Pública distintos de los basados en los certificados a los que se refiere el apartado anterior podrán ser asimismo admitidos por otras Administraciones, conforme a principios de reconocimiento mutuo y reciprocidad.

3. La Administración General del Estado dispondrá, al menos, de una plataforma de verificación del estado de revocación de todos los certificados admitidos en el ámbito de las Administraciones Públicas que será de libre acceso por parte de todos los Departamentos y Administraciones. Cada Administración Pública podrá disponer de los mecanismos necesarios para la verificación del estado de revocación y la firma con los certificados electrónicos admitidos en su ámbito de competencia.

Artículo 22. Identificación y autenticación de los ciudadanos por funcionario público.

1. En los supuestos en que para la realización de cualquier operación por medios electrónicos se requiera la identificación o autenticación del ciudadano mediante algún instrumento de los previstos en el artículo 13 de los que aquel no disponga, tal identificación o autenticación podrá ser validamente realizada por funcionarios públicos mediante el uso del sistema de firma electrónica del que estén dotados.

2. Para la eficacia de lo dispuesto en el apartado anterior, el ciudadano deberá identificarse y prestar su consentimiento expreso, debiendo quedar constancia de ello para los casos de discrepancia o litigio.

3. Cada Administración Pública mantendrá actualizado un registro de los funcionarios habilitados para la identificación o autenticación regulada en este artículo.

Artículo 23. Formas de Representación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.2, las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación.

CAPÍTULO III

De los registros, las comunicaciones y las notificaciones electrónicas
Sección 1.ª De los Registros

Artículo 24. Registros electrónicos.

1. Las Administraciones Públicas crearán registros electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

2. Los registros electrónicos podrán admitir:

  1. Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos.
  2. Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados en el apartado anterior dirigido a cualquier órgano o entidad del ámbito de la administración titular del registro.

3. En cada Administración Pública existirá, al menos, un sistema de registros electrónicos suficiente para recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a dicha Administración Pública. Las Administraciones Públicas podrán, mediante convenios de colaboración, habilitar a sus respectivos registros para la recepción de las solicitudes, escritos y comunicaciones de la competencia de otra Administración que se determinen en el correspondiente convenio.

4. En el ámbito de la Administración General del Estado se automatizarán las oficinas de registro físicas a las que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de garantizar la interconexión de todas sus oficinas y posibilitar el acceso por medios electrónicos a los asientos registrales y a las copias electrónicas de los documentos presentados.

Artículo 25. Creación y funcionamiento.

1. Las disposiciones de creación de registros electrónicos se publicarán en el Diario Oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles a los efectos previstos en el artículo siguiente.

2. En la sede electrónica de acceso al registro figurará la relación actualizada de las solicitudes, escritos y comunicaciones a las que se refiere el apartado 2.a) del artículo anterior que pueden presentarse en el mismo así como, en su caso, la posibilidad de presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones a los que se refiere el apartado 2.b) de dicho artículo.

3. Los registros electrónicos emitirán automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del escrito, solicitud o comunicación de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro.

4. Podrán aportarse documentos que acompañen a la correspondiente solicitud, escrito o comunicación, siempre que cumplan los estándares de formato y requisitos de seguridad que se determinen en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad. Los registros electrónicos generarán recibos acreditativos de la entrega de estos documentos que garanticen la integridad y el no repudio de los documentos aportados.

Artículo 26. Cómputo de plazos.

1. Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de los plazos imputables tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.

2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.

3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

4. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b del artículo 24, por la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, solicitud o comunicación.

5. Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electrónico determinará, atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquella, los días que se considerarán inhábiles a los efectos de los apartados anteriores. En todo caso, no será de aplicación a los registros electrónicos lo dispuesto en el artículo 48.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 

Sección 2.ª De las comunicaciones y las notificaciones electrónicas

Artículo 27. Comunicaciones electrónicas.

1. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con las Administraciones Públicas, sea o no por medios electrónicos, excepto en aquellos casos en los que de una norma con rango de Ley se establezca o infiera la utilización de un medio no electrónico. La opción de comunicarse por unos u otros medios no vincula al ciudadano, que podrá, en cualquier momento, optar por un medio distinto del inicialmente elegido.

2. Las Administraciones Públicas utilizarán medios electrónicos en sus comunicaciones con los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o consentido expresamente. La solicitud y el consentimiento podrán, en todo caso, emitirse y recabarse por medios electrónicos.

3. Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de las mismas.

4. Las Administraciones publicarán, en el correspondiente Diario Oficial y en la propia sede electrónica, aquellos medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en cada supuesto en el ejercicio de su derecho a comunicarse con ellas.

5. Los requisitos de seguridad e integridad de las comunicaciones se establecerán en cada caso de forma apropiada al carácter de los datos objeto de aquellas, de acuerdo con criterios de proporcionalidad, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

6. Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

7. Las Administraciones Públicas utilizarán preferentemente medios electrónicos en sus comunicaciones con otras Administraciones Públicas. Las condiciones que regirán estas comunicaciones se determinarán entre las Administraciones Públicas participantes.

Artículo 28. Práctica de la notificación por medios electrónicos.

1. Para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido su utilización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.6. Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento citados anteriormente podrán emitirse y recabarse, en todo caso, por medios electrónicos.

2. El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.

3. Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común y normas concordantes, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

4. Durante la tramitación del procedimiento el interesado podrá requerir al órgano correspondiente que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, utilizándose los demás medios admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, excepto en los casos previstos en el artículo 27.6 de la presente Ley.

5. Producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia el acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas correspondientes, siempre que quede constancia de dichos acceso.

CAPÍTULO IV

De los documentos y los archivos electrónicos

Artículo 29. Documento administrativo electrónico.

1. Las Administraciones Públicas podrán emitir validamente por medios electrónicos los documentos administrativos a los que se refiere el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que incorporen una o varias firmas electrónicas conforme a lo establecido en la Sección 3.ª del Capítulo II de la presente Ley.

2. Los documentos administrativos incluirán referencia temporal, que se garantizará a través de medios electrónicos cuando la naturaleza del documento así lo requiera.

3. La Administración General del Estado, en su relación de prestadores de servicios de certificación electrónica, especificará aquellos que con carácter general estén admitidos para prestar servicios de sellado de tiempo.

Artículo 30. Copias electrónicas.

1. Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos emitidos por el propio interesado o por las Administraciones Públicas, manteniéndose o no el formato original, tendrán inmediatamente la consideración de copias auténticas con la eficacia prevista en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que el documento electrónico original se encuentre en poder de la Administración, y que la información de firma electrónica y, en su caso, de sellado de tiempo permitan comprobar la coincidencia con dicho documento.

2. Las copias realizadas por las Administraciones Públicas, utilizando medios electrónicos, de documentos emitidos originalmente por las Administraciones Públicas en soporte papel tendrán la consideración de copias auténticas siempre que se cumplan los requerimientos y actuaciones previstas en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Las Administraciones Públicas podrán obtener imágenes electrónicas de los documentos privados aportados por los ciudadanos, con su misma validez y eficacia, a través de procesos de digitalización que garanticen su autenticidad, integridad y la conservación del documento imagen, de lo que se dejará constancia. Esta obtención podrá hacerse de forma automatizada, mediante el correspondiente sello electrónico.

4. En los supuestos de documentos emitidos originalmente en soporte papel de los que se hayan efectuado copias electrónicas de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, podrá procederse a la destrucción de los originales en los términos y con las condiciones que por cada Administración Pública se establezcan.

5. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos administrativos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora.

Artículo 31. Archivo electrónico de documentos.

1. Podrán almacenarse por medios electrónicos todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas.

2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.

3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.

Artículo 32. Expediente electrónico.

1. El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan.

2. El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmado por la Administración, órgano o entidad actuante, según proceda. Este índice garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.

3. La remisión de expedientes podrá ser sustituida a todos los efectos legales por la puesta a disposición del expediente electrónico, teniendo el interesado derecho a obtener copia del mismo.

TÍTULO TERCERO

De la gestión electrónica de los procedimientos

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes

Artículo 33. Utilización de medios electrónicos.

1. La gestión electrónica de la actividad administrativa respetará la titularidad y el ejercicio de la competencia por la Administración Pública, órgano o entidad que la tenga atribuida y el cumplimiento de los requisitos formales y materiales establecidos en las normas que regulen la correspondiente actividad. A estos efectos, y en todo caso bajo criterios de simplificación administrativa, se impulsará la aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo y la gestión de los procedimientos y de la actuación administrativa.

2. En la aplicación de medios electrónicos a la actividad administrativa se considerará la adecuada dotación de recursos y medios materiales al personal que vaya a utilizarlos, así como la necesaria formación acerca de su utilización.

Artículo 34. Criterios para la gestión electrónica.

La aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos, procesos y servicios irá siempre precedida de la realización de un análisis de rediseño funcional y simplificación del procedimiento, proceso o servicio, en el que se considerarán especialmente los siguientes aspectos:

  1. La supresión o reducción de la documentación requerida a los ciudadanos, mediante su sustitución por datos, transmisiones de datos o certificaciones, o la regulación de su aportación al finalizar la tramitación.
  2. La previsión de medios e instrumentos de participación, transparencia e información.
  3. La reducción de los plazos y tiempos de respuesta.
  4. La racionalización de la distribución de las cargas de trabajo y de las comunicaciones internas.

CAPÍTULO II

Utilización de medios electrónicos en la tramitación del procedimiento

Artículo 35. Iniciación del procedimiento por medios electrónicos.

1. La iniciación de un procedimiento administrativo a solicitud de interesado por medios electrónicos requerirá la puesta a disposición de los interesados de los correspondientes modelos o sistemas electrónicos de solicitud en la sede electrónica que deberán ser accesibles sin otras restricciones tecnológicas que las estrictamente derivadas de la utilización de estándares en los términos establecidos en el apartado i) del artículo 4 y criterios de comunicación y seguridad aplicables de acuerdo con las normas y protocolos nacionales e internacionales.

2. Los interesados podrán aportar al expediente copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. La Administración Pública podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir al particular la exhibición del documento o de la información original. La aportación de tales copias implica la autorización a la Administración para que acceda y trate la información personal contenida en tales documentos.

3. Con objeto de facilitar y promover su uso, los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras administraciones e, incluso, ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el ciudadano verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.

Artículo 36. Instrucción del procedimiento utilizando medios electrónicos.

1. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción por medios electrónicos de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables de los procedimientos así como la tramitación ordenada de los expedientes y facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.

2. Los sistemas de comunicación utilizados en la gestión electrónica de los procedimientos para las comunicaciones entre los órganos y unidades intervinientes a efectos de emisión y recepción de informes u otras actuaciones deberán cumplir los requisitos establecidos en esta Ley.

3. Cuando se utilicen medios electrónicos para la participación de los interesados en la instrucción del procedimiento a los efectos del ejercicio de su derecho a presentar alegaciones en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución o en la práctica del trámite de audiencia cuando proceda, se emplearán los medios de comunicación y notificación previstos en los artículos 27 y 28 de esta Ley.

Artículo 37. Acceso de los interesados a la información sobre el estado de tramitación.

1. En los procedimientos administrativos gestionados en su totalidad electrónicamente, el órgano que tramita el procedimiento pondrá a disposición del interesado un servicio electrónico de acceso restringido donde éste pueda consultar, previa identificación, al menos la información sobre el estado de tramitación del procedimiento, salvo que la normativa aplicable establezca restricciones a dicha información. La información sobre el estado de tramitación del procedimiento comprenderá la relación de los actos de trámite realizados, con indicación sobre su contenido, así como la fecha en la que fueron dictados.

2. En el resto de los procedimientos se habilitarán igualmente servicios electrónicos de información del estado de la tramitación que comprendan, al menos, la fase en la que se encuentra el procedimiento y el órgano o unidad responsable.

Artículo 38. Terminación de los procedimientos por medios electrónicos.

1. La resolución de un procedimiento utilizando medios electrónicos garantizará la identidad del órgano competente mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en los artículos 18 y 19 de esta Ley.

2. Podrán adoptarse y notificarse resoluciones de forma automatizada en aquellos procedimientos en los que así esté previsto.

Artículo 39. Actuación administrativa automatizada.

En caso de actuación automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.

TÍTULO CUARTO

Cooperación entre administraciones para el impulso de la administración electrónica

CAPÍTULO I

Marco institucional de cooperación en materia de administración electrónica

Artículo 40. Comité Sectorial de administración electrónica.

1. El Comité Sectorial de administración electrónica, dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, es el órgano técnico de cooperación de la Administración General del Estado, de las administraciones de las Comunidades Autónomas y de las entidades que integran la Administración Local en materia de administración electrónica.

2. El Comité Sectorial de la administración electrónica velará por el cumplimiento de los fines y principios establecidos en esta Ley, y en particular desarrollará las. siguientes funciones:

  1. Asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas.
  2. Preparar planes programas conjuntos de actuación para impulsar el desarrollo de la administración electrónica en España.
  3. Asegurar la cooperación entre las administraciones públicas para proporcionar al ciudadano información administrativa clara, actualizada e inequívoca.

3. Cuando por razón de las materias tratadas resulte de interés podrá invitarse a las organizaciones, corporaciones o agentes sociales que se estime conveniente en cada caso a participar en las deliberaciones del comité sectorial.

Se añade la letra c) al apartado 2 por el art. 3.2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-20725

CAPÍTULO II

Cooperación en materia de interoperabilidad de sistemas y aplicaciones

Artículo 41. Interoperabilidad de los Sistemas de Información.

Las Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de la información en sus relaciones con las demás administraciones y con los ciudadanos, aplicando medidas informáticas, tecnológicas, organizativas, y de seguridad, que garanticen un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa y eviten discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.

Artículo 42. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad.

1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprenderá el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.

2. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de la información.

3. Ambos Esquemas se elaborarán con la participación de todas las Administraciones y se aprobarán por Real Decreto del Gobierno, a propuesta de la Conferencia Sectorial de Administración Pública y previo informe de la Comisión Nacional de Administración Local, debiendo mantenerse actualizados de manera permanente.

4. En la elaboración de ambos Esquemas se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea, la situación tecnológica de las diferentes Administraciones Públicas, así como los servicios electrónicos ya existentes. A estos efectos considerarán la utilización de estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

Artículo 43. Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas.

La Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y las entidades que integran la Administración Local, así como los consorcios u otras entidades de cooperación constituidos a tales efectos por éstas, adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos ámbitos las tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de sus redes con el fin de crear una red de comunicaciones que interconecte los sistemas de información de las Administraciones Públicas españolas y permita el intercambio de información y servicios entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados Miembros.

1. Las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios de colaboración con objeto de articular medidas e instrumentos de colaboración para la implantación coordinada y normalizada de una red de espacios comunes o ventanillas únicas.

2. En particular, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, se implantarán espacios comunes o ventanillas únicas para obtener la información prevista en el artículo 6.3 de esta Ley y para realizar los trámites y procedimientos a los que hace referencia el apartado a) de dicho artículo.

CAPÍTULO III

Reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnologías

Artículo 45. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración.

1. Las administraciones titulares de los derechos de propiedad intelectual de aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o cuyo desarrollo haya sido objeto de contratación, podrán ponerlas a disposición de cualquier Administración sin contraprestación y sin necesidad de convenio.

2. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas como de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se fomente la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la información

Artículo 46. Transferencia de tecnología entre Administraciones.

1. Las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, especialmente en aquellos campos de especial interés para el desarrollo de la administración electrónica y de conformidad con lo que al respecto se establezca en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

2. La Administración General del Estado, a través de un centro para la transferencia de la tecnología, mantendrá un directorio general de aplicaciones para su reutilización, prestará asistencia técnica para la libre reutilización de aplicaciones e impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes de especial interés para el desarrollo de la administración electrónica en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad.

Disposición adicional primera. Reunión de Órganos colegiados por medios electrónicos.

1. Los órganos colegiados podrán constituirse y adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos, con respeto a los trámites esenciales establecidos en los artículos 26 y el 27.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la Administración General del Estado, lo previsto en el apartado anterior se efectuará de acuerdo con las siguientes especialidades:

  1. Deberá garantizarse la realización efectiva de los principios que la legislación establece respecto de la convocatoria, acceso a la información y comunicación del orden del día, en donde se especificarán los tiempos en los que se organizarán los debates, la formulación y conocimiento de las propuestas y la adopción de acuerdos.
  2. El régimen de constitución y adopción de acuerdos garantizará la participación de los miembros de acuerdo con las disposiciones propias del órgano.
  3. Las actas garantizarán la constancia de las comunicaciones producidas así como el acceso de los miembros al contenido de los acuerdos adoptados.

Disposición adicional segunda. Formación de empleados públicos.

La Administración General del Estado promoverá la formación del personal a su servicio en la utilización de medios electrónicos para el desarrollo de las actividades propias de aquélla.

En especial, los empleados públicos de la Administración General del Estado recibirán formación específica que garantice conocimientos actualizados de las condiciones de seguridad de la utilización de medios electrónicos en la actividad administrativa, así como de protección de los datos de carácter personal, respeto a la propiedad intelectual e industrial y gestión de la información.

Disposición adicional tercera. Plan de Medios en la Administración General del Estado.

En el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley, el Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los Ministerios de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio, elevará al Consejo de Ministros un Plan de implantación de los medios necesarios para el ámbito de la Administración General del Estado. Dicho Plan incorporará las estimaciones de los recursos económicos, técnicos y humanos que se consideren precisos para la adecuada aplicación de lo dispuesto en la presente Ley en los tiempos establecidos en el calendario al que se refiere el apartado 2 de la disposición final tercera, así como los mecanismos de evaluación y control de su aplicación.

Disposición adicional cuarta. Procedimientos Especiales.

La aplicación de lo dispuesto en el Título Tercero de esta ley a los procedimientos en materia tributaria, de seguridad social y desempleo y de régimen jurídico de los extranjeros en España, se efectuará de conformidad con lo establecido en las disposiciones adicionales quinta, sexta, séptima y decimonovena de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, en la aplicación de esta ley habrán de ser tenidas en cuenta las especificidades en materia de contratación pública, conforme a lo preceptuado en la disposición adicional séptima del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Disposición adicional quinta. Función Estadística.

Lo dispuesto en los artículos 6.2.b) y 9 de la presente ley no será de aplicación a la recogida de datos prevista en el Capítulo II de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.

Disposición adicional sexta. Uso de Lenguas Oficiales.

1. Se garantizará el uso de las lenguas oficiales del Estado en las relaciones por medios electrónicos de los ciudadanos con las Administraciones Públicas, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la normativa que en cada caso resulte de aplicación.

2. A estos efectos, las sedes electrónicas cuyo titular tenga competencia sobre territorios con régimen de cooficialidad lingüística posibilitarán el acceso a sus contenidos y servicios en las lenguas correspondientes.

3. Los sistemas y aplicaciones utilizados en la gestión electrónica de los procedimientos se adaptarán a lo dispuesto en cuanto al uso de lenguas cooficiales en el artículo 36 de la ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

4. Cada Administración Pública afectada determinará el calendario para el cumplimiento progresivo de lo previsto en la presente disposición, debiendo garantizar su cumplimiento total en los plazos establecidos en la disposición final tercera.

Disposición transitoria única. Régimen Transitorio.

1. Los procedimientos y actuaciones de los ciudadanos y las Administraciones Públicas que, utilizando medios electrónicos, se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se seguirán rigiendo por la normativa anterior hasta su terminación.

2. Los registros telemáticos existentes a la entrada en vigor de la presente Ley serán considerados registros electrónicos regulándose por lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 de esta Ley.

Disposición derogatoria única.

1. Quedan derogados los siguientes preceptos de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: apartado número 9 del artículo 38, apartados números 2, 3 y 4 del artículo 45, apartado número 3 del artículo 59 y la disposición adicional decimoctava.

2. Asimismo, quedan derogadas las normas de igual o inferior rango en cuanto contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición final primera. Carácter básico de la Ley.

1. Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.1, 9, 10, 11.1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.1,21.2, 22, 23, 24.1, 24.2, 24.3, 25, 26, 27, 28, 29.1, 29.2, 30, 32, 35, 37.1, 38, 42, el apartado 1 de la disposición adicional primera, la disposición adicional cuarta, la disposición transitoria única y la disposición final tercera se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y sobre el procedimiento administrativo común.

2. Con excepción del artículo 42, el Título IV de la presente ley será de aplicación a todas las Administraciones Públicas en la medida en que éstas participen o se adscriban a los órganos de cooperación o instrumentos previstos en el mismo.

Disposición final segunda. Publicación electrónica del «Boletín Oficial del Estado».

La publicación electrónica del «Boletín Oficial del Estado» tendrá el carácter y los efectos previstos en el artículo 11.2 de la presente Ley desde el 1 de enero de 2009.

Disposición final tercera. Adaptación de las Administraciones Públicas para el ejercicio de derechos.

1. Desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con los procedimientos y actuaciones adaptados a lo dispuesto en la misma, sin perjuicio de lo señalado en los siguientes apartados. A estos efectos, cada Administración Pública hará pública y mantendrá actualizada la relación de dichos procedimientos y actuaciones.

2. En el ámbito de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ésta, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009. A tal fin, el Consejo de Ministros establecerá y hará público un calendario de adaptación gradual de aquellos procedimientos y actuaciones que lo requieran.

3. En el ámbito de las Comunidades Autónomas, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias.

4. En el ámbito de las Entidades que integran la Administración Local, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias. A estos efectos las Diputaciones Provinciales, o en su caso los Cabildos y Consejos Insulares u otros organismos supramunicipales, podrán prestar los servicios precisos para garantizar tal efectividad en el ámbito de los municipios que no dispongan de los medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos.

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 84/1978, de 28 de diciembre, por la que se regula la tasa por expedición del Documento Nacional de Identidad.

Uno. El apartado 2 del artículo 4 queda redactado del siguiente modo:

«2. Quienes hubieran de renovar preceptivamente su documento durante el plazo de vigencia del mismo, por variación de alguno de los datos que se recogen en el mismo.»

Dos. El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria exigible será de 6,70 euros. Los excesos del costo de la expedición, si existen, serán sufragados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.»

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 16/1979, de 2 de octubre, sobre Tasas de la Jefatura Central de Tráfico.

Uno. En el apartado 1 del artículo 5 se modifica la letra d) y se incorpora una nueva letra e) que quedan redactadas del siguiente modo:

«d) Quienes soliciten duplicados de las autorizaciones administrativas para conducir o para circular por cambio de domicilio.

e) Quienes soliciten la baja definitiva de un vehículo por entrega en un establecimiento autorizado para su destrucción.»

Dos. Los puntos 4 y 4 bis, primera columna de la izquierda del Grupo IV del artículo 6, quedan redactados del siguiente modo:

«4. Duplicados de permisos, autorizaciones por extravío, sustracción, deterioro, prórroga de vigencia o cualquier modificación de aquéllos.

4 bis. duplicados de licencias de conducción y de circulación de ciclomotores por extravío, sustracción, deterioro, prórroga de vigencia o cualquier modificación de aquéllos.»

Disposición final sexta. Habilitación para la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado.

El Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los Ministerios de Economía y Hacienda, de Industria, Turismo y Comercio y de Trabajo y Asuntos Sociales, regularán antes del 1 de marzo de 2008 las condiciones del teletrabajo en la Administración General del Estado.

Disposición final séptima. Desarrollo reglamentario del artículo 4.c).

El Gobierno desarrollará reglamentariamente lo previsto en el artículo 4.c) de la presente Ley para garantizar que todos los ciudadanos, con especial atención a las personas con algún tipo de discapacidad y mayores, que se relacionan con la Administración General del Estado puedan acceder a los servicios electrónicos en igualdad de condiciones con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos.

Disposición final octava. Desarrollo y entrada en vigor de la Ley.

1. Corresponde al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.

2. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todo los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 22 de junio de 2007.

JUAN CARLOS R.
La Presidenta del Gobierno en funciones,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

 

ANEXO

Definiciones

A efectos de la presente ley, se entiende por:

  1. Actuación administrativa automatizada: Actuación administrativa producida por un sistema de información adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una persona física en cada caso singular. Incluye la producción de actos de trámite o resolutorios de procedimientos, así como de meros actos de comunicación.
  2. Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un problema mediante el uso de informática.
  3. Aplicación de fuentes abiertas: Aquella que se distribuye con una licencia que permite la libertad de ejecutarla, de conocer el código fuente, de modificarla o mejorarla y de redistribuir copias a otros usuarios.
  4. Autenticación: Acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona o ente, del contenido de la voluntad expresada en sus operaciones, transacciones y documentos, y de la integridad y autoría de estos últimos.
  5. Canales: Estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicios; incluyendo el canal presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros que existan en la actualidad o puedan existir en el futuro (dispositivos móviles, TDT, etc).
  6. Certificado electrónico: Según el artículo 6 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «Documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad».
  7. Certificado electrónico reconocido: Según el artículo 11 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica: «Son certificados reconocidos los certificados electrónicos expedidos por un prestador de servicios de certificación que cumpla los requisitos establecidos en esta Ley en cuanto a la comprobación de la identidad y demás circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de certificación que presten».
  8. Ciudadano: Cualesquiera personas físicas, personas jurídicas y entes sin personalidad que se relacionen, o sean susceptibles de relacionarse, con las Administraciones Públicas.
  9. Dirección electrónica: Identificador de un equipo o sistema electrónico desde el que se provee de información o servicios en una red de comunicaciones.
  10. Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
  11. Estándar abierto: Aquel que reúna las siguientes condiciones:
    • sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso,
    • su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.
  12. Firma electrónica: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante».
  13. Firma electrónica avanzada: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control».
  14. Firma electrónica reconocida: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma».
  15. Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.
  16. Medio electrónico: Mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones; incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como Internet, telefonía fija y móvil u otras.
  17. Punto de acceso electrónico: Conjunto de páginas web agrupadas en un dominio de Internet cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios dirigidos a resolver necesidades específicas de un grupo de personas o el acceso a la información y servicios de a una institución pública.
  18. Sistema de firma electrónica: Conjunto de elementos intervinientes en la creación de una firma electrónica. En el caso de la firma electrónica basada en certificado electrónico, componen el sistema, al menos, el certificado electrónico, el soporte, el lector, la aplicación de firma utilizada y el sistema de interpretación y verificación utilizado por el receptor del documento firmado.
  19. Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de un tercero de confianza de la fecha y hora de realización de cualquier operación o transacción por medios electrónicos.
  20. Espacios comunes o ventanillas únicas: Modos o canales (oficinas integradas, atención telefónica, páginas en Internet y otros) a los que los ciudadanos pueden dirigirse para acceder a las informaciones, trámites y servicios públicos determinados por acuerdo entre varias Administraciones.
  21. Actividad de servicio: Cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una remuneración.
  22. Prestador de actividad de servicio: Cualquier persona física o jurídica que ofrezca o preste una actividad de servicio.

 

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-04-24 13:20:53 2014-01-17 00:59:30 Información general 0
30 Modelo de acreditación de firma Modelos formularios

PDF Modelo de acreditación de firma  (41,98 KBytes)

 

 

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-04-29 10:01:43 2014-02-07 12:29:41 Información general 0
41 ¿Qué es la firma electrónica? Firma electrónica y certificado electrónico

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

La firma electrónica es  la herramienta básica para la realización de gestiones desde su propio ordenador sin necesidad de desplazarse. Permite que tanto el emisor como el receptor de una información, contenido o documento se identifiquen mutuamente con la seguridad de que son los únicos que están interactuando.

Con la firma electrónica se garantiza que los contenidos no se alteran, evita que terceras personas intercepten esos contenidos y que los mismos puedan ser alterados, así como que alguna de las partes pueda “repudiar” la información que recibió de la otra y que inicialmente fue aceptada.

Los aspectos básicos de la firma electrónica se recogen en el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Definiéndose:

  1. la firma electrónica como el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante.
  2. la firma electrónica avanzada es la firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control.

Asimismo, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos recoge, en su artículo 13.2, los medios de autenticación de los ciudadanos ante la administración en las ocasiones en las que se requiere identificación segura. La Diputación Provincial de Valladolid dispone de los siguientes medios de autenticación:

  1. los sistemas de firma electrónica incorporados al documento Nacional de Identidad, para personas físicas;
  2. los sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por las Administraciones Públicas;

Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica podrán utilizar sistemas de firma electrónica de persona jurídica o de entidades sin personalidad jurídica.

 

¿QUÉ ES UN CERTIFICADO ELECTRÓNICO?

La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, en su artículo 6, define el certificado electrónico como un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad.

El firmante es la persona que posee un dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre propio o en nombre de una persona física o jurídica a la que representa.

 

¿QUÉ ES UN PRESTADOR DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN?

Es aquella persona física o jurídica que, cumpliendo los requisitos que determina la legislación establecida sobre la firma electrónica, está capacitado para emitir certificados electrónicos o prestar otros servicios en relación con la firma electrónica.

 

 

0 1 2013-04-15 00:00:00 2023-05-07 00:00:00 2013-05-07 17:28:08 2014-01-17 16:40:46 Información general 0
43 ¿Qué es un prestador de servicios de certificación? Firma electrónica y certificado electrónico

Es aquella persona física o jurídica que, cumpliendo los requisitos que determina la legislación establecida sobre la firma electrónica, está capacitado para emitir certificados electrónicos o prestar otros servicios en relación con la firma electrónica.

0 1 2013-04-17 00:00:00 2023-05-07 00:00:00 2013-05-07 17:39:51 2014-01-09 10:35:41 Información general 0
46 ¿Qué es un certificado electrónico? Firma electrónica y certificado electrónico

La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, en su artículo 6, define el certificado electrónico como un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad.

El firmante es la persona que posee un dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre propio o en nombre de una persona física o jurídica a la que representa.

0 1 2014-01-09 00:00:00 2024-01-09 00:00:00 2014-01-09 10:34:11 2014-01-17 16:41:31 Información General 0
51 Modelo solicitud publicación anuncio Modelos formularios 0 1 2014-01-17 00:00:00 2014-01-17 09:56:21 2014-02-06 14:03:30 Información general 0 53 Reglamento regulador de la Sede Electrónica y Registro Electrónico. Normativa B.O.P. 0 1 2014-01-17 00:00:00 2024-01-17 00:00:00 2014-01-17 12:27:09 2014-01-17 12:27:09 Información general 0 74 Boletines 170 y 171 Incidencias

En la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid se ha ocasionado un salto en la numeración de los Boletines publicados entre el Boletín nº 169 correspondiente al jueves día 24 de julio de 2014 y el Boletín nº 172 correspondiente al viernes día 25 de julio de 2014, por lo que no se ha producido la asignación de los números 170 y 171 a ningún ejemplar de Boletín.

0 1 2014-09-02 00:00:00 2094-09-02 00:00:00 2014-09-02 16:12:17 2014-09-02 16:12:17 Información general 0
[:w] => ]> modulo ayuda_soporte deinteres [G) 5o] => Array ( [/_xml] => articulos_ruta xslt Información general Presentación Información general Presentación BOP electrónico Normativa B.O.P. Calendario Carpetas web Búsquedas Suscripciones RSS Modelos formularios Aviso jurídico Disponibilidad Consultas Boletines Castilla y León Boletines Provinciales Boletines Autonómicos Unión Europea Enlaces de interés Firma electrónica y certificado electrónico ¿Cómo publicar? Requisitos técnicos Preguntas frecuentes Incidencias Información general Ayuda y soporte De interés Instrucciones publicación anuncios Preguntas frecuentes 7 Presentación Presentación

El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, es el Diario Oficial de la Provincia de Valladolid, a través del cual se da publicidad a los documentos que deben ser objeto de publicación oficial, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

La primera edición del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid tiene fecha del 16 de julio de 1833.

Desde entonces, el BOP de Valladolid se edita por la Diputación Provincial de,  su gestión administrativa depende del Área de Asesoramiento, Planificación del Territorio y Nuevas Tecnologías.

La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia se publica a través de su Portal web, ubicado en la sede electrónica de la Diputación de Valladolid, en la dirección: https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es, con plena validez jurídica, garantizándose su autenticidad de conformidad con lo previsto en la  Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y en su normativa de desarrollo.

La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia incorpora la firma electrónica avanzada como garantía de la autenticidad, integridad e inalterabilidad de su contenido

El sumario de cada boletín y cada uno de los anuncios publicados, así como el ejemplar completo del Boletín diario, en formato PDF, contendrán los datos de certificación y firma electrónica de la Unidad Administrativa del Boletín y estarán identificados con un Código de Verificación Electrónica (CVE), que permitirá comprobar su autenticidad.

El CVE permite contrastar la autenticidad de cualquier impresión en papel de un documento publicado en el BOPVA, mediante el cotejo con el documento electrónico original. Para ello se ha de introducir el CVE en el campo de la página web: https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es y obtener el documento original firmado electrónicamente.

NORMATIVA REGULADORA:

1. La Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias

2. El Reglamento de Gestión del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, que regula aspectos relativos a la gestión, edición y publicación del BOP, garantizando su acceso universal, libre y gratuito, y asegurando la autenticidad e integridad de su contenido.

3. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa porla prestación de los servicios del BOPVA

DIRECCIÓN OFICINA BOP VALLADOLID

Diputación Provincial de Valladolid
Edif.. Hospital Viejo. 2ª planta
Avda. Ramón y Cajal, 5
47005 Valladolid
Tef.: +34 983 42 72 35
Fax: +34 983 42 72 65

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-03-12 17:54:54 2015-06-08 10:55:03 Información general 2147483647
9 ¿Qué es el C.V.E? BOP electrónico

El Código de Verificación Electrónica (CVE), consiste en un conjunto de caracteres que identifican de forma única cualquier Anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, el Sumario y el BOP completo.

Este CVE se encuentra impreso en cada una de las páginas de los anuncios publicados, en las del sumario del Boletín. El CVE del BOP completo se localiza en la página inicial del cada boletín diario y en el pié de página de la última página de cada anuncio.

El CVE es importante porque cualquier copia realizada en papel de los originales electrónicos del BOPVA, a partir del 10 de junio de 2010, tendrá la consideración de copia auténtica si incluye el CVE, ya que permite contrastar la autenticidad de cualquier página del Boletín de la Provincia de Valladolid impresa en papel mediante el cotejo con el documento electrónico original.

Para ello, en la página de acceso al diario oficial (https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es) se puede introducir el CVE y obtener el documento original, firmado electrónicamente, directamente de la sede electrónica.

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-03-12 18:26:36 2014-01-21 21:59:23 Información general /imagenes/Winter-Leaves.jpg 999999998
8 Oficial y auténtico BOP electrónico

Aviso jurídico

El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid publicado en la dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es, es oficial y auténtico; toda copia electrónica obtenida desde allí del mismo, o de cualquiera de sus anuncios o disposiciones se considera oficial y auténtica y puede ser contrastada mediante el Código de Verificación Electrónica (CVE).

La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia incorpora la firma electrónica avanzada como garantía de la autenticidad, integridad e inalterabilidad de su contenido, conforme a lo previsto en el Reglamento de Gestión del BOPVA, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 20 de enero de 2013.

El acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia es universal, público y gratuito a través de su Portal Web, ubicado en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Valladolid.

El Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia ofrecerá, accesible al público, una base de datos gratuita que permita la búsqueda, recuperación e impresión de las disposiciones, actos y anuncios publicados en este diario oficial.

El sumario de cada boletín y cada uno de los anuncios publicados, así como el ejemplar completo del Boletín diario, en formato PDF, contendrán los datos de certificación y firma electrónica de la Unidad Administrativa del Boletín y estarán identificados con un Código de Verificación Electrónica (CVE), que permitirá identificar de forma unívoca cada documento, así como comprobar su autenticidad.

El CVE permite contrastar la autenticidad de cualquier impresión en papel de un documento publicado en el BOPVA, mediante el cotejo con el documento electrónico original. Para ello, dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es se puede introducir el CVE y obtener el documento original firmado electrónicamente, directamente de la sede electrónica de la Diputación.

Si por una situación extraordinaria y por motivos de carácter técnico no resultara posible acceder a la edición electrónica del "Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid" en su sede electrónica, una edición impresa del diario garantiza su publicación.

Las copias realizadas en soporte papel de la edición electrónica del BOP VA tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión del Código de Verificación Electrónica

Verificación Electrónica (CVE), para poder contrastar su autenticidad.

Diarios oficiales “Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid” publicados con anterioridad al 10 de junio de 2010, sólo tienen la consideración de oficial y auténtica la edición impresa en papel.

 

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-03-12 18:25:46 2014-01-17 16:36:58 Información general 99999999
20 Ley 5/2002 de boletines oficiales de las provincias Normativa B.O.P.
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren, Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Los Boletines Oficiales de la Provincia se crean por Real Orden de 20 de abril de 1833, donde se establece en cada capital de provincia un diario o boletín periódico en el que se insertarían todas las órdenes, disposiciones y prevenciones que tuvieran que hacerse a las justicias y Ayuntamientos de los pueblos por cualquier autoridad.

La citada norma creó y generalizó los boletines oficiales para todas las provincias, pero no especificó la organización administrativa responsable de su edición y coste económico, así como de la dirección y ordenación de las inserciones de disposiciones y anuncios.

Con posterioridad surgen numerosas disposiciones (Reales Órdenes de 26 de marzo de 1837, 5 de julio de 1837, 6 de abril de 1839, 4 de abril de 1840, 24 de mayo de 1846, 3 de septiembre de 1846, 21 de enero de 1849, 15 de julio de 1849 y 8 de octubre de 1856) que completan la Real Orden de creación de estos boletines oficiales, atribuyendo a los entonces Jefes Políticos la responsabilidad de la edición de los mismos, siendo los órganos decisorios para la inserción de los correspondientes textos, atribuciones éstas que obedecían a su configuración como agentes estatales de comunicación y control de las provincias y de las autoridades locales, a quienes trasladaban las disposiciones dictadas por el Gobierno, verificando su obligado cumplimiento.

A partir de las Reales Órdenes de 8 de octubre de 1856 y de 1 de agosto de 1871, la gestión material del servicio de edición de los Boletines Oficiales de la Provincia pasa a ser responsabilidad de las Diputaciones Provinciales quienes, además, asumían el coste de tal edición, que pasó a considerarse como obligación de dichas Entidades.

II

Esta regulación de los Boletines Oficiales de la Provincia ha dado lugar, desde hace largo tiempo, a diversos problemas derivados, fundamentalmente, de la falta de adecuación de esta normativa a la nueva configuración territorial del Estado, lo que ha llevado a la existencia de un consenso generalizado en torno a la necesidad de una reforma legal que clarifique definitivamente esta cuestión nuclear y, con ello, el régimen de gestión de este servicio.

La disposición adicional quinta de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, dio una nueva redacción al artículo 122 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, añadiéndose un nuevo párrafo a dicho artículo, donde se establece que "Las Diputaciones Provinciales seguirán editando y publicando el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo a tal efecto establecer y exigir tasas y precios por la inserción de anuncios y edictos, y la suscripción y venta de ejemplares". Con este precepto se resolvió el problema económico planteado a las Diputaciones a la hora de hacer frente a los gastos ocasionados por la prestación de este servicio, si bien seguía sin existir una regulación específica del régimen jurídico de estos boletines.

Por su parte, el Congreso de los Diputados aprobó el 13 de diciembre de 2000 una Proposición no de Ley, en la que insta al Gobierno a que, tras los oportunos estudios y consultas, se proceda a dictar la normativa adecuada del servicio de publicación del Boletín Oficial de la Provincia. Entre otros aspectos, esta nueva normativa preverá la posibilidad de que aquellas Comunidades Autónomas, en que así lo acuerden sus respectivos Parlamentos, puedan unificar en una sola publicación oficial los Boletines Oficiales de las Provincias de su territorio con el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el respectivo Gobierno autonómico y los entes locales de su ámbito territorial.

En cumplimiento de este acuerdo, la presente Ley dota a los Boletines Oficiales de la Provincia de un marco jurídico completo y acorde con la actual configuración de la provincia en la Constitución Española de 1978 y en la propia Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, como entidad local dotada de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, previéndose expresamente la posibilidad de integración de estos boletines en el de la Comunidad Autónoma respectiva.

III

Así, se configura expresamente al Boletín Oficial de la Provincia como un servicio público de ámbito provincial, competencia de las Diputaciones Provinciales, a las que corresponde su edición y gestión. Al tratarse de una atribución competencial, es necesaria una norma con rango de Ley por imperativo del artículo 7.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, donde se establece que las competencias propias de las entidades locales territoriales sólo podrán determinarse por Ley.

En este sentido, la necesidad de que las distintas Administraciones públicas y la propia Administración de Justicia dispongan de un instrumento para dar publicidad a sus disposiciones y actuaciones en el ámbito provincial queda atendida, estableciendo en la Ley la inserción obligatoria de aquéllas.

Por otra parte, como viene sucediendo en la actualidad, la publicación de los textos estará sujeta a la correspondiente ordenanza reguladora del servicio aprobada por la Diputación Provincial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, siendo la suscripción obligatoria para los Entes locales de la provincia.

IV

En las disposiciones adicionales se contempla la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan acordar la integración de los Boletines Oficiales de sus Provincias en el Boletín Oficial de la Comunidad, a fin de posibilitar una simplificación en los instrumentos de publicidad normativa existentes, si bien dicha posibilidad deberá contar con el acuerdo de la Diputación Provincial, a fin de respetar los ámbitos de autonomía de la provincia y de la Comunidad Autónoma respectiva.

Por otro lado, también se contempla el reconocimiento de los regímenes especiales derivados de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía recogidos en los artículos 39 a 41 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

V

Por último, la Ley se dicta al amparo de las competencias reconocidas al Estado en el artículo 149.1.18.a de la Constitución, por tratarse de una base del régimen jurídico administrativo que garantiza un tratamiento común a todos los ciudadanos, en relación con el artículo 9.3 de la Constitución (principio de publicidad de las normas), a lo que hay que añadir, en el presente caso, la relación existente con el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, recogido en el artículo 120.1 de la Constitución.

En este sentido, el Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 8 de la sentencia 233/1999, de 16 de diciembre, señala, por un lado, que la publicación de los actos jurídicos emanados de las Corporaciones Locales en los Boletines Oficiales de las Provincias ha de considerarse una decisión básica incardinable en la competencia atribuida al Estado por el artículo 149.1.18.a de la Constitución, pues exige un tratamiento común y uniforme en todo el territorio del Estado que sólo puede garantizar el legislador estatal, y, por otro lado, que la publicación de anuncios y acuerdos en el Boletín Oficial de la Provincia resulta plenamente acorde con la dimensión constitucional que a ésta atribuye el artículo 141 de la Constitución, en su doble condición de agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado, entre las que hay que incluir las de las propias Corporaciones Locales en que se organiza territorialmente este último.

CAPÍTULO I

El Boletín Oficial de la Provincia

Artículo 1. Contenido.

El Boletín Oficial de la Provincia es el periódico oficial en el que se publicarán las disposiciones de carácter general y las ordenanzas, así como los actos, edictos, acuerdos, notificaciones, anuncios y demás resoluciones de las Administraciones públicas y de la Administración de Justicia de ámbito territorial provincial, cuando así esté previsto en disposición legal o reglamentaria.

Los textos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia tienen la consideración de oficiales y auténticos.

Artículo 2. Competencia.

El Boletín Oficial de la Provincia es un servicio público de carácter provincial, competencia propia de las Diputaciones Provinciales, a las que corresponde su edición y gestión.

Cada Diputación Provincial regulará el modo y forma de gestión del Boletín, su edición, distribución y venta. A tal efecto, deberá aprobar la oportuna ordenanza reguladora del servicio, pudiendo a tal efecto establecer y exigir tasas y precios por la inserción de anuncios y edictos, y la suscripción y venta de ejemplares.

Artículo 3. Suscripción.

La suscripción al Boletín Oficial de la Provincia será obligatoria para los entes locales de la provincia, que deberán abonar la misma en los términos y con las excepciones que prevean las ordenanzas reguladoras.

Artículo 4. Periodicidad.

El Boletín Oficial de la Provincia se publicará con periodicidad mínima de tres veces por semana, debiendo coincidir la fecha del Boletín con la de su efectiva publicación.

Artículo 5. Lengua de publicación.

El Boletín Oficial de la Provincia se publicará en castellano y, en su caso, en la lengua que sea cooficial en el territorio, conforme a lo establecido por la legislación específica de las Comunidades Autónomas.

Artículo 6. Obligación de publicar.

1. Las Diputaciones Provinciales están obligadas a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia cuantas disposiciones, ordenanzas, resoluciones, edictos, anuncios, actos o acuerdos de las distintas Administraciones públicas y de la Administración de Justicia deban ser insertados en el mismo en virtud de disposición legal o reglamentaria, así como otros actos o anuncios que aquéllas les remitan, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de esta Ley.

La orden de inserción corresponde al órgano competente de la correspondiente Administración anunciante, y será cumplimentada por la Diputación Provincial siempre que cumpla los requisitos establecidos en la presente Ley.

2. Los anuncios particulares podrán, asimismo, ser insertados en el Boletín Oficial de la Provincia, en los términos que se regulen en la correspondiente ordenanza provincial.

Artículo 7. Publicación de los originales.

1. Los originales serán transcritos en la misma forma en que se hallen redactados y autorizados por el órgano remitente, sin que por ninguna causa puedan variarse o modificarse sus textos una vez éstos hayan tenido entrada en el Boletín Oficial, salvo que el órgano remitente lo autorice de forma fehaciente.

2. La publicación de los originales se realizará por orden cronológico de presentación, que sólo podrá ser alterado cuando la publicación sea declarada urgente por el órgano remitente en la orden de inserción, o cuando el volumen del texto a publicar así lo exija, respetándose en todo caso el plazo máximo establecido en el apartado siguiente.

3. La publicación deberá ser realizada en el plazo máximo de 15 días hábiles posteriores al pago de la tasa correspondiente, si éste procediera, o, en su defecto, de la recepción de la orden de inserción. En caso de publicación urgente, dicho plazo se reducirá a 6 días hábiles.

4. Los originales que se envíen al Boletín Oficial de la Provincia tendrán carácter reservado. No podrá facilitarse información alguna acerca de los mismos, salvo autorización expresa del órgano remitente.

5. Si algún texto aparece publicado con erratas que alteren o modifiquen su contenido, será reproducido inmediatamente en su totalidad o en la parte necesaria, con las debidas correcciones.

Artículo 8. Autentificación de documentos.

A fin de comprobar la autenticidad de los documentos, los servicios correspondientes de la Diputación Provincial llevarán un registro de las autoridades y funcionarios facultados para firmar la orden de inserción de los originales destinados a su publicación, en el que constarán la firma autógrafa y el nombre y cargo de la persona a la que pertenezca.

A estos efectos, los órganos correspondientes de las Administraciones públicas y de la Administración de Justicia acreditarán ante la Diputación Provincial, según su normativa específica, a las personas facultadas para ordenar la inserción, así como las modificaciones que se produzcan.

Artículo 9. Incorporación de medios técnicos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Diputaciones Provinciales impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la prestación del servicio del Boletín Oficial de la Provincia, debiendo quedar en todo caso garantizada la autenticidad de los documentos insertados.

Artículo 10. Consulta del Boletín.

Las Diputaciones Provinciales facilitarán en sus locales la consulta pública y gratuita del Boletín Oficial de la Provincia.

Esta obligación será extensiva a los Ayuntamientos de la provincia.

CAPÍTULO II

Régimen económico del Boletín Oficial de la Provincia

Artículo 11. Tasa de publicación.

1. La publicación de los textos en el Boletín Oficial de la Provincia estará sujeta al previo pago de la tasa provincial, de acuerdo con lo que establezca la ordenanza reguladora aprobada por la correspondiente Diputación Provincial.

2. Estarán exentos del pago de la tasa:

  1. La publicación de disposiciones y las resoluciones de inserción obligatoria.
  2. Los anuncios oficiales, cualquiera que sea el solicitante de la inserción, cuando la misma resulte obligatoria, de acuerdo con una norma legal o reglamentaria, así como los edictos y anuncios de Juzgados y Tribunales cuando la inserción sea ordenada de oficio.

3. Se exceptúan de la exención a que se refiere el apartado anterior las siguientes publicaciones:

  1. Los anuncios publicados a instancia de particulares.
  2. Los anuncios de licitaciones de todo tipo de contratos, de acuerdo con lo establecido en su legislación específica.
  3. Los anuncios oficiales de la Administración de Justicia a instancia de particulares.
  4. Los anuncios cuyo coste sea repercutible a los interesados según las disposiciones aplicables.
  5. Los anuncios derivados de procedimientos sujetos al pago de una tasa, precio público u otro tipo de derechos económicos.
  6. Los anuncios que puedan reportar, directa o indirectamente, un beneficio económico al remitente o solicitante, o tuvieran contenido económico.
    No se considerará, a estos efectos, que reporta un beneficio económico o que tenga contenido económico las citaciones para ser notificados por comparecencia en los procedimientos de recaudación de los diferentes tributos o exacciones parafiscales, en los casos en que, intentada la notificación al interesado o representante por parte de la Administración tributaria o entidades y corporaciones de derecho público a las que corresponde su recaudación, ésta no haya sido posible.
  7. Los anuncios que puedan o deban publicarse además en un diario, según disposición legal o reglamentaria.

La respectiva ordenanza reguladora de la tasa podrá declarar la exención de todos o alguno de los supuestos exceptuados.

Artículo 12. Convenios de colaboración.

Las ordenanzas reguladoras de las tasas podrán prever la posibilidad de suscripción de convenios de colaboración interadministrativa mediante los cuales se arbitren sistemas específicos para realizar la liquidación y pago global de las tasas por publicación de textos, en cuyo caso no será de aplicación lo previsto en el artículo anterior.

Con la misma finalidad, podrán suscribirse convenios para el pago de las tasas correspondientes a la publicación de anuncios particulares, en los términos que fijen las correspondientes ordenanzas.

Artículo 13. Cooperación interadministrativa.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 55.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 4.1.d) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas prestarán, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que la Administración provincial pueda precisar para el mantenimiento y modernización del Boletín Oficial de la Provincia.

Disposición adicional primera. Integración de los Boletines Oficiales de las Provincias.

1. Los Parlamentos de las Comunidades Autónomas podrán, a propuesta del Gobierno autonómico, y previa aceptación de la Diputación Provincial, acordar la integración del Boletín Oficial de la Provincia en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma respectiva, en cuyo caso se regulará por la normativa autonómica, siendo en todo caso de aplicación lo previsto en los artículos 1; 4; 5; 6, apartado 1; y 7, apartados 1, 4 y 5, de la presente Ley.

Asimismo, la referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales se entenderá realizada al órgano encargado de la publicación del Boletín Oficial de la respectiva Comunidad Autónoma, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.

2. En los casos en que se acuerde esta integración, el Boletín Oficial de cada una de las Provincias contará con una sección independiente identificada con su nombre o bien deberá señalarse claramente en el encabezamiento del Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma respectiva que éste incluye los correspondientes Boletines Oficiales de las Provincias, a fin de garantizar la publicidad de sus contenidos.

3. El acuerdo de integración tendrá una vigencia de diez años, transcurridos los cuales se entenderá automáticamente prorrogado cada diez años si no hay denuncia expresa del acuerdo por el Gobierno autonómico o la Diputación Provincial.

Disposición adicional segunda. Comunidades Autónomas uniprovinciales.

Los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas uniprovinciales se regirán por su legislación específica, siéndoles en todo caso de aplicación los artículos de la presente Ley citados en el número 1 de la disposición adicional primera.

La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales, se entenderá realizada al órgano correspondiente encargado de la publicación del Boletín Oficial de la respectiva Comunidad Autónoma uniprovincial, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.

Disposición adicional tercera. Comunidad Foral de Navarra.

La presente Ley será de aplicación en la Comunidad Foral de Navarra en los términos establecidos en la disposición adicional primera de la Constitución y en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales se entenderá realizada al órgano correspondiente encargado de la publicación del Boletín Oficial de la Comunidad Foral, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de la citada publicación.

Disposición adicional cuarta. Comunidad Autónoma de Canarias.

Los Boletines Oficiales de las Provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife se regirán por su normativa específica, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria sexta de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias, respecto a las Mancomunidades Provinciales Interinsulares, siéndoles en todo caso de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional segunda respecto a las Comunidades Autónomas uniprovinciales.

Disposición adicional quinta. Territorios Históricos.

La presente Ley será de aplicación a los Boletines Oficiales de los Territorios Históricos del País Vasco de acuerdo con las especificidades derivadas de lo previsto en la disposición adicional primera de la Constitución, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco y la disposición adicional segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales se entenderá realizada a las Diputaciones Forales, correspondiendo a éstas establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.

Disposición adicional sexta. Ciudades de Ceuta y Melilla.

La presente Ley será de aplicación a los Boletines Oficiales de las Ciudades de Ceuta y Melilla, que deberán publicarse con una periodicidad mínima de dos veces por semana.

La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales, se entenderá realizada al órgano correspondiente encargado de la publicación del Boletín Oficial de la Ciudad, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.

Disposición transitoria primera. Adecuación de ordenanzas.

Las Diputaciones Provinciales deberán adecuar sus ordenanzas a lo establecido en esta Ley en el plazo máximo de seis meses a partir del 1 de enero del ejercicio económico siguiente a su entrada en vigor.

Disposición transitoria segunda. Entrada en vigor del artículo 5.

El artículo 5 será de aplicación a los dos años de la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas las Reales Órdenes de 20 de abril de 1833, 26 de marzo de 1837, 5 de julio de 1837, 9 de octubre de 1838, 6 de abril de 1839, 4 de abril de 1840, 24 de mayo de 1846, 3 de septiembre de 1846, 21 de enero de 1849, 15 de julio de 1849, 8 de octubre de 1856, 1 de agosto de 1871, 9 de julio de 1872, 3 de noviembre de 1907 y 8 de agosto de 1915.

Quedan asimismo derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley.

Disposición final única. Título competencial.

La presente Ley constituye legislación básica, dictada al amparo del artículo 149.1.18.a de la Constitución.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 4 de abril de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-04-24 13:20:01 2014-01-17 16:10:54 Información general 999999
19 Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica Normativa B.O.P. 0 1 0000-00-00 00:00:00 2013-04-24 13:18:28 2013-04-26 10:34:43 Información general 99999 28 Reglamento de Gestión del BOPVA Normativa B.O.P.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El vigente Reglamento del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid fue aprobado en el año 2010 por la Diputación de Valladolid con la finalidad principal de regular, en cumplimiento de las previsiones de la ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, el establecimiento de la edición electrónica del boletín con carácter oficial y auténtico, lo que hasta ese momento había estado reservado en exclusiva a la edición en papel. Desde ese momento y hasta la actualidad han venido conviviendo los dos tipos de ediciones.

La Diputación de Valladolid pretende ahora dar un paso más en la implantación de la administración electrónica en uno de sus servicios más representativos.

A partir de la aprobación definitiva de este Reglamento, el Boletín Oficial de la Provincia se publicará exclusivamente en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Valladolid, a cuyo efecto el presente Reglamento contiene las disposiciones precisas para garantizar el carácter oficial y la autenticidad de la edición electrónica, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la citada a Ley 11/2007.

Por otra parte, como novedad más importante, se regula la implantación de los procedimientos electrónicos relativos a la gestión del Boletín que, a partir de su entrada en vigor, podrán realizarse íntegramente por vía telemática, en tiempo real y sin desplazamientos. De esta forma, se establece el procedimiento electrónico para la acreditación de los anunciantes; para la presentación de las solicitudes de inserción de anuncios; para la consulta del estado de tramitación de los anuncios remitidos; así como para que la administración provincial pueda formular requerimientos de subsanación o comunicar el rechazo de solicitudes, y para que los anunciantes, puedan formular su desistimiento.

Igualmente, se regula la obligatoriedad de utilización del sistema electrónico de Boletín para las Administraciones Públicas y la Administración de Justicia que interesen la publicación de anuncios, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo que se dispone en el artículo 27 de la Ley 11/2007, cuentan con los medios tecnológicos precisos para su utilización.

Con la tramitación electrónica se produce un importante avance en el cumplimiento de los fines de la citada Ley 11/2007, que se traducirá en una mejora sustancial del servicio que presta la propia Administración provincial.

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

Este Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, de los Boletines Oficiales de las Provincias, tiene por objeto regular los aspectos relativos a la gestión, edición y publicación del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, servicio público de carácter provincial, competencia propia de la Diputación de Valladolid, garantizando su acceso universal, libre y gratuito, y asegurando la autenticidad e integridad de su contenido.

Artículo 2. Forma de gestión

La prestación del servicio público del Boletín Oficial de la Provincia se realiza mediante gestión directa por la Diputación Provincial de Valladolid.

Artículo 3. Edición electrónica

3.1. El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid se edita exclusivamente en formato electrónico y se publica en la sede electrónica de la Diputación de Valladolid, en la dirección https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es, con plena validez jurídica, garantizándose su autenticidad de conformidad con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los servicios públicos, y en su normativa de desarrollo.

Se respetarán los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas establecidas al respecto, y utilizará estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

3.2. El Boletín Oficial de la Provincia dispone de un Portal Web, accesible desde la sede electrónica de la Diputación Provincial de Valladolid, que permite la realización, vía Internet, de las consultas, trámites y gestiones que se regulan en el presente Reglamento con plena validez jurídica.

Artículo 4. Carácter oficial y auténtico

El texto de las disposiciones y actos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, tendrá la consideración de oficial y auténtico con arreglo a las normas y condiciones que se establezcan en este Reglamento.

Para garantizar la autenticidad y la integridad de los documentos publicados el sistema electrónico del Boletín Oficial de la Provincia está instalado en un equipamiento informático seguro que cuenta con el correspondiente certificado electrónico emitido por un prestador de servicios de certificación reconocido.

Artículo 5. Periodicidad y cierre de la edición

El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid se edita todos los días hábiles. A tal efecto se considerarán días inhábiles los domingos y las fiestas nacionales, autonómicas y locales que correspondan al municipio de Valladolid. La Diputación de Valladolid podrá modificar dicha periodicidad, circunstancialmente, por necesidades del servicio.

No obstante, podrán editarse suplementos o números extraordinarios cuando lo requieran las necesidades del servicio.

Artículo 6. Contenido y obligación de publicar

El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, conforme a lo establecido en los artículos 1, 6 y 11 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, es el periódico oficial en el que se publican:

  1. Las disposiciones de carácter general y las Ordenanzas, así como los demás actos de carácter normativo de las Administraciones Públicas, cuya publicación íntegra o, en su caso, resumida venga exigida por una disposición legal o reglamentaria.
  2. Los anuncios y edictos que se refieren a notificaciones, exposiciones al público de las Administraciones Públicas y de la Administración de Justicia de ámbito territorial provincial, tanto si se contienen en una resolución administrativa o no, cuando su inserción venga impuesta por una disposición legal o reglamentaria o cuando, tratándose de edictos y anuncios de la Administración de Justicia, su inserción sea ordenada de oficio.
  3. Los anuncios y edictos referidos en el apartado inmediato anterior cuando su inserción no esté prevista en ninguna norma legal o reglamentaria y sea solicitada facultativamente su inserción por las Administraciones Públicas interesadas.
  4. Los anuncios y edictos de la Administración de Justicia, instados por particulares.
  5. Los anuncios de particulares, personas físicas y jurídicas, instados directamente por los mismos, siempre que contengan un interés informativo para terceros o para las personas que formen parte de entes colectivos particulares, y que su publicación se exija como requisito previo por una institución u organismo público, o el interesado la solicite para la tramitación de un expediente ante los mismos que deberá ser justificada previamente. Los textos de los particulares se publicarán bajo la exclusiva responsabilidad de los solicitantes de la inserción pudiendo la Diputación denegar motivadamente la misma.

En todo caso y cualquiera que sea el ordenante de la inserción, todos los anuncios que se pretendan publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid deberán cumplir los requisitos que cada legislación específica exija para su publicación. El ordenante de la inserción será responsable de este deber y la Diputación rechazará la publicación del texto en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso del referido deber.

Artículo 7. Características de la edición

La edición del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid tendrá las siguientes características:

1. Cada número del Boletín irá precedido de un sumario que contiene la relación de anuncios publicados en el mismo, organizados por secciones, con indicación de la página donde empieza su inserción y con la estructura siguiente:

  1. Sección I: Administración del Estado.
  2. Sección II: Administración Autonómica.
  3. Sección III: Administración Local.
  4. Sección IV: Administración de Justicia.
  5. Sección V: Particulares y otros anunciantes.

2. En la cabecera del ejemplar diario, de cada disposición, acto o anuncio y de cada una de sus páginas figurará:

  1. El escudo oficial de la Diputación Provincial de Valladolid.
  2. La denominación completa "BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID" y en la primera página de cada ejemplar diario figurarán además las siglas "BOP".
  3. El número del Boletín, que será correlativo desde el comienzo de cada año.
  4. La fecha de publicación.

3. Cada ejemplar diario de Boletín tendrá paginación independiente y comenzará por la página número uno en su portada, continuando la numeración correlativa hasta el último anuncio del Boletín diario.

4. El sumario de cada boletín y cada uno de los anuncios publicados, así como el ejemplar completo del Boletín diario, en formato PDF, contendrán los datos de certificación y firma electrónica de la Unidad Administrativa del Boletín y estarán identificados con un Código de Verificación Electrónica (CVE), que permitirá comprobar su autenticidad.

5. En el pie de página final del sumario diario y de cada anuncio publicado se incluirá la dirección electrónica del Boletín Oficial de la Provincia, el Código de Verificación Electrónica (CVE) del Boletín completo y el número del depósito legal. En cada una de las páginas de los anuncios publicados y del sumario del Boletín se incluirá el correspondiente Código de Verificación Electrónica (CVE).

6. La fecha de publicación de las disposiciones, actos y anuncios será la que figure en la cabecera del Boletín y en cada una de las páginas del ejemplar diario en que se inserten.

7. Todos los documentos que se publiquen abrirán página y figurarán numerados de modo correlativo en cada ejemplar diario del Boletín.

Artículo 8. Responsabilidad

El solicitante de la inserción será en todo caso el responsable del contenido del texto a publicar así como de los efectos que, frente a terceros, pudieran derivarse del mismo.

Artículo 9. Protección de datos de carácter personal

9.1. Los datos facilitados por los usuarios del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, se encuentran incluidos en el "FICHERO BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA" de datos de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y el Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Diputación Provincial de Valladolid, entidad responsable del Fichero.

9.2. La Diputación Provincial de Valladolid adoptará las medidas técnicas necesarias para limitar el acceso a los datos de carácter estrictamente personal, siempre que haya transcurrido el tiempo de exposición pública prevista en la norma que exige su publicación, garantizando, en todo caso, la autenticidad, integridad e inalterabilidad de los contenidos del Boletín Oficial.

CAPITULO II. EDICIÓN ELECTRÓNICA

Artículo 10. Publicación de la edición electrónica

La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia se publica a través de su Portal Web, ubicado en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Valladolid en la dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es y deberá estar accesible en la misma en la fecha que figure en la cabecera del ejemplar diario, salvo que ello resulte imposible por circunstancias extraordinarias de carácter técnico.

La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid será consultable por Internet, a través de su Portal Web, y se aloja en un equipamiento informático con las condiciones de seguridad que establezca la normativa de aplicación, a fin de garantizar la autenticidad e integridad de los contenidos del diario oficial, así como el acceso permanente al mismo.

El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid publicado en la dirección electrónica https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es, es oficial y auténtico; toda copia electrónica obtenida desde allí del mismo, o de cualquiera de sus anuncios o disposiciones se considera oficial y auténtica y puede ser contrastada mediante el Código de Verificación Electrónica (CVE).

Las copias en soporte papel de la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión del Código de Verificación Electrónica (CVE) u otro sistema de verificación que permita contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Diputación Provincial de Valladolid.

Además de la edición electrónica, existirá, obtenida de ésta, una edición impresa con idénticas características y contenido, limitada a las siguientes finalidades:

  1. Garantizar la publicación del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid cuando por una situación extraordinaria y por motivos técnicos no resulte posible el acceso a la edición electrónica.
  2. Garantizar la conservación y permanencia del Boletín Oficial de la Provincia y su continuidad como parte del Patrimonio documental impreso de la Diputación Provincial de Valladolid.
  3. Facilitar el cumplimiento de la normativa que regula el depósito legal.

Artículo 11. Requisitos de la edición electrónica

11.1. La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia incorpora la firma electrónica avanzada como garantía de la autenticidad, integridad e inalterabilidad de su contenido. Los ciudadanos podrán verificar el cumplimiento de estas exigencias mediante aplicaciones estándar o herramientas informáticas que estarán disponibles en la dirección electrónica del Boletín Oficial de la Provincia.

11.2. Corresponde a la Diputación Provincial de Valladolid:

  1. Garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid que se publique en su sede electrónica.
  2. Custodiar y conservar la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.
  3. Velar por la accesibilidad de la edición electrónica del Boletín Oficial, así como su permanente adaptación al progreso tecnológico.

Artículo 12. Acceso y consulta a la edición electrónica

12.1. El acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia es universal, público y gratuito a través de su Portal Web, ubicado en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Valladolid.

El Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia ofrecerá, accesible al público, una base de datos gratuita que permita la búsqueda, recuperación e impresión de las disposiciones, actos y anuncios publicados en este diario oficial.

12.2. El acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid comprende la posibilidad de búsqueda y consulta del contenido del diario, así como la posibilidad de descarga del archivo correspondiente o la impresión, tanto del diario completo como de cada una de las disposiciones, actos o anuncios que lo componen.

12.3. La Diputación Provincial de Valladolid, a través de la Oficina del Boletín Oficial de la Provincia, prestará los siguientes servicios

  1. Asistir a los anunciantes en la presentación electrónica de solicitudes de publicación de anuncios.
  2. Asistir a los ciudadanos en la búsqueda de las disposiciones, actos y anuncios publicados en el "Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid".
  3. Facilitar a las personas que lo soliciten copia impresa de la publicación de las disposiciones, actos y anuncios que requiera, o del diario completo.
  4. Facilitar un servicio de suscripción electrónica del Boletín.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN

Artículo 13. Trámites y gestiones disponibles

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 del Reglamento regulador de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Valladolid, se establecen los siguientes trámites y gestiones electrónicos que, a través del Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia, se podrán realizar en la sección específica de "GESTION DE ANUNCIOS":

  1. Presentación y modificación, en su caso, por parte de las Administraciones Públicas y de la Administración de Justicia, de la acreditación de las personas facultadas para ordenar la inserción de anuncios a efectos de lo dispuesto en el artículo siguiente.
  2. Tramitación electrónica de solicitudes de inserción de anuncios.
  3. Tramitación electrónica de las solicitudes de desistimiento de anuncios remitidos.
  4. Recepción por los anunciantes de comunicaciones relativas a los anuncios presentados.
  5. Pago telemático de la tasa por prestación del servicio, de conformidad con lo que se disponga en la Ordenanza Fiscal reguladora.
  6. Consulta del estado de tramitación de un anuncio.
  7. Consulta al histórico de anuncios tramitados por vía electrónica por el interesado.
  8. Obtención, en formato PDF, de copia del justificante de presentación de la solicitud.

Artículo 14. Registro de autoridades y personal funcionario

14.1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 5/2002, la oficina del Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de comprobar la autenticidad de los documentos a publicar, llevará un registro de autoridades y personal funcionario facultados para firmar la orden de inserción de los originales destinados a su publicación mediante la presentación de documento de acreditación de firma a través del procedimiento electrónico habilitado al efecto en la dirección electrónica del Boletín.

A estos efectos, los órganos correspondientes de las Administraciones Públicas y de la Administración de Justicia acreditarán ante la Diputación Provincial de Valladolid, según su normativa específica, a las personas facultadas para ordenar la inserción, así como las modificaciones que se produzcan en lo sucesivo, siendo dichas autoridades o funcionarios los sujetos responsables de la autenticidad del contenido de los originales remitidos para su publicación.

14.2. Cuando se trate de anuncios tramitados a instancia de particulares, éstos habrán de acreditar de forma fehaciente la condición a través de la cual actúan por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.

Artículo 15. Solicitudes de inserción de anuncios

15.1. Para la publicación de cualquier documento en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid deberá presentarse necesariamente una solicitud de publicación dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Valladolid, y habrá de cumplimentarse la correspondiente solicitud de inserción. Esta solicitud deberá contener los siguientes datos:

  1. Administración Pública o Administración de Justicia y Órgano o Unidad Administrativa que interesa la publicación.
  2. Nombre y apellidos o la razón social, cuando se trate de personas físicas o de personas jurídicas.
  3. El Número de Identificación Fiscal del solicitante.
  4. Domicilio del solicitante.
  5. Sujeto pasivo de la tasa por prestación del servicio del Boletín, en su caso.
  6. Número de identificación fiscal del sujeto pasivo.
  7. Domicilio fiscal del sujeto pasivo.
  8. El tipo de disposición y número, cuando se trate de disposiciones o resoluciones de las Administraciones Públicas.
  9. Un resumen del texto cuya inserción se solicita.
  10. Precepto normativo que determine la obligatoriedad de la publicación del documento remitido, salvo que consista en una corrección de errores.
  11. Carácter ordinario o urgente de la publicación. Si no se determinara este aspecto, se considerará que tiene carácter ordinario.
  12. Si en virtud de disposición legal o reglamentaria, existe una fecha concreta o un plazo de publicación deberá indicarse expresamente esa fecha o ese plazo y la norma jurídica en que se basa.
  13. Detalle del formato electrónico en que se remite el texto del documento a publicar, en el caso de particulares que utilicen la presentación en formato papel.
  14. Fecha y firma y, en su caso, sello del solicitante.

La solicitud de publicación de cualquier documento en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid deberá efectuarse por quién esté facultado para ello.

Toda solicitud de publicación deberá de ir acompañada del texto correspondiente, presentándose una solicitud por cada anuncio que pretenda publicarse, debiendo figurar en documentos, archivos separados y perfectamente identificados cada uno de ellos.

15.2. Los canales habilitados para la presentación de solicitudes de publicación de anuncios serán los siguientes, atendiendo al solicitante:

  • 15.2.1. Las Administraciones Públicas, así como la Administración de Justicia, deberán realizar la solicitud y orden de inserción de anuncios exclusivamente mediante el procedimiento electrónico habilitado en el Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, acreditando su identidad y autenticando su actuación mediante los sistemas de firma previstos en el artículo 14 del Reglamento regulador de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Valladolid.

  • 15.2.2. Los particulares y demás sujetos con capacidad para solicitar la inserción de anuncios, podrán efectuar la solicitud eligiendo alguna de las siguientes formas:

    1. Mediante el procedimiento electrónico habilitado en el Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, acreditando su identidad y autenticando su actuación mediante los sistemas de firma previstos en el artículo 14 del Reglamento regulador de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Valladolid.
    2. En formato papel mediante presentación de la solicitud, conforme al modelo, anexo I, en el Registro General de la Diputación Provincial de Valladolid o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.

La Diputación habilitará los medios informáticos precisos para que se pueda realizar la solicitud de publicación de anuncios, por vía electrónica, en la propia oficina de administración del Boletín.

15.3. A través del Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia se hará pública la relación de sistemas de firma electrónica admitidos para la presentación de solicitudes de inserción de anuncios por vía electrónica.

Artículo 16. Presentación mediante procedimiento electrónico

16.1. La solicitud de publicación se efectuará a través del formulario que figura en la sección de anunciantes del Portal Web del Boletín Oficial de la Provincia e irá acompañada del texto a publicar. A efectos electrónicos, dicho formulario se entiende equivalente al modelo de solicitud de publicación que figura como anexo I a este Reglamento para la presentación de anuncios por medios no electrónicos.

16.2. La solicitud de publicación junto con los documentos a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid se firmarán electrónicamente de acuerdo a las instrucciones que, a tal efecto, se publiquen en el Portal web del Boletín Oficial de la Provincia, y conforme a lo establecido en el Reglamento regulador de la Sede Electrónica y Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Valladolid.

16.3. La firma electrónica de la solicitud de publicación conlleva la entrada del documento electrónico en el Registro General de la Diputación Provincial de Valladolid, que emitirá, por vía electrónica, justificante de su presentación. En este justificante constarán la fecha y hora de presentación, así como el número entrada en el Registro General.

16.4. Las características técnicas de los textos a publicar se especificarán en las instrucciones que al efecto se adopten y se expondrán en el Portal web del Boletín. Dichas instrucciones incluirán los requisitos que han de contener los documentos que se envíen por vía electrónica en relación a formato, tipo y tamaño de letra, imágenes, características de textos y tablas, y composición y presentación de los documentos.

16.5. Excepcionalmente, en el caso de que la presentación electrónica sea obligatoria, cuando se produzca la imposibilidad técnica de remitir por medios electrónicos la solicitud de publicación, así como el texto de los anuncios, podrán presentarse éstos en soporte papel, de acuerdo a lo que se especifica en el artículo siguiente.

Artículo 17. Presentación en formato papel

La presentación de la solicitud de publicación en formato papel deberá cumplir los siguientes requisitos:

    1. a) La solicitud de publicación, conforme al modelo anexo I, debe ir firmada por el solicitante e irá acompañada del original del documento a publicar en formato papel. El documento en papel se enviará debidamente firmado, impreso por una sola cara y con las hojas numeradas correlativamente, evitando sellos y firmas superpuestos que dificulten la lectura de los mismos, con indicación expresa del nombre y apellidos y cargo del firmante, así como el lugar y fecha.
    2. b) Igualmente deberá facilitarse el texto del anuncio en formato digital, a cuyo efecto se habilitarán los medios electrónicos necesarios para su envío a la administración del Boletín.

Es condición indispensable y responsabilidad del anunciante que el contenido en soporte papel sea idéntico al facilitado en soporte informático.

Artículo 18. Carácter reservado de los originales

Los originales recibidos para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid tendrán carácter de reservados y no se facilitará ninguna información sobre ellos salvo al solicitante de su publicación.

Artículo 19. Validación de los documentos presentados

19.1. Los anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid sin introducir ninguna modificación en el texto recibido. Si un anunciante desea introducir modificaciones en el texto de los documentos registrados, deberá formular previamente el desistimiento expreso de la solicitud de publicación de los mismos, y presentar una nueva solicitud de inserción de anuncio.

No se corregirán de oficio las faltas de ortografía que se detecten y tampoco se procederá, en ningún caso, a la corrección de errores de estilo, aritméticos o materiales.

19.2. Los documentos que se presenten para su publicación podrán ser rechazados en los siguientes casos:

    1. Cuando se trate de documentos que el interesado presente por vía electrónica y no se refieran a alguno de los procedimientos a que se refiere el artículo 13 del presente Reglamento.
    2. Cuando se trate de documentos que contengan falta de datos, errores manifiestos, incongruencias u omisiones o se envíen en formato ininteligible para el sistema electrónico del Boletín o puedan afectar a la integridad o seguridad del sistema informático.
    3. Los anuncios recibidos exclusivamente por fax o correo electrónico.

19.3. En los supuestos anteriores no se cursará la solicitud de publicación, comunicándose al remitente del anuncio los motivos del rechazo y los medios de subsanación, en su caso.

19.4. El rechazo de anuncios presentados por vía electrónica, se producirá por el mismo canal de presentación, entendiendo que esta comunicación, así como el requerimiento de subsanación, en su caso, es equiparable a la enviada por correo ordinario, y por tanto, tendrá los mismos efectos que ésta.

Artículo 20. Cómputo de plazos

20.1. La presentación de anuncios por vía electrónica podrá realizarse durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año, incluidos los festivos.

20.2. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento regulador de la Sede Electrónica y Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Valladolid, el cómputo de plazos a efectos de presentación de solicitudes de publicación de anuncios, se rige por las siguientes reglas:

    1. Serán días inhábiles los fijados por el Estado para todo el territorio nacional, los fijados por la Comunidad Autónoma para todo su territorio y los de la ciudad de Valladolid.
    2. A los efectos del cómputo del plazo fijado en días hábiles, la recepción en un día inhábil se entenderá producida en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

Artículo 21. Desistimiento de la solicitud de publicación

Si recibida la solicitud de publicación acompañada del correspondiente anuncio, el solicitante pretende que no sea publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, deberá remitir, por cualquiera de los medios establecidos en este Reglamento, un documento expreso de desistimiento de su solicitud de publicación, identificando clara y concisamente el anuncio al que se está haciendo referencia.

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo regulado en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestación de los servicios del Boletín Oficial de la Provincia, la falta de pago de los anuncios sujetos a la tasa correspondiente determinará que, una vez trascurridos tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud de publicación, se tenga al anunciante por desistido de su solicitud, no procediendo en consecuencia la publicación del anuncio, lo que se comunicará al ordenante de la inserción, por el mismo canal de presentación de la solicitud de publicación.

Artículo 22. Orden de Publicación de los anuncios

La publicación de los documentos en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid se efectuará por orden cronológico de recepción de solicitudes, que sólo podrá ser alterado cuando el volumen del texto a publicar o las características particulares del mismo supongan la realización de trabajos peculiares o no previstos.

En todo caso, se dará preferencia para su publicación a las solicitudes que tengan carácter de urgente, procediendo en su caso, a la contraprestación prevista en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación de los servicios del Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, respetándose el cómputo de plazos regulados en este Reglamento.

Artículo 23. Plazos de publicación de los anuncios

23.1. Con carácter ordinario, la publicación se realizará en el plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde la recepción de la orden de inserción y del documento a publicar en el Registro General de la Diputación Provincial, o desde la fecha de pago de la tasa, si procediera, o, en todo caso, desde la fecha en que se verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos para la publicación de anuncios.

23.2. Si la publicación fuera clasificada como urgente a través de declaración expresa de la autoridad competente del órgano remitente, el plazo de publicación del que dispondrá la Oficina del Boletín Oficial de la Provincia se reducirá a 6 días hábiles desde las fechas antes referidas. La publicación de anuncios urgentes supondrá, en su caso, la aplicación de la tarifa urgente establecida en la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación de los servicios del Boletín oficial de la Provincia de Valladolid.

Una vez publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, la unidad administrativa que gestiona el mismo remitirá al solicitante, a través del mismo canal que se hubiera utilizado para la presentación del anuncio, o mediante correo electrónico, un enlace al anuncio publicado.

CAPITULO IV. REGIMEN ECONÓMICO

Artículo 24. Financiación del Servicio

El acceso al Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid es universal, público y gratuito atendiendo sus gastos con cargo al presupuesto anual de la Diputación Provincial de Valladolid. De conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 11 de la Ley 5/2002, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, la Diputación Provincial de Valladolid podrá establecer y exigir tasas por la prestación de servicios relacionados con el boletín, cuya regulación se realizará, en su caso, mediante la aprobación de las correspondientes ordenanzas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Para todo lo no regulado en el presente Reglamento s